Administración Pública, Derecho, Derechos fundamentales, Libertad de prensa y expresión

¿Existe realmente la libertad de expresión y de prensa en España?

Desde hace varios años, recibimos por muchos medios mucha información sobre lo que “presumiblemente” ocurre a nuestro alrededor. Pero hay que destacar que los grandes medios de comunicación, hoy en día en unas pocas manos, manipulan los hechos para hacernos ver el mundo de la manera que a ellos les interesa y tenernos entretenidos.

En primer lugar, cabe señalar que “hoy en día cualquiera puede verse lesionado por los medios de comunicación, sobretodo por la llamada «prensa rosa» o «prensa del corazón». Por ello, parece adecuado que tanto los medios de comunicación como los periodistas no utilicemos la libertad de expresión y el derecho a la información de forma ilimitada e irresponsablemente, deformando la verdad e inclusive mintiendo, o entrometiéndose ilegítimamente en vidas privadas ajenas.

Dicho esto, el único criterio legal directo que nos sirve a los periodistas como delimitador de la libertad de expresión e información lo encontramos en el párrafo 4, del artículo 20 de la Constitución, donde se exponen las fronteras y los límites de la libertad de expresión y de información. Se refiere expresamente derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Sin embargo, este párrafo no fija claramente hasta qué punto se pueden ejercer estas libertades ni, cuáles son los límites del derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen en aras de la libertad de expresión o información.

La frontera es muy difusa, casi imperceptible.

No hay una línea clara que separe el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Y cuando ambos chocan se produce el conflicto.

Algo más clara es la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de 1982. Con cuya aplicación se empiezan a utilizar, cada vez más, las vías civiles para castigar este tipo de delitos. Y no como antes, donde la vía más utilizada era la penal.

Ya en el ámbito de autorregulación periodística está el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, aprobado en Estrasburgo, 1 de Julio de 1993, que dice: “Se respetará el derecho de las personas a su propia vida íntima. Las personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública. El hecho de que una persona ocupe un puesto en la función pública, no le priva del derecho al respeto de su vida privada”.

New  York Times vs. Sullivan, un referente sobre libertad de expresión y libertad de prensa

Como es lógico, todo este cambio de orientación ya se había producido muchos años antes, en Estados Unidos, concretamente en el año 1964, cuando el Tribunal Supremo de ese país estableció una referencia mundial para el tratamiento de este tipo de supuestos delitos. Se produjo con la sentencia New York Times vs. Sullivan, la cual recoge los principios de la Primera Enmienda.

De acuerdo con la citada sentencia, «quien reproduce en forma fiel y exacta los actos y procedimientos públicos de todo tipo … atribuyendo la información a esa fuente, está exento de todo tipo de consecuencias y tiene inmunidad absoluta». Y también establece que la vía para sancionar este tipo de delitos es la Civil.

Algo que veríamos años más tarde (1981) perfectamente reflejado en la película Ausencia de Malicia, de Sydney Pollack y protagonizada por Paul Newman y Sally Field.

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Imagen de la Película «Ausencia de Malicia».

El hecho de que nuestra Ley sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, tenga ese nombre y recoja los tres derechos juntos induce a pensar que son como una naranja, que por dentro están divididos en gajos, pero por fuera son una unidad.

Y mucha gente se cree que son tres derechos en uno.

Honor, intimidad y propia imagen, derechos vinculados a la libertad de expresión

Y no es así. Los tres derechos van unidos, no como una naranja, sino como un ramillete de cerezas porque están claramente diferenciados. Aquí, en nuestro país, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, son derechos autónomos.

Y el demandante tiene que precisar qué derecho, cuál de los tres, considera que se ha visto lesionado. Se trata, dicho con otras palabras, de derechos autónomos, de modo que, al tener cada uno de ellos su propia sustantividad, la apreciación de la vulneración de uno no conlleva necesariamente la vulneración de los demás (SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 156/2001, de 2 de julio, FJ 3).

Ya hemos visto como la relación entre la libertad de información y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen son cuestiones complejas que se plantean en todo sistema democrático.

La promulgación del Código Penal de 1995 modificó de forma sustancial la regulación de los de los citados derechos, introduciendo algunos elementos que, hasta ese momento, no se encontraban recogidos.

Por ejemplo, estableció que la libertad de comunicación es central para que los ciudadanos podamos valorar la gestión de la cosa pública por aquellos a los que hemos votado con el fin de decidir nuestro voto en cada una de las elecciones.

