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Problemas legales de las vacunas contra el COVID-19

En primer lugar, se ha de señalar que “la controversia sobre los riesgos de la vacunación y su obligatoriedad se ha vuelto más visible que nunca con la inminente llegada masiva de la vacuna contra la COVID-19. En España, según datos recientes del Ministerio de Sanidad, se vacuna a más del 90 % de los menores, y más de la mitad de los mayores de 65 años lo hace frente al virus de la gripe. Aunque los debates han estado presentes en los últimos años en toda Europa —con la obligatoriedad de la vacuna para entrar en la guardería en países como Holanda, o con la subida en las ratios tras la muerte por difteria de un niño no vacunado en Cataluña—, es ahora cuando el coronavirus ha puesto a toda la sociedad española ante el dilema. La mitad de los ciudadanos preferiría «esperar a conocer los efectos» de la vacuna contra la COVID-19 antes de que se la administren, según la encuesta del CIS de noviembre, y España es el segundo país europeo con menor predisposición para vacunarse, tal como muestran datos de Ipsos y el Foro Económico Mundial. Las dudas asaltan a muchos: ¿podrá convertirse en obligatorio?, ¿peligra mi puesto de trabajo si me niego?, ¿tengo derecho a rechazar la vacuna? 

Fabiola Leyton, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), considera que es «irresponsable» no vacunarse en «contextos de peligro generalizado» o cuando «ya existe una solución». «La tensión entre la autonomía individual y el bien colectivo no siempre debe resolverse a favor del individualismo libertario», defiende la experta en bioética, que apunta que las negativas a inmunizarse «ponen en peligro a la comunidad». Con respecto al derecho laboral, Pere Vidal, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, remarca que el deber legal de protección, de seguridad y de salud de las empresas tiene su «límite en los derechos fundamentales de los trabajadores», lo que impediría la imposición de la vacuna. Aunque reconoce que podría darse una obligatoriedad para colectivos como «militares o personal sanitario» o para aquellos trabajadores «especialmente expuestos al riesgo», Vidal afirma que no se podría aprobar una normativa con carácter general «en ningún caso»

Una situación que sí está avalada por los tribunales con respecto a la obligatoriedad de la vacuna es la movilidad entre países. El profesor de derecho laboral recuerda que hubo pilotos de aviones comerciales que fueron obligados por sentencia a vacunarse para entrar en países africanos, pero remarca que se trata de una «imposición del país, no de la empresa». «Con carácter general, puede exigirse para determinados viajes al extranjero o como condición para entrar en España», señala. Justamente la movilidad es una de las causas de la extensa difusión de la pandemia, y los expertos dudan de que la vacuna llegue por igual a todos los países. «Los más ricos tienen garantizado el acceso a vacunas seguras y exitosas y los pobres tendrán problemas de acceso y distribución», lamenta Leyton, que señala que esta inmunización, como el resto, no debe convertirse en una «carrera nacionalista». Recuerda que los derechos humanos son considerados «base valórica y norma jurídica», por lo que el reparto debería hacerse «de acuerdo con las necesidades de cada país». Al fin y al cabo, apostilla, «nadie estará seguro hasta que todos, o al menos una gran mayoría de la ciudadanía, estemos inmunizados». 

Prioridad justa 

La experta en bioética defiende una diferenciación dentro de las poblaciones con el modelo de «prioridad justa», que propone «beneficiar a las personas y limitar el daño». De este modo, se prioriza la administración de la vacuna «a los más desventajados» sin discriminar por motivos «arbitrarios», como raza o sexo. Es por ello que ve «razonable» que la población vulnerable y los trabajadores sanitarios y de servicios mínimos sean los primeros en inmunizarse frente al coronavirus. Según la profesora de la UOC, esta pandemia debe marcar «un antes y un después», ya que surgirán otras «periódicamente», por lo que es necesario «pensar y replantearnos cómo abordaremos sus consecuencias no solo en el ámbito sanitario, sino también en el social, ambiental, etc.», comenta. Y es que no habrá situación de seguridad frente a este tipo de enfermedades mientras continúe «la situación de explotación a animales» o el «empeoramiento» del cambio climático, apostilla.

Cinco claves sobre el derecho laboral y la vacunaiempre voluntaria. El profesor colaborador de la UOC Pere Vidal afirma que las empresas no pueden «imponer la vacunación obligatoria». Con respecto al trabajador, señala que el hecho de que se le administre la vacuna es «opcional». Aunque explica que, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las compañías tienen el «deber de protección» y los empleados tienen «la obligación de cooperar» en este asunto, en ningún caso se podría obligar a vacunarse contra el coronavirus ni contra cualquier otra enfermedad. 

