COVID-19, Derecho, Derecho de la Salud, Derecho Sanitario, Pandemias

Contraindicaciones de las vacunas contra el COVID-19 desde un punto de vista legal

Desde la aparición de las primeras vacunas contra el COVID-19, ha surgido la duda a nivel mundial entre la población sobre la seguridad de las vacunas por la rapidez en su aparición (aunque esta rapidez estaba justificada desde el inicio por la facilidad de propagación del virus, entre otros aspectos) y sobre posibles efectos secundarios.

En primer lugar, cabe señalar que “existen muchísimos elementos que, desde el punto de vista jurídico, podrían entablar serios debates. 

Entre los más relevante nos aventuramos a enumerar los siguientes: la distribución y orden de prioridad de la vacuna, es decir, ¿cómo se va a establecer un orden de preferencia y de establecerse cuál será? De entrada, se ha podido conocer que la idea es darles prioridad al personal sanitario y a las personas mayores. 

Otro punto controversial, es la responsabilidad de las farmacéuticas que estén desarrollando la vacuna. ¿Qué garantías ofrecen con respecto a su seguridad y eficacia? Al mismo tiempo, se hace necesario determinar si ¿tendrán los Estados alguna responsabilidad por administrar estas vacunas?

Y finalmente, se ha destacado como uno de los puntos álgidos sobre éste particular, la estrategia que seguirán las autoridades sanitarias y legislativas de los países. Nos referimos entonces a la voluntariedad u obligatoriedad de vacunarse.

Sobre este último punto, estaremos desarrollando el presente artículo a los fines de dilucidar la factibilidad de obligar a las personas a vacunarse contra el Covid-19.

Origen del debate de la obligatoriedad de vacunarse

Desde hace muchos años, existe una corriente que se opone a las vacunas, por considerarlas contraproducentes. Ya sea por desconfianza o por creer que son un atropello a la libertad, estas personas, al día de hoy, esparcen una serie de noticias negativas contra las vacunas, exaltando sus supuestos peligros.

El actual escenario de pandemia mundial, que ha arrebatado la vida de miles de personas a diario, los científicos se han visto presionados por conseguir una vacuna en tiempo récord. Esto, por supuesto influye en los ensayos clínicos y la determinación de efectos secundarios de las posibles vacunas, sin contar su efectividad y duración. 

Todo lo anterior constituye el caldo de cultivo perfecto para que exista cierta renuencia u oposición tajante a aceptar la vacuna. Asunto que ha despertado preocupación en la Organización Mundial de la Salud, en especial porque muchas personas manifiestan que no están dispuestas a vacunarse. Por ello, algunos expertos han sugerido la conveniencia de que la misma sea de carácter obligatorio.

¿Nos podrán obligar a vacunarnos?

Dar una respuesta rápida no es tan sencillo como se piensa. En primer lugar, debemos evaluar cuál es la naturaleza de una vacuna. 

En este sentido, encontramos que éste es un tratamiento médico y, como tal, el paciente debe dar su consentimiento para que le sea administrada. Así las cosas, luego de una revisión de nuestra legislación en un primer término se puede afirmar que la vacunación es voluntaria. Esto se debe a que no existe una normativa que expresamente establezca la obligación. 

Pese a lo anterior, podemos decir que toda regla tiene una excepción y en este caso se cumple este adagio. De esta manera, encontramos que la Constitución establece que es de la competencia exclusiva del Estado la materia de política sanitaria, por lo que en el caso de España el Estado podría establecer la obligatoriedad de determinados tratamientos para evitar o contener una crisis sanitaria o de salud como la que se vive, producto del Covid-19.

Alguna normativa le da sustento a la obligatoriedad

La primera norma que podría arrojar un poco de luz sobre el asunto es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio, donde se establece que el Gobierno podrá declarar el estado de alarma, cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad, entre ellas crisis sanitarias, tales como las epidemias. 

Asimismo, dispone el artículo 12 de la misma ley que la autoridad podrá adoptar las medidas para la lucha contra las enfermedades infecciosas. En consonancia, tenemos la Ley Orgánica 3/1986, del 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, la cual establece que las autoridades sanitarias podrán adoptar las medidas previstas en esa ley, por razones sanitarias de urgencia o necesidad. 

Si algo se puede concluir de estas previsiones legales, es que puede ser legalmente impuesta la obligación de vacunación en caso de epidemia. Especialmente, cuando el riesgo sea colectivo, es decir debe estar presente el riesgo para la salud pública. De esta manera, podrá verse limitado el principio general de voluntariedad y el Derecho fundamental a la Libertad Personal en favor de un interés colectivo superior.

¿Cómo queda la libertad de actuación del individuo?

Frente a la libertad individual y el derecho a rechazar un tratamiento médico, se levanta un bien colectivo de salud pública por el que el Estado debe velar. Sin embargo, un aspecto de vital importancia que se contrapone a la obligatoriedad de este procedimiento, es que la vacunación no debe conllevar riesgos elevados. 