Rompió definitivamente la equiparación personaje público-personaje privado, lo mismo que asunto público-asunto privado.

Y estableció que la información si es de un personaje o un asunto público interesa a la colectividad. Por ello, cuando el asunto es de carácter público, los límites no son tan rígidos. Es más perdonable el error o más admisible la trasgresión. Aunque existen excepciones, como la que acabamos de comentar.

Así, nuestro Código Penal, en su título X, reconoce varios delitos relacionados con la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, como son el descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento.

El derecho al Honor y los límites de la libertad de expresión

La lesión se refiere a las informaciones que pudieran afectar a la consideración social que se tiene de un sujeto. En relación al derecho al honor hay que precisar: la libertad de expresión alcanza a la opinión y ésta es libre; el derecho a la información implica la veracidad y el interés general; pero en ningún caso, se permiten las expresiones insultantes, vejatorias y difamatorias.

Y también establece, en su título XI, dos delitos relacionados con el derecho al honor como son:

  1. La injuria (art. 208 del Código Penal) o lo que es lo mismo, “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”
  2. La calumnia (art. 205 del Código Penal), que es “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”).

En las calumnias la falsedad es un elemento constitutivo del tipo (con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad) y, por tanto, la veracidad no es sino un límite, de tal modo que el art. 207 reconoce la exceptio veritatis  (la excepción a la verdad) haciendo recaer la carga de la prueba en el acusado por delito de calumnia. Si se puede probar lo dicho, no hay delito de calumnias.

Injurias

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. No se consideraran injurias graves aquellas que no se hayan producido con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

La comisión se puede articular a través de la palabra, escrito, caricaturas, gestos, imágenes y actitudes desdeñosas; para su clasificación, nuestro legislador penal ha optado por acudir al mecanismo de difusión: injurias con publicidad (art 209 y 211 CP) y sin publicidad (art 208 ), según se propaguen o no por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

Calumnias

El menoscabo a la dignidad de otra persona se produce con la imputación de un delito, sea perseguible de oficio o a instancia de parte, de tal modo que si lo que se imputa es una falta podríamos hablar de una injuria, pero nunca del tipo del artículo 205 del Código Penal.

Aquí también debemos matizar que no podremos hablar de calumnia si lo que existe es, en vez de un animus iniuriandi, un animus iocandi, (es decir, la imputación del delito se produce dentro de un ámbito de amistad o broma).

Si alguien ha sido ofendido por una calumnia o injuria y desea que se castigue a los responsables y obtener una reparación por la ofensa, es necesario que presente la correspondiente querella contra el presunto autor, dado que estos delitos son privados y no se persiguen de oficio (a iniciativa de las autoridades). Puedes hacerlo en la policía o ante un juez de lo penal.

La querella, a diferencia de la denuncia, debe tener forma escrita.

Cuando la ofensa se dirige contra un funcionario público, una autoridad o un agente, y se refiere a hechos relacionados con el ejercicio de sus cargos, será suficiente presentar una denuncia.

https://confilegal.com/20170710-codigo-penal-libro-ii-delitos-y-sus-penas/embed/#?secret=HHRNspZ1Ka

La condena por calumnias de María Teresa Campos a los Aznar

Por ejemplo, la periodista María Teresa Campos fue condenada a abonar 60.000 euros por daños morales al matrimonio Aznar, así como las costas causadas por los recursos, de acuerdo con una sentencia del Supremo.

De acuerdo con este fallo, la periodista se hizo eco el 23 de noviembre de 2007, en el programa ‘Protagonistas’ de Punto Radio, de una noticia divulgada el día anterior por Telecinco en el programa «Aquí hay tomate» dando por buena la versión de una presunta separación matrimonial por culpa de una relación extramatrimonial del señor Aznar.

La sentencia reafirma un fallo anterior y establece que «la libertad de información no puede en este caso prevalecer sobre el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de los demandantes, pues el grado de afectación del primero es inexistente y el grado de afectación de los segundos es de gran intensidad».

Pese a que los demandantes eran personajes públicos, el magistrado considera que «la información se refería a aspectos de su vida privada que no habían consentido que fueran de conocimiento público, y porque en todo caso se trató de una información falsa» al no ser verificada.

Derecho a la intimidad y derecho a la propia imagen

Por otro lado está el Derecho a la Intimidad. Es el derecho a que a uno le dejen solo. Mientras que el Derecho a la Propia imagen es el derecho a dominar, como mínimo, la reproducción que se pudiera hacer de la imagen de uno mismo.

