COVID-19, Derecho, Derechos fundamentales, libertades públicas y su protección, Fiestas ilegales en tiempos de pandemia, Pandemias

¿Puede entrar la policía en un domicilio sin orden judicial ni existir presunción de delito flagrante?

Hace no muchas semanas salió en los medios de comunicación cómo unos agentes de policía entraban en una casa particular para desmantelar una fiesta ilegal, basándose en que había un delito flagrante y en que corría peligro la salud pública. ¿Fue esto legal? En esta entrada se va a analizar la inviolabilidad de domicilio y en qué casos puede entrar la policía sin orden judicial, así como si encaja este supuesto en los casos previstos legalmente.

En primer lugar, cabe señalar que, “a pesar de las restricciones que impiden celebrar fiestas en domicilios en plena situación de pandemia, algo que va a más y sobre todo en semanas festivas como esta de Semana Santa, todavía siguen teniendo lugar eventos de este tipo con la intención de saltarse las normas y disfrutar al margen de la ley. Por este motivo, fruto de los controles policiales, se han producido detenciones y apariciones de los cuerpos de seguridad en las viviendas.

Han llamado la atención en los últimos días imágenes de efectivos de la Policía irrumpiendo en casas, llegando a derribar las puertas, para acceder en los domicilios y detener estas fiestas ilegales. Y la realidad es que lo hacen sin una orden judicial, es decir, sin una orden que permita entrar en una vivienda, donde por ejemplo se esté celebrando una fiesta, sin permiso del dueño.

La polémica se ha montado principalmente a raíz de la publicación de un vídeo en el que se observan a agentes entrando mediante una patada en la puerta en una vivienda de la calle Lagasca, en Madrid, así como otros en días anteriores también en la capital.

Los agentes defienden que pueden hacer estas intervenciones

Según recoge el diario El País, los efectivos de Policía han defendido que accedieron a los domicilios amparados por la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como ley mordaza) y una orden interna emitida por el Ministerio del Interior el pasado 16 de marzo.

En sus atestados hacen referencia a este oficio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional en el que presuntamente se dan instrucciones para “establecer los dispositivos operativos necesarios, para asegurar, el cumplimiento de las medidas y recomendaciones”, las acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para los periodos del 17 y 21 de marzo y 26 de marzo y el 9 de abril, coincidentes con el puente de San José y el periodo vacacional de la Semana Santa. Pero en realidad, la orden no ha sido publicada.

¿Qué dicen los artículos y qué explica Interior?

La Policía ha explicado que su actuación estaría respaldada por los artículos 9.13 y 16.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana. En concreto, este último punto afirma que “en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”.

También sostienen que el artículo 16.5 también sirve para apoyar su acción: “En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley”. Así, se podría detener a las personas que incumplan la ley.

Ahí está el debate jurídico. Si estos artículos son suficientes para violar un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Constitución Española, por el cual “el domicilio es inviolable” y “ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. En Interior solo afirman que no tenían constancia de la orden.

¿Qué hacían los jóvenes? ¿Es un acto desproporcional?

Los agentes también han defendido que los jóvenes se encuentran cometiendo un delito de desobediencia en el momento en el que se niegan a abrir la puerta e identificarse.

El hecho de derribar la puerta se está considerando por diferentes colectivos o portavoces de las asociaciones de jueces como algo “desproporcional” y no justificado sin el permiso de un juez, ya que no se trataría de un delito flagrante y sí una actividad de sanción administrativa. Es decir, sin una orden judicial no podrían acceder a la vivienda. Solo el delito flagrante justificaría el derribo de la puerta, e incluso esta forma de actuar por parte de la Policía podría considerarse allanamiento de morada”.

En segundo lugar, se debe de añadir que, “de acuerdo con el artículo 18.2 de la Constitución Española, el domicilio es inviolable: «Es un derecho fundamental que no puede ser modificado por una Ley ordinaria». López señala que, tal y como indica el citado artículo de la Consitución, no se puede entrar ni realizar ningún registro en un domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Asimismo, el abogado recuerda que este derecho también puede ser suspendido en caso de declaración del estado de excepción o de sitio, de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución Española. No obstante, «el estado de alarma no modifica este derecho», puntualiza. Por tanto, no es posible que la policía entre en un domicilio sin permiso porque exista sospecha de que alguno de los residentes tenga coronavirus. Sólo podrían acceder en caso de flagrante delito, con autorización judicial o durante el estado de excepción o sitio.

La publicación en el BOE a la que hace referencia este bulo se refiere a una modificación del artículo 8.6 de la Ley 29/1988, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esta modificación viene recogida en la disposición final segunda de la Ley 3/2020, publicada en el BOE el pasado 19 de septiembre.

