Derecho general

¿Qué fallos comete España en la gestión del COVID-19?

La gestión de la pandemia por las autoridades competentes en España desde que el COVID-19 entró en escena ha sido un total desastre, sobre todo por la falta de coordinación, al tener transferidas las competencias las Comunidades Autónomas, pero ha er querido llevarlo a cabo el Gobierno Central, pero sin llevar a cabo su papel, al no haber dado instrucciones claras y echar el marrón a las comunidades Autónomas pero gestionando mañ las cosas el propio gobierno central.

En primer lugar, cabe señalar que “el primer error que denuncia Mercado sucedió en enero y fue no prestarle la atención suficiente a ese virus que había surgido en una ciudad de China y que en pocas semanas había obligado a sitiar poblaciones enteras. “En ciertas fases de la epidemia, el Gobierno ha sido casi negacionista“, comenta en una charla con este periódico. El libro recuerda cómo, avanzado febrero, cuando ya era evidente que el virus había atravesado el bloqueo chino y se había expandido a distintos continentes, las autoridades españolas seguían dudando de que existiese contagio entre personas. “Es una falta de conocimiento que no se explica a esas alturas”. Para entonces los países asiáticos ya controlaban la temperatura a los viajeros en los aeropuertos. “España no empezó a hacerlo hasta varios meses después”. “Desde enero, todas las medidas y advertencias que fue promulgando la OMS fueron ignoradas por el Gobierno”. “No se realizó un cribado exhaustivo de los viajeros procedentes de lugares de riesgo, no se utilizaron termómetros en la frontera, no se estableció un plan de rastreo de contactos ni de confinamiento obligado para los posibles positivos que pudiesen ir surgiendo”. Para Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, España sólo iba a sufrir “un caso o dos”, nada por lo que hubiese que alarmarse. La parálisis en la previsión y organización de una respuesta ante una crisis sanitaria perfectamente previsible quedó patente enseguida, “y pese a todo, a finales de febrero, aún con el Gobierno habiéndose tomado un mes de ‘vacaciones’, España sólo registraba una treintena de casos. Había tiempo de hacer las cosas bien. Había tiempo de iniciar un rastreo eficaz. Lo que se hizo, sin embargo, fue limitarse a decirle a los enfermos leves que se quedasen en sus casas”.

Para Mercado, la excusa de la ignorancia ante una amenaza completamente nueva no se sostiene si se atiende a las propias maniobras que se fueron realizando durante los primeros compases del año. “En el Gobierno han pecado de doble lenguaje. El 20 de febrero, cuando decían con optimismo que como mucho habría un par de casos y que España estaba salvaguardada por un sistema sanitario que entonces calificaban de robusto, se estaba elaborando al mismo tiempo un manual para el manejo de cadáveres del coronavirus”. Los ejemplos se solapan. “Pese a que existían una serie de protocolos supuestamente fiables, esos mismos protocolos reconocían que faltaba material sanitario; aún sosteniendo que el impacto no iba a notarse demasiado, se comenzó a hablar de posibles colapsos hospitalarios y se puso sobre la mesa la necesidad de los triajes. Pero ni siquiera entonces se vio necesaria la compra de material“. “Alemania inició las suyas a principios de enero. España las retrasó hasta el 20 de marzo, en un momento en el que el mercado ya estaba colapsado y lleno de mafiosos que vendían desechos a un precio tres veces superior”. Aún con todo, el mensaje que se vendía era optimista. “No importa que fuese para salvar la economía o para no tener que cancelar manifestaciones. Fue un problema de irresponsabilidad. Manejaron mal la información que sí tenían”. “A finales de febrero, el 80% de los positivos en España eran importados. No se llevaron a cabo rastreos exhautivos ni confinamientos prudenciales para los pacientes con síntomas leves. Tampoco se cerró la conexión aérea con una Italia confinada, ni se les tomó la temperatura a los pasajeros de esos vuelos”.