Sobre vulneración de la propia imagen existen múltiples ejemplos, como la sentencia de la actriz Elsa Pataky, contra la revista Interviú por intromisión ilegítima, al publicar unas imágenes de ella, sin su consentimiento, mientras estaba realizando un reportaje fotográfico para otra revista (“ELLE”). La indemnización que obtuvo ascendió a 310.000 euros.

El juicio de Melani Olivares contra Interviú

En la misma línea se enmarca el caso de la actriz Melani Olivares quien le consiguió ganar la batalla a la revista Interviú tras casi una década de disputas legales. La causa del enfrentamiento, unas fotografías en «topless». El Tribunal Constitucional da la razón finalmente a la actriz de la serie Aída al considerar que la publicación de dichas instantáneas «vulnera el Derecho a la propia imagen».

En un principio, la Audiencia de Madrid condenó a Interviú a pagar 70.000 euros a la demandante y a entregarle los negativos de dichas fotografías para «su destrucción». Sin embargo, la revista recurrió la sentencia. 6 años después el Tribunal Supremo fue desfavorable a Olivares.

Se consideró entonces que prevalecía la libertad de información al estar ajustada dentro de los parámetros constitucionales.

«Las imágenes fueron captadas en un sitio público, como es una playa normalmente concurrida, y son reflejo de un comportamiento admitido por los usos sociales, sin que la licitud o ilicitud en la captación pueda depender del tipo de prendas que se utilice», rezaba el documento de la máxima instancia judicial.

La actriz no se dio por vencida y recurrió el fallo a los pocos días ante el máximo tribunal de garantías constitucionales.

Nueve años después de aquel «topless», el Tribunal Constitucional revocó al Supremo y ratificó el fallo dictado en primera instancia. Por tanto, la publicación fue condenada a pagar 70.000 euros a Melani Olivares.

El caso de difamación contra la actriz Carol Burnett

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La actriz Carol Burnett fue indemnizada con 136 millones de pesetas por el semanario «The National Enquirer».

Conviene recordar que una de las primeras reclamaciones por difamación, dentro del mundo del espectáculo, la protagonizó, en 1981, la actriz Carol Burnett tras demandar a la revista “National Enquire” por 10 millones de dólares (136 millones de la antiguas pesetas) por decir en un artículo que estaba bebiendo demasiado y comportándose de manera grosera en público, acompañada supuestamente por Henry Kissinger.

Este caso fue un hito para los casos de difamación participación de personajes famosos, aunque el veredicto sin precedentes de 1,6 millones dólares para Burnett se redujo a unos 800.000 dólares en la apelación y, eventualmente, un arreglo extrajudicial (algo muy frecuente en los EE.UU y que aquí también hemos visto en el caso de Ana Obregón, Cayetano Martínez de Irujo o David Beckham).

El castigo punitivo del modelo anglosajón

De todas formas, no conviene olvidar que aquí, en España, la vía civil no funciona, ni de lejos, como en el modelo anglosajón.

Y es que en ese sistema las indemnizaciones tienen dos componentes:

  1. Por una parte, la reparación por el daño moral causado; donde se pagan pequeñas cantidades.
  2. Y por otra, el castigo punitivo por el daño causado; no se mete a nadie en la cárcel pero se impone una indemnización brutal. (Esto ha pasado en demandas contra industrias tabaqueras o las industrias Eléctricas, como reflejaba la película “Erin Brockovich”).
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Cartel de la película Erin Brockovich, protagonizada por Julia Roberts.

¿Cómo denunciar la vulneración del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen?

Actualmente, los pleitos por este tipo de acciones de pueden resolver por ambas vías, y es prácticamente imposible que un periodista ingrese en prisión por cometer algún delito de este tipo. La gente recurre más a la vía penal porque así no tienen que abonar las tasas. También se puede recurrir a la vía Constitucional.

Vía Civil

Se busca es un resarcimiento dinerario, una indemnización; y ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 1902 Código Civil.

Vía Penal

No goza de un carácter preferente y se plasma en los tipos de los arts 208 del Código Penal (injuria: acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación) y 205 del Código Penal (calumnia: la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad).