Ofrecimiento pagado. Lo que sí cabe en una situación de pandemia como la actual es la propuesta de vacunación por parte de la dirección de la empresa a la plantilla, explica el docente. «Como mucho», advierte el experto, y tras el análisis de los riesgos a los que pudieran exponerse los trabajadores, la compañía puede «ofrecer» la inmunización. En este caso, debería «informar debidamente de sus pros y contras» y correr con los gastos. Por su parte, el trabajador es «libre» de aceptar o no.

Negativa a cambios. Por ninguna de las dos partes —ni por la del trabajador ni por la del empleador— estaría permitido legalmente un cambio de la manera de trabajar debido al coronavirus o a la falta de vacuna. Es decir, el «mero temor» de un empleado a contagiarse no es «causa suficiente» para que decida teletrabajar, alerta Vidal. El experto apunta a una sentencia similar a este caso, en la que un trabajador se negó a viajar a un país africano por la epidemia de ébola y en la que el tribunal consideró que podía ser «más o menos comprensible la alegación», pero no le dio la razón.

Prohibición de dar datos. El profesor de la UOC ratifica que una empresa no podría hacer públicos los datos de vacunación del personal de la empresa, a efectos tanto internos como externos. Sería «desproporcionado» que hubiera un «registro de vacunados», ya que podría suponer una «discriminación» para los empleados, afirma.

Sin información de los candidatos. Así como a los propios trabajadores de la empresa no se les puede obligar a vacunarse ni a ofrecer esa información, también los candidatos a un puesto de trabajo tienen asegurada la privacidad en este asunto. No solo no se pueden «solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección», sino que hacerlo puede conllevar sanciones de hasta 187.000 euros”.

En segundo lugar, y en cuanto a la protección de datos en este aspecto respecto a las vacunas, se ha de señalar que “en diciembre de 2019 conocíamos el primer caso de COVID-19 en Wuhan. Al poco tiempo, los laboratorios de todo el mundo empezaron una carrera para investigar y desarrollar una vacuna contra este virus y, a finales del año pasado, algunos países ya empezaron a vacunar. Aquí en España, la primera vacuna se suministró el domingo 27 de diciembre de 2020.  

Sin embargo, la aparición de este fármaco entraña numerosas dudas legales, algunas relacionadas con la vacuna y la protección de datos: ¿estamos obligados a vacunarnos?, ¿pueden despedirnos si decidimos no vacunarnos?, ¿pueden utilizar este dato como criterio para el acceso a eventos privados? Son algunas de las cuestiones planteadas más frecuentes, pero no las únicas; a continuación, daremos respuesta a las más habituales.

¿Es obligatorio vacunarse?

No, como sucede con el resto de vacunas en España, es voluntaria y no obligatoria. Aun así, existen herramientas para obligar a la vacunación, como es el caso de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Este precepto legal habilita a la autoridad sanitaria para que, “en caso de enfermedades transmisibles, realice las acciones preventivas y de control oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

¿Quién tiene derecho a decidir sobre si una persona se vacuna o no?

Como hemos dicho anteriormente, la vacuna es voluntaria. El problema aparece cuando nos encontramos con personas que no tienen la capacidad suficiente para decidir por sí mismas si quieren o no vacunarse. En los supuestos en que los familiares se nieguen, se seguirán unos parámetros parecidos a los que se aplican cuando la negativa a recibir un tratamiento viene por una creencia o religión.

Actualmente ya ha habido el primer caso en que un juez ha acordado autorizar al Servicio Médico-sanitario de una residencia de ancianos de Sevilla el suministro de la vacuna contra el Covid-19, ya que los familiares del residente se oponían a ello. La Fiscalía hacía hincapié en que «Siempre y cuando la persona esté en su sano juicio podrá elegir si ponerse o no la vacuna».

¿Quedará registrado si decidimos no ponernos la vacuna?

Las comunidades deberán comunicar diariamente a Sanidad los datos de los vacunados, así como notificar quiénes han rechazado la inyección del fármaco y porqué (por ejemplo, si se ha rechazado por no querer vacunarse aun o si está contraindicada, o simplemente, no quiere). Esta información se mantendrá hasta, al menos, la finalización de la situación de crisis sanitaria.

El documento establece que serán las consejerías de Sanidad de las comunidades y los centros de vacunación de sanidad los encargados de recoger los datos de todos los puntos que administren la vacuna y de remitir los mismos al Ministerio de Sanidad a través de la plataforma informática establecida.

El responsable del tratamiento de ello será el Ministerio. La finalidad del tratamiento de los datos es el análisis a efectos estadísticos y de georreferenciación y «adicionalmente, la acreditación del acto de vacunación mediante la emisión del correspondiente certificado, previa solicitud expresa e inequívoca del interesado o su representante legal«.