El baile de datos

Otra de las grandes controversias de aquellos meses estuvo centrada en la manera de informar sobre la crisis adoptada por el Gobierno. “Han tratado a la prensa de una manera que no es digna de un país democrático“. Seleccionaron las preguntas, primero; no aceptaron repreguntas, después; y mantuvieron con los periodistas una relación más parecida a la de cualquier conferencia irrelevante que a la de una rueda de prensa destinada a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos durante la mayor crisis que se recuerda. “Por otro lado, el Gobierno se centró en perseguir los bulos, pero sólo los que perjudicaban su imagen, no los que eran peligrosos para la sociedad”, recuerda Mercado. “No se hizo nada contra aquellos que difundían que ‘el virus no iba a llegar’, por ejemplo, o que ‘distinguía entre clases’, o que ‘los empresarios se estaban forrando gracias a él'”. “Bulos hubo tanto desde la izquierda como desde la derecha, pero el Gobierno sólo se preocupó por unos concretos, no por todos”.https://d-18773718692488407375.ampproject.net/2103240330001/frame.html

Aunque “más grave fue el trato a los ciudadanos“. En abril, de pronto, desaparecieron de las estadísticas miles de positivos detectados por test rápidos. El Gobierno había cambiado sus criterios, pese a que eran los que funcionaban en el resto de países. “Lo hicieron de una forma tan burda que la OMS se mosqueó y dejó de tratar los datos españoles por falta de confianza”. El número real de infectados a día de hoy sigue sin estar claro, lo que hace que cualquier otra estadística derivada se vea sustancialmente contaminada. “¿Por qué España tiene una tasa de mortalidad tan exagerada? Se trata de un dato poco fiable porque no sabemos exactamente cuántos contagiados tenemos”. De hecho, ni siquiera el número de fallecidos es exacto. “En mayo se decía que había 28.000, pero el MoMo señalaba un incremento con respecto al año anterior de 44.000. ¿Cómo es posible un desajuste de 16.000 muertes? Se utilizó la excusa de causas ajenas al coronavirus, o de las patologías previas. ¿Pero qué anciano no tiene patologías previas? De 44.000 muertos, la mayoría pertenecían a la tercera edad. ¿Por qué el Gobierno no dio los datos de fallecidos en residencias, pese a que los poseía? ¿Dónde estaba la transparencia? No hemos tenido información real porque admitir las cifras reales habría sido reconocer el fracaso de la gestión de un Gobierno que decía que el virus no iba a llegar”, sentencia”.

En segundo lugar, también cabe destacar que el Gobierno central, desde que llegó a estos cargos, ha estado más a conseguir acuerdos políticos con quienes sólo piensan en romper desde hace más de 40 años el modelo de país que se creó en la Constitución de 1978.

En tercer lugar, también cabe señalar que “son los parámetros con los que se evalúa a los países los que hacen que la gestión europea y estadounidense salga tan mal parada. Uno de los valores principales a tener en cuenta es el número de casos diagnosticados y de fallecidos en las primeras semanas y cómo se gestionaron. Es decir, la rapidez a la hora de actuar.

El estudio se ha realizado basándose en la respuesta de los gobiernos durante las 36 semanas siguientes a diagnosticar su caso número 100. El único país con casos de Covid diagnosticados no incluido en el este ránking es China por, según los organizadores, “falta de datos”.

Nueva Zelanda encontró sus primeros contagios el 18 de noviembre y sus medidas, muy contundentes, han permitido que, desde el inicio del coronavirus, sus casos no hayan subido de los 2.300 y los fallecidos no hayan llegado a la treintena.

Algo parecido a lo que ocurrió en Vietnam, según las cifras oficiales de su Gobierno. Desde el inicio de la pandemia, se han contabilizado 1.551 contagios, incluidos 35 muertos. Taiwán, en el tercer puesto, ha registrado 890 contagios y siete muertes.

Gráfico elaborado por Lowy Institute comparando la puntuación de España a lo largo de las semanas con Francia (73) y Taiwan (3).