Vía Constitucional

Estamos hablando del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derecho fundamental (art 53.2 Constitución Española). Dada su configuración, nuestra jurisprudencia constitucional se ha centrado fundamentalmente en torno a: Si se ha vulnerado el derecho al honor o por el contrario, no se ha sobrepasado el límite marcado por el ejercicio de los derechos a la libertad de información y expresión, si las condenas penales constituyen, en el caso concreto, una decisión constitucionalmente legítima puesto que los tipos penales no pueden aplicarse en contra de los derechos fundamentales.

En este caso no nos encontramos ante la determinación de los límites, sino en el previo de la delimitación de su contenido. (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2).

Los límites a la libertad de expresión también los marca el Constitucional

Y ese sentido sostiene que no merecen, por tanto, protección constitucional aquellas informaciones en que se utilicen insinuaciones insidiosas y vejaciones dictadas por un ánimo ajeno a la función informativa o cuando se comuniquen, en relación a personas privadas, hechos que afecten a su honor y que sean innecesarios e irrelevantes para lo que constituye el interés público de la información.

En tales casos ha de estimarse que el medio de comunicación no se utiliza con una finalidad informativa, sino «en forma innecesaria y gratuita en relación con esa información». (STC 171/1990).

La Ley mordaza y la libertad de expresión

A todo esto hay que unir algunas limitaciones que introdujo Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Entre ellas, se pueden destacar dos artículos que afectan a los límites de la libertad de expresión y prensa. En primer lugar, señala el «uso no autorizado de imágenes o datos personales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en riesgo el éxito de una operación».

También impone multas de entre 100 y 600 euros por «las faltas de respeto» a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad «suponen un especial peligro para la libertad de expresión y prensa. Un hecho que por desgracia acaba de ocurrir con la sanción administrativa de 601 euros, impuesta por la Delegación del Gobierno en Madrid a la periodista de Catalunya Radio, Mercè Alcocer, por lo que han calificado como una falta grave de desobediencia a los agentes de la autoridad”.

En segundo lugar, también conviende decir aquí que “la libertad de expresión ampara no sólo aquellas expresiones que pueden agradar, sino también aquellas otras que pueden inquietar u ofender al Estado o las Instituciones (portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega).

Entra dentro de lo probable que nuestro T.C. rechace el recurso de amparo de Hasél y deniegue el amparo al rapero. La Jurisprudencia  de éste Tribunal no resulta muy esperanzadora (SS 41/2011;  73, 79, 140 y 151/2014; 65 y 177/2015, 112 y 226/2016, 2/2017). En todas estas sentencias o se rechaza la declaración de inconstitucionalidad de alguna norma presuntamente vulneradora de la libertad de publicación o expresión, o se deniega el amparo por desestimación del recurso planteado por el condenado en Jurisdicción.

El panorama no resulta muy esperanzador para la protección de ese derecho. Estas sentencias restringen ese derecho fundamental por considerar – como dice en su voto particular un magistrado – que determinadas “injerencias represivas en su ejercicio eran necesarias y proporcionadas”. Sigue diciendo ese magistrado en su voto particular a la STC  112/2016 que “… estos derechos están íntimamente ligados a la democracia y son uno de los mejores indicadores de su calidad. Todo proceso de democratización comienza con la expansión de los derechos a la libertad de expresión e información por constituirse en una regla de reconocimiento inherente a ese sistema. La libertad de expresión , como tantas veces se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional y en la internacional de los derechos humanos, es uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Todo proceso de deterioro democrático, en contraposición, comienza con la restricción de estos derechos.”

Sin perjuicio de la consideración que las palabras o escritos juzgados o emitidos nos puedan merecer – que para la gran mayoría pueden ser inapropiados, groseros, o rechazables -, lo cierto es que la cuestión no es la de juzgarlas de buen o mal gusto, sino de si deben estar amparadas por un Derecho fundamental en cualquier democracia, cual es el de la libertad de expresión e información.

Una vez decidida esta primera cuestión, la siguiente es la de si este derecho ha de tener o no algún límite, o si por el contrario se trata de un derecho de carácter absoluto.

Bien, respecto de la primera, mi opinión es que el principio general que debe presidir este derecho a la libertad de expresión e información es el de prevalencia de este derecho sobre cualquier otro, pero sujeto a limitaciones con lo que se configuraría ab initio como un derecho que no tiene carácter absoluto. No obstante sus limitaciones deberían de ser establecidas como sí tuviese ese carácter de absoluto, es decir las limitaciones a su ejercicio deberían ser tasadas y ponderadas en su aplicación por los tribunales.