Para ello, indica el documento, los datos de identificación de las personas vacunadas se custodiarán separados del resto, «con medidas de seguridad específicas y adecuadas», conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

Cuando comience la vacunación, las comunidades tendrán que informar a los ciudadanos de estas finalidades del tratamiento de los datos y en particular, sobre los términos de la cesión de los mismos al Ministerio. Y Sanidad pondrá los datos, los indicadores y representación geográfica resultantes de este sistema a disposición de las comunidades.

Es un registro anónimo, que seguirá, en principio, las directrices de lo que establece la ley de protección de datos y no se hará público, pero será compartido con la Unión Europea. La finalidad de este registro es conocer los motivos que llevan a la población a no querer vacunarse.

Y si nos vacunamos, ¿se cederán los datos médicos de los vacunados a terceros?

Es una cuestión controvertida, pues, tal y como ha ocurrido en Israel, muchos israelíes han empezado a temer por la seguridad de sus datos médicos confidenciales pues Netanyahu ha incluido en el contrato con Pfizer que cederá los datos sanitarios de los vacunados a cambio de dar preferencia a Israel en el suministro de la vacunación, quedando dichos datos en manos de la farmacéutica. La finalidad de dicha cesión sería “determinar con qué porcentaje de vacunación se alcanza la inmunidad de rebaño”. Las autoridades israelíes han querido disipar la preocupación de la población sobre la cesión de sus historiales médicos y de su privacidad en el hecho de que “solo se facilitará información personal de forma desagregada y sin identificar, a efectos estadísticos, y que, en caso de que se revele accidentalmente la identidad de un paciente, Pfizer debe tratarla de forma confidencial y devolverla al sistema de salud”. También obliga a la farmacéutica a “abstenerse de obtener información sobre los pacientes entre los datos que recibe”.

Se debería ver el contrato firmado entre las farmacéuticas y la UE para ver si las vacunas se han pagado con algo más que dinero, es decir, con información médica de la población que ha recibido la vacuna, y si es así, con qué garantías.

¿Se va a crear un “Pasaporte de vacunación” para viajar por Europa?

Es otro de los dilemas que divide a los países de la UE: los países más dependientes del turismo (como España o Italia) lo defienden, los que no (como Francia o Rumanía), lo consideran discriminatorio, ya que en la mayoría de los estados la vacunación no es obligatoria y además hace relativamente poco que acaba de empezar.

Más allá de las fronteras europeas, la OMS, de momento, se opone a los pasaportes de vacunados contra la Covid-19 para poder viajar, pues aún es pronto para verificar la efectividad de las vacunas para reducir la transmisión del virus. Hay que tener en cuenta, además, que no todos tienen la misma disponibilidad a estas vacunas.

Y, en el ámbito de la empresa, ¿nos podrían despedir si no nos vacunamos?

Es común entre mucha parte de la población desconfiar de las primeras vacunas, pues hay encuestas en las que se determina que se prefiere esperar un tiempo prudencial a que se consoliden los resultados de las vacunas e incluso, no vacunarse.

Y, ¿qué dice la ley al respecto? Por una parte, en España, la vacunación en el ámbito laboral se regula en el art. 8.3 del RD 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos: “cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, estas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación.” El problema radica en que este reglamento se aplica a determinados colectivos del sector biosanitario, como médicos, enfermeros y técnicos de laboratorio, y siempre con carácter voluntario, es decir, en estos casos, la empresa tiene el deber de ofrecer el tratamiento, pero es el empleado quien decide si se somete a él o no. Aunque si no se vacuna y puede haber riesgo para terceras personas, pueden aplicársele medidas disciplinarias, eso sí, siempre proporcionales al daño que podría ocasionar.

A parte de esta normativa, en España prima el derecho del individuo sobre su propio cuerpo frente al colectivo y la protección de la salud de los demás (y  la Ley de Autonomía del Paciente, además, regula el derecho a negarse a un tratamiento médico que no sea deseable), y no hay ninguna otra norma que obligue a la vacunación ni hay ninguna en el horizonte por parte del legislador. En este sentido, si se produjera el despido disciplinario de un trabajador por su negativa a vacunarse, con toda probabilidad, el juez acabaría declarándolo como improcedente, al no existir una base legal para justificar la extinción del contrato.

Entonces, ¿no existe “nada” que nos obligue a vacunarnos?

La situación sería diferente si, desde el Ministerio de Sanidad, se publicase una norma que constriñera a administrar la vacuna a toda la sociedad o a determinados trabajadores, en base a la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública, alegando motivos de urgencia y necesidad. Ante este escenario, los trabajadores no podrían negarse a ser vacunados, primando entonces el interés colectivo sobre el individual.