Esta disposición simplemente añade un pequeño párrafo al artículo 8.6 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señalando lo siguiente: «Corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada». Por tanto, salvo autorización judicial o delito flagrante, no es posible que la policía entre a un domicilio”.

En tercer lugar, también se ha de señalar que “nuestra vivienda es el último reducto de nuestra dignidad.

Así lo ha entendido el máximo garante de los derechos fundamentales en España: nuestro Tribunal Constitucional desde su sentencia 94/1999, de fecha 31 de mayo, dictada bajo la ponencia de don Tomás S. Vives Antón, en la cual refería que “el derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido, según hemos dicho, para garantizar el ámbito de privacidad de esta, dentro del espacio que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública”.

NO SE ESTABA COMETIENDO DELITO ALGUNO

Esta imagen es de un vídeo que circula por las redes sociales, cuando los asistentes a una fiesta ilegal, se negaban abrir la puerta.

¿Una fiesta en una vivienda con 14 asistentes más allá de las 23:00 horas supone un delito? No.

La conducta podría calificarse como constitutiva de una infracción administrativa, que, bajo ninguna circunstancia, da lugar a romper y violar una vivienda.

Debido a que se trata de una desobediencia leve, totalmente irrelevante en el Derecho Penal. Así lo ha señalado el excelentísimo señor don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca en la sentencia de la Sala de lo Penal 45/2016, de fecha 3 de febrero, señalando que “la resistencia y la desobediencia que no revistan un carácter grave, no serían constitutivas de delito cuando se cometan en relación con los agentes de la autoridad, constituyendo solo, y en su caso, una infracción administrativa contemplada en la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana”.

Es cierto que, a raíz de las restricciones causadas por la pandemia de la COVID-19 en España, estamos cansados de ver fiestas en casas saltándose el confinamiento.

Pero el fin no justifica los medios, y menos en el caso concreto, utilizando la fuerza coercitiva del Estado, de manera desproporcionada propia del “totalitarismo”.

Aun suponiendo que la conducta de los jóvenes era un delito, ¿se cumplían los requisitos para violar un domicilio?

Según nuestro Alto Tribunal no; refiere el presidente de la Sala de lo Penal, Marchena, en la sentencia 103/2015 de 24 de febrero que “el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del individuo que, según el artículo 18.2 de la Constitución, sólo cede en caso de consentimiento del titular; cuando se trate de un delito flagrante, o cuando medie resolución judicial”.

No se estaba cometiendo delito, ya que no abrir la puerta a un agente de policía es una desobediencia leve y no grave. Sancionable por la Ley de Seguridad Ciudadana”.

En cuarto lugar, se ha de introducir en esta entrada que, en esta actuación de la policía respecto a una fiesta ilegal en tiempos de pandemia, “se ha acusado a los agentes del delito de allanamiento de morada, bien sea en sus modalidades de los artículos 204 CP o 534 CP, según la gravedad atribuida. Se insiste igualmente en el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, reflejado en el artículo 18.2 CE, que reza: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.”

A estos tres supuestos de entrada legal (consentimiento del titular, resolución judicial, flagrante delito) hay que sumar un cuarto, el estado de necesidad, fruto de la doctrina constitucional (por ejemplo, STC 22/1984), reflejada en la ley de seguridad ciudadana (LO 4/2015, de 30 de marzo), en su artículo 15, que indica. “Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad”.

“No se puede aducir comportamientos vagos del Real Decreto que declara el estado de alarma y de la autoridad general del Gobierno” (Foto: Economist & Jurist)

Aquí es donde inicialmente hemos de detenernos. Se ha acusado a los agentes de desproporción, ya que el articulo citado indica claramente que el estado de necesidad sólo es aplicable en casos de urgente necesidad. Pero resulta, como se ha dicho, que el estado de necesidad no es más que uno de los 4 supuestos reflejados, no condicionante de los demás, que gozan de autonomía propia y por tanto semejante razonamiento cae por su propia incongruencia. ¿nos encontramos, quizá, en el supuesto de delito flagrante? Veámoslo detalladamente.

Delito flagrante, en palabras del Tribunal Constitucional, es aquel en que “el delincuente es sorprendido -visto directamente o percibido de otro modo- en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito” (STC 341/1993, de 18 de noviembre), o según la jurisprudencia del Tribunal Supremo “por delito flagrante ha de entenderse aquel “que está ardiendo o resplandeciendo”, es decir la infracción que se está cometiendo de manera singularmente escandalosa y ostentosa, todo lo cual da lugar a la inmediata intervención para que cese el delito y sus efectos. Proviene del latín “flagrans flagrantis” y es un delito por lo dicho poco necesitado de prueba dada su evidencia, puesto que “se está ejecutando” o “acaba de suceder” cuando el autor es detenido. (STS, de 1 de abril de 1996) El artículo 795 de la lecrim da una definición similar para el ámbito del procedimiento abreviado.