Ésta, a mi juicio, debe ser su interpretación constitucional como punto de partida. Después vendrían sus contadísimas excepciones por vía jurisprudencial. Al contrario de lo que a mi parecer ha hecho nuestro TC cuando se ha enfrentado o ha tratado de dimensionar este derecho. Es muy distinto partir de la idea de que se trata de un derecho que no tiene carácter absoluto y que “debe” estar sometido a excepciones, que partir de una posición de respeto absoluto a tal derecho estableciendo alguna excepción para evitar el abuso del mismo.

Hace unos días hemos vuelto a recibir un correctivo del Tribunal europeo de Derechos Humanos al contradecir a nuestros tribunales ( en 2015, nuestro TC había desestimado el amparo) y sentenciar que quemar fotos del Rey no constituye un delito, sino una forma de libertad de expresión política. “La libertad de expresión se extiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan”, dice la sentencia, “el pluralismo, tolerancia y amplitud de miras” son esenciales en una sociedad democrática.

El artículo 10 del Convenio de Roma para la protección de los derechos humanos, expresa:

Libertad de expresión

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
  2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Como vemos las posibles restricciones son numerosas y de gran calado.

En nuestro Derecho además de ese Convenio, encontramos numerosas excepciones a este principio que estarían delimitadas por el respeto a aquellos derechos que nuestra legislación acentúa, como son:

/ La protección jurídica a la infancia. Art 20.4 y 39 de la CE.

/Protección al honor, con límites casuísticos y ponderados. Arts 18.1, 9.1, y 53.1 de la CE.

/ Derechos que resultan de la ley 5 de mayo de 1982 , ley orgánica sobre protección al derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

/ Derecho a la verdad. Impide la difusión o rectifica la información falsa

/ Libertad de expresión en el terrorismo. Art 578 del C. Penal, en relación con los arts 571 a 577.   ( LO 7/2000, de 22 de diciembre). Además según el TEDH la incitación, justificación pública del terrorismo o del uso de la violencia no pueden ser protegidas por el art 10 del Convenio.

No hay que olvidar que coadyuvan a la protección del derecho a la libertad de expresión, actuando como límites de este derecho:

/El derecho a la protección de datos

/ La protección que los derechos reconocidos en el art 20 CE, que disfrutan de dos garantías específicas: la prohibición de censura previa y el secuestro judicial de publicaciones.

Es obvio que los límites a ese derecho que yo considero en su respeto como si fuera de carácter absoluto, aunque sólo sea una configuración de salida, de utilidad en su aplicación y de necesidad ontológica, son suficientes, pero ¿su configuración jurisprudencial es ponderada? En mi opinión no lo es”.

En tercer lugar, también conviene recordar aquí la injerencia que han provocado las redes sociales en este asptecto de la libetad de expresión. Se ha de destacar aquí que “las Redes Sociales han adquirido un papel muy relevante en nuestras vidas. Millones de personas las utilizan cada día para compartir noticias de actualidad, su vida personal o profesional, sus opiniones o sus ideas, sin ser plenamente conscientes de las repercusiones que ello puede traer consigo. Pero, ¿somos completamente libres a la hora de publicar lo que pensamos o sentimos en cada momento o existe algún límite? ¿Qué diferencia, en este ámbito, el mundo offline del mundo online?.

Cada vez son más frecuentes los asuntos que llegan a los Tribunales por publicación de comentarios lesivos en las Redes Sociales. En este sentido, la semana pasada salía a la luz la noticia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había acusado de cometer un delito de humillación a las víctimas del terrorismo a una estudiante de historia de 21 años por hacer bromas en Twitter sobre Carrero Blanco, pidiendo para ella dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada y más de ocho de inhabilitación absoluta.

En esta misma línea, hace unos meses el Tribunal Supremo publicaba una sentencia por la que se condenaba, por primera vez, a un año de cárcel a una joven como autora de un delito de odio y de enaltecimiento del terrorismo cometido a través de Twitter, por haber difundido diversos tuits burlándose de las víctimas de ETA.

Otros casos polémicos por cuestionarse los límites de la libertad de expresión son el de Guillermo Zapata, ex edil de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, quien se vio obligado a dimitir al ser denunciado por difundir en su cuenta de Twitter mensajes burlándose de los judíos o de víctimas del terrorismo, o el revuelo desatado tras la muerte del torero Víctor Barrio en una plaza de toros, recogiéndose numerosas publicaciones en las Redes Sociales celebrando su muerte o vertiendo insultos hacia a él y su familia.