Por otra parte, nos encontramos con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (STSJ Andalucía 2393/2013, de 22 de julio) donde los jueces confirmaron la vacunación forzosa de unos niños granadinos no vacunados contra el sarampión, afirmada en primera instancia, basándose en la LO de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y en la Constitución que, en su artículo 43.2, reconoce la facultad de las autoridades para inmunizar de forma forzosa a la población en casos excepcionalesen caso de que la gente no lo haga voluntariamente. Dicha sentencia se basaba en que “la convivencia en un Estado social y democrático de Derecho supone, no solo el respeto de los derechos fundamentales a título individual, sino también que su ejercicio no menoscabe el derecho del resto de la sociedad que se rige por unas pautas de conducta que persiguen el interés general”.

Debido al vacío legal existente, se pueden generar muchos conflictos en el seno de las empresas, así como dilemas tanto morales, jurídicos y éticos en la población. Ya tenemos base jurisprudencial para que, de forma muy restringida, con el debido soporte legal y siempre valorando la posible colisión de derechos que pudiera existir, los jueces puedan aplicar el precedente de los niños granadinos. La otra solución sería que el Gobierno regule la obligatoriedad de la vacunación para salvaguardar tanto la salud pública como la actividad económica de las empresas. En un contexto de riesgo general, en esa ponderación de derechos, en determinadas circunstancias pesaría más el derecho a la protección, a la salud, a la integridad y a la vida que al derecho individual.

En palabras del magistrado Joaquim Bosch, en una entrevista en el diario.es decía que “aunque la ley actual ampara posibles medidas de vacunación obligatoria, sería aconsejable una regulación legal específica si se optara por esta solución de vacunación obligatoria contra la COVID para poder imponerla sin que ello genere problemas jurídicos y para evitar todo tipo de dudas, porque la ley es muy amplia y no se dice nada de vacunas””.

En tercer lugar, y desde que entró el COVID-19 en escena, se ha de indicar que “seguimos sin saber cómo saldremos de la crisis. Durante este tiempo, muchas certidumbres se han desmoronado. Con el SARS-CoV-2, el virus que apareció por vez primera en la localidad de Wuhan en China, el concepto de seguridad común –como si se tratara de un virus– ha mutado y ahora en los países occidentales, normalmente alejados del impacto de enfermedades infecciosas, la seguridad depende de la respuesta a los problemas de salud casi en igual medida que de la defensa tradicional de ejércitos capaces de proteger en caso de conflicto. La COVID-19, la enfermedad que provoca este nuevo coronavirus, ha cambiado la nómina de amenazas globales, sin que estuviéramos bien preparados para hacerle frente. La evidencia es que los Estados y las organizaciones creadas para afrontar los retos colectivos, no contaban con esta emergencia, ni han sido capaces de darle una respuesta contundente. Pero no será la última y sería un error pensar que es sólo un cambio transitorio, que todo pasará y volverá a su cauce normal. Desde la perspectiva que da más de un año de medidas excepcionales, con la caída de la economía global, el hundimiento de empresas –sobre todo pequeñas y medianas– o el cierre incluso de las rutas de comercio y turismo global, tal vez este virus sólo esté apuntando al final de un mundo antiguo, mientras se busca en la vacuna el arma definitiva en la que se ubica el único horizonte posible para salir.

Si consideramos la actual como la mayor crisis que ha vivido nuestra generación, tal vez no haya mejor ocasión para replantear la salud pública del planeta como la principal estrategia mundial de seguridad. Mientras aumentan las voces para desglobalizar y volver al interior de las fronteras, lo que ha dejado la epidemia es la certeza de que no se puede estar seguro en un país mientras no se esté seguro en todos. Mantener economías modernas, la movilidad para garantizar el intercambio, la libre circulación de bienes en mercados abiertos y la de personas requiere hacer frente a los peores efectos del virus colectivamente.

Desde el inicio de esta pandemia enseguida se hizo evidente no sólo que necesitábamos vacunas, sino que para acabar con la crisis global necesitábamos además asegurar que llegaran a todo el mundo, en el sentido más literal del término: a todos los países y a todas las personas. El concepto de salud global es ahora mismo la estrategia prioritaria –tal vez la única– para hacerlo posible. Si hasta ahora era defendida desde una perspectiva ética o de solidaridad con los más vulnerables, principalmente a través de una transferencia de recursos entre el Norte, rico, y el Sur, pobre, la dimensión de la pandemia, y el efecto en las vidas en riesgo, en las relaciones sociales, laborales y económicas, la han convertido en una estrategia de seguridad mundial, cuya arma principal para hacerle frente y recuperar el equilibrio pasa por las vacunas.