Es aquí donde la ciencia, en estos momentos no da una respuesta cien por ciento confiable, para lo cual requiere un largo plazo de comprobación que ofrezca garantías de seguridad sanitaria para las personas vacunadas.

La estrategia como respuesta

Según encuestas realizadas, el 70% de quienes participaron aseguraron que estarían dispuestos a vacunarse en cuanto la vacuna estuvieradisponible y se indique como recomendable. Por otro lado, el 30% restante no se encuentra totalmente cerrado o contra la vacuna. 

Resulta que el 70% de los que, en principio estarían renuentes, lo están por miedo a los efectos secundarios, más de un 20% cree que no sería tan efectiva como se promete, mientras que un 9% se oponen porque son “antivacunas”. Con esta proporción, podemos observar que aquellos que no quieren vacunarse ahora, bien podrían cambiar de opinión, siempre que se den las condiciones y se informe de su calidad y efectos con transparencia.

Después de todo lo anterior, es evidente que el Estado cuenta con la posibilidad de usar las facultades excepcionales, para proceder a la vacunación de la población. No obstante, este tipo de medidas podría provocar aún más rechazo. Por ello, es de vital de importancia que las autoridades competentes se planteen estrategias de información, educación y concientización sobre los efectos positivos de la vacuna y los beneficios de lograr una inmunidad social o colectiva”.

En segundo lugar, también cabe señalar que “las vacunas ya aprobadas en varios países tienen una buena efectividad en la prevención de cuadros de covid-19 con síntomas (recuerde bien la palabra síntomas).

Pero eso no quiere decir que sus beneficios se limiten a esto: la experiencia en el mundo real, en las campañas de inmunización más avanzadas en algunos países, indica que las dosis que se utilizan actualmente traen otros beneficios en la lucha contra la pandemia.

Los datos de Israel, donde la vacunación está más avanzada, sugieren resultados mejores que los esperados, como una caída dramática en los casos, hospitalizaciones y muertes por covid-19.

También hay evidencia de que las vacunas ayudan a combatir los síntomas leves que, aunque tenues, igual mandaban a los pacientes al hospital.

Misma estrategia, varios desenlaces

Para entender cómo los científicos llegaron a estas conclusiones, es necesario remontarse al 9 de abril de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento que definiría las reglas del juego.

En las directrices, la entidad estableció los requisitos mínimos para que se apruebe una vacuna contra el “nuevo” coronavirus.

Entre una serie de criterios técnicos y especificaciones, una regla se destacó como la más importante: la vacuna contra la covid-19 debía tener una tasa mínima de efectividad del 50% frente a una de estas tres circunstancias: la infección en sí, la enfermedad sintomática o lasformas graves de la enfermedad.

Tales requisitos no son novedad: existen vacunas que se usan contra otras enfermedades infecciosas que son excelentes para evitar que el virus invada el cuerpo de un individuo y comience a replicarse en su interior.

Este es el caso, por ejemplo, de las dosis contra el sarampión y la fiebre amarilla. Quien los toma está bien protegido de los virus que causan estas enfermedades.

Un niño recibiendo una vacuna
Pie de foto, La vacuna contra el sarampión evita la infección de esta enfermedad.

Otros productos no son capaces de detener la infección en sí, pero evitan que evolucione y afecte demasiado al organismo, lo que requeriría hospitalización y atención médica especializada.

La vacuna contra la gripe encaja perfectamente en esta categoría: quien recibe la inyección a principios de otoño corre un riesgo considerable de contraer el virus durante los próximos meses. Pero, si ocurre, los síntomas de la enfermedad serán mucho más leves y no requerirán estadías prolongadas en salas y unidades de cuidados intensivos.

Esto es bueno para el individuo, que no siente que su salud se vea afectada, y para el sistema de salud en su conjunto, que no colapsa con la llegada de varios pacientes al mismo tiempo, especialmente en invierno, cuando la circulación de los virus que afectan al sistema respiratorio crece mucho.

¿Qué hicieron con la covid-19?

La pandemia, por supuesto, trajo algunos desafíos adicionales a la carrera científica: la humanidad necesitaba una solución rápida. No era factible esperar años para el desarrollo de una vacuna.

Para acelerar el proceso, todas las farmacéuticas y centros de investigación diseñaron las pruebas clínicas de sus candidatas a vacunas para ver si serían efectivas contra la enfermedad con síntomas, el segundo resultado establecido por la OMS.

Línea de producción de una vacuna.
Pie de foto, Probada a gran escala en Brasil, la tasa de eficacia de CoronaVac fue de 50%. Pero en la vida real, sus efectos podrían tener mayor alcance.

En la coyuntura actual, no sería factible medir si las vacunas previenen la infección (el primer resultado), por dos razones principales.