Todo lo anterior nos hace reflexionar acerca del alcance del derecho a la libertad de expresión para poder determinar hasta qué punto están amparadas nuestras opiniones, manifestaciones e ideas por la misma. Resulta indudable que la libertad de expresión, derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, es el derecho que todos tenemos a expresar y difundir libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Entonces, ¿tenemos derecho a publicar lo que se nos antoje en cada momento en nuestros perfiles en las Redes Sociales? ¿tenemos derecho a expresarnos libremente? Por supuesto que tenemos derecho a expresarnos libremente siempre y cuando nuestros pensamientos, ideas y opiniones no colisionen con otros derechos igualmente protegidos. Es decir, la libertad de expresión prevalece sobre cualquier otro derecho siempre que no se vulnere el derecho al honor, intimidad personal y familiar o propia imagen de alguien y, siempre que no se caiga en el insulto o desprestigio gratuito.

Por ello, el hacer comentarios ofensivos, bromas o verter opiniones en las Redes Sociales podría constituir una vulneración del derecho al honor por “divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre” o por “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”, tal y como establece la propia ley sobre protección civil del derecho al honor.

Además, la publicación en las Redes Sociales de comentarios o juicios sobre determinados temas, como pueden ser el terrorismo o la violencia, podrían ser constitutivos de diversas figuras delictivas como enaltecimiento del terrorismo, delito de incitación al odio o violencia, injurias, calumnias, acoso, amenazas, delitos contra la intimidad, humillación a las víctimas, etc.

Cabe también plantearse si es lo mismo hacer un comentario o bromear, por ejemplo, sobre Carrero Blanco en una cafetería, entre amigos, que hacer esos mismos comentarios, públicamente, en las Redes Sociales. Sin duda, las consecuencias serían diversas, precisamente, por la comunicación pública que se estaría produciendo en el segundo caso. No es lo mismo bromear en un ámbito privado o cerrado que en uno público, por su alcance y difusión y, consecuentemente por la mayor vulneración del derecho de que se trate.

Otro factor que entra en juego a la hora de establecer los límites a la libertad de expresión es el interpretativo ¿qué entiende cada uno por “insulto” o “desprestigio gratuito”? Se trata en todo caso de una percepción subjetiva: hay personas que pueden sentirse ofendidas por una broma que para otros carece de toda importancia. La gran diferencia en el mundo digital es que, en lugar de interpretar voces, gestos o tonos de voz (he aquí la riqueza de la comunicación), simplemente entran en juego letras o palabras en un “post”. Es decir, no se interpreta más que una simple frase que, en el mejor de los casos, va acompañada de un emoticono. Pero, ¿qué es bromear? ¿Cuál es el límite de la broma? Hay casos, más allá de lo jurídico, como el de la revista sátira de Charly Hebdo, que nos muestran que el verdadero problema quizá sea la interpretación como concepto.

Por otra parte, en relación a los fallos de los Tribunales acerca de la publicación de comentarios vejatorios o lesivos en las Redes Sociales, cabe mencionar la cada vez más típica condena al infractor, además de a eliminar los comentarios constitutivos de la vulneración, a publicar el fallo en las Redes Sociales, en un horario establecido durante un número determinado de días. A título de ejemplo, el reciente caso del presidente de Ausbanc por intromisión ilegítima del honor del portavoz de Facua o, en el año 2012, la concejala del Ayuntamiento de Pamplona que fue condenada a publicar en Twitter durante un período de tiempo el fallo de una sentencia tras verter tuits ofensivos sobre otra concejala.

Este tipo de condenas son consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que establece como parte de la condena “la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del demandado con, al menos, la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida”.

Resulta cuestionable la efectividad de este tipo de condenas, así como la garantía de que la publicación del fallo tendrá la misma difusión que tuvieron los comentarios objeto de la litis. Otro interrogante es la existencia del límite de un número determinado de caracteres, por ejemplo, en Twitter. Por suerte, nuestros Tribunales parecen ir buscando soluciones para estas cuestiones y así, en el caso del Presidente de Ausbanc, se acordó que la publicación del fallo se hiciera utilizando una herramienta elaborada al efecto para aumentar el número de caracteres permitidos. De todas formas, la ley hace referencia a la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria por lo que, según el caso, podría resultar suficiente la publicación en 140 caracteres, cumpliendo así con la publicación parcial de la misma”.

En cuarto lugar, también se ha de señalar que “las libertades de prensa, expresión e información gozan de amplias protecciones en la Constitución Española, aprobada por referéndum nacional el 6 de diciembre de 1978. El Artículo 20 de la Carta Magna reconoce y protege, entre otros, los siguientes derechos: “Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”; y “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” .

Asimismo, el Artículo 20 garantiza que “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura”. Especialmente esta disposición constituye un giro de 180 grados con respecto al Fuero franquista de 194515, el cual restringía este fundamental derecho humano de mil maneras. La Constitución rompió con 40 años de régimen autocrático y abrió las puertas a los medios a expresarse libremente y al pueblo español a ser informado debidamente sobre temas cruciales para formar parte integrante de una recién estrenada democracia.

De hecho, principalmente la prensa escrita de Madrid y Barcelona, excepto contadas excepciones, jugó un papel fundamental, primero en el advenimiento del orden democrático, y segundo y más importante, en la preservación de ese orden16. Esta dedicación e incluso terquedad por asegurarse del avance de la España democrática costó hasta sangre a publicaciones como El País, El Papus, Doblón y el Diario de Navarra, las cuales sufrieron diversos ataques durante los debates parlamentarios constituyentes entre agosto de 1977 y octubre de 1978.

El 23 de febrero de 1981, durante el intento de golpe de estado que paralizó al país e hizo temer por la enclenque democracia española, la gran mayoría de los medios de comunicación —en especial los periodistas que presenciaron el asalto y secuestro del Parlamento Español y que lo transmitieron en vivo al mundo entero— actuaron con templanza y valentía para oponerse a la asonada golpista. Concretamente, El País adelantó su edición del 24 de febrero bajo el titular “Golpe de Estado. El País con la Constitución”19, declarando “¡Viva la Constitución!”, incluso horas antes de que el Rey Juan Carlos I emitiera su mensaje de repulsa a los golpistas y apoyo al orden democrático.

A partir de entonces, al igual que el resto de la sociedad española, los medios de comunicación experimentaron un extraordinario crecimiento, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Asimismo, el dominio de la prensa centralizada en Madrid se vio superado por el auge sin precedentes de la prensa regional —a la par de la llegada del Estado de las Autonomías— la cual comienza a nutrir y nutrirse del insaciable apetito por información local.21
A principios de los 90, Internet comienza a transformar profundamente los medios españoles, especialmente la prensa escrita, a menudo con efectos traumáticos que hacen reducir las nóminas en las salas de redacción. Este periodo también se distingue por la progresiva radicalización del partidismo de los medios, unos a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), otros del conservador Partido Popular (PP) y muchos otros de las aspiraciones nacionalistas de distintas regiones, particularmente Cataluña y el País Vasco.

La Peor Crisis del Periodismo Español Contemporáneo.

Sin duda, la época más traumática de la historia contemporánea de los medios españoles la marca el principio, en septiembre de 2008, de la peor crisis económica, política, social e institucional desde la Postguerra. La galopante recesión comienza a carcomer los cimientos de la sociedad española más próspera de la historia, y uno de sus sectores más castigados son los medios de comunicación.
“La crisis ha empobrecido y debilitado económicamente a los medios tradicionales”, dice Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo PRISA. “Al estar más endeudados, al tener menos recursos económicos, les hacen más dependientes de los poderes económicos, sin duda alguna”.

El informe de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) de 2013, el cual incluye las respuestas de 1.748 profesionales, deja claro el desastre que ha sufrido el sector en los últimos seis años. A finales de 2011, asegura el estudio, 32.600 personas trabajaban en los medios de comunicación españoles, y desde entonces se han perdido el 20% de esos puestos de trabajo. Para septiembre de 2013, el número de parados era de 10.560. Y desde 2008, ha desaparecido la mitad de la inversión publicitaria, junto con innumerables periódicos y revistas, cadenas de radio y televisión, y sitios periodísticos de Internet.

“[La prensa] ha sufrido un deterioro innegable porque la falta de recursos, que en el caso de los medios de comunicación provienen en su inmensa mayoría de los ingresos por publicidad, ya sea institucional o privada, ha provocado el miedo (…) y los ha hecho más dependientes de esos poderes”, dice Carmen del Riego, presidenta de APM.

“Sin duda, la debilidad de los medios de comunicación y de los periodistas, en general, como consecuencia de la crisis económica, nos ha hecho más vulnerables ante los poderes políticos o económicos”, indica Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). “También se ha resentido la calidad de la información y eso genera un cierto deterioro de la libertad de prensa”.