Una vacuna para cambiar el mundo

El dilema está servido ¿Puede una vacuna cambiar el rumbo de la crisis actual? ¿Puede devolvernos al equilibrio perdido? Parece que nadie ha dudado, al menos no lo han hecho ni la ciencia ni los responsables en la toma de decisiones. De la misma manera que esta crisis estaba anunciada, desde que en enero de 2020 se empezaron a vislumbrar las consecuencias globales del virus, la carrera científica se entregó a la búsqueda frenética y sin precedentes del antídoto para frenar la epidemia. Las vacunas son, mucho antes de que el coronavirus apareciera, la mejor estrategia coste-efectiva en el ámbito de la salud. Es decir, es la estrategia más barata para conseguir mejores resultados a mayor escala en la prevención de enfermedades. En 2016 un estudio de la Universidad Johns Hopkins demostraba que por cada dólar invertido en inmunización en los 94 países de renta más baja del mundo, los sistemas de salud se ahorraban 16. Sin riesgo a exagerar y a falta de un estudio preciso todavía, cuando este análisis se traslade al COVID-19 y a las economías más avanzadas –donde más está afectando el virus–, este retorno se puede multiplicar por cientos o miles de dólares por cada uno invertido en vacunas. Teniendo en cuenta las estimaciones del Banco Mundial, la caída global de la economía a consecuencia de la pandemia es de más del 5% del PIB, o, en términos comparativos, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y tres veces mayor que la crisis de 2008. Las vacunas, entendidas como la única herramienta que puede proporcionar inmunidad de grupo para empezar a retirar barreras, como las restricciones a la movilidad, el distanciamiento social o los cierres comerciales, convierten su valor en oro.

De ahí la carrera por hacerse con el líquido mágico. De ahí una inversión sin precedentes –principalmente de recursos públicos– para conseguir en el menor tiempo posible una vacuna efectiva. Desde que el 31 de diciembre de 2019 se conocieran los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, sólo pasaron 11 días hasta hacer pública la secuencia del genoma del nuevo coronavirus y sólo un mes después, el 7 de febrero de 2020, se completaba el primer prototipo de vacuna para uso humano en ensayos clínicos. Nunca antes en la historia de la humanidad se había corrido tanto para obtener una vacuna. Sólo pasaron 333 días desde que se obtuvo la secuencia del genoma hasta que la británica Margaret Keenan recibiera el 8 de diciembre en un hospital de Coventry la primera vacuna ya regulada y apta para su distribución, una vez superados y publicados los resultados de los ensayos clínicos. La vacuna de Pfizer y Sputnik V –la vacuna desarrollada en Rusia– y la de Sinovac en China circularon incluso antes, pero con autorizaciones restringidas y uso en emergencia en sus países. Nunca antes se había conseguido desarrollar una vacuna en un período de tiempo tan corto. Con el virus de la gripe en el siglo pasado se tardaron más de 18 años en conseguir la primera; para otras enfermedades más recientes como el SIDA, más de tres décadas después todavía se sigue buscando. No es extraño por tanto que para mucha gente la rapidez en tener esta vacuna genere dudas. Pero la investigación en la que se basa esta primera generación de vacunas lleva trabajándose desde hace más de una década en ensayos para hacer frente a otras enfermedades como el cáncer; con la irrupción del virus se ha activado para atacar a este en concreto. La llegada masiva de recursos lo ha hecho posible.

Esta carrera científica, sin precedentes, no ha sido sólo efectiva para proporcionar una vacuna en tiempo récord, lo ha sido también para tener no una, sino varias vacunas disponibles y para multiplicar la producción de manera que lleguen en cantidad suficiente. Desde el principio, tener la vacuna fue el objetivo de todas las grandes potencias mundiales: China, Rusia, la India, EEUU y la UE. Conseguirla primero no sólo daba una ventaja estratégica para relacionarse y vender en medio mundo, sino también prestigio internacional en un momento de liderazgos cambiantes. Fruto de esta competición abierta, en la primera semana de enero de 2021 había más de 80 vacunas en ensayos humanos, 20 de ellas en sus fases finales, siete ya reguladas para una utilización de momento limitada y tres aprobadas para su distribución y uso sin límites.

La carrera, no obstante, no se detenía al conseguir la vacuna. Una vez conocida su seguridad y eficacia, hay que producirla a gran escala. Los retos que plantea esta epidemia exigen un volumen de fabricación de vacunas impensable. Si todas las vacunas requieren dos dosis, como sucede con las primeras aprobadas, se requerirán 15.000 millones de dosis para inmunizar a toda la población del planeta, una cifra que el primer fabricante mundial, el Serum Institute de la India, considera imposible de alcanzar en menos de cuatro años. Hay factores limitantes en la capacidad de construir nuevas plantas de producción o en la escalabilidad de vacunas como las de Pfizer o Moderna, basadas en una nueva plataforma tecnológica, para la que no hay suficiente conocimiento entre los países productores. Hay también problemas de producción de componentes críticos como los viales donde transportar seguras unas vacunas que en algunos casos hay que proteger manteniéndolas por debajo de los 70º bajo cero, una temperatura más baja que la del invierno polar. Por otra parte, los productores muy conservadores a la hora de asumir riesgos, no se prestan a fabricar dosis de sus vacunas hasta conseguir la autorización. Sin tener claro que hay mercado, el capital privado no invierte. La responsabilidad y sobre todo la voluntad de pasar de la fase de desarrollo de la vacuna a distribuirla entre la población en el menor tiempo posible, se traslada entonces inmediatamente a la agenda política y a los gobiernos que, frente a la impotencia por no poder parar el virus con otros medios, deciden asumir el riesgo de adelantar recursos a los productores y empezar a manufacturar millones de dosis mientras las vacunas se están probando todavía en fase de test.

En China y Rusia los laboratorios dependen de mayorías públicas en sus decisiones en los consejos de administración y el apoyo de sus gobiernos en forma de recursos es directo. En los países occidentales, donde la industria farmacéutica está en manos privadas, la estrategia es identificar aquellas futuras vacunas que presentan mejores posibilidades en las primeras fases de pruebas y adelantar a cambio de dosis los recursos necesarios para producir, aunque sea a riesgo de que los ensayos fallen y las vacunas finalmente acaben no saliendo. A pesar de la incertidumbre, es una estrategia que se apunta acertada y a la que se lanzaron inmediatamente EEUU, la UE y el resto de países occidentales, permitiendo tener dosis desde el día siguiente a la aprobación por parte de los mecanismos regulatorios. Eso sí, a cambio de miles de millones de dinero público por adelantado.

Teniendo en cuenta que la mayoría de vacunas del planeta se producen principalmente en el eje asiático entre la India y China, y en economías de renta media pero tecnológicamente avanzadas, como Brasil y Sudáfrica, países como el Reino Unido, que lideran el diseño y desarrollo de nuevas vacunas, Alemania, Francia y EEUU estaban muy lejos de producir vacunas ya no a escala mundial, ni siquiera para cubrir sus necesidades domésticas antes del COVID-19. Con la salud convertida en el principal reto a la seguridad y el desarrollo económico, todos empezaron a plantear su propia estrategia para garantizar las dosis necesarias.

Desde la Casa Blanca el gobierno ultranacionalista de Donald Trump lanzó la operación Warp Speed, con el objetivo de producir y distribuir 300 millones de vacunas destinadas a cubrir a toda la población en EEUU, una iniciativa público-privada que reunía a laboratorios, universidades, servicios de salud de la administración, organismos públicos de financiación, productores y el departamento de defensa bajo una sola estructura, con el fin de acelerar la producción y garantizar a los ciudadanos norteamericanos cubrir todas sus necesidades de vacunas en cuanto estuvieran disponibles. No es una estrategia nueva, de hecho, se copió literalmente del “proyecto Manhattan”, considerado como un esfuerzo patriótico de investigación y desarrollo que, entre 1942 y 1946, reunió el conocimiento de todos los actores públicos y privados del país con el fin de producir las bombas nucleares que acabaron destrozando Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y dando el poder y la hegemonía mundial a EEUU. Las vacunas adquirían a partir del coronavirus la misma importancia estratégica que en su día tuvieron las armas nucleares.

La UE puso en marcha una estrategia diferente. La Comisión y los Estados miembros se pusieron de acuerdo en negociar conjuntamente la compra y distribución posterior, de acuerdo al porcentaje de población de cada uno de sus países. Habiendo financiado ya buena parte del desarrollo de las vacunas que se estaban investigando por compañías o en universidades europeas –entre ellas las más avanzadas de las Universidades de Oxford y el Imperial College de Londres o las de las firmas BionTech y CureVac alemanas o la francesa Sanofi– para garantizar la compra se decidió a avanzar el dinero a las firmas productoras en pago por anticipado a cambio de futuras dosis. Si bien a nivel económico esta práctica requiere invertir en el doble de dosis necesarias en previsión de que la mitad pueda quedar en el camino, el pago por anticipado permite negociar a un precio inferior. Por otra parte, el acuerdo de la UE ha permitido a sus países obtener las vacunas en una cantidad y a un precio que hubiera sido impensable para la mayoría de sus Estados miembros por separado. Un paso político significativo de la Unión –justo en el momento en que se hacía efectivo el Brexit– que debería sentar precedente para futuras operaciones.

