Abogacía, búsqueda de trabajo, Derecho general, despachos de abogados

Nuevo estatuto de la Abogacía española

Este mes de marzo se ha aprobado un nuevo estatuto de la abogacía española. Nuevas normas acerca de cómo han de actuar estos profesionales ante juzgados y tribunales. En esta entrada se va a proceder a analizar las características de este nuevo texto legal.

En primer lugar, hay que destacar que el nuevo texto legal, “que entra en vigor el 1 de julio, regula por primera vez aspectos tan importantes para el ejercicio de la profesión como la prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo, desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional, que protege y refuerza; y establece el reconocimiento expreso a los colegios de la Abogacía a presentar denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial cuando se producen reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado y ésta se haya visto amparada por la institución colegial.

OCHO AÑOS DE ESPERA

Este estatuto fue aprobado por el Consejo General de la Abogacía en el año 2013 y regula de forma muy específica aspectos como la transparencia en la gestión y el funcionamiento de los Consejos y Colegios de la Abogacía, así como la obligación de adaptar el acceso a la información de los profesionales y de la ciudadanía a través de los medios tecnológicos oportunos. Adelantándose en su redacción original varios años a la situación actual causada por la pandemia, el estatuto recoge incluso la prestación de los servicios a través de medios telemáticos.

“Se refuerza la función social de la abogacía como garante de la tutela judicial efectiva”, ha asegurado en la rueda de prensa el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, que presidió la comisión que elaboró esta nueva normativa.

“Es un estatuto moderno, avanzado; regula aspectos que veníamos reclamando desde hacía tiempo”, ha comentado, por su parte, José María Alonso, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, y decano del Colegio de Abogados de Madrid.

REGULACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL

Alonso se ha referido a la importancia de la regulación del secreto profesional, que se extiende a todas las personas que colaboran profesionalmente con el abogado. El privilegio de este secreto en las comunicaciones continúa también protegiendo las relaciones entre los profesionales y recoge, por primera vez, el derecho de los letrados y letradas a reclamar la presencia del decano de su colegio en el eventual registro judicial de su despacho. Asimismo, limita este tipo de registros a los archivos del caso que está bajo investigación. La presencia del decano colegial en los registros sólo estaba prevista hasta ahora a demanda del juez instructor o de la autoridad gubernativa.

Por lo que se refiere a la defensa del profesional frente a la actuación de jueces, magistrados y funcionarios judiciales en general, la norma va un paso más allá en relación con la que está en vigor y mandata a los Colegios de la Abogacía para que establezcan protocolos de actuación con el fin de trasladar las quejas justificadas  en forma de denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Las aludidas quejas se refieren tanto al retraso injustificado y reiterado en juzgados y tribunales como a los casos en que se exponen conductas que hayan coartado la libertad o independencia de los abogados o abogadas. La norma vigente no establecía los cauces necesarios para que las reclamaciones alcanzasen al órgano de gobierno de los jueces. Alonso ha celebrado “que la abogacía tenga acción directa ante el poder judicial frente a vulneraciones de respeto, independencia y puntualidad”.

El texto también dedica especial atención a la publicidad de los servicios profesionales, reconociendo un principio de libertad pero estableciendo ciertos límites deontológicos claros, como la obligación de abstenerse de garantizar resultados o de incitar al conflicto. En él se recoge también el procedimiento de reclamación y todo el sistema deontológico de la profesión, al que se exige el principio de transparencia a través de los consejos y colegios de la abogacía.

En lo relacionado con la formación, además de reconocer y refrendar el trabajo de las escuelas de práctica jurídica, el nuevo estatuto afirma el derecho y deber de los abogados de seguir una formación continuada que les capacite permanentemente para el correcto ejercicio de su actividad profesional. Asimismo, reconoce el derecho de los letrados a acceder a una especialización.