El estudio refuerza, además, la existencia de factores estructurales como el tamaño de la población, los niveles de desarrollo económico o las diferencias en los sistemas políticos, que han influido en la gestión de la pandemia.

Un claro ejemplo de cómo funciona el trabajo del Lowy Institute es visualizar la evolución de la calificación que recibe la gestión de España. Durante las 12 primeras semanas en las que ya se habían diagnosticado más de 100 casos, el país tenía muy malas puntuaciones.

Estado de alarma

La posición española en el ranking mejoró cuando empezaron los confinamientos y las medidas de mayor presión. De hecho, a posteriori, se muestra un descenso de la puntuación que coincide con el plan de desescalada.

Así, el documento explica que los países que más rápido consiguieron detener el número de positivos son los que mejor situación alcanzan en el listado. 

España decretó el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, con 132 muertos y más de 5.100 infectados. Era entonces, tras Italia, el segundo país de Europa con más casos. El país transalpino, por su parte, tomó la medida de confinarse dos días antes, motivo por el que podría tener mejor puntuación, según el Lowy Institute. 

Por el contrario, en Nueva Zelanda, con apenas casos empezaron ya desde marzo a tomar medidas como el aislamiento obligatorio después de un viaje, el cierre temprano de las fronteras, el cierre nacional y el aislamiento de casos y contactos cercanos del 16 al 19 de marzo”.

En cuarto lugar, también se ha de añadir que “España no solo llegó tarde a la primera reacción contra el coronavirus, sino que durante todo este tiempo ha ido a remolque. En el bagaje del ministro queda una batería de compras llevadas a cabo con precipitación y descoordinación, cambios en las políticas sobre los test que impidieron un diagnóstico certero, decisiones amparadas en un comité de expertos que no existía, giros de timón en las directrices y un proceso de cogobernanza que no ha funcionado.

Si se observan los datos que proporciona el Instituto de Salud Carlos III, se comprueba que la curva de contagios empezó a crecer en el mes de febrero mientras los controles sanitarios la desconocían. Se menospreciaron las alarmas de China, pero también se hizo lo propio con las que llegaron desde el norte de Italia. Fue a finales de febrero, en un Consejo Interterritorial, cuando aún la directriz era que España se encontraba en una fase de contención.

Esa falta de anticipación, común por otra parte en la mayoría de países del entorno europeo, provocó que hubiera que echar mano del Estado de Alarma y de un confinamiento muy severo. Ya en él, llegó uno de los peores pecados de Illa. Se arrogó la competencia absoluta para comprar material sanitario con un equipo muy escaso y sin la experiencia necesaria (estas adquisiciones llevan 20 años entre las competencias de las comunidades autónomas). El resultado, en un entorno de guerra comercial, fue que el material llegó tarde, hubo tests y mascarillas que no cumplían unos mínimos de calidad y los profesionales sanitarios se enfrentaron a lo peor de la pandemia sin medios para atender y protegerse. Sanidad, en concreto la Dirección de Farmacia, se aferró a proveedores muy alejados del sistema nacional de salud, como empresas de material de construcción o de marketing.

Aquellas compras trajeron otro de los fallos en la previsión de la crisis. La OMS, casi desde el minuto uno de la epidemia, alertaba de que la única forma de hacer frente era realizar una cantidad ingente de tests. Sin embargo, Sanidad tenía compradas muchas pruebas rápidas de anticuerpo (4,2 millones de dispositivos) que comenzó a repartir entre las comunidades autónomas. Semanas más tarde de aquellas entregas, los documentos de actuación del Ministerio cambiaron y eliminaron la capacidad diagnóstica a las pruebas repartidas. Aquello fue duramente criticado por varias comunidades autónomas, varias de gobiernos socialistas. A esto habría que sumarle la tardanza en habilitar los test de antígenos como prueba diagnóstica similar a la PCR. Casi todo el mes de septiembre se pasó entre deliberaciones para, al final, aprobarlos (aunque aún no pueden usarlos los viajeros).