Las penurias económicas, de hecho, se han traducido en un alarmante deterioro de las condiciones de trabajo de los periodistas. El estudio de la APM revela que el 77% de sus encuestados considera su independencia periodística pobre o muy pobre28, y el 56% confiesa que ha recibido presiones para modificar el contenido de sus informaciones en alguna (23,9%), varias (17,8%) o múltiples (14,3%) ocasiones.

“No hacen falta grandes presiones para que los medios ‘tengan cuidado en la cobertura de escándalos’ para no ‘enfadar’ a quien puede decidir beneficiarte o no en el reparto del escaso pastel de la publicidad institucional”, opina del Riego. “Por imposición de los anunciantes o por el temor del medio de comunicación, lo cierto es que sin ninguna ley mordaza, sin ninguna medida política, los medios de comunicación han sido menos libres o se han guardado más a la hora de escribir determinadas informaciones, lo que les ha hecho menos libres”.

“Los efectos directos de la recesión en las empresas periodísticas se han combinado con las consecuencias del cambio de paradigma propiciado por la revolución digital”, dice Borja Martínez, coordinador de la Revista Leer. “Así, la prensa ha quedado expuesta a una triple crisis: de recursos, de modelo e intelectual”. Martínez agrega que en su intento desesperado por atraer lectores y audiencia, los medios han descuidado su vigilancia del poder, y “mientras, amparados por la situación de emergencia económica, los poderes públicos aprovechan para actuar con mayor opacidad, escatimar explicaciones y comportarse con creciente arrogancia ante una prensa debilitada”.

Pocos documentos han subrayado el dramatismo de la situación de la libertad de prensa española como el Manifiesto en Defensa del Periodismo de la FAPE32, emitido en noviembre de 2012 y respaldado por el Parlamento Español33 en mayo de 2013.

“Si aseguramos que el periodismo atraviesa en España la peor crisis de su historia, nadie podrá decir que exageramos”, denuncia el Manifiesto. “Se nos podrá acusar de ser reiterativos porque desde la FAPE venimos denunciando este desastre, una y otra vez, en los últimos años. En esta denuncia constante, hemos sostenido y sostenemos, como eje de nuestra posición, que nuestro país pagará un alto precio si asiste al deterioro del sector periodístico sin tomar medidas que palien la situación. Dejar morir el periodismo es como dejar morir la democracia, porque los medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate cívico, el intercambio de ideas y actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos””.

Como conclusión, se puede afirmar que los actuales medios de comunicación, y, a través de ellos, los poderes públicos, utilizan todos los recursos que tienen a su alcance para manipular a los espectadores, así como condicionar su forma de actuar a los propósitos que tienen.

FUENTES:

  1. El paradigma de las redes sociales: Entre la libertad de expresión y la censura. DELMO AMLAT: https://www.demoamlat.com/el-paradigma-de-las-redes-sociales-entre-la-libertad-de-expresion-y-la-censura/
  2. Internet y las Nuevas Tecnologías en el III Foro IEB centrado en la Libertad de Expresión e Información en un Estado de Derecho. LEFEBVRE EL DERECHO: https://elderecho.com/internet-las-nuevas-tecnologias-iiforo-ieb-centrado-la-libertad-expresion-e-informacion-estado-derecho
  3. La libertad de expresión y las redes sociales, enemigos íntimos. LEGAL TODAY: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/nuevas-tecnologias-civil/la-libertad-de-expresion-y-las-redes-sociales-enemigos-intimos-2017-01-16/
  4. La libertad de expresión en España ¿está en peligro? HAY DERECHO EXPANSIÓN: https://hayderecho.expansion.com/2018/05/11/la-libertad-de-expresion-en-espana-esta-en-peligro/
  5. ¿Cuáles son las fronteras entre la libertad de expresión y el derecho a la información? CONFILEGAL: ¿Cuáles son las fronteras entre la libertad de expresión y el derecho a la información?
  6. Malos tiempos para la libertad de expresión en España. HUFFINGTON POST: https://www.huffingtonpost.es/2018/02/22/malos-tiempos-para-la-libertad-de-expresion-en-espana_a_23368416/
  7. ¿Está amenazada la libertad de expresión en España? THE OBJECTIVE: https://theobjective.com/further/esta-amenazada-la-libertad-de-expresion-en-espana
  8. La Libertad de Prensa, Expresión e Información en España: Retos y Obstáculos Que Confrontan los Medios Españoles para Recopilar y Difundir Información. JAVIER SIERRA.

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