Derecho, Derecho Constitucional, Estado de Derecho

¿Está en peligro el Estado Social de Derecho en España?

Hace escasos días algunas asociaciones de jueces en España han llevado ante la Unión Europea una queja para que decida si intervenir en España en cuanto al peligro que, supuestamente, corre el Estado de Derecho en este país como consecuencia de los pactos del Ejecutivo central con aquellos partidos nacionalistas provenientes de las Comunidades Autónomas que quieren independizarse.

En primer lugar, y para poner en antecedentes al lector, cabe decir que “las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), a las que pertenecen más de 2.500 jueces, han enviado un escrito al comisario europeo de Justicia Didier Reynders y la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia Vera Jourová en el que exponen una «situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España» por la injerencia del Poder Político en el Judicial.

Solicitan la adopción de medidas y recomendaciones y que valoren si procede aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) que, en los casos más graves, permite la suspensión de los derechos de voto del país miembro si se considera que hay una «violación grave y persistente» de los valores de la Unión Europea.

Las asociaciones judiciales que representan «a la inmensa mayoría de jueces asociados en España», como indican en el documento enviado, manifiestan su inquietud por el «actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial». «A pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de la UE- es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales- se camina en la dirección opuesta», escriben sobre la reforma del Poder Judicial impulsada por PSOE y Podemos.

«Apagón del CGPJ» al no poder nombrar

Ésta, que salió adelante con el apoyo de las Cámaras, limitó la capacidad de realizar nombramientos al Consejo de jueces mientras esté en funciones. En el escrito, los magistrados consideran que esta primera reforma «ya en vigor, prevé un ‘apagón’ del CGPJ al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes».

La reforma dura del CGPJ es el «camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción», para los jueces

La segunda reforma legal más dura que anunciaron los partidos de Gobierno y han dejado a un lado -que consistiría en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los propios votos del Gobierno- es para los jueces de una «ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción», afirman en el duro escrito. https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.elindependiente.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FEscrito-asociaciones-de-jueces.pdf&embedded=true&hl=en

Los jueces exponen que ambas iniciativas legales «agravan la intromisión en el Poder Judicial que se está produciendo en Esapaña». Consideran que está en juego «la separación de poderes y la Independencia Judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Unión Europea (art. 2 del TUE).

De ahí que soliciten a la Comisión Europea «que tome conocimiento del apagón y desapoderamiento del CGPJ y su colonización por los partidos políticos, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplina, promoción, formación) y, con ello su independencia e imparcialidad»”.

En segundo lugar, hay que añadir a lo anterior que “los jueces relatan cómo desde 1985 hasta la actualidad los principales partidos políticos «se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos». Antes esto se hacía «discretamente», dicen, pero ahora se realiza «con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa».

Tras explicar al presidente y vicepresidenta de la Comisión Europea la situación en la que se encuentra el CGPJ (con el mandato vencido desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo entre los partidos), los jueces denuncian que los partidos que han promovido estas reformas y que están en el Gobierno (PSOE y Podemos) «no han solicitado el parecer de la Comisión de Venecia», como tenían que haber hecho cuando esta Comisión Europea valoró la reforma de las mayorías. Tampoco han dado audiencia a las asociaciones judiciales, «a pesar de que se había solicitado expresamente este trámite».

Sin audiencia a las asociaciones judiciales

«Resulta especialmente preocupante que en este tipo de reformas no se dé específica audiencia a las asociaciones judiciales, lo que es contrario a las recomendaciones europeas en materia de refuerzo y garantía de la independencia judicial», dicen. En este sentido recuerdan que en el reciente informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) se subraya que «no hace falta decir que los jueces deben ser consultados y tener voz en las decisiones básicas sobre la forma de la justicia moderna y las prioridades involucradas. Ese proceso de consulta debe estar dotado de garantías adecuadas de inclusión, transparencia y rendición de cuentas».

Alusión a Podemos

Las asociaciones muestran su preocupación por que el siguiente paso implicará que ya ha sido anunciado, consistirá, como ya se ha expuesto, en sustituir la mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno, «algunos de los cuales abiertamente animan a no respetar la Constitución». «Se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento», lo que «es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción», subrayan.

«La separación de poderes y el respeto a la independencia judicial son requisitos necesarios para que haya un Estado de Derecho, que es como los Estados democráticos garantizan el respeto de los derechos fundamentales y a los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la solidaridad».Y recuerda que entre los indicios de vulneración de los principios del Estado de Derecho está «poner en peligro la independencia de los jueces».

De la advertencia a la pérdida de voto

Además de pedir a la Comisión Europea que tome conocimiento de lo expuesto, le solicita que inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías de a UE y que inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, de constatación de riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España, como Estado miembro, de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de a UE y del Estado de Derecho. Ese artículo recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo”.

En tercer lugar, y no sólo por consideración a lo anterior, en cuanto a cómo interactúa el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial (teniendo atados a Jueces y Magistrados, mientras que los Jueces y Magistrados están atados de pies y manos) está erosionando uno de los tres poderes que han de regir en cualquier Estado de Derecho: la separación de poderes. En este mismo sentido, se ha de añadir que, en la actual situación de pandemia que sufre el globo terráqueo desde marzo de 2020, “la gestión de la crisis del coronavirus realizada por el Gobierno está erosionando el actual sistema constitucional de un modo como no se ha visto antes en España. Las dos crisis más graves del régimen constitucional de 1978, hasta ahora, fueron la del 23-F de 1981 y la crisis separatista catalanista de septiembre-octubre de 2017. La primera fue superada en un tiempo rapidísimo restableciendo la Constitución. La segunda, con demasiada tardanza, fue atajada respetando los procedimientos y garantías constitucionales. Ahora, sin embargo, la crisis está siendo gestionada violando derechos constitucionales y paralizando, devaluando o marginando, a otros órganos previstos en la Constitución: las Cortes Generales, el Tribunal Supremo, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado.