La competencia entre países por hacerse con el compromiso de las primeras dosis, en la práctica ha supuesto una ventaja incomparable para las compañías farmacéuticas que han exigido confidencialidad en la negociación, para poder establecer precios diferenciados según el país de compra y obtener así mayor margen de beneficio. Todas las negociaciones se han hecho de manera secreta y bajo confidencialidad, una práctica que debería ser inadmisible en sociedades democráticas, ya que al final beneficia al margen del producto. A pesar de ello, sabemos que EEUU ha tenido que invertir unos 18.000 millones de dólares por su operación Warp Speed, mientras que Europa tuvo que habilitar un primer fondo de emergencia de 2.700 millones de euros para hacer frente a los primeros compromisos. Una cantidad que ya se ha multiplicado por cuatro a medida que las dosis se han empezado a hacer efectivas y especialmente como consecuencia de los precios más elevados de las primeras vacunas en ser aprobadas, las de las compañías Pfizer y Moderna. Sólo por poner un ejemplo, con los precios que Europa ha acordado con los productores –roto el secreto por una ministra belga–, la factura de las dosis para 40 millones de personas en España con la vacuna de Pfizer superaría los 1.000 millones de euros, mientras que con la de AstraZeneca podríamos vacunar al mismo número de gente pagando sólo 140 millones.

La carrera por hacerse pronto con la vacuna ha dejado el precio fuera de la agenda de debate y ha sido la principal ventaja por la que la industria de las vacunas ha podido hacer oídos sordos a la reclamación de buena parte de los países menos desarrollados, donde las vacunas no habían llegado todavía, mientras en el hemisferio occidental ya están disponibles.

Vacuna para ricos, vacuna para pobres

En vista de que la carrera por la compra de dosis estaba agotando todo el volumen del primer año de producción para su consumo en Rusia, China y los países occidentales, una iniciativa impulsada por la India y Sudáfrica solicitó en diciembre de 2020 a la Organización Mundial de Comercio que suspendiera temporalmente durante la pandemia, los derechos de propiedad intelectual para diagnósticos, tratamientos y vacunas del COVID-19. El argumento de estos países es que, sin medidas especiales, los países ricos se beneficiarán de las nuevas tecnologías a medida que lleguen al mercado, mientras que los menos desarrollados económicamente continuarán siendo devastados por la pandemia. La propuesta parte del principio de que los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, están obstruyendo que los nuevos productos médicos sean asequibles. Una prohibición temporal permitiría que varios actores comenzaran la producción antes, en lugar de concentrar la fabricación en manos de un pequeño número de titulares de patentes. En palabras de Mustaqeem De Gama, consejero en la misión africana permanente ante la OMC, “Lo que hace esta propuesta de exención es abrir espacio para una mayor colaboración, para la transferencia de tecnología y para que entren más productores para asegurar que tengamos escalabilidad en un período de tiempo mucho más corto”. Decenas de países de ingresos bajos y medios apoyan la propuesta. Sin embargo, los principales países de rentas altas, incluidos el Reino Unido, EEUU, Canadá, Noruega y la UE lo han rechazado de plano, diciendo que el sistema de propiedad intelectual es necesario para incentivar nuevas vacunas, diagnósticos y tratamientos, que podrían agotarse en su ausencia, mientras que el acceso equitativo se puede lograr a través de licencias voluntarias, acuerdos de transferencia de tecnología y el compromiso de mercado avanzado COVAX, financiado por donantes para subvencionar vacunas a quienes no puedan pagarlas.

Si la lotería de nuestro destino hubiera decidido que naciéramos en alguno de esos países de rentas menores, donde se concentra la mayoría de la humanidad, nuestro futuro todavía tendría que esperar a ver cuándo está disponible alguno de los antígenos que se están distribuyendo o los que están en fase de ensayo a punto de lanzamiento. La cuestión es ¿cuándo llegarán? Todos esperamos lo mismo, poder recuperar el equilibrio roto en nuestra vida, en el trabajo, en las relaciones sociales, en la salud y la economía, lo antes posible. La vacuna, sin duda, va a suponer un cambio. Pero para eso necesitamos que se cumplan tres factores: que sea eficaz, que sea asequible y que llegue lo más rápido posible a todos; también a los más vulnerables. El riesgo de vacunar únicamente en los países ricos significa que la epidemia puede hacerse endémica en los que no logren frenarla, lo que por un lado generaría un reservorio del virus, que podría retornar inmediatamente una vez hubiera mutado y por otro obliga a cerrar las fronteras. Si en España se vacuna a una franja en torno al 70% de toda la población para alcanzar la inmunidad de grupo, pero buena parte de los países latinoamericanos no llegan a un nivel similar, el riesgo es evidente y la necesidad de mantener restricciones a la movilidad seguirá siendo una barrera necesaria. Dicho de otra manera, si España vacuna a toda su población, pero los países del norte de África o de Latinoamérica apenas tienen dosis, habrá que seguir cerrando fronteras y frenando el comercio exterior.

Frente a la voracidad de compra de las economías más desarrolladas, COVAX surge como la iniciativa que pone en marcha la Alianza Global para la Vacunación –GAVI (por sus siglas en inglés)– para hacer posible que la vacuna llegue también a los países de renta media y baja. La vacuna del COVID-19 se convierte así en el primer ejemplo de cómo se pueden construir plataformas de decisión global alternativas a las organizaciones multilaterales clásicas, no contando necesariamente con el acuerdo de todos los gobiernos. Los Estados son necesarios, pero ya no están solos en la mesa donde se toman las decisiones. A imagen de la Alianza Mundial para la Vacunación (GAVI), la plataforma COVAX combina intereses públicos y privados. En la toma de decisiones están representantes de los gobiernos de economías de renta baja, media y alta, junto con la industria farmacéutica, los productores, representantes de agencias de la ONU implicadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), expertos, centros de investigación, filantropía y representantes de la sociedad civil.1 El objetivo es conseguir esas tres premisas imprescindibles: que la vacuna exista, que sea asequible y que se distribuya en todo el mundo. Si se consigue tal vez sea un buen primer paso hacia una nueva gobernanza global, más cerca de las necesidades de seguridad a partir de la salud, que del multilateralismo heredado de la Segunda Guerra Mundial.

Aun así, los problemas para inmunizar en todos los países no son menores. Aunque en las economías más avanzadas las vacunas estén más o menos garantizadas, la capacidad de producción, el primer año, se calcula que alcanzará sólo a un 30% de la población mundial, tal vez algo más. Sabemos que las vacunas son la llave para recuperar la economía global. Pero empezar a salir de la crisis durante 2022 sólo puede ser a condición de que esas vacunas se puedan producir a gran escala y que su distribución sea equitativa para todos los países. La tentación “nacionalista” de las economías más avanzadas de obtener dosis para toda su población con la contrapartida de que el resto de países se queden sin ellas, es una nueva garantía de fracaso. La plataforma internacional COVAX fija su objetivo en garantizar que todos los países del mundo tengan dosis para vacunar el 20% de su población durante la fase aguda de la epidemia antes de que finalice el año 2021, de manera que todos puedan ir bajando su curva de contagios en paralelo. Para ello está previsto que se lance una ronda de financiación entre países donantes apelando a la ayuda oficial al desarrollo entre enero y febrero de 2021. El objetivo es conseguir 5.000 millones de dólares, que unidos a los 2.000 millones que ya tiene en caja, permitirían avanzar el pago para comprar 2.000 millones de dosis para los 92 países de renta baja que no tienen suficientes recursos para pagar. Con el cambio de administración en EEUU, GAVI ya ha iniciado conversaciones para asegurar que el equipo de Joe Biden comprometa la principal cantidad de esa ronda, el resto tendrán que salir de la AOD de otros países donantes y en particular de los de la UE, Noruega, Canadá y el Reino Unido. Un reto para la ayuda exterior de unos países que, en diferente grado, también están sufriendo las consecuencias del virus en sus economías. Para completar esta cantidad, el Banco Mundial ha lanzado una línea de crédito de 12.000 millones de dólares para la compra de vacunas. El gran problema, no obstante, es que la balanza económica de los países receptores ya viene muy lastrada por fuerte estrés fiscales, por lo que estos préstamos serían más adecuados para países de renta media, mientras los de renta baja deberían recibir las vacunas mediante fondos subvencionados y sin coste.

Teniendo en cuenta que las primeras vacunas que han salido al mercado son complejas en su cadena logística y requieren unas condiciones difíciles para hacerlas accesibles a todos los rincones, COVAX apuesta por las dosis más sencillas en su transporte y distribución. Vacunas como la de AstraZeneca o Jansen, que empezarán a estar disponibles en el segundo trimestre de 2021, son las principales candidatas para empezar a vacunar en aquellos países con menor posibilidad de compra directa. Pero la batalla no ha hecho más que empezar, porque junto a los antígenos de compañías occidentales, la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac, son también sencillas de distribución y los gobiernos de quien depende la producción se han lanzado a la venta bilateral entre sus países amigos”.

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