Al unísono de lo anterior, el Ministerio decidió no contar con la sanidad privada a pesar de que la había puesto al servicio de las necesidades del país. En lo peor de la pandemia, a finales de marzo y principios de abril, con los hospitales públicos desbordados, se desperdiciaron 2.000 camas UCI.

Entre tanto, llegó el momento de la desescalada y también el momento de la cogobernanza. Las decisiones que tomaban cada 15 días en el Ministerio de Sanidad se amparaban en un comité de expertos. Durante meses, Illa escondió sus nombres hasta que Transparencia entró en juego. Fue entonces cuando asumió que aquel comité de expertos estaba formado por los funcionarios de la Dirección General de Salud Pública y del Centro de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón.

Tras el fin de la primera ola, llegó el verano y con él el supuesto liderazgo y coordinación del Ministerio sobre las comunidades autónomas. Se acordó un Plan de Actuación Temprana para adelantarse a una segunda ola que siempre se previó para el mes de octubre. A pesar de que se inyectaron unos 9.000 millones de euros, las comunidades no estuvieron rápidas y el Ministerio no asumió su rol en una emergencia de Salud Pública. Fue en julio, un mes después de la desescalada, cuando se atisbó que no había rastreadores suficientes para controlar al coronavirus y que la herramienta RadarCovid se retrasaba. El resultado fue que España fue el primer país de Europa en comenzar una segunda ola que nunca se consiguió atajar y que se acumula a la incipiente tercera.

El último fallo de gestión en la maleta de Illa es el Plan de Vacunación, íntimamente con el anterior mencionado: la cogobernanza. Salió el ministro hace semanas a presentar la estrategia asegurando que ningún país de Europa tenía tanta previsión como España, con la excepción de Alemania. Tal anticipación desembocó en unas cifras depecionantes de vacunación en las primera semanas, desde que llegó a España el antígeno de Pfizer. Con todo, el ministro dijo por aquellas fechas que el trabajo de las automías era bueno.

La tardanza del gran contrato

Acababa el mes de julio cuando el Ministerio de Sanidad anunciaba un mega contrato de 2.500 millones de euros para surtirse de material sanitario. Se licitaron mascarillas, tests, batas, guantes y gafas de protección para generar una despensa con vistas a no volver a tener escasez de material necesario. El Acuerdo Marco empezó mal. Salvador Illa tuvo que anularlo y volver a sacar unos nuevos pliegos ante las quejas tanto de algunas comunidades autónomas como de pymes, que se quejaban de unas condiciones draconianas para poder participar. Una vez rehecho, la promesa fue resolverlo en agosto y parte de septiembre para que durante el noveno mes del año las comunidades autónomas pudieran ya surtirse. No fue hasta el 11 de noviembre cuando Sanidad comunicó que había resuelto el 54% del contrato, dejando fuera, entre otros materiales, las mascarillas. No fue hasta dos semanas después que el mega contrato anunciado a finales de julio se resolvería. Una de las razones de este retraso, como pasó con las compras centralizadas en la pandemia, es la escasez de personal que hay en el Ingesa”.

O sea, uno de los principales errores fue el de negar la pandemia durante meses hasta que empezó la desescalada. Pero la cosa no quedó ahí, pues cometió el Gobierno central de seguir cometiendo el error de no contabilizar bien los muertos, así como de seguir sin comprar en lo que quedaba de 2020 EPIS para trabajadores esenciales, ´querer salvar” tanto el verano como las navidades, o incluso, y este es un error garrafal, no cerar las fronteras terrestres y marítimas (en este aspecto, seguimos admitiendo a los inmigrantes ilegales de las pateras, muchos de los cuales vienen con covid, y encima pueden moverse sin problemas), y también no obligar a hacer cuarentena obligatoria a todo aquel que llegue a España de cualquier destino. Un grave error.

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