Primero, porque una parte considerable de los infectados por el coronavirus no presenta ningún síntoma. Y, en segundo lugar, tal estrategia requeriría un aparato y una inversión financiera absolutamente gigantescos.

“Cada estudio involucró a decenas de miles de voluntarios y, para saber si cada uno de estos participantes no contrajo el virus, sería necesario realizar pruebas diagnósticas a todos ellos durante varias semanas seguidas. ¿Te imaginas el costo de eso?”, pregunta la microbióloga Natalia Pasternak, presidenta del Instituto Questão de Ciencia, de Brasil.

La otra opción sería evaluar el poder de las vacunas frente a las condiciones más graves, que requieren hospitalización y suponen mayor riesgo de muerte.

La dificultad estaría en el tiempo de observación necesario: en EE.UU. se estima que, de cada 200 personas infectadas por el coronavirus, una muere.

Los investigadores tardarían varios meses en lograr un número mínimo de muertes suficiente para realizar los cálculos estadísticos que determinan la tasa de efectividad y, como vimos anteriormente, el plazo para crear una solución nunca ha sido tan ajustado.

En vista de las limitaciones, todos los competidores terminaron siguiendo el camino intermedio: las pruebas clínicas de la fase 3 se diseñaron para establecer cuánto protegen las candidatas a vacunas contra el covid-19 sintomático, como se explicó en los párrafos anteriores.

Así es como muchas candidatas a vacunas avanzaron en los ensayos clínicos, fueron aprobadas o están siendo analizadas actualmente por agencias reguladoras.

Punto de inflexión

Pero aquí aparece una controversia importante en esta historia: ¿cómo se define un síntoma de covid-19?

Cada farmacéutica y cada centro de investigación estableció sus propios criterios para enmarcar lo que sería una sospecha de infección por coronavirus.

“En las pruebas de CoronaVac, Sinovac y el Instituto Butantan, por ejemplo, se instruyó a los voluntarios para que informaran de cualquier malestar que sintieran, por leve que fuera”, describe Pasternak.

Posteriormente, estos participantes se sometieron a la prueba molecular (hisopado nasofaríngeo) para saber si tenían la enfermedad o no.

Una mujer recibe la vacuna en Francia.
Pie de foto, La vacunación busca la protección comunitaria, por lo que el éxito del proceso no debe evaluarse a partir de resultados individuales.

“Moderna, en cambio, estableció que, para realizar tal examen, el individuo debía tener al menos dos síntomas o un signo muy claro de covid-19, como falta de aire”, agrega la especialista.

Esta diferencia, por supuesto, tuvo un impacto en los resultados de los análisis preliminares. No es exagerado especular que un número considerable de participantes que recibieron la vacuna de Moderna desarrollaron condiciones leves y moderadas de la enfermedad. Sin embargo, como no fueron sometidos a los métodos de diagnóstico, no supieron que tenían la infección.

Esta es una de las razones por las que los científicos no centran tanto su análisis en las tasas de eficacia: en el mundo real, puede ser que el 50,4% de CoronaVac se vuelva un poco más alto, mientras que el 94% de Moderna termine ligeramente reducido, y no hay problema con eso.

“Debemos entender que la vacuna no es como un medicamento con el que tratamos a una persona. La vacuna es algo que protege a la comunidad. No se puede analizar desde un punto de vista individual, sino de cómo se protege a toda una población”, explica la epidemióloga Denise Garrett, vicepresidenta del Instituto Sabin, una organización internacional sin fines de lucro que promueve la inmunización en todo el mundo”.

En tercer lugar, debe indicarse que “la Unión Europea puso de relieve un nuevo dilema al dar carta blanca a las empresas que quieran prescindir de aquellos empleados que se nieguen a vacunarse. “Como empresario, puedo decidir con quién firmo un contrato”, dijo la presidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Christa Scheng. Ahora bien, ¿podría hacerse en España?, ¿no sería esto una forma de discriminación?, ¿dónde ha de establecerse el límite ético en un contexto de pandemia mundial?

Desde el punto de vista laboral no sería legal ni ético. No se podría establecer esa discriminación”, afirma a 20minutos el Secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CC OO), Pedro Linares. 

Colisión de derechos

El principio de organización y dirección del empresario, establece que éste es libre de contratar a quien considere que cumple con los requisitos necesarios para el puesto. La cuestión, por tanto, sería concretar si es discriminatorio el hecho de que el empresario pueda negarse a contratar a una persona que no se vacune. “En mi opinión, aquí entramos en colisión de varios derechos”, explica a 20minutos la Ángela García-Gallo, miembro de la sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Según establece la Constitución en los artículos 14 y 15, ningún español puede ser discriminado por ningún motivo y todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Por otro lado, no obstante, el artículo 17 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como en los siguientes artículos (relativos al derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo) chocarían con los anteriores al garantizar al empresario -si se establece por ley- del derecho a marcar unas preferencias para contratar.