El nuevo estatuto también es muy exhaustivo en el reconocimiento de los derechos de los consumidores. Establece la obligación de que los profesionales se identifiquen con claridad mediante su nombre y número de colegiación, así como exponiendo en sus comunicaciones el colegio al que pertenecen. Asimismo, reitera la obligación de anticipar el cálculo aproximado de cuáles serán los honorarios, a través de hojas de encargo o medio similar, y establece un sistema de reclamaciones a través de los consejos y colegios de la abogacía.

Otro de los aspectos en los que el estatuto se extiende es en la transparencia de los órganos colegiales, a los que impone la  obligación de informar de forma continuada a través de sus páginas web, de presentar una memoria anual y de establecer cartas de calidad de sus servicios”.

En segundo lugar, también cabe destacar respecto a este texto legal, que “una de sus grandes novedades respecto a la anterior normativa de 2001 es el capítulo -el IV- que se dedica íntegramente a detallar los supuestos cubiertos por el secreto profesional, “auténtico signo identificador de nuestra profesión”, en palabras del actual presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, que presidió la comisión que elaboró este nuevo Estatuto.

El deber del secreto profesional “comprende todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas que, como profesional de la Abogacía, haya conocido, emitido o recibido en su ejercicio profesional”.

El estatuto salvaguarda la confidencialidad de las comunicaciones entre los profesionales de la abogacía y especifica que las conversaciones mantenidas con clientes, contrarios u otros abogados/as solo podrán ser grabadas “con la previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes”.

El deber de secreto profesional, que se extiende a todas las personas que colaboran profesionalmente con el abogado/a, no se encuentra “limitado en el tiempo”, y permanece incluso “después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente”.

El estatuto recoge también, por primera vez, el derecho de los letrados y letradas a reclamar la presencia del decano de su colegio en el eventual registro judicial de su despacho, para velar “la salvaguarda del secreto profesional”. Y además limita este tipo de registros a los archivos del caso que está bajo investigación. La presencia del decano colegial en los registros sólo estaba prevista hasta ahora a demanda del juez instructor o de la autoridad gubernativa.

“Que se guarde el secreto es un derecho del ciudadano y el abogado es quien tiene la obligación de cumplirlo”, afirmó en la rueda de prensa sobre el nuevo estatuto José María Alonso, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, y decano del Colegio de Abogados de Madrid. Alonso explicó que este secreto profesional se extiende también a los abogados de empresa, que, puntualizó, “tienen la misma protección que todos los demás abogados””.

En tercer lugar, también cabe señalar que “el nuevo texto, que entra en vigor el próximo 1 de julio, se adecúa a la legislación posterior a la aprobación del actual Estatuto, de 2001, con gran incidencia en el ejercicio de la profesión, como las leyes de transposición de la Directiva de Servicios, la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la ley de sociedades profesionales.

El Estatuto somete al gobierno de los colegios a los principios de democracia, autonomía y transparencia, e introduce la obligatoriedad de que los consejos y colegios de la abogacía ofrezcan una amplia difusión de sus servicios y su trabajo a través de su página web. Asimismo, recoge el derecho y el deber de los profesionales a la formación continuada y especializada.

El nuevo texto regula también la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la provisión de los órganos colegiales, y promueve la conciliación de la vida familiar y profesional.

Protección de los consumidores

Por otro lado, el Estatuto ofrece una mejor regulación de los deberes de los profesionales de la abogacía con sus clientes, cumpliendo no solo con el deber de atención de manera diligente en el asesoramiento o defensa, sino también con obligaciones de transparencia. 

De cara a consejos y colegios, se pone en marcha la ventanilla única de los colegios, para ofrecer, de forma clara y gratuita, información a los consumidores y usuarios. Destaca también la preocupación por fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados, así como su constante mejora.

Otro punto clave es el nuevo régimen de responsabilidad disciplinaria, mediante el que la organización colegial vela por la ética y la dignidad profesional y por el derecho de los particulares, recogiendo sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones”. 