La normativa sobre los estados de emergencia se halla en la Constitución (artículos 55.1 y 116) y en la Ley Orgánica 4/1981. Hay tres emergencias: alarma, excepción y sitio; pero solo en los estados de excepción y sitio se pueden suspender ciertos (no todos) derechos fundamentales, enumerados en la Constitución (entre ellos, la libertad de circulación, la libertad de reunión, la libertad de empresa). Otros derechos, como la libertad religiosa o el derecho de participación política, no pueden ser suspendidos en ningún caso: no ya bajo el estado de alarma, ni siquiera en los estados de excepción o de sitio.

En España, aunque hubo ocasiones en que creo que esta medida hubiera sido aún más oportuna (como en la catástrofe del Prestige de 2002), el estado de alarma solo se había declarado una vez, en 2010 (Real Decreto 1673/2010), para atajar el conflicto de los controladores aéreos. Los controladores quisieron impugnar la normativa, que les sometía a disciplina militar, y el asunto terminó siendo resuelto por el Tribunal Constitucional en su, a mi juicio, muy desafortunada sentencia 83/2016, que desestimó su amparo constitucional por considerar que el Real Decreto (ojo, no Real Decreto-Ley) declarando el estado de alarma era una norma “con rango de ley”, fundamentalmente por el hecho de que su eventual prórroga solo puede llevarse a cabo con una autorización del Congreso de los Diputados (como con el Real Decreto-Ley).

Ahora bien, el Tribunal Constitucional no consideró una razón decisiva que debía haberle llevado a otra conclusión, y es que la suspensión, además de la limitación de los derechos fundamentales, es una materia que solo se puede hacer mediante una ley orgánica (artículo 81 de la Constitución). Un real decreto-ley, sí, tiene rango de ley, pero según la Constitución (artículo 86) no puede afectar a los derechos fundamentales. Por tanto, resultaría una gravísima violación de la Constitución admitir que una norma que no es una ley orgánica pudiera limitar derechos fundamentales. Y si no puede limitarlos, mucho menos suspenderlos.

Llegamos así a la situación generada por la pandemia del coronavirus. El Gobierno declaró el estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020 de 13 de marzo, modificado por el RD 465/2020, que “suspende” y “limita” (en realidad, en muchos casos, suspende) varios derechos constitucionales. El RD a su vez ha sido desarrollado por varias órdenes ministeriales, en especial del Ministerio de Sanidad, las más graves de las cuales son la SND/297/2020 (que permite la geolocalización) y la SND/298/2020 (que suspende los funerales). Añádanse el acuerdo de la Mesa del Congreso, de 19 de marzo, suspendiendo los plazos para la tramitación de ciertas iniciativas parlamentarias.

Si nos fijamos en los ataques más graves a los derechos fundamentales podemos empezar con el ataque a la libertad religiosa que está privando a los familiares de un funeral y permitiendo los enterramientos sólo con tres personas, además del oficiante, mientras para mayor escarnio de los familiares se juntan muchas más en los supermercados o en los platós de televisión. La libertad religiosa que, repito, no puede suspenderse ni siquiera en el estado de sitio, está siendo cercenada por una orden ministerial. Y qué decir de la suspensión del derecho a participar en los asuntos públicos mediante representantes electos al suspenderse la tramitación de sus iniciativas en el Congreso. Es también éste otro derecho que no puede ser suspendido ni bajo el estado de sitio.

Otros derechos, como la libertad de empresa pueden ser suspendidos bajo los estados de excepción o sitio, pero no en el de alarma. Sin embargo, el RD 463/2020 no tiene pudor en utilizar la expresión “se suspende” (en su artículo 10) para suspender actividades empresariales.

Y qué decir de la libertad de circulación. Cuando se limita un derecho se parte de que la regla general es la libertad y la limitación es la excepción cuyos supuestos deben ser enumerados (“enumeratio, ergo limitatio”). Aquí ocurre al revés, sólo se enumeran los casos en los que se puede circular porque la regla general es la prohibición. Por eso mismo no estamos ante una limitación, sino ante una verdadera (e inconstitucional) suspensión de la libertad de circulación. Creo que es difícil negar que estamos ante el mayor ataque a los derechos fundamentales desde que está en vigor la Constitución. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos al margen de los partidos políticos? ? A mi entender dos vías se abren. La primera, tratándose de normas autoaplicativas, creo que es la del recurso de amparo, como ya ha hecho un abogado ante el Supremo. La otra es pedir al Defensor del Pueblo (no se olvide, comisionado para la defensa de los derechos fundamentales según el artículo 54 de la Constitución) que presente un recurso de inconstitucionalidad contra esa declaración que el Tribunal Constitucional dijo (insisto, creo que muy erróneamente) que tiene rango de ley y que, en ese caso, no puede ser recurrida por los propios ciudadanos. El Estado de Derecho está en juego”.