De esta forma, García-Gallo señala que quizás el debate no se centre tanto en el empresario, sino en si éste puede expresar abiertamente la razón por la que decide no contratar a una persona (en este caso, por no haberse vacunado). “Sería lo mismo si no te contrato porque eres mujer, por tu orientación sexual, etc. No se puede decir”, asegura.

¿Exigible a determinados sectores?

Lo que quizás se pueda hacer, según explica García Gallo, es que en determinados sectores y profesiones en los que no vacunarse pueda suponer un riesgo “para el resto de compañeros o al destinatario de la prestación de servicios de la empresa” sí que se establezca la vacunación como requisito para trabajar. Un ejemplo muy representativo sería el de los profesionales sanitarios de centros de salud y hospitales o el personal de residencias, que trabajan día a día con personas muy vulnerables al virus. “Se está hablando incluso de si debería exigirse también a los propios dependientes de las tiendas; por esa atención directa que tienen con el publico”, cuenta la abogada. 

Se está hablando incluso de si debería exigirse también en las tiendas

Linares, Secretario de Salud Laboral en CC OO, considera que “en la fase actual de la pandemia”, sí que sería necesario exigir la vacunación a determinados sectores. “En una situación en la que todavía hay riesgos de olas subsiguientes y demás, yo creo que hay colectivos que tienen ese mayor riesgo de exposición y de transmisibilidad”, asegura. De todas formas, habría que analizarse si hay una negativa generalizada a vacunarse en ciertos colectivos -entonces habría que regularlo- o sí, por lo contrario, se trata de casos aislados.

¿Quién tiene el derecho a decidir por alguien que no puede?

Ahora que España ha empezado a vacunar a los más vulnerables, están empezando a surgir situaciones que ponen en duda hasta dónde llega el derecho de alguien vacunarse; sobre todo si éste no se encuentra en sus plenas capacidades mentales para decidirlo. 

¿Puede un familiar decidir por alguien que no tiene la capacidad para acceder (o no) a vacunarse?, ¿Quién pasa a tener ese derecho en tal caso?. En Sevilla, el caso de un anciano que no ha sido inmunizado por la negativa de sus familiares ha llegado hasta los tribunales. 

La Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación para concluir si, finalmente, el anciano recibirá o no la dosis. “Siempre y cuando la persona esté en su sano juicio podrá elegir si ponerse o no la vacuna”, ha explicado a Antena 3 el fiscal delegado de Personas Mayores, Norberto Sotomayor. 

Por el momento, la Fiscalía está usando parámetros similares a los que se aplican cuando algunas religiones o creencias se niegan a que se apliquen tratamientos a menores o personas mayores; “como cuando los testigos de Jehová se han negado a que se hagan transfusiones de sangre a sus hijos menores de edad”, dice Sotomayor. 

De esta forma, el fiscal deja claro que “no puede ser el familiar o el tutor quien decida que a su padre o madre no se le ponga la vacuna”, sobre todo cuando el hecho de que no se inmunice pueda perjudicar a la propia salud del anciano. 

Ser despedido por no vacunarse

Existen dos tipos principales de despidos: el disciplinario (por un incumplimiento del trabajador) y el objetivo. Este último permite despedir a aquel trabajador que no se adapte a su puesto. Es decir, cualquier empleado debe ir adaptándose a los cambios de la empresa o del cargo que ocupe y, de no hacerlo, puede ser despedido por ello. En este caso concreto, el ejemplo sería el de un comercial que trate con personas esencialmente vulnerables, por lo que el empresario impone a los trabajadores que acrediten estar libres de coronavirus

¿Tendría que modificarse alguna cuestión para llevar a cabo ese tipo de despido? A día de hoy, “tal cual está la normativa”, explica García-Gallo, habría que tener muy en cuenta las circunstancias sociales y sanitarias actuales, por las cuales quizás no haga falta una ley que obligue a vacunarse; pero que el empresario -“por la salud y la seguridad de sus destinatarios”- sí que puede exigir a sus trabajadores esa readaptación del puesto. 

En caso de que no te la pongas, sí que debes asumir que eso te puede costar el puesto de trabajo

Además, la abogada asegura que puede que se esté preparando un decreto ley “que pueda establecerse (esa exigencia, con amparo legal) para determinados sectores”, como el médico sanitario, el de atención a los mayores, de atención al público, etc. “Pero yo no creo que por obligación se pueda imponer a nadie a inyectarse una vacuna de la que no se sabe ni los efectos secundarios. En caso de que no te la pongas, sí que debes asumir que eso te puede costar el puesto de trabajo”, afirma.

En conclusión, el trabajador tiene la libertad de ponerse o no la vacuna; la misma libertad que tiene el empresario de contratar o mantener en su puesto de trabajo a ese trabajador. No obstante, si un empleado decide no ponérsela, debe asumir las consecuencias. “Si la consecuencia de no ponérmela puede redundar en que pueda contagiar a personas o sectores vulnerables, pues puede entenderse que el empresario sí que pueda estar legitimado a optar por trabajadores que, con igual cualificación, sí que tienen ese plus añadido”, asevera la abogada.