En cuarto lugar, y por lo que respecta a la publicidad para despachos de abogados, se ha de señalar que el nuevo texto “regula explícitamente las condiciones en las que podrá realizarse publicidad de los servicios profesionales, algo que en el anterior texto apenas estaba desarrollado. En este sentido, establece que se podrá hacer publicidad de forma libre, pero siempre con unos límites éticos y con pleno respeto a “la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto profesional”.

De este modo, se prohíben, entre otros aspectos, “la incitación genérica o concreta al pleito o conflicto” o “la oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de accidentes o desgracias, así como de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas, sean o no delito, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de profesional de la Abogacía, y en todo caso hasta transcurridos 45 días desde el hecho”.

Además, el texto también destaca que no se puede hacer publicidad con “la promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del profesional de la Abogacía”. Y establece que los abogados que se publiciten como especialistas en alguna materia deberán responder a la posesión de títulos específicos, o una práctica profesional que lo avale.

Otra de las principales novedades de este nuevo estatuto es que fija una serie de condiciones para la relación entre el abogado/a y su cliente, que “debe fundarse en la recíproca confianza”.  Así, el abogado está obligado a facilitar a su defendido “su nombre, número de identificación fiscal, colegio al que pertenece y número de colegiado, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho”, de igual manera que si se trata de una sociedad profesional o un despacho colectivo, o si el asunto exige la participación de varios profesionales.

El profesional de la Abogacía tiene la obligación de informar a su cliente “sobre la viabilidad del asunto que se le confía”, procurando “disuadirle de promover conflictos o ejercitar acciones judiciales sin fundamento”, y deberá aconsejarle e informarle “sobre las vías alternativas para la mejor satisfacción de sus intereses”. En cuanto a los honorarios, el nuevo Estatuto señala que el abogado debe informar al cliente sobre la cuantía de estos y los costes de su actuación, “mediante la presentación de la hoja de encargo o medio equivalente”. También “le hará saber las consecuencias que puede tener una condena en costas y su cuantía aproximada”.

Además, se establece que los abogados deben informar puntualmente a los clientes sobre “el estado del asunto en que esté interviniendo” y proporcionarle copia de los documentos que los procedimientos administrativos y judiciales generen. El abogado deberá cesar su intervención profesional con el cliente cuando “concurran circunstancias que afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional”, así como conflictos de intereses. Esta renuncia se puede realizar en cualquier momento del procedimiento, siempre que no cause indefensión y se comunicará por escrito al cliente.

Finalmente, el nuevo Estatuto establece que los abogados deberán poner a disposición de sus defendidos una vía de comunicación a la que éstos puedan dirigir sus reclamaciones y peticiones de información y estas deberán ser respondidas, como muy tarde, “antes de un mes contado desde que se hayan recibido”. Los Colegios de Abogados también dispondrán de un servicio de atención a los consumidores que tramitará y resolverá las reclamaciones presentadas por cualquier cliente de abogados de su ámbito territorial”.

En quinto lugar, cabe destacar que “el Estatuto recoge la modernización de sus figuras e instituciones, así como de la propia estructura colegial y sus formas de relacionarse con los colegiados y aquellos que demandan la prestación de los servicios de asesoría jurídica y defensa en general.

La colegiación se regula de forma unitaria abordando, entre otros, aquellos aspectos reservados por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Se acometen las limitaciones, incompatibilidades y facultades propias de los abogados en el ejercicio de la profesión, incorporando una detallada regulación de las relaciones con los clientes.

En relación con los clientes se reconoce el derecho de estos a una información adecuada, en un notable ejercicio de transparencia, y la garantía de un servicio de atención a consumidores y usuarios. Como ejemplo, se establece la obligación de que los profesionales se identifiquen con claridad mediante su nombre y número de colegiación.