En el caso que nos ocupa, hemos de tener en cuenta que la actividad desarrollada en el interior de la vivienda era contraria al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Y dicha vulneración dio pie a la aplicación del tipo penal del artículo 556 “los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones” ¿por qué? Porque lo que inicialmente era un incumplimiento vago de los términos del Estado de alarma, se convirtió en un delito de desobediencia del 556, personificado en los agentes concretos. Me explico más detenidamente:

Inicialmente, la desobediencia podría pensarse ínsita en que, al vulnerar el Decreto con la fiesta ilegal, se desobedece a la autoridad competente, en este caso el Gobierno. Pero sucede que el Tribunal Supremo, en STS de 20 de marzo de 1990 expresa, en relación al artículo 237 del código anterior (556 actual) “este artículo contiene un tipo penal que, indudablemente, se refiere a comportamientos contrarios al ejercicio personal de la autoridad por un agente del Estado, pero no alcanza al incumplimiento de normas dictadas por la autoridad. Los actos de desobediencia a normas tienen, en su caso, sanciones expresas en las leyes y, en modo alguno, se relacionan con el ejercicio personal y directo de la autoridad que presupone el delito de desobediencia. De lo contrario todo incumplimiento de una norma implicaría a la vez un delito de desobediencia a la autoridad que la dictó, algo que, evidentemente no constituye la finalidad del precepto del art. 237 CP. El legislador ha querido proteger con este delito el ejercicio de la autoridad, pero no la eficacia del orden jurídico en tanto conjunto de normas”.

Por tanto, no se puede aducir comportamientos vagos del Real Decreto que declara el estado de alarma y de la autoridad general del Gobierno, como fundamento para justificar un delito de desobediencia. Motivos, por otro lado, entiendo, tampoco aducibles para justificar la sanción administrativa del artículo 36.6 de la Ley de Protección se la seguridad ciudadana, ya que el fundamento es el mismo: precisaría una conminación inmediata de una orden, desatendida, para invocar la aplicación de tal artículo (piénsese en el no uso de mascarillas: no basta con que nos sorprendan por la calle sin ella; sería necesario una advertencia, no atendida, para justificar la sanción). Y ello pese a que el Ministerio del Interior emitiese el día 14 de abril de 2020 una comunicación a los Delegados de Gobierno (que curiosamente provocó el cambio de parecer de la Abogacía del Estado) sobre incoación de procedimientos sancionadores por presunta infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y criterios para las propuestas de sanción, en el que se indicaba que los incumplimientos “deben considerarse desobediencia a las órdenes dictadas por el Gobierno, como autoridad competente en el Estado de Alarma, órdenes que gozan de valor de ley (STC 83/2016 ) y constituyen mandatos directos dirigidos a la ciudadanía que han tenido una amplia difusión…” “y por tanto, su inobservancia pueda subsumirse en el tipo infractor de la desobediencia a la autoridad del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.”

Cuestión distinta es, cuando ante la advertencia, se reitera el incumplimiento de la orden, ya que, según la gravedad, podría conminar en el delito de desobediencia del articulo 556 y por tanto justificar la medida, incluida la detención (490.2º lecrim). Piénsese que, en el caso que nos ocupa, la policía, ante la denuncia de fiesta ilegal, se presenta, se identifican como policías, conminan a los integrantes a cesar la fiesta e identificarse. Los sujetos, en lugar de guardar silencio, negar la existencia de la fiesta o simplemente perjurar que hubiese allí aglomeración alguna, se limitaron a reconocer su existencia, señalando su negativa a salir, a cesar la fiesta, alegando la necesidad de presentar una orden judicial. Este último detalle es de una estupidez supina. Para empezar, una orden judicial no es omnipotente y sólo puede darse cuando existan indicios de que en la vivienda en cuestión se esta cometiendo un delito, de ahí que se exija un auto motivado y fundado (550 y 558 lecrim, es decir, no vale uno de modelo) Suponer que si aquella fiesta era una “infracción administrativa” con una simple orden judicial se hubiese subsanado su pretendida ilegalidad de base es de una ingenuidad absoluta. Es más, alegando una orden se está dando base para justificar un hipotético delito flagrante (desobedecer, ante la reiteración de cese de la fiesta)

Por tanto, en la situación actual, entiendo que esta actuación fue legal. Ahora bien, lo que realmente sucede es que con un simple estado de alarma se está vulnerando de forma ostensible y desproporcionada nuestro tradicional marco jurídico, acomodando una legalidad vigente a una “interpretación pandémica”, que desnaturaliza nuestro derecho vigente y nos lleva a sucesos como éste. Pero la cuestión de base no es que un grupo de agentes tiren una puerta abajo por una fiesta ilegal, algo impensable hace apenas un año, sino que con un simple estado de alarma semi-anual se cercenen derechos fundamentales como el de reunión, libertad de circulación, igualdad (piénsese que no tiene sentido que un belga pueda ir a Granada con PCR negativa, y el que escribe, ni aún con ella, pueda), atribuyendo dudosas atribuciones a los poderes públicos. Supongan que mañana considerásemos que, para garantizar nuestra seguridad, necesitamos tener al ejército desplegado en las calles. ¿sería entonces justificado que nos escandalizara el hecho de que un soldado, en una situación de excesivo celo, encañonara a un viejecito ante la negativa a identificarse o ante la sospecha de llevar armas? ¿no sería, quizá, que no era tan necesario sacar a los militares ante esa “situación”?”

Por tanto, como conclusión, está claro que hubo un error en la actuación de la policía en la entrada en ese domicilio, considerando los hechos como flagrante delito, siendo en realidad una infracción administrativa, y no tenían cobertura legal ni en el artículo 18.2 de la Constitución ni en la Ley Orgáncia 4/2015, de seguridad ciudadana.

FUENTES:

  1. Tres policías nacionales que entraron, sin orden judicial, en un domicilio volvieron a hacerlo al día siguiente en otro piso por el método del resbalón. CONFILEGAL: https://confilegal.com/20210329-tres-policias-nacionales-que-entraron-sin-orden-judicial-en-un-domicilio-volvieron-a-hacerlo-al-dia-siguiente-en-otro-piso-por-el-metodo-del-resbalon/
  2. ¿Puede la Policía entrar en tu casa durante el estado de alarma para comprobar si hay personas no convivientes? MALDITA.ES: https://maldita.es/malditateexplica/20210404/policia-entrar-casa-reuniones-seis-personas-autorizacion-judicial/
  3. ¿Puede la Policía entrar por la fuerza en un piso donde se está celebrando una fiesta ilegal sin una orden judicial? PERIÓDICO 20 MINUTOS: https://www.20minutos.es/noticia/4637523/0/puede-la-policia-entrar-por-la-fuerza-en-un-piso-donde-se-esta-celebrando-una-fiesta-ilegal/
  4. La policía puede entrar en una casa sin orden judicial, pero sólo en contadas ocasiones. NIUS DIARIO: https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/policia-puede-entrar-casa-sin-orden-judicial-solo-contadas-ocasiones-riesgo-delito-flagrante_18_3114570325.html
  5. ¿Puede la Policía entrar en una casa sin orden judicial? DIARIO AS: https://as.com/diarioas/2021/03/31/actualidad/1617185540_557126.html
  6. La verdad tras el supuesto BOE que permite a la policía entrar en tu casa si sospecha que tienes coronavirus. REVISTA IDEAL: https://www.ideal.es/sociedad/verdad-boe-policia-entrar-casa-positivo-20201020121816-nt.html
  7. Acusan a la policía de entrar a una vivienda para desmantelar una fiesta ilegal sin orden judicial. HUFFINGTON POST: https://www.huffingtonpost.es/entry/policia-entra-vivienda-fiesta-ilegal-orden-judicial_es_606180f7c5b6531eed06716c
  8. Los juristas cuestionan la legalidad de la ‘patada en la puerta’ para detener las fiestas ilegales: “Es desproporcionada”. RTVE.ES: https://www.rtve.es/noticias/20210331/juristas-cuestionan-actuacion-policia-fiestas/2084275.shtml
  9. Interior deja a criterio de la Policía la ‘patada en la puerta’ para fiestas ilegales. PERIÓDICO EL INDEPENDIENTE: https://www.elindependiente.com/espana/2021/03/30/interior-deja-a-criterio-de-la-policia-la-patada-en-la-puerta-para-fiestas-ilegales/
  10. [Opinión] ¿Allanamiento de morada en el estado de alarma? CONFILEGAL: https://confilegal.com/20210328-opinion-allanamiento-de-morada-en-el-estado-de-alarma/
  11. ¿Fue un delito la intervención de la Policía en la fiesta ilegal? ECONOMIST&IURIS: https://www.economistjurist.es/premium/la-firma/fue-un-delito-la-intervencion-de-la-policia-en-la-fiesta-ilegal/
  12. La policía se ampara en una orden interna para entrar en domicilios con fiestas ilegales. PERIÓDICO EL PAÍS: https://elpais.com/espana/2021-03-30/la-policia-se-ampara-en-una-orden-interna-para-entrar-en-domicilios-con-fiestas-ilegales.html
  13. Fiestas clandestinas y excesos policiales: incumplir las restricciones no permite a los agentes entrar a un domicilio. PERIÓDICO EL DIARIO: https://www.eldiario.es/politica/fiestas-clandestinas-excesos-policiales-incumplir-restricciones-no-permite-agentes-entrar-domicilio_1_7360139.html

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s