“No debe estar en manos del empresario”

“Yo creo que la empresa no es el marco en el que se tienen que establecer las obligaciones de la vacunación”, dice Linares. El secretario de Salud Laboral considera que el marco de la estrategia de vacunación tendrá que recaer en las autoridades sanitarias de ámbito estatal y autonómico que, según la evolución de la pandemia, puedan ir adoptando decisiones. “No debe estar en manos del empresario”, insiste. 

Linares asegura que la exposición a riesgo biológico está regulada por real decreto, en el que s establece que la empresa pondrá a disposición de los trabajadores las vacunas existentes contra las enfermedades de transmisión. “Pero no hace obligatoria la vacunación”, añade. 

¿Despido procedente o improcedente?

“A día de hoy, el despido sería improcedente“, asevera la abogada miembro de la ICAM. “Una cosa es que el empresario no esté obligado a mantenerme y otra cosa es que eso (no haberse puesto la vacuna) se considere como una causa justa de despido”, añade. 

¿Qué va a determinar la improcedencia o la procedencia del despido? Quizás será el sector al que se dedique el trabajador. García-Gallo afirma que “si tu eres auxiliar de clínica y tienes que estar aseando a enfermos, tratando a mayores o a cualquier tipo de persona especialmente vulnerable y se te advierte de que debes ponerte la vacuna, pues quizás te despidan de manera objetiva, y ese despido sea procedente”. En ese caso, aún así, el trabajador recibiría una indemnización “de 20 días de salario” por año trabajado”. 

En cuarto lugar, se ha establecer aquí que “desde el punto de vista jurídico, son varias las cuestiones que cabe plantearse ante la vacunación. Efectivamente, el artículo 43 de nuestra Constitución dispone que se reconoce el derecho a la protección de la salud, compitiendo a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Será la Ley, tal como dispone este precepto constitucional, la que establecerá los derechos y los deberes de todos los ciudadanos al respecto.

Si descendemos a la realidad que, al día de hoy, tenemos en nuestro país, observamos cómo el hecho de no estar vacunado contra el COVID 19 conlleva y supone un riesgo, aunque sea potencial, no ya sólo de contraer la enfermedad, sino incluso de, una vez contraída, transmitirla a otra u otras personas.

No obstante, el artículo 43 de nuestra Constitución se sitúa, desde el punto de vista sistemático, en el Capítulo Tercero del Texto Constitucional, ‘De los principios rectores de la política social y económica’, lo que conlleva que no nos encontramos ante un derecho fundamental de la persona, ya que los derechos fundamentales se ubican, desde el punto de vista sistemático, en el marco del Capítulo Segundo, ‘Derechos y libertades’. Entre estos últimos derechos, se reconoce, en el artículo 17, el derecho a la libertad. En este sentido, cabría afirmar que, si enfrentáramos ambos derechos, es decir, el derecho a la salud, de un lado, y el derecho a la libertad, del otro, sería este último derecho el prevalente o prioritario, por lo que podría afirmarse que ningún ciudadano español sería susceptible de ser vacunado a la fuerza o contra su voluntad, es decir, manu militari, dicho en términos latinos.

Así expuesta la situación actual, parece claro, sin embargo, que podría existir un enfrentamiento o colisión entre el derecho a la libertad de vacunarse contra el COVID 19, y el derecho a la salud. El problema que plantean estos tipos de enfrentamientos o colisiones entre un derecho y otro es que hay que efectuar un juicio de ponderación sobre los mismos, para llegar, en último término, a un cierto equilibrio.

Si alguna persona decidiera no vacunarse por la razón que fuere, como, por ejemplo, el temor a los efectos secundarios de la vacuna, es evidente que puede crear un riesgo potencial y llegar a poner en peligro, en su caso, la vida de otras personas.

De ahí que, aunque a día de hoy, la vacuna contra el COVID 19 no se ha establecido como obligatoria, de la ponderación de los bienes y derechos enfrentados habría que concluir que, llegado el caso, la obligatoriedad de vacunarse y su imposición por el Gobierno estaría fuera de toda duda desde el punto de vista jurídico. Y ello a pesar de que ambos derechos, el derecho a la libertad y el derecho a la salud, no se encuentran en el mismo plano ni al mismo nivel constitucional”.

En quinto lugar, se ha de señalar que “

Tanto en ese primer momento de vacunación prioritaria de grupos de riesgo, como en el segundo momento, de vacunación masiva una vez superados los problemas de producción, se planteará la posibilidad de una vacunación obligatoria vs. una vacunación voluntaria. La vacunación obligatoria es una decisión éticamente controvertida porque afecta a los derechos individuales, incluido el derecho a la autodeterminación de la persona en temas de salud. Pensemos en el caso de un profesional de la salud que se niegue a vacunarse cuando el gobierno quiere obligar a todos los sanitarios a vacunarse.