También se trata el modo de ejercicio de la profesión, y se aborda tanto en forma societaria como no societaria, con disposiciones específicas respecto de las sociedades profesionales y multidisciplinares.

Asimismo, trata la publicidad de los servicios profesionales, reconociendo un principio de libertad pero estableciendo ciertos límites deontológicos claros, como la obligación de abstenerse de garantizar resultados o de incitar al conflicto.

Se cuidan además aspectos tan relevantes como el fomento de la formación y especialización, refrendando el trabajo de las escuelas de práctica jurídica y reconociendo el derecho y deber de los abogados de seguir una formación continuada que les capacite permanentemente para el correcto ejercicio de su actividad profesional.

Incluye el texto la promoción de medidas tendentes tanto a la conciliación de la vida familiar y laboral como a la necesidad de avanzar, en sus instituciones, en la igualdad entre mujeres y hombres.

Organizativamente se apuesta por la modernización en todos los órdenes, comenzando con el uso de las nuevas tecnologías, en un proceso de concurrencia con los avances en la digitalización de la justicia.

Por último, destacar que el gobierno de los Colegios queda sometido a los principios de democracia, autonomía y transparencia y su organización se proyecta de forma respetuosa con el orden constitucional de reparto de competencias, en todo caso, bajo el amparo del Consejo General de la Abogacía Española, que integrando a todos los Colegios de Abogados de España, tiene la misión de coordinarlos, representarlos y defender con ellos los intereses de la Abogacía, en todos los órdenes y ante todas las instituciones”.

En sexto lugar, también cabe destacar dentro de este nuevo Estatuto de la abogacía española, además de todo lo señalado anteriormente, no sólo el hecho de que entrará en vigor el próximo 1 de julio, sino también el hecho de que establece una formación contínua a lo largo de todo el tiempo que se ejerza la abogacía. En este sentido, se ha de indicar que “para garantizar esa formación continua, una de las reivindicaciones históricas de la abogacía, “los Colegios de la Abogacía, principalmente a través de las Escuelas de Práctica Jurídica, organizarán actividades formativas de actualización profesional para sus colegiados y expedirán en favor de los asistentes certificaciones acreditativas de su asistencia y aprovechamiento”, dice la nueva norma. Este tipo de actividades se podrán organizar conjuntamente, añade, con “otras organizaciones públicas o privadas, en especial con las Universidades”.

También trata el nuevo Estatuto sobre sobre las Escuelas de Práctica Jurídica, cuya creación, homologación y funciones que deban desarrollar, corresponde a los Colegios Profesionales y al Consejo General de la Abogacía Española “para cumplir la misión de impartir la formación dirigida a la obtención del título profesional, además de la continua de todos los colegiados, incluida su especialización en determinadas ramas del derecho”.

El nuevo Estatuto también se refiere a la especialización profesional “mediante la acreditación de formación específica que, en el caso de formación impartida por la organización corporativa y para tener eficacia en todo el territorio del Estado, habrá de ser homologada por el Consejo General de la Abogacía Española”.

Finalmente, se regula que los profesionales de la Abogacía que participen como tutores en las prácticas externas previstas en la Ley 34/2006 deberán haber ejercido la profesión al menos tres años, o cinco, en el caso de los tutores responsables. Y no pueden tener pendiente de cumplir ninguna sanción disciplinaria”.

En séptimo lugar, también cabe destacar el hecho de que “los abogados podrán reclamar ante el Consejo General del Poder Judicial si las vistas comienzan tarde y por vulneraciones de respeto e independencia. Así lo establece el nuevo Estatuto de la Abogacía en el apartado sobre la relación de los profesionales de la Abogacía con la Administración de Justicia.