En cuarto lugar, también se ha de tener en cuenta que “España ha sido condenada en muchas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en menor medida que estados de nuestro entorno como el Reino Unido, Francia, Alemania o Italia. Siempre ha tenido un escrupuloso (y a veces, excesivo) cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque ello supusiera un coste desmesurado como el desdoblamiento de la planta judicial o la libertad para terroristas confesos.

Los estándares la sitúan, por tanto, en un terreno muy propicio para la democracia y los derechos humanos.

Hay evaluaciones constantes, de carácter periódico, del propio Consejo de Europa, con recomendaciones sobre la prevención de la tortura, la lucha contra el racismo, la protección de los derechos sociales, la protección de las minorías, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la lucha contra el tráfico de personas, el sistema judicial, etc.

Sin embargo, la Unión Europea ha ido asumiendo, cada vez más, competencias en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que sus valores constitucionales son “el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos y establece que la Unión tiene como finalidad promover la paz y el bienestar de sus pueblos” y que dispone de la Carta de Derechos Fundamentales con rango constitucional desde el Tratado de Lisboa

Tras las derivas de Polonia y Hungría en relación con el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, la Comisión Europea se planteó una evaluación de todos los estados miembros de la UE.

En este marco, el 30 de septiembre de 2020, la Comisión Europea ha comunicado al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020.

Para su elaboración, los funcionarios de la Comisión Europea, en el caso de España, se han entrevistado con expertos académicos, abogados del Estado, fiscales, registradores, periodistas, notarios, jueces, ministerios, Tribunal Supremo, incluyendo ONG, asociaciones profesionales y un largo etcétera.

El Informe recoge preocupaciones sobre el Estado de Derecho en España que las autoridades competentes deben tomarse muy en serio. Por ejemplo, la ineficiencia de la Justicia, con procesos extremadamente dilatados en el tiempo, la falta de interoperatividad entre los distintos sistemas regionales, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace años o la relación de dependencia del Fiscal General del Estado del Ejecutivo.

En el marco de la corrupción, la Comisión Europea ha constatado que España aun no cuenta con una estrategia global contra la corrupción, a pesar de los mecanismos existentes para conocer los activos, los conflictos de intereses y las incompatibilidades de los altos dirigentes del Gobierno y recientemente de los miembros de las Cortes Generales. Sigue sin adoptarse una Ley General contra la corrupción.

La Comisión Europea también ha analizado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Se ha sorprendido por la existencia de requisitos de transparencia de propiedad de las TV y las cadenas de radio, pero no de los medios escritos. Igualmente muestra preocupación por las restricciones establecidas en la nueva legislación sobre seguridad pública.

En definitiva, en la primera vez que la Comisión Europea evalúa la aplicación del Estado de Derecho de los estados miembros, podemos comprobar que se reiteran los mismos argumentos que ya hizo suyo el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, señalando la “anomalía institucional” de la falta de renovación del CGPJ, la inconveniente designación del fiscal general del Estado por parte del Ejecutivo y la dudosa libertad de prensa existente. Y ello, siendo fallos del Estado de Derecho, está en los estándares más cualificados de Europa. Sin embargo, hay que hacer los deberes y resolver las cuestiones que hacen dudar del Estado de Derecho en España”.

En quinto lugar, se ha de añadir que “el Estado de derecho se encuentra en peligro en varios países de la Unión Europea, a pesar de que esta se haya fundado en su respeto. En los últimos años se han producido ataques a la independencia de los jueces, a adversarios políticos, minorías y medios de comunicación, sobre todo en países de Europa del Este, que han puesto en duda si el respeto al Estado de derecho es una realidad en el conjunto del bloque.

“Nada es posible sin las personas, pero nada es permanente sin unas instituciones”, recogió en sus memorias uno de los padres fundadores de la Unión Europea, el francés Jean Monnet. Esta visión institucionalista, sin embargo, deja de lado los valores que inspiran la Unión. Monnet afirmaba que la entonces Comunidad Económica Europea se basaba en la separación de poderes, pero el artículo 2 del vigente Tratado de la Unión Europea es aún más ambicioso: establece su fundación en valores como la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

La adhesión a estos valores y su garantía a través de reformas institucionales son un requisito de acceso que han de cumplir terceros países que quieran formar parte de la Unión. Estos valores, no obstante, se han visto socavados en los últimos años dentro de la propia UE. Algunos países han emprendido un camino de democracia iliberal: una forma de gobierno que respeta ciertos aspectos de la práctica democrática, pero que ignora otros, y en la que se vulneran los derechos civiles.

¿Cómo se socava el Estado de derecho?

El Estado de derecho es una condición necesaria en cualquier democracia. Implica que, en un sistema democrático, el poder queda sometido al ordenamiento jurídico para prevenir que actúe de forma arbitraria y se violen derechos fundamentales. Para garantizarlo, son imprescindibles mecanismos como un poder judicial independiente. En la UE, el deterioro del Estado de derecho en un país cobra importancia, en primer lugar, porque rompe la confianza entre los Estados miembros si se incumplen garantías fundamentales como la independencia judicial. Y, segundo, porque es contrario al propio derecho de la UE, a pesar de que los mecanismos para evitarlo sean insuficientes. https://elordenmundial.com/derecho-union-europea/embed/#?secret=CN3YfEktUO

La exigencia expresa del respeto al principio democrático y a los derechos fundamentales está presente en los acuerdos desde el Tratado de Maastricht de 1992, que transformó a la UE de una mera comunidad económica a un nivel de integración política mayor. Sin embargo, el respeto a los derechos fundamentales y, de paso, al Estado de derecho y al principio democrático ya estaban presentes desde antes en la Comunidad a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En varios países de Europa del Este, sobre todo Polonia y Hungría, se ha incumplido el Estado de derecho en los últimos años. En ambos casos, partidos de derecha nacionalpopulista han conseguido amplias mayorías parlamentarias y han comenzado a socavar los contrapesos fundamentales en cualquier sistema democrático: la independencia judicial, la libertad y pluralidad informativa y la sociedad civil. Buscan consolidar su poder más allá del Parlamento y del Ejecutivo, y para ello promueven reformas legales gracias a sus mayorías, que debilitan estos contrapesos. El menoscabo de la independencia judicial deteriora en especial al Estado de derecho, pues los jueces se encargan de velar por el cumplimiento de la ley.

El caso de Polonia es más alarmante respecto a la independencia judicial. Desde su llegada al Gobierno en 2015, el partido Ley y Justicia ha pasado un rodillo sobre la judicatura con numerosas medidas destinadas a reducir su independencia. Nada más llegar al poder, cambió la ley del Tribunal Constitucional para anular tres nombramientos hechos durante la legislatura anterior y proponer sus propios candidatos, y rebajó el mandato de su presidente de nueve a tres años. También redujo la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo y concedió poderes discrecionales al presidente para extender el mandato de algunos de ellos. Este patrón continuó con los jueces ordinarios, con la competencia del ministro de Justicia de extender los mandatos a discreción. Los jueces críticos con estas medidas fueron sometidos a una campaña social de acoso y derribo dirigida desde el Estado, y se creó un tribunal especial compuesto por jueces elegidos por Ley y Justicia para investigar y sancionar a otros colegas por sus sentencias.

En Hungría, este proceso ha sido más progresivo y ha ido a la par con ataques a colectivos de la sociedad civil y al pluralismo de los medios de comunicación. El primer ministro Viktor Orbán llegó al poder en 2010 con una mayoría parlamentaria de dos tercios para su partido político, Fidesz, y procedió a redactar una nueva constitución. Si bien contaba con la mayoría suficiente, no la aprobó con el apoyo de la oposición, que no pudo impedir que el Gobierno redujera los contrapesos entre el poder legislativo y el ejecutivo. 

Orbán también redujo la edad de jubilación de los jueces en ocho años y cambió las normas para designar a los togados del Tribunal Supremo y Constitucional a través del Parlamento. Además, creó un nuevo órgano de gestión de los tribunales con poder para nombrar a los jueces de distrito, que pasó a rivalizar con el órgano independiente de los propios jueces. Fidesz también ha creado leyes contra sus rivales políticos, como el magnate húngaro-estadounidense George Soros. Por ejemplo, el Parlamento húngaro promulgó una ley en 2017 que expulsó del país a la Universidad Centroeuropea, fundada por Soros. El TJUE declaró esta ley contraria al derecho europeo a finales del 2020. https://elordenmundial.com/polonia-la-pesadilla-del-liberalismo/embed/#?secret=FGnfYj3JUS

Existen otros casos de deterioro del Estado de derecho en la UE, aunque no al mismo nivel que Polonia y Hungría. En Rumanía, el Partido Socialdemócrata, entonces en el Gobierno, aprobó varias reformas en 2017 que otorgaban poder al ministro de Justicia sobre el presupuesto de los tribunales y sobre el órgano que investiga y propone medidas disciplinarias contra los jueces. También aprobó un marco legal contra la corrupción menos punitivo. Bruselas ha podido supervisar de forma más activa este caso gracias a un mecanismo institucional especial que acordó con Rumanía al acceder a la UE, destinado a impulsar y supervisar reformas judiciales y contra la corrupción.

Casi ningún Estado miembro se libra de alguna polémica respecto al Estado de derecho. En Alemania, algunos jueces han alzado la voz e incluso remitieron cuestiones prejudiciales al TJUE en 2020, citando presiones por parte de autoridades en relación con el escándalo Dieselgate de la empresa Volkswagen. En España, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces españoles, se encuentra paralizada desde hace años y pone de manifiesto un sistema de elección politizado. Asimismo, en su primer Informe sobre el Estado de derecho en la UE en 2020, la Comisión Europea señaló que varios países adoptaban reformas judiciales y mecanismos anticorrupción que erosionaban el Estado de derecho. De igual manera, alertó sobre la concentración empresarial de medios de comunicación y las presiones políticas contra periodistas en varios países de la Unión.

La respuesta de la Unión Europea

La UE ha contestado a la deriva contra el Estado de derecho en Polonia y Hungría de forma ineficaz. Ha faltado iniciativa política de los Estados miembros y de ciertos sectores políticos, y los mecanismos institucionales han sido débiles para revertir la situación. Esta falta de iniciativa se ilustra mejor en el caso de Hungría. Fidesz, el partido de Orbán, formó parte hasta marzo de 2021 del Partido Popular Europeo (EPP), que reúne a la mayoría de partidos democristianos de la Unión, como la CDU alemana, de la canciller Angela Merkel, o el Partido Popular español. El EPP, la formación europea más influyente en la última década —son democristianos los últimos tres presidentes de la Comisión— depende cada vez más de los votos de partidos de Europa del Este. Tras la expulsión, Fidesz pasó a formar parte del Grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) en el Parlamento Europeo, junto al partido polaco Ley y Justicia. El giro podría suponer una fractura este-oeste en el EPP, por lo cual el partido había sido reacio a adoptar esas medidas en los últimos años. https://elordenmundial.com/el-imperio-hungaro-de-orban/embed/#?secret=jvY2qdv0RB

Por otro lado, la propia Merkel ha recibido críticas por haber permitido este desmantelamiento progresivo del Estado de derecho en países vecinos a Alemania. Se la señala por haber primado la integridad del mercado único y los intereses comerciales alemanes con Polonia y Hungría por encima de la defensa de valores comunes, si bien esa posición también se basa en las complicadas relaciones históricas de Alemania en el este de Europa.

Entretanto, el único instrumento específico previsto para enfrentar el deterioro del Estado de derecho a nivel europeo es el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que prevé un riesgo de violación grave de los valores comunitarios o que esta ya se haya producido. En este último caso, se puede acordar la suspensión de los derechos de voto de dicho Estado miembro. No obstante, este mecanismo exige unanimidad en el Consejo Europeo, el órgano que reúne a los Gobiernos de los países miembros, lo que hace que su aprobación sea imposible en la práctica. La Comisión inició este procedimiento en 2017 contra Polonia y el Parlamento Europeo hizo lo mismo en 2018 para Hungría. Ambos procesos aún se encuentran en trámite por el Consejo. Sin embargo, incluso si se propusiese suspender los derechos de voto de uno de estos países, Hungría podría vetar la suspensión de voto de Polonia, y viceversa. Además, los procedimientos pretenden solo determinar si existía riesgo de violación del Estado de derecho, de forma que no habría consecuencias inmediatas si el Consejo llegara a esa conclusión.

Así, gran parte de las respuestas de la UE han venido de la mano del Tribunal de Justicia. En 2018 esta corte se consideró competente por primera vez para velar por que las leyes que afectan al poder judicial de cada Estado miembro respetasen su independencia. Desde entonces ha tomado partido en otros procedimientos, e incluso llegó a ordenarle a Polonia en abril de 2020 que suspendiera el nuevo órgano disciplinario creado para investigar y sancionar a jueces no afines al Gobierno. Estos procedimientos se han iniciado bien a instancia de los propios jueces polacos o de la Comisión Europea a través de recursos de incumplimiento”.

En sexto lugar, y teniendo en cuenta todo lo anterior, también se ha de afirmar que la gestión llevada a cabo por el actual Gobierno de la Nación está dirigida a acabar con el actual Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución Española. Pero lo peor no acaba ahí, sino que lo peor es que los ciudadanos no estamos utilizando los instrumetnos necesarios para impedir este atropello de nuestros derechos y deberes constitucionales.

En este punto, se ha de señalar que “o primelro de todo señalar que España, de acuerdo con el artículo 1º de nuestra Constitución, se configura como un Estado Social, Democrático de Derecho. Esta última característica de nuestro Estado es la que viene en garantizar precisamente los derechos judiciales a todas las personas, derechos que están salvaguardados en el artículo 24: el derecho a un proceso con todas las garantías se concede a cualquier acusado en cualquier procedimiento criminal.

Así, nuestro Tribunal Supremo garantiza el derecho de los acusados a utilizar su propia lengua (la catalana, incluso con traductores si fuera necesario) el derecho a ser defendido por letrado (el cual tienen), el derecho a proponer y examinar directamente los medios de prueba en su defensa, la presunción de inocencia hasta que no se demuestre su culpabilidad, el derecho a la última palabra antes de que se dicte sentencia, el derecho a la publicidad de las actuaciones (más de 600 medios de comunicación y periodistas están acreditados), y muchos más. Nuestros Tribunales de Justicia cumplen en su totalidad con estos estándares. Estándares que, por cierto, colocan a nuestro sistema judicial como uno de los más respetuosos con los tratados y convenios internacionales (destacar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos).

Todos estos derechos pueden ser encontrados tanto en nuestra Constitución (artículos 24 y 120), Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 118, 651, 656, 688, 739-743 y más), y en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 233-234).

En segundo lugar, los acusados (que no codemandados, esto es un proceso penal), tuvieron elección antes de violar el derecho del pueblo español en su conjunto a la soberanía nacional, reconocido en el artículo 2º de nuestra Constitución. Aquélla es uno de los pilares fundacionales de la democracia: el derecho a la soberanía nacional no pertenece a un determinado grupo de individuos, sin importar sus opiniones políticas y sociales. Por tanto, no puede ser siquiera ejercitado por menos de la mitad de la población de Cataluña, sino por el Estado en su conjunto. El referéndum organizado por los acusados, con el presunto propósito de proporcionar una base jurídica para las Leyes de Desconexión, sin contar siquiera con la otra mitad de la población catalana, es de todo menos democrático. No tienen una legitimidad argumental, ni esto es un conflicto político: se trata lisa y llanamente de una vulneración de nuestra norma suprema.

El artículo 149 de nuestra Constitución establece expresamente que la competencia para la convocatoria, en concordancia con el artículo 2º, le corresponde solamente al Gobierno de la Nación. Los acusados no estaban habilitados constitucionalmente para ello.

Vamos ahora con el que quizá es el aspecto más controvertido del artículo: “las graves cargas policiales contra los votantes y los intentos de hacerse con las urnas”. De acuerdo con nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, (artículo 282), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Policía Judicial actúan bajo el exclusivo mandato de nuestros tribunales de Justicia, no bajo el mandato del Gobierno: Aunque pertenezcan al Ministerio del Interior, cuando se lleva a cabo una investigación criminal dirigida por el Juez Instructor, las Fuerzas de Seguridad actúan únicamente según las órdenes de la Autoridad Judicial.

Debemos distinguir estos dos cuerpos con mucho cuidado: la Policía Judicial, que cumple los mandatos de la autoridad judicial tal como se establece en el artículo 282; y el Cuerpo Antidisturbios de la Policía Nacional de la Guardia Civil y Civil, que cooperará con dicho mandato, bajo la supervisión y órdenes directas del Juez competente.

Esto se puede inferir de la orden judicial emitida el 27 de septiembre de 2017, que ordena el cierre de cualquier establecimiento u oficina pública en la que se pueda celebrar o favorecer el referéndum, de conformidad con la Ley Orgánica de Fuerzas de Seguridad 2/86. En el fallo de tal orden, se dice lo siguiente:

“Mossos D’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional deberán actuar conjuntamente para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que se aquí se dispone, y con observancia de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan.

Asimismo, se impedirá la actividad y/o apertura de establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística y/o de cálculo: centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos”.

Como puede verse, ambos cuerpos actúan bajo el mandato del Juez Instructor.

Es esencial tener en cuenta que un gran número de manifestantes, sin autorización previa, se plantaron ante los centros de votación. Esto condujo a lo inevitable: una carga del Cuerpo Antidisturbios para garantizar la debida actuación de la Policía Judicial. Los manifestantes argumentan que estaban protestando “pacíficamente”, pero lo que es incuestionable es que estaban bloqueando las carreteras (con un riesgo evidente para su propia seguridad) e impidiendo el trabajo de las fuerzas de seguridad, lanzando objetos y vallas en ocasiones a la policía. A pesar de que el artículo del Times señala “ataques con mano dura” de la Policía, sus acciones se ajustaron a las disposiciones estipuladas en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte, en muchas de sus sentencias, expresa lo siguiente:

CASO KUDREVICIUS Y OTROS v. LITHUANIA, GRAN SALA, 15/10/2015:

155. “Cualquier manifestación en un lugar público puede causar un cierto nivel de interrupción en la vida cotidiana, incluida la interrupción del tráfico (consulte Barraco, Disk y Kesk v. Turquía)…

157. “Las restricciones a la libertad de reunión en lugares públicos pueden servir para proteger los derechos de otros con miras a prevenir el desorden y mantener un flujo ordenado de tráfico, etc.”.

CASO KILICIE v. TURQUÍA, 27/11/2018:

“En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal aplicable (ibid, párrafo 43), para que la acción policial sea compatible con los requisitos del Artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572), las operaciones policiales, incluido el uso de balas de goma: no solo deben ser autorizadas por la legislación nacional, sino que también deben estar suficientemente delimitadas por este derecho, en el marco de un sistema de garantías adecuadas y efectivas contra accidentes arbitrarios, de abuso de fuerza y evitables”.

PRIMOV Y OTROS v. RUSSIA, 12/06/2014:

“Sin embargo, incluso si la decisión de prohibir la manifestación fue errónea y el bloqueo fue desproporcionada, eso no dio a los manifestantes el derecho de bloquear una carretera o de atacar a la policía”.

CASO REFAH PARTISI (PARTIDO DEL BIENESTAR) Y OTROS v. TURQUÍA, 13/02/2003:

“Las libertades garantizadas por el artículo 11 de la Convención no pueden privar a las autoridades de un Estado […] del derecho a proteger sus instituciones, debido a las actividades de una asociación o grupo de personas”.

En suma, y a tenor de lo expuesto, podemos afirmar sobre la intervención policial lo siguiente:

– Que estaba autorizada por Ley y mandato judicial.
– Que fue proporcionada y necesaria para cumplir con el mandato judicial.
– Existe vía de recursos ante los Tribunales civiles y penales frente a abusos.

De acuerdo con la Consellería de Salud, en informe emitido el día 20 de octubre de 2017, el número de heridos graves era de en torno a unos 10, considerando una acción que implicaba a decenas de miles de personas en toda Cataluña. Los heridos leves fueron 1000, la mayor parte de ellos atendidos por ataques de ansiedad. Este informe no estaba disponible cuando se redactó este artículo.

Como se puede concluir, este es un asunto que va más allá de las urnas, la libertad o la independencia. Se trata de preservar la Constitución, una Ley Suprema que garantiza derechos y libertades para todos, y el Estado de Derecho. Las acciones de las Fuerzas de Seguridad fueron proporcionales y necesarias para lograr este objetivo, junto con el debido proceso ante el Tribunal Supremo”.

También se ha de añadir a lo anterior que “menos de un año y medio de Gobierno socialcomunista y una pandemia han bastado para volar la estructura sobre la que se asienta nuestro Estado de Derecho. Sus cimientos se forjaron en torno a las buenas intenciones de nuestra clase dirigente, asumiendo que habría líneas rojas que jamás se atreverían a traspasar. Por eso los apuntalaron con un Tribunal Constitucional politizado e inoperante, cuya reforma no se ha considerado como algo urgente a pesar de que hay sentencias que se eternizan en el tiempo. Unos diez años llevamos esperando la del aborto, nada menos. Pero nadie le da importancia porque ha calado en el electorado la idea de que lo peor de lo que se puede acusar a un político es de corrupto, ya sea por malversación o por prevaricación. De la corrupción que supone colonizar e ideologizar las instituciones y utilizar atajos legales para burlar el sistema de contrapesos y vulnerar nuestros derechos, que es igual o más grave que la otra, no se habla.

Muchos ciudadanos has preferido ignorar deliberadamente cuestiones básicas sobre el funcionamiento de un ordenamiento jurídico democrático, si bien es justo decir que el Estado tampoco ha puesto empeño en revertirlo. Al contrario: lo han reducido a cuitas de políticos, jueces y abogados. Y se ha aceptado sin más porque es mas fácil creer que nuestras libertades, una vez conquistadas, no requieren de mantenimiento. Mi amigo John Müller habla de que hay varias generaciones que creen que del grifo siempre salió agua caliente. Aplíquese al tema que nos ocupa.

Recurrir a estas leyes para suspender o restringir libertades no es ni un trámite burocrático ni un mero capricho jurídico: es una salvaguarda frente a las pulsiones totalitarias, un contrapeso formal

Algo que cualquier español con el graduado escolar -ahora ESO- debería saber es que no todas las normas tienen el mismo rango. Algunas pueden utilizarse para limitar derechos fundamentales del individuo y, por eso, su aprobación requiere de una mayoría cualificada y de unos requisitos formales especiales para su aprobación: son las leyes orgánicas. Recurrir a ellas para suspender o restringir libertades no es ni un trámite burocrático ni un mero capricho jurídico: es una salvaguarda frente a las pulsiones totalitarias, un contrapeso formal. La Constitución veta expresamente que pueda utilizarse el Real Decreto Ley, idóneo en situaciones de urgente y extraordinaria necesidad, para limitar los derechos y libertades de su Título I (art. 86.1).

¿Qué se hizo del ‘plan b’?

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto que el proceder imprudente y la falta de previsión en la adquisición de material sanitario puede hacer necesaria la adopción de medidas drásticas. Y el ordenamiento jurídico está preparado para ello, pues cuenta con la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Pero estos estados suponen una excepcionalidad constitucional, pues alteran el normal funcionamiento de las instituciones y dotan al Ejecutivo de facultades extraordinarias. Así que no están diseñadas para prolongarse en el tiempo, sino para lidiar con las primeras embestidas, por explicarlo de una manera coloquial.

Por eso existen las leyes orgánicas sanitarias, especialmente la LO 3/1986, que permite a las autoridades del sector–entre las que se encuentran las CCAA- adoptar las medidas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Eso sí, deberán ser ratificadas judicialmente. Porque si cediésemos a nuestra clase dirigente la posibilidad de acordar las medidas que considere pertinentes para proteger la salud, sin mayor tipo de control, estaríamos listos.

Pues no se lo van a creer, pero es lo que pretenden. Voy a ver si consigo explicárselo sin que les resulte tedioso. No sé si recuerdan que, tras negar Su Persona por activa y por pasiva la existencia de un ‘plan bal estado de alarma decretado en marzo, el Gobierno decidió que gestionar el coronavirus sólo les traería desgaste y les restaría votos. Así que para la gestión de la segunda ola, dejaron en manos de las autonomías adoptar las medidas oportunas, con la previa intervención de los tribunales. Sánchez e Illa sólo aparecerían para obtener rédito electoral o comunicar buenas noticias, aunque éstas no fueran ajustadas a la realidad. Así que se convirtieron en el mejor valedor de un ‘plan b’ cuya existencia hasta entonces negaban.

La vicepresidenta Calvo se comprometió a acometer las reformas legislativas necesarias para solventar las dudas interpretativas de los tribunales. Algo que no sucedió

No contaban con que algunos tribunales iban a mostrar dudas sobre el alcance de las medidas que las CCAA estaban adoptando al amparo de esa legislación sanitaria, pues “cualquier medida que se considere necesaria” puede parecer excesivo en una materia en la que rige el principio del favor libertatis: en caso de duda, siempre la interpretación más favorable al derecho y, por lo tanto, contraria a su limitación. Ante esta situación, la vicepresidenta Calvo se comprometió a acometer las reformas legislativas necesarias para solventar las dudas interpretativas de los tribunales. Algo que no sucedió a pesar de que lo recomendó el Consejo de Estado en un informe que se guardó en el cajón para que no molestase.

Así que para enfrentarse a la tercera ola, volvieron a recurrir a la situación de excepcionalidad constitucional que supone el estado de alarma, pero esta vez sin mancharse las manos con la gestión -cedida a las CCAA- y sin ni tan siquiera respetar los límites temporales que marca la Constitución: una prórroga de seis meses nada menos, cuando hay muchos juristas que dudan de que puedan superar los quince días o, en su defecto, los sesenta días establecidos como duración máxima del estado de excepción.

Como cabía esperar, el Gobierno socialcomunista ha utilizado el estado de alarma de forma torticera, arbitraria, desproporcionada y acientífica, muchas veces para legislar sobre cuestiones que nada tienen que ver con la salud. Y la mayoría de CCAA, también. Los recursos que se han interpuesto por ello ante el Tribunal Constitucional duermen el sueño de los ángeles.

Llevan en campaña contra Ayuso desde el verano. Ya en septiembre empezaron a esbozar la caricatura de Puigdemona castiza, y ahora con la convocatoria de elecciones en Madrid hasta se atreven a hablar de un ‘procés’ madrileño

La única comunidad autónoma que puso pie en pared ante la orgía prohibitiva en la que se embarcaron todos fue Madrid, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha venido negando a declarar incompatible la protección de la salud con la libertad y la economía. Ha puesto en práctica la ponderación de derechos, ha construido un hospital especializado en tiempo récord y se ha rodeado de un equipo sanitario decidido a enfrentarse al virus con técnicas innovadoras, rechazando los confinamientos severos medievales. Y le ha funcionado y le sigue funcionando. Algo que el Gobierno y otros líderes autonómicos -algunos de su propio partido- no pueden soportar. Básicamente porque les retrata.

Así que llevan en campaña contra Ayuso desde el verano. Ya en septiembre empezaron a esbozar la caricatura de Puigdemona castiza, y ahora con la convocatoria de elecciones en Madrid hasta se atreven a hablar de un procés madrileño. Pero a Ayuso no le van a poner una mesa bilateral de diálogo para intentar seducirla, como a los independentistas catalanes sediciosos. Van a por ella con todo.

Hechos consumados

La última es anunciar que no van a prorrogar el estado de alarma una vez éste decaiga el día 9 de mayo, justo después de las elecciones madrileñas. Todo aliñado con una defensa inusitada del ‘plan b’ por parte de Carmen Calvo. Ahora resulta que vale para lo mismo que el estado de alarma, tras haberlo negado por activa y por pasiva. Se afirma incluso que ni el Gobierno ni ninguno de los partidos que superan los 50 escaños recurrirán las normas que adopten las CCAA en forma de decreto o real decreto ley para limitar derechos fundamentales de sus ciudadanos, aunque sea palmariamente inconstitucional (de ahí el acuerdo para no acudir al Tribunal Constitucional e imponer las restricciones por la vía de los hechos consumados). Tanto golpe en el pecho sobre el constitucionalismo para esto.

La torpeza de muchos líderes del PP no les deja ver -o sí, que nunca se sabe- que esto es una estrategia más del Gobierno para atacar a Ayuso en campaña electoral, a través de su propio partido y, especialmente, de algunos barones. Es una rebelde que hasta va en contra de las directrices de su partido. Otra vuelta de tuerca a la hipérbole ayusofóbica.

Pero la realidad es que, una vez celebradas las elecciones, nada impide que el Gobierno declare otro estado de alarma. Algo que, por cierto, no es en absoluto descartable. Y mientras ellos mueven sus piezas en el tablero electoral, nuestro Estado de Derecho desaparece lentamente por el sumidero de la política española”.

FUENTES:

  1. Más de 2.500 jueces denuncian ante la Comisión Europea el peligro de “violación grave del Estado de Derecho” en España. PERIÓDICO EL INDEPENDIENTE: https://www.elindependiente.com/espana/2021/04/12/mas-de-2-500-jueces-denuncian-ante-la-comision-europea-el-peligro-de-violacion-grave-del-estado-de-derecho-en-espana/
  2. La mitad de los jueces denuncia ante Europa el riesgo de violación del Estado de Derecho en España. PERIÓDICO ABC: https://www.abc.es/espana/abci-mitad-carrera-judicial-denuncia-ante-europa-riesgo-violacion-estado-derecho-espana-202104121237_noticia.html
  3. El estado de Derecho en España: no existe una “Inquisición” (respuesta al artículo del Times de 1 de febrero). BLOG HAY DERECHO. EXPANSIÓN: https://hayderecho.expansion.com/2019/03/02/el-estado-de-derecho-en-espana-no-existe-una-inquisicion-respuesta-al-articulo-del-times-de-1-de-febrero/
  4. Tres de las cuatro asociaciones judiciales piden a la UE que actúe ante el “riesgo claro” para el Estado de derecho en España. PERIÓDICO EL PAÍS: https://elpais.com/espana/2021-04-12/tres-de-las-cuatro-asociaciones-judiciales-piden-a-la-ue-que-actue-ante-el-riesgo-claro-para-el-estado-de-derecho-en-espana.html
  5. Covid-19: ¿Está en riesgo el Estado de Derecho? PERIÓDICO CINCO DÍAS: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/opinion/1588000454_314606.html
  6. Lo que la UE piensa del Estado de Derecho español. DIARIO DE SEVILLA: https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/UE-piensa-Derecho-espanol_0_1506749393.html
  7. Denuncian ante la UE el riesgo de violación del Estado de Derecho. DIARIO DE BURGOS: https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZEA1591C6-F0E4-9443-7C518954378BE817/202104/denuncian-ante-la-ue-el-riesgo-de-violacion-del-estado-de-derecho
  8. ¿El estado de derecho en peligro? FR DEL PINO: https://frdelpino.es/actualidad/el-estado-de-derecho-en-peligro/
  9. Varias asociaciones de jueces alertan del riesgo en España de violación grave del Estado de Derecho. EL CORREO GALLEGO: https://www.elcorreogallego.es/panorama/varias-asociaciones-de-jueces-alertan-del-riesgo-en-espana-de-violacion-grave-del-estado-de-derecho-LD7216481
  10. El ataque al Estado de derecho, la mayor amenaza interna a la Unión Europea. EL ORDEN MUNDIAL: https://elordenmundial.com/el-ataque-al-estado-de-derecho-la-mayor-amenaza-interna-a-la-union-europea/
  11. Sinopsis artículo 55. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=55&tipo=2
  12. Decadencia y caída del Estado de Derecho español. VOZ PÓPULI: https://www.vozpopuli.com/opinion/decadencia-estado-derecho-espanol.html

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