¿Estaría el gobierno obligado a asumir la responsabilidad de los posibles efectos secundarios provocados por esa vacunación obligatoria? Está claro que si, por ejemplo, el gobierno obliga a vacunarse a los profesionales sanitarios la responsabilidad jurídica sería del gobierno que estaría obligado a pagar las indemnizaciones correspondientes en el caso de que esas vacunas produjesen efectos secundarios graves para la salud de los vacunados. Por otro lado, se ha demostrado que, incluso en situaciones de infecciones graves, la simple recomendación no ha dado buenos resultados de inmunización18. En el caso de que haya personas que se nieguen a ser vacunadas frente a la COVID-19, ¿puede un gobierno obligarlas a vacunarse?19

Modelos éticos en los sistemas nacionales de salud

En realidad, detrás de esta pregunta, sobre la obligatoriedad o no de la vacunación, se esconde un debate mucho más amplio que se refiere al modelo ético de referencia a la hora de tomar decisiones políticas en temas de salud pública y comunitaria. El primer modelo es el de una ética normativa (ética de la tercera persona), que defiende la obligatoriedad legal de la vacunación. El segundo modelo es el de una ética de las virtudes (ética de la primera persona), que defiende el protagonismo del individuo a la hora de tomar decisiones sobre su salud, teniendo en cuenta la realización del bien común de la sociedad a través de la realización del bien personal. Nosotros proponemos que, a la hora de tomar decisiones de política sanitaria pública en tiempos de COVID-19, se puede pasar de una ética normativa a una ética de las virtudes, a través de una ética de la responsabilidad20.

Las éticas normativas o de la tercera persona tienen como objetivo la búsqueda y el establecimiento de una serie de reglas o normas morales que hay que observar a la hora de llevar a cabo determinadas acciones individuales. El obrar humano viene así, gobernado por normas que prescinden del sujeto que actúa y que proyecta su propia existencia. El objeto de investigación de ésta ética no es ni el cómo «se debe» vivir ni cuál sería el estilo de vida deseable, sino solamente si una cierta acción resulta lícita o ilícita desde la observación de un juez exterior: la «tercera persona».

Sin embargo, toda elección consciente por parte del individuo, como por ejemplo elegir si se vacuna o no frente a la COVID-19, debe basarse en las llamadas «éticas de la primera persona», es decir, la búsqueda del bien de la vida humana en su globalidad y en su complejidad. La ética vendría así a configurarse como una especie de «discusión» sobre los diversos estilos de vida y sobre sus modos diversos de vivir, y solo secundariamente sobre las acciones individuales, con el objetivo de establecer cuál es la mejor vida a llevar y a desear.

La alternativa de la «responsabilidad»

Un camino apropiado para pasar de la ética de la tercera persona a la ética de la primera persona es una nueva lectura de la «ética de la responsabilidad» de Hans Jonas21. Jonas plantea la responsabilidad y el deber para con los hijos que hemos engendrado, y que perecerían sin los cuidados que precisan, como el ejemplo más claro que encontramos en la moral cotidiana de una responsabilidad y un deber elementales no recíprocos, que se reconocen y practican espontáneamente. Jonas sitúa el origen de la idea de responsabilidad, no en la relación entre adultos autónomos, sino en esta relación con la prole necesitada de protección. Para Jonas, la atención de los padres por sus hijos es el arquetipo de la acción responsable. Arquetipo que no necesita deducción a partir de principios, sino que se encuentra implantado, por naturaleza, en todos nosotros.

Junto a la responsabilidad paterna, Jonas plantea la política como otra forma fundamental de responsabilidad. La responsabilidad política y la responsabilidad de los padres, aun siendo diferentes, son las que más cosas tienen en común. Jonas plantea cinco elementos en los que estas responsabilidades coinciden: totalidad, objeto, sentimiento, continuidad y futuro. Este último elemento común, el futuro, pone de manifiesto que tanto en la responsabilidad paterna como en la del gobernante se da una inclusión del mañana en la preocupación de hoy. En el contexto de una responsabilidad total, todo acto individual que se preocupa de lo inmediato acompaña, también como su objeto, el futuro de la existencia de ese niño o de esa comunidad. En este sentido, la responsabilidad no puede ser determinante, sino posibilitante, debe preparar el terreno y mantener abiertas el mayor número de opciones. Se trata de mantener abierto el futuro del sujeto del que se es responsable, ya sea el futuro del niño o del individuo que forma parte de la comunidad social.Go to:

El concepto de prevención

Para que esto sea posible, los gobiernos y las autoridades sanitarias deben cambiar el concepto de prevención que utilizan normalmente. En la ética normativa, que apoyaría por ejemplo la vacunación obligatoria frente a la COVID-19, el concepto de prevención se identifica con la reducción del riesgo. En este sentido, un sistema sanitario obtendrá una mejor prevención cuando el riesgo de contraer la enfermedad sea menor. En el caso de la vacunación ante COVID-19, esto ocurrirá cuando se alcance el mayor número posible de individuos vacunados. Este es el argumento que, desde una ética normativa, justificaría el vacunar frente a la COVID-19 de manera obligatoria al mayor número posible de personas.

Sin embargo, en esta óptica de la ética normativa, todas las medidas de medicina preventiva, también la vacunación contra COVID-19, corren el peligro de convertirse en un conjunto de obligaciones y prohibiciones, de cara a los ciudadanos. Estas obligaciones y prohibiciones pueden aumentar las fricciones con las instancias de autonomía del sujeto, pueden aumentar las frustraciones personales, por percibirse solo como un instrumento para el bien de la sociedad o, peor aún, puede provocar la desmotivación por todo aquello que está relacionado con la propia salud.

Nosotros proponemos un concepto diferente de medicina preventiva. Para nosotros, la prevención consiste en la adquisición por parte del individuo de comportamientos éticos –esta es la novedad con respecto al pensamiento de Hans Jonas– que permitan el desarrollo de la persona hacia una «ética de la primera persona» en la consecución, en general, del propio bien, y en el caso particular, de aquello que, como había observado ya Descartes, es el «mayor» de los propios bienes: la salud.

Si los ciudadanos nos movemos desde esta perspectiva de la responsabilidad en la consecución de nuestra salud, la obligatoriedad de la vacunación frente a COVID-19 sería algo innecesario: si se garantizan la eficacia y el valor médico y social de las nuevas vacunas COVID-19 y se informa a los ciudadanos correctamente, vacunarse sería, por así decirlo, una «responsabilidad moral», un deber moral22, y la vacunación sería una más de las acciones que dirigen al individuo hacia la consecución de la salud individual y comunitaria. Creemos que a través de una ética de la primera persona es posible crear una alternativa basada en la responsabilidad personal que permita, junto con una serie de actuaciones legales de tipo político que enunciaremos más adelante, asegurar una protección eficaz de toda la comunidad y, al mismo tiempo, garantizar la expresión de la autonomía personal. Por ejemplo, para llevar a cabo el confinamiento se estableció un régimen de sanciones por parte del gobierno (ética normativa), pero lo que ha permitido que el confinamiento tuviese una elevada tasa de éxito ha sido el concepto de prevención desde la responsabilidad personal, ejercido por los ciudadanos desde su propia determinación a colaborar, de manera responsable, con las medidas de prevención (ética de la primera persona).Go to:

¿Existe el derecho a no ser vacunado?

El principio del respeto a la autonomía del individuo, consagrada en la Ley española de autonomía del paciente23, permite al individuo rechazar un tratamiento y, por lo tanto, también rechazar la vacunación24. Está claro, por tanto, que un individuo tiene el derecho a elegir no ser vacunado. Es cierto también, que algunas legislaciones de países democráticos contemplan la posibilidad de la vacunación obligatoria en circunstancias excepcionales. Por ejemplo, en España la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública, permite la aprobación de medidas excepcionales, como sería la vacunación obligatoria, cuando existe un riesgo concreto para la salud de la población, como por ejemplo un brote epidémico25. Sabiendo todo esto, no podemos olvidar que la vacunación es un tratamiento que se aplica a personas sanas que no están sufriendo la enfermedad. Además, en el caso de la COVID-19, una gran parte de la población, la que se encuentra por debajo de los 20 años, y sin complicaciones previas, tiene un porcentaje muy bajo de sufrir complicaciones graves. Por lo tanto, la justificación médica, en muchos casos, no se basaría tanto en la protección del individuo como en la protección de la comunidad (inmunidad comunitaria)26.

Lo que habría que preguntarse, antes de impulsar protocolos de vacunación obligatoria frente a COVID-19 es, ¿cuáles son las razones por las que incluso en situaciones de pandemia, como se demostró con el virus H1N1, el porcentaje de individuos vacunados voluntariamente es tan bajo? O, en otras palabras, ¿por qué una persona rechaza una vacuna que le podría salvar la vida?

En agosto de 2017, la ministra de sanidad de Francia informó sobre la decisión de obligar a la vacunación contra 11 enfermedades a los menores a partir de 2018. La medida se debía a los alarmantes datos de baja tasa de vacunación para enfermedades como el sarampión entre la población del país galo27. En España, donde la vacunación no es obligatoria, las tasas de vacunación son de las mejores de Europa en población infantil (entre el 95-98% para las vacunas infantiles), bajando ligeramente en aquellas que se administran durante la adolescencia (especialmente en las dosis de recuerdo). Los datos más bajos pertenecen a vacunación estacional de la gripe (54% en 2018)28.

