COVID-19, Derecho, Derecho de la Salud, Derecho Sanitario, Pandemias, Salud pública

¿Cabe la objeción de conciencia para evitar que te pongan la vacuna contra el COVID-19?

En primer lugar, cabe destacar que “la pandemia, que seamos claros, es una epidemia que afecta a todo el globo terráqueo, que no distingue entre buenos o malos, virtuosos o pecadores, y actúa sin piedad con aquellos más vulnerables, por edad, salud o falta de recursos, está siendo una pesadilla para nuestras sociedades. Desquebraja tres pilares esenciales que minados desintegran la capacidad de progreso, la vitalidad de una sociedad. Afecta a la salud física, es devastadora esa cifra de fallecidos diarios con las que comemos al mediodía al calor de los informativos, y a la que estamos tan acostumbrados que parece hemos anestesiado todo nuestro sentido de la moralidad y de la decencia; desdeñamos el uso de mascarillas a la menor oportunidad, salimos en tromba  a disfrutar de nuestra orgia consumista navideña, como si fuera un año normal. Nos negamos a que nos controlen el número de invitados a las comidas de Navidad, porque atenta contra nuestras libertades, y despotricamos contra los déspotas que pretenden imponer medidas para que en enero y febrero no haya miles de familias destrozadas por pérdidas irreparables.

Está afectando a un segundo pilar, que es la salud mental, algunos psiquiatras, psicólogos e institutos de salud mental están advirtiendo del deterioro progresivo que amplias capas de la sociedad están sufriendo debido a la ansiedad, a la angustia, que nos desgasta día a día. Las consecuencias son imprevisibles, y de larga duración

Está afectando a un segundo pilar, que es la salud mental, algunos psiquiatras, psicólogos e institutos de salud mental están advirtiendo del deterioro progresivo que amplias capas de la sociedad están sufriendo debido a la ansiedad, a la angustia, que nos desgasta día a día. Las consecuencias son imprevisibles, y de larga duración. Está por ver si estamos preparados para ellas una vez que esta pesadilla termine. Y afecta también a un tercer pilar esencial para una sociedad: la economía. Muchas familias están sufriendo al ver como negocios que les costó décadas construir se desvanecen al soplo de la debacle de la pandemia. Muchos trabajadores pierden sus trabajos, y no saben ni cuándo ni en qué condiciones podrán volver a ellos, o lo que es peor, si llegarán a recuperarlos. Y el deterioro del bienestar económico afecta también a la salud de la población, mientras más frágil es la economía de las familias, más frágil es la salud de una sociedad. Si algo nos ha mostrado la pandemia es cómo las familias en riesgo, debido a su situación económica, no solo sufren por esto, sino que no pueden permitirse cuarentenas en las condiciones debidas, o cuidar a sus hijos como deben, entre tantas otras cosas que les fragilizan más que aquellos que tienen recursos. La pandemia no entiende de fronteras, pero si entiende de clases sociales, y las más desfavorecidas la sufren con mayor dureza.

Una luz, y la única solución posible, salvo que optemos por pagar el precio de dejar la enfermedad libre hasta que estemos inmunizados, con el coste de millones de vidas en el mundo, cientos de miles aquí, es la vacuna. Al calor del esfuerzo de la ciencia médica y genética, se ha logrado en un tiempo record ofrecernos un cortafuego a esta enfermedad

Una luz, y la única solución posible, salvo que optemos por pagar el precio de dejar la enfermedad libre hasta que estemos inmunizados, con el coste de millones de vidas en el mundo, cientos de miles aquí, es la vacuna. Al calor del esfuerzo de la ciencia médica y genética, se ha logrado en un tiempo record ofrecernos un cortafuego a esta enfermedad. Si todo va bien, en los meses de enero y febrero entraremos en la fase de vacunación en nuestro país, y los de nuestro entorno. Hay dos peligros que podrían dañar esa luz al final del túnel, y o bien retrasar nuestra recuperación, incluyendo la económica, o bien provocar muchos más daños en vidas humanas. Probablemente ambas cosas. La primera es que creamos que por el hecho de comenzar a vacunar todo está solucionado: deberá haber una especial campaña de concienciación si queremos que este proceso, que siendo optimistas no durará menos de 9 meses antes de que podamos recuperar la normalidad, no implique que como hemos visto en desescaladas anteriores, abandonemos de golpe toda precaución y nos lancemos como descerebrados a creer que ya está todo resuelto. Necesitaremos mantener durante el proceso de vacunación medidas como las mascarillas, la distancia, restricciones de aforo, y demás, hasta que el COVID-19 se convierta en algo aislado. Hará falta fortaleza mental por parte de la población, políticas muy contundentes de comunicación para concienciarnos y evitar relajaciones peligrosas, y que nuestras instituciones y nuestros políticos actúen con responsabilidad y no se lancen a relajar todas las medidas de protección antes de tiempo, con tal de conseguir captar votos y quedar bien ante las cámaras. No es permisible que se piense en conseguir votos antes que salvar vidas. Ya hemos visto el precio a pagar debido a las precipitaciones en la desescalada, y  por negarse a tomar medidas a tiempo, eludiendo su responsabilidad para no quedar mal ante la ciudadanía impaciente. Veremos si hemos aprendido la ciudadanía, y si han aprendido los políticos  irresponsables.

Otro asunto que puede afectar a esa luz, y que es igualmente preocupante, es  la de aquella ciudadanía que, o bien pretende negarse a vacunarse, o bien mantiene reticencias y desea esperar lo máximo posible, porque no se fía y siente temor

Otro asunto que puede afectar a esa luz, y que es igualmente preocupante, es  la de aquella ciudadanía que, o bien pretende negarse a vacunarse, o bien mantiene reticencias y desea esperar lo máximo posible, porque no se fía y siente temor. Se entrecruzan en este debate cuestiones médicas, económicas, éticas, e incluso legales, sobre si debería ser obligatoria la vacunación para toda la población, o si ha de serlo para determinados grupos, como sanitarios, trabajadores esenciales, población de riesgo, etc. No es un debate fácil, y se encuentra lleno de espinas en el camino, y hemos de ser muy cuidadosos a la hora de resolverlo. Hay vertientes de este asunto esenciales, que para evitar males mayores se han de resolver con transparencia, como la decisión ética de qué población ha de ser prioritaria, a la hora de vacunarse, obligatoriamente o no. Cuestiones esenciales de bioética deben estar en el centro de un debate serio en todos estos temas que acompañan a la vacunación, que de no resolverlos con la pedagogía adecuada, y una claridad y transparencia encomiables, pueden enquistar nuestro camino a la hora de  recuperar la salud y la normalidad.

La bioética es una disciplina relativamente reciente de la filosofía moral que tiene mucho que decir en todo este proceso, a la hora de decidir qué grupos han de vacunare prioritariamente, y acerca de la responsabilidad y necesidad ética de la vacunación. Cuatro principios son claves a la hora de juzgar moralmente una actuación de este tipo:

Aquí encontramos un primer asunto espinoso; pueden algunos de estos trabajadores negarse a recibir la vacuna o se les ha de obligar. La respuesta moral está clara, hay una obligación moral.

a) Respetar a las personas, considerando que son seres autónomos, pero a su vez cuidando de aquellos que tienen su autonomía reducida. Por ejemplo, todas esas personas mayores que se encuentran en residencias necesitan que les prioricemos, y recibir lo antes posible una vacunación que les proteja de la debacle que les está asolando. ¿Qué ocurre con todos aquellos trabajadores que les asisten? Deberían también, al igual que los médicos, ser objetivos prioritarios. Aquí encontramos un primer asunto espinoso; pueden algunos de estos trabajadores negarse a recibir la vacuna o se les ha de obligar. La respuesta moral está clara, hay una obligación moral. La legalidad dependerá de las medidas que las autoridades exijan a estos trabajadores, pero el riesgo es demasiado alto para convertirlo en una cuestión de libertades o deseos meramente personales, cuando las libertades y vidas ajenas se encuentran en grave peligro, expuestas al albur de decisiones individuales. Esta reflexión es Igualmente válida y aplicable para otro tipo de personas que por sus empleos o situaciones personales hayan de cuidar o tratar con personas vulnerables. Hay una exigencia moral, ¿debiera haber una legal? de proteger a esas personas vulnerables.

Si una vacuna protege de brotes hospitalarios, en centros de salud, o en lugares comunitarios, ¿debemos permitir una objeción de conciencia a dicha vacunación?

b) Una primera vertiente del llamado principio de beneficencia; hemos de tratar éticamente a todos los pacientes, protegiéndoles del daño. Que la acción del médico, del cuidador, de todo aquel que ostente una responsabilidad se encuentre guiada por el principio de no dañar a nadie. Por acción, a través de las medidas necesarias, con los mejores tratamientos al alcance y evitando medidas de discriminación por edad, o de fragilidad de la salud. Evitando el bochornoso espectáculo que hemos vivido con el colapso de las UCI, discriminando por edad, y posibilidades de curación. Si una vacuna protege de brotes hospitalarios, en centros de salud, o en lugares comunitarios, ¿debemos permitir una objeción de conciencia a dicha vacunación?

c) La segunda vertiente del principio de beneficencia. Si en la primera se trataba de evitar causar mal, por acción u omisión al paciente, en este segundo caso se trataría de maximizar el bien que se le puede causar;  extremar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos. Eso incluye que los pacientes, la ciudadanía, estén bien informados en todo momento de las acciones a las que se verán sometidos. La trasparencia, es esencial, y no dejaremos de repetirlo. Lo es en el caso de los laboratorios que han diseñado las vacunas, mostrando públicamente la gran cantidad de controles, revisiones, por parte de organismos independientes que revisan las vacunas, y que garantizan que intereses egoístas o empresariales, no alteren los resultados. Esos controles existen, se están aplicando, y la rapidez que estamos viendo se debe más a eliminar trabas burocráticas, que antaño tardaban más de lo debido, que no a perjudicar los controles científicos que garantizan que esas vacunas produzcan los beneficios anunciados.

Sería bueno ser rigurosos, y no caer en errores que pueden entorpecer la vacunación de la población; no es lo mismo tener reticencias ante las vacunas, que ser negacionistas de las mismas. Los antivacunas son aquellos grupos que organizadamente llevan décadas arguyendo excusas seudocientíficas que atentan contra la racionalidad de la ciencia

d) El principio de justicia; es quizá el más importante y esencial en un país que dignifique la igualdad y la gratuidad de la salud, con un acceso universal a las vacunas. Se ha de garantizar que ante unos recursos limitados, las dosis de vacunas necesarias no vendrán de golpe sino poco a poco, se prioricen esos grupos más vulnerables, y aquellos que por su labor están más expuestos. Implica que se distribuya en los territorios, y socialmente, en base a criterios exclusivamente éticos, de necesidad, y no por intereses de mercantilismo económico. Donde más se necesite, a quién más lo necesite, allí ha de priorizarse la vacunación. Igualmente importante es dotar de los medios adecuados, las infraestructuras y recursos humanos  para que se realice en condiciones apropiadas.

Sería bueno ser rigurosos, y no caer en errores que pueden entorpecer la vacunación de la población; no es lo mismo tener reticencias ante las vacunas, que ser negacionistas de las mismas. Los antivacunas son aquellos grupos que organizadamente llevan décadas arguyendo excusas seudocientíficas que atentan contra la racionalidad de la ciencia, los hechos probados de la eficacia y beneficios de las vacunas, y que han visto en esta pandemia una oportunidad para aprovecharse del miedo y esparcir sus campañas de desinformación para captar adeptos a su fanatismo. Se ha de perseguir estas campañas de desinformación con rigor y transparencia, exigiendo a las multinacionales que gobiernan las redes que establezcan filtros de verificación y clausuren grupos que pueden dañar y ser peligrosos para la salud pública. Pueden hacer mucho daño, especialmente a través de las redes sociales, creando ecosistemas que se aprovechen de las inquietudes y desconocimiento de parte de la población para inocularles ese fanatismo tan peligroso”.

En segundo lugar, también se ha de señalar que “nos encontramos ante la restricción de un derecho individual: el de la integridad física. “El problema jurídico es que un tratamiento médico no se puede imponer obligatoriamente”, explica, pero si se cambia la ley, en base a la salud colectiva, sí se puede hacer. 

agustin ruiz robledo
  • Se puede obligar a vacunar, pero…  “necesitamos una ley que diga explícitamente que hay que vacunarse”, afirma Agustín Ruiz Robledo. 
  • ¿Qué ley habría que cambiar?
    • Se puede cambiar en la ley de 1986 sobre medidas especiales en materia sanitaria, que es la que regula lo que pueden hacer las administraciones en situaciones excepcionales como esta.
      • Según él, habría que cambiar la norma y hacer que la vacunación apareciera explícitamente, “no podemos meterlo todo en la frase de la ley que dice que las autoridades sanitarias podrán tomar las medidas ‘que se consideren necesarias’ porque no todo cabe ahí”, concluye. 
    • También se puede cambiar la ley de 1980 que permite al Gobierno hacer obligatorias las vacunas contra la viruela, la difteria y las infecciones tíficas y paratíficas en momentos de pandemia.
      • Se trataría de añadir el coronavirus.
  • ¿Cuál de las dos sería más conveniente cambiar?
    • Ruiz Robledo cree que sería más conveniente cambiar la ley de 1986, porque es una Ley Orgánica, lo que la más seguridad jurídica. 
    • La de 1980 es una ley general, por lo que el Gobierno podría modificarla de una forma muy sencilla, por decreto
  • ¿Y después?
    • Insiste Ruiz Robledo explica que esa ley debería desarrollar “cómo, cuando, a quién y en qué circunstancia” sería obligatoria esa vacuna. 
  • La Ley debe dejarlo claro porque… “el Estado, en condiciones generales, no puede obligar a nadie a vivir, por eso el suicidio no es delito”, explica a NIUS desde Granada. Pero claro, eso entra en colisión con el derecho de los demás a su salud, porque estamos en una situación de pandemia de una enfermedad contagiosa

Germán Teruel: Se puede hacer si se incluye en el estado de alarma

Germán Teruel, también profesor de Derecho Constitucional, pero en la Universidad de Murcia, señala que la “injerencia” en el cuerpo de una persona no es un problema menor y que en momentos de crisis como este, la ponderación de derechos se desequilibra. “Generalmente, se tiende a poner por encima los derechos generales, como el de la salud pública”, explica, aunque añade que para restringir derechos hay que motivar muy mucho”.

german teruel rect
  • ¿La mejor opción?
    • “Incluir la vacunación obligatoria en el estado de alarma”, algo que no se ha hecho.
      • Para cambiarlo, el Gobierno tendría que volver a conseguir el caro apoyo del Congreso.
    • También se puede incluir en la ley de 1986, obligando a la vacunación en caso de pandemia. 
      • La redacción actual es “muy vaga”, habría que explicitarlo, explica.
  • En cualquier caso, y al tratarse de un asunto que entra en un derecho muy personal, habría que regular las condiciones y prever los inconvenientes: 
    • “¿Qué hacemos si una persona se niega?, porque eso tiene que estar contemplado”
    • “¿Le aplicamos una sanción?”
    • “¿La obligamos? para eso necesitamos una orden judicial“.
    • Un ejemplo: En un control de tráfico nos pueden hacer soplar, pero si nos negamos, no nos pueden obligar físicamente, simplemente se dará por hecho que conducíamos bajo los efectos del alcohol y se nos sancionará, pero no nos pueden obligar a soplar físicamente. 
  • En todo caso, Germán se plantea una pregunta previa: ¿Es imprescindible que toda la población se vacune?

Joaquín Urías: No nos pueden obligar por ley, pero sí por la vía de los hechos

Desde la Universidad de Sevilla, donde es profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urías cree que no se puede obligar por por ley a vacunar a la población en general, porque choca con el derecho a la integridad física. Sin embargo, considera pero que sí se puede forzar a la población, poniéndoselo difícil a los que no se vacunen. 

Joaquín Urías
  • ¿Por qué no se puede?… porque el derecho impide un tratamiento médico obligatorio, “cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera”, explica Urías. 
  • Entonces, ¿Cuál es la opción?… El Gobierno sí puede limitar entradas a edificios, medios de transporte, etc. para las personas que no estén vacunadas. 
    • Al final, si se limitan los movimientos o se condiciona la vida de las personas que no se vacunen, muchas lo harán. 
  • Es decir… se trata de una obligación por la vía de los hechos y no la del derecho. 
  • ¿Y qué pasa con la ley de 1980 que permite la vacunación obligatoria para determinadas enfermedades?
    • Según este profesor, si esa ley se llevara ahora al Constitucional, podría encontrarse con un rechazo de los magistrados. 
  • Un precedente similar, aunque no general: El Constitucional permitió al Estado alimentar a unos presos del GRAPO en huelga de hambre.
    • Pero… aclaró que lo hacía porque, como presos, estaban bajo la tutela del Estado y sólo se les podía alimentar si estaban inconscientes, en un momento en el que no se iban a oponer. 
    • En condiciones generales, no es constitucional, señaló el tribunal de garantías.  

Carlos Flores Juberías: Si hay vacuna obligatoria, el Estado será responsable de los efectos secundarios

Carlos Flores Juberías es, como el resto, profesor de Derecho Constitucional, en su caso en la Universidad de Valencia. Él cree que sí se puede establecer adaptando la ley de 1986 o el estado de alarma, pero prefiere ir más allá, y plantea tres cuestiones, pensando en los que no quieran la vacuna: la objeción de conciencia; cómo se obliga; y la responsabilidad del Estado en caso de efectos secundarios“.

En tercer lugar, también se ha de señalar que “en España, la Ley 33/2011, 4 de octubre, General de Salud Pública establece que “Sin perjuicio del deber de colaboración, la participación en las actuaciones de salud pública será voluntaria, salvo lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública”. Es decir, la vacunación es voluntaria salvo “razones sanitarias de urgencia o necesidad” contempladas en esta ley de medidas especiales.

En su artículo 2, se señala lo siguiente:

“Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”.

A lo que acompaña el artículo 3 que expresa que:

“Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Esta ley no explica expresamente que se pueda imponer la vacunación en caso de epidemia, pero expertos como el Comité Asesor de Vacunas opinan que aunque esté “plagada de conceptos jurídicos indeterminados, podemos concluir que es legalmente posible”.

También debe tenerse en cuenta el estado de alarma pues se contemplan algunas medidas que podrían dar pie a imponer esta obligatoriedad.

No hay casi antecedentes

Las dudas que plantea obligar a poner una vacuna vienen dadas principalmente por la falta de casos similares en el pasado. Suele hacerse referencia a la antigua norma de la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944. Ahí se explica que “las vacunaciones contra la viruela y la difteria y contra las infecciones tíficas y paratíficas, podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno cuando, por la existencia de casos repetidos de estas enfermedades o por el estado epidémico del momento o previsible, se juzgue conveniente”.

Sin embargo, hay que hacer constar que hablamos de una norma muy concreta y que data del 1944, por lo que la gran mayoría de expertos duda de que hoy en día siga sirviendo como referencia. Además de la ley, tampoco hay grandes casos donde un juez haya tenido que exigir responsabilidades por negarse a vacunar.

Uno de los casos más conocidos es el de Granada, con el brote de sarampión en un colegio público de Albaicín. Fue en 2010 y tras detectarse 36 casos, el juez obligó a vacunar explicando que “existe proporcionalidad de la medida de manera que es idónea y necesaria a los fines constitucionalmente legítimos que se pretenden, sin implicar un sacrificio desmedido”. Aquel juez también estimó que la vacuna se impondría “pudiendo la Autoridad Sanitaria requerir el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si fuere necesario”.

En Cataluña y la Rioja se han dado casos de menores a los que se les ha negado la matrícula en una guardería infantil al no ser vacunados”.

En cuarto lugar, se ha de destacar que, “pudiendo definir con carácter general la objeción de conciencia, como «el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones» , tal y como estableció el TC en su sentencia de 27 de octubre de 1987. (LA LEY 95918-NS/0000)

Parece así, atendiendo a este artículo y a la escasa regulación existente acerca de la objeción de conciencia en otro tipo de supuestos, que tan solo se extiende a los integrantes de las fuerzas armadas, pues además el artículo 16 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) (LA LEY 2500/1978) no permite afirmar un derecho a la objeción de conciencia de alcance general, siendo preciso verificar si pudiera encontrar fundamento en la jurisprudencia o en algún instrumento internacional, como han reseñado nuestros Tribunales de Justicia. (STSJ 419/2013, Sala de lo Contencioso, Málaga, (LA LEY 32647/2013)

En busca de esos fundamentos que justifiquen otras conductas amparadas por la objeción de conciencia fuera de ese supuesto del artículo 30.2, en la actualidad la encontramos en muchos otros supuestos a los que da respuesta nuestra jurisprudencia, tales como los médicos que se niegan a practicar abortos, si bien deberán comunicarlo al paciente con tiempo suficiente para que acuda a otro facultativo pero no queda exento de informar a la mujer sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia ni de resolver, por sí mismo o mediante la ayuda de otro médico, los problemas médicos que el aborto o sus consecuencias pudiesen plantear (artículo 55 del Código Deontológico de la Medicina), derecho que viene amparado por el TC en sentencias como la n.o 53/1985 de 11 de abril (LA LEY 9898-JF/0000) ( (LA LEY 9898-JF/0000)) en la cual estableció:

«…por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales.»

o el caso de un farmacéutico que fue sancionado por abstenerse de dispensar en su establecimiento pastillas anticonceptivas amparado en su derecho a la objeción de conciencia, y que confirmó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 25 de junio de 2015 (LA LEY 85615/2015), al establecer que el «demandante actuó bajo la legítima confianza de ejercitar un derecho, cuyo reconocimiento estatutario no fue objetado por la Administración», así como que a la «vista de la ponderación efectuada sobre los derechos e intereses en conflicto y de las restantes consideraciones expuestas —concluye el Pleno— hemos de proclamar que la sanción impuesta por carecer de las existencias mínimas de la conocida como “píldora del día después” vulnera el derecho del demandante a la libertad ideológica garantizado por art. 16.1 CE (LA LEY 2500/1978) en atención a las especiales circunstancias de este caso concreto», objeciones que como decimos, dada la falta de regulación específica, quedarían sin amparo legal existente teniendo que acudir a la jurisprudencia.

Para determinar cómo se debe actuar en cada caso concreto, a tenor de lo expuesto, debemos acudir a la numerosa jurisprudencia que podemos encontrar al respecto, en la cual encontramos posturas totalmente diferentes, entrando en colisión numerosos derechos.

En el caso concreto que nos ocupa, que es bastante más complicado que los dos anteriormente expuestos, el de la objeción de conciencia en los tratamientos médicos, nos percatamos que, por un lado, el derecho a la libertad religiosa consagrado en el artículo 16 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) (LA LEY 2500/1978) y la objeción de conciencia entran en colisión con derechos tales como el derecho a la vida, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la integridad física y moral o la intimidad familiar y personal; y por otro lado, esta controversia se produce en el ámbito constitucional de derechos fundamentales recogidos en el Título I, Capítulo II de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), sin embargo, en el ámbito de protección con el que se trata a estos derechos, ninguno de ellos es absoluto, debiendo ponderarse cada uno de acuerdo al contexto y realidad social, tratándose por lo tanto de una cuestión mutable, y que debe resolverse según el caso concreto.

De hecho, el derecho a la libertad religiosa amparado por el artículo 16.1 (LA LEY 2500/1978) que establece que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido con la ley, encuentra su propia limitación en la Ley Orgánica 7/1980 (LA LEY 1364/1980) de Libertad Religiosa en su artículo 3.1 (LA LEY 1364/1980) que establece lo siguiente:

«el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática.»

Sobre esta base, encontramos numerosa jurisprudencia constitucional que otorga una clara primacía al derecho a la salud y a la vida en muchas ocasiones por encima de la libertad religiosa con base en el citado artículo, en contraposición con otras que no emplean este criterio como la Sentencia n.o 120/1990 de 27 de junio (LA LEY 1761-JF/0000) del Tribunal Constitucional (LA LEY 1761-JF/0000) sino que parten de esa libertad religiosa para establecer que la imposición de un tratamiento médico vulneraría ese derecho fundamental amparado por el art. 16. 1º de la CE. (LA LEY 2500/1978) (LA LEY 2500/1978)

En el concreto caso en el que nos encontramos, en tiempos del COVID-19, ¿Cómo debería actuar un médico ante la negativa de un paciente a someterse a los tratamientos para frenar la enfermedad, y que decide por su propia voluntad que quiere volver a su domicilio? O aun permaneciendo en el mismo, solicita vías alternativas a los tratamientos médicos convencionales, rechazando cualquier otro tratamiento. (como suele ocurrir, en muchas ocasiones, con los testigos de jehová en casos de transfusiones de sangre)

Con base en el derecho a la libertad religiosa y objeción de conciencia, y de acuerdo a lo expuesto acerca del derecho a la vida y a la integridad física y moral, se debería respetar la determinación del paciente y su voluntad, así como su deseo de no someterse al tratamiento médico en cumplimiento de estos derechos, así como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, o incluso el derecho a la libertad (en el caso de que decidiera libremente volver a su domicilio sin someterse a tratamiento alguno), cumpliendo siempre con los deberes éticos y profesionales que se le imponen dentro de su profesión, aunque no comparta la decisión asumida por el paciente. (principios de la bioética).

Ahora bien, en el concreto caso que nos ocupa, en el que nos encontramos en un estado de alarma declarado por el Gobierno de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) (LA LEY 2500/1978), ¿Hasta dónde podría llegar ese límite a la libertad religiosa y esa objeción de conciencia? ¿Se podría limitar con base al artículo 3 al tratarse de la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática?

Considerando esta situación excepcional, en la que el dejar a una sola persona sin tratamiento irse a casa, podría suponer un riesgo a la salud pública de los demás, ¿Se le debería obligar a permanecer en el hospital y someterse a los tratamientos reglados? O yendo más allá, y hemos visto casos en los últimos días, ¿Qué pasa con aquellos pacientes que se niegan a permanecer ingresados, no por objeción de conciencia ni libertad religiosa, sino en base a su derecho a la libertad de elección sobre su propia vida y su cuerpo?

Partiendo de lo anteriormente comentado, nadie puede ser obligado a vivir si no es lo que desea, y mucho menos coaccionarlo para someterse a un tratamiento médico que rechaza, así como tampoco la medicina tiene entre sus finalidades mantener a nadie bajo tratamiento ni con vida si no es lo que desea.

Pero en el escenario en el que nos encontramos, como es una pandemia que afecta a día de hoy a toda la sociedad y que ha sido motivadora del estado de alarma sin parangón en la historia de nuestra democracia y la «limitación» (1) , que no suspensión, de los derechos fundamentales establecidos en el Título I, Cap. II de la Constitución consecuencia del mismo (entre los que se encuentran el derecho a la vida, integridad física y moral, la libertad religiosa, ideológica y de culto, a la libertad y a la intimidad personal y familiar), ¿se podría hablar de limitación de estos derechos, también con base al art. 3º de la Ley de Libertad Religiosa?

Cabría pensar que si al encontrarnos en un marco de emergencia sanitaria, en el que el hecho de que haya personas infectadas que se niegan a estar en cuarentena en un centro hospitalario, o a someterse a tratamiento, podría suponer un riesgo para la salud y la vida de los demás, o incluso para la suya propia, pero lo cierto es que si acudimos a la Ley Orgánica 4/1981 (LA LEY 1157/1981) reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio (LA LEY 1157/1981) en su artículo 11 no se establece como medidas limitativas de los derechos fundamentales mención a alguna a estos derechos.

De nuevo nos encontramos ante una marabunta de posibilidades y posiciones jurisprudenciales contradictorias, junto con una escasa regulación legal, que hacen muy complicado no solo determinar cómo debe actuarse en estos casos en un escenario normal, sino más aún como debe actuarse en un caso concreto como este, en el que los pacientes pueden negarse a someterse a un tratamiento con la posibilidad de poner en riesgo al resto de personas, en un escenario específico como es el del estado de alarma.

La ley nos dice que, aun con sus contradicciones, ese derecho a la libertad religiosa y objeción de conciencia, así como el derecho a la libertad y a la integridad física y moral y demás derechos en relación deben ser respetados, con el límite de la salud y la salvaguarda de los demás, y en la jurisprudencia encontramos como ya hemos visto, supuestos de todo tipo, por lo que cabe pensar que tal vez, en un futuro no muy lejano, esas situaciones deban ser dignas de debate, y porque no, de una específica regulación que abarque numerosas posibilidades, ya que como hemos visto, situaciones que veíamos tan hipotéticas como una posible pandemia mundial y un estado de alarma nacional colisionando con el derecho a la objeción de conciencia y libertad, son posibles”.

Por tanto, sí que podría existir el derecho a la objeción de conciencia en el ámbito de las vacunas, pero siempre que no vulnere el derecho a la salud pública en periodo de pandemias o de enfermedades con transmisión y mortalidad, como es la actual del COVID-19. Asimismo, se podrá ver que el Gobierno pueda crear un registro de personas que no se quieran vacunar.

Por último, se ha de señalar que “sobre el conflicto entre el derecho a la vida con otros derechos, tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 1431 de 14 de agosto de 2008, caso Yolimar Pérez Carreño, consideró:

“Lo expuesto obliga entonces a la Sala a precisar lo que se entiende como objeción de conciencia, y en tal sentido se refiere a aquel incumplimiento de un deber jurídico por la existencia de un dictamen de conciencia que impide realizar la conducta prescrita en el ordenamiento jurídico. Como institución, cabe aclarar que la objeción de conciencia no es activa (como en el caso de la rebelión o la revolución) ni colectiva (como la desobediencia civil) sino pasiva e individual; carente por completo de motivaciones políticas. Su trasfondo, se insiste, está orientado a salvaguardar la conciencia, conforme a la cual se actúa por libre convicción.

En todo caso, visto que los límites a la objeción de conciencia se refieren en general a su incidencia sobre terceros, a excepción de que con ella se afecte la personalidad del objetor; sin duda alguna, forma parte del radio de acción de dicho derecho la posibilidad de objetar la conciencia de forma que incida sobre la integridad personal del objetor, siempre y cuando dicha objeción no rebase los límites que surgen del enunciado específico de dicho derecho, a saber: que afecte la personalidad al objetor y que impida a otros el cumplimiento de la ley; así como los límites que nacen de la incardinación de este derecho con el resto del enunciado constitucional, especialmente, con el derecho a la vida, contenido en el artículo 43.

De ese modo el derecho a la vida, aunque intrínsicamente subjetivo, desde que el Constituyente erigió la vida como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano (artículo 2) le atribuyó al derecho que lo engloba una dimensión objetiva que no es posible obviar; más aun cuando, ontológicamente, es presupuesto necesario para el ejercicio de los restantes derechos. Es por ello, que el derecho a la vida, además de contar con un régimen de protección negativo, esto es de abstención (ninguna ley puede establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla), a la vez cuenta con un régimen de protección positivo que impide considerar dicho derecho como un derecho de libertad, capaz de permitirle al titular disponer del derecho a la vida con la aquiescencia del Estado (causar su muerte bajo autorización pública); o legitimarlo para exigirle al Estado, so pretexto de ejercer otro derecho de igual rango, indiferencia ante la certeza del resultado mortal de una acción u omisión, esto es, que anule por completo dicho derecho.

Por tanto, aunque el derecho del paciente a determinar el curso de su tratamiento médico es primordial, si se encuentra en riesgo la vida del objetor el conflicto alcanza una trascendencia social donde procede bajo un test de proporcionalidad ponderar los derechos fundamentales en aparente colisión. De ese modo, no es válido que sin existir tratamiento alternativo el paciente renuncie a la atención médica prescrita, pues dicha renuncia atentaría contra el derecho fundamental a la vida, estipulado además como un valor superior del Estado…”.

De lo anterior, es claro que en el supuesto que se encuentre en riesgo la vida de la persona, resulta necesario hacer una ponderación entre su derecho a la objeción de conciencia y los demás derechos que pueden estar en conflicto.

Partiendo de lo anterior, sería posible sostener que el derecho a la vida y el derecho a la salud prevalecen sobre los demás derechos, como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19 en la sociedad, porque es un hecho notorio el carácter contagioso de la enfermedad, a pesar del índice de mortalidad bajo, además del impacto económico que la pandemia del COVID-19 en la economía de los países.

Derecho de los trabajadores a la seguridad y salud laboral

Asimismo, en el caso de Venezuela se debe tomar en consideración que en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) se prevé el derecho de los trabajadores a que se le garantice la seguridad y salud laboral, así como en el artículo 56 de la LOPCYMAT se establece el deber del patrono de garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores, teniendo el patrono el deber de informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que estarían expuestos con base en los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

En efecto, los patronos vienen dotando de los equipos de protección a sus trabajadores como parte de las medidas de bioseguridad en contra del COVID-19, aunado al hecho que cumplen con las medidas reguladas en la Resolución N° 090 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (Ministerio).

Sobre las conductas que pueden afectar gravemente a la seguridad e higiene del trabajo

Del mismo modo, se debe destacar que el “hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y seguridad laboral” y las “omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad e higiene del trabajo” son conductas que con base en los literales d) y e) del artículo 79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se constituyen en supuestos de despido justificado.

Por lo tanto, se pudiera considerar que un trabajador que se niega a vacunarse, estaría incurriendo en un hecho que podría constituir una causa de despido justificado, porque estaría poniendo en riesgo la seguridad y salud laboral de las personas que prestan servicios en el centro de trabajo en el que labora, además de ser un riesgo para los terceros que deben relacionarse con ese trabajador con ocasión de su labor.

Con base en lo anterior, se podría sostener que el ordenamiento jurídico prevé la obligación de los trabajadores de cumplir con las normas de bioseguridad, pero además de ser vacunados en los programas de vacunación que sean implementados por el Estado, porque la vacunación sería parte de las medidas de seguridad y salud laboral que se deben cumplir con ocasión de la pandemia del COVID-19, situación que se vería reforzada en el supuesto que el Ministerio dicte una Resolución con base en el artículo 2 de la Ley de Inmunizaciones, en la que se establezca el carácter obligatorio de la vacunación”.

FUENTES:

  1. ¿Por qué en el caso de los trabajadores la vacuna contra el Covid-19 podría ser obligatoria? DERECHO Y SOCIEDAD: https://derysoc.com/por-que-en-el-caso-de-los-trabajadores-la-vacuna-contra-el-covid-19-podria-ser-obligatoria/
  2. Vacunación obligatoria para la Covid-19: qué dice la ley y hasta qué punto se puede multar a quienes decidan no vacunarse. XATAKA: https://www.xataka.com/medicina-y-salud/vacunacion-obligatoria-para-covid-19-que-dice-ley-que-punto-se-puede-multar-a-quienes-decidan-no-vacunarse
  3. Las vías para una vacuna obligatoria: cambiar la ley, estado de alarma o limitar el movimiento a los no vacunados. NIUS DIARIO: https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/vias-vacuna-obligatoria-coronavirus-cambiar-ley-estado-alarma-limitar-movimiento-no-vacunados_18_3046320135.html
  4. Miedo a las vacunas contra el COVID-19: mitos y verdades. DW: https://www.dw.com/es/miedo-a-las-vacunas-contra-el-covid-19-mitos-y-verdades/a-56579490
  5. ¿Puede mi empresa obligarme a ponerme la vacuna del coronavirus? CUÍDATE PLUS MARCA: https://cuidateplus.marca.com/salud-laboral/2021/02/16/-empresa-obligarme-ponerme-vacuna-coronavirus-176795.html
  6. 1º Informe de Farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19 (25-01-2021): https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%E2%80%9119/1o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19-25-01-2021/
  7. La bioética y la vacunación contra el COVID-19. EL INDEPENDIENTE DE GRANADA: https://www.elindependientedegranada.es/blog/bioetica-vacunacion-covid-19
  8. Las vacunas para el Covid-19 y algunas cuestiones éticas vinculadas con su origen. CENTRO DE BIOÉTICA: :https://centrodebioetica.org/las-vacunas-para-el-covid-19-y-algunas-cuestiones-eticas-vinculadas-con-su-origen/

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