En este sentido, y en lo que se refiere a la defensa del profesional frente a la actuación de jueces, magistrados y funcionarios judiciales en general, la norma va un paso más allá en relación con la que está en vigor y mandata a los Colegios de la Abogacía para que establezcan protocolos de actuación con el fin de trasladar las quejas justificadas en forma de denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Estas quejas se refieren tanto al retraso injustificado y reiterado en juzgados y tribunales como a los casos en que se exponen conductas que hayan coartado la libertad o independencia de los abogados o abogadas. La norma vigente no establecía los cauces necesarios para que las reclamaciones alcanzasen al órgano de gobierno de los jueces. Como destacó José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, en la rueda de prensa sobre el nuevo Estatuto, la abogacía tendrá “acción directa ante el Poder Judicial frente a vulneraciones de respeto, independencia y puntualidad”.

Sobre la impuntualidad, el texto recoge que “los profesionales de la Abogacía esperarán un tiempo prudencial sobre la hora señalada por los órganos judiciales para las actuaciones en que deban intervenir”, tras el que podrán presentar la queja pertinente ante el mismo órgano y denunciar, asimismo, ante la Junta de Gobierno del Colegio para que “pueda adoptar las actuaciones pertinentes”.

Respecto a las posibles faltas de respeto al profesional, señala el nuevo texto que “si el profesional de la Abogacía considerase que la autoridad, juez o tribunal coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no guarda la consideración debida a su función, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o tribunal y dar cuenta a la Junta de Gobierno (del Colegio de Abogados)”.

Tras la decisión de los Colegios, estos “notificarán los amparos concedidos a las autoridades, jueces o tribunales que hayan coartado la libertad o independencia de los profesionales de la Abogacía y denunciarán dichas conductas, cuando proceda, ante el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones pertinentes”. Asimismo, “los Colegios de la Abogacía promoverán fórmulas para ser oídos ante las Salas de Gobierno de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia en los expedientes gubernativos seguidos contra cualquier profesional de la Abogacía y sus recursos”.

Subraya también el texto el deber general de cooperación del profesional de la Abogacía, “en su condición de garante de la efectividad del derecho constitucional de defensa y de colaborador con la Administración”, por el que está obligado a “participar y cooperar con ella asesorando, conciliando y defendiendo en Derecho los intereses que le sean confiados”. Y se recuerda también que los profesionales de la Abogacía deben actuar ante los órganos jurisdiccionales con “buena fe, prudencia y lealtad”, guardando el “debido respeto a dichos órganos y a los profesionales de la Abogacía defensores de la demás partes””.

FUENTES:

  1. Conoce los aspectos más importantes del nuevo Estatuto de la Abogacía. CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/conoce-los-aspectos-mas-importantes-del-nuevo-estatuto-de-la-abogacia/
  2. Nuevo Estatuto: La modernización de los Colegios, como garantía de autonomía y transparencia. CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevo-estatuto-la-modernizacion-de-los-colegios-como-garantia-de-autonomia-y-transparencia/
  3. Nuevo Estatuto: el secreto profesional, “signo identificador de la profesión”. CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevo-estatuto-el-secreto-profesional-signo-identificador-de-la-profesion/
  4. Nuevo Estatuto: límites a la publicidad y refuerzo de los derechos de los consumidores. CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevo-estatuto-limites-a-la-publicidad-y-refuerzo-de-los-derechos-de-los-consumidores/
  5. Nuevo estatuto: Formación continua obligatoria durante todo el ejercicio profesional. CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevo-estatuto-formacion-continua-obligatoria-durante-todo-el-ejercicio-profesional/
  6. Nuevo Estatuto: Los abogados podrán reclamar ante el Poder Judicial. CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevo-estatuto-los-abogados-podran-reclamar-ante-el-poder-judicial/
  7. Aprobado el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española. NOTICIAS JURÍDICAS: https://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/16066-aprobado-el-nuevo-estatuto-general-de-la-abogacia-espanola/
  8. Nuevo Estatuto General de la Abogacía Española. LEFEBVRE EL DERECHO: https://elderecho.com/nuevo-estatuto-general-de-la-abogacia-espanola

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