El caso francés no es el único en Europa. Hay otros países europeos que ven cómo sus tasas de vacunación van decreciendo año tras año29. Son varios los factores que han llevado a un cambio en la percepción que una parte de la población tiene sobre las vacunas30: hay una sensación de que son más importantes los motivos económicos y empresariales de las grandes farmacéuticas que presionan a las instituciones públicas y a los gobiernos31; las muertes de usuarios se relacionan directamente con las vacunas más que como simples coincidencias32; la comunicación a veces alarmista de los riesgos y efectos secundarios que se hace a través de los medios de comunicación33; los individuos sanos tienen, en general, mayor temor al riesgo provocado por las vacunas que al uso de los medicamentos que tratan esa enfermedad, debido a que la disminución de las enfermedades frente a las que se vacuna ha distorsionado la percepción –por desconocimiento– de la gravedad de muchas de ellas, como ocurrió en el rebrote de sarampión en países europeos el pasado verano34; hay una cierta desconfianza en el conocimiento científico que aparece como cambiante y superado con cada nuevo descubrimiento35. En el caso específico de la COVID-19, esos dos escenarios nos van a dar situaciones de confianza distintos. Por un lado, las primeras vacunas que se pongan en circulación no van a ser, necesariamente, ni las más eficaces ni las más seguras. Esto puede llevar a algunos a dudar de si administrarse o no la vacuna. Por otro lado, en el segundo momento, el de la vacunación masiva, se contará con los datos de eficacia de las vacunas previas y se podrá administrar aquella que tenga mejores datos de seguridad y eficacia, aumentándose también la confianza de la población en las mismas. En los escenarios previamente descritos, nos podemos encontrar con vacunas distintas en países distintos o, incluso, en regiones distintas dentro de un mismo país. Además, la confianza en las vacunas va a depender de cómo evolucionen las fake news que fomentan las teorías de la conspiración en torno a la COVID-19 y en torno a las vacunas frente al virus. Todos estos factores van a afectar en los niveles de confianza/desconfianza de la población hacia las instituciones y hacia las vacunas contra la COVID-19.Go to:

El problema de la confianza institucional

La confianza que la población tiene en los sistemas públicos de salud es un aspecto crítico y afecta al desarrollo y el mantenimiento de la salud y el bienestar individual, comunitario y social. Por ello los profesionales de la salud y, especialmente los políticos, tienen que tomarse en serio el concepto de «confianza institucional»36 si pretenden mejorar tanto el compromiso por la salud entre la población general como sus sistemas de salud pública.

Tanto la literatura teórica como la empírica ponen de manifiesto que las sociedades contemporáneas se encuentran construidas sobre niveles de confianza muy bajos. En nuestras sociedades hay dos tipos de confianza: la interpersonal y la institucional. La confianza interpersonal aparece como el resultado de las interacciones pasadas por las que las personas pueden aprender a tomar decisiones sobre interacciones futuras, es decir, el individuo, a partir de sus experiencias pasadas, aprende a confiar en alguien o no en el futuro. La confianza institucional se refiere a la confianza depositada por las personas en una sistema o institución como un gobierno, un partido político, una organización no gubernamental o una determinada organización pública o privada. La confianza institucional se basa en las experiencias personales, sobre todo en las experiencias negativas que esa persona haya tenido a lo largo de su vida no tanto con la institución, sino con las personas que representan la institución. Las investigaciones demuestran que en situaciones de crisis suele aumentar la confianza interpersonal y disminuir la confianza institucional.

La confianza institucional es uno de los elementos que más preocupan a la hora de llevar a cabo campañas de vacunación masiva, no tanto porque los usuarios desconfíen del sistema público de salud, sino porque desconfían de las recomendaciones de los gobiernos. El mantenimiento de la confianza institucional es fundamental para los programas de inmunización masiva frente a la COVID-19. Un claro ejemplo lo tenemos en los bajos niveles de vacunación durante la pandemia por H1N1. Fue la falta de confianza en las instituciones implicadas en la vacunación durante la pandemia H1N1, la que llevó a un incremento de los escépticos ante la vacunación. Todo esto, junto a las teorías de la conspiración y las especulaciones acerca de que la respuesta a la pandemia por parte de los gobiernos había estado influenciada por los intereses comerciales de las grandes farmacéuticas, provocó un fracaso estrepitoso en los niveles de inmunización de la mayoría de los países.

Está claro que en este tiempo de COVID-19, tanto la confianza interpersonal como la confianza institucional han sufrido cambios. Los estudios señalan un aumento de la confianza interpersonal y una disminución de la confianza institucional durante la pandemia de COVID-19. Es necesario aumentar los niveles de confianza institucional cuando se inicien los procesos de vacunación tanto en el primer momento, de vacunación restringida a grupos de riesgo, como en el segundo momento cuando las vacunas estén disponibles para el resto de la población. La recuperación de la confianza institucional será un elemento clave para conseguir los niveles de vacunación que permitan la inmunidad comunitaria.

Propuestas de acción política

Desde una ética de la primera persona basada en la responsabilidad personal, son necesarios al menos dos cambios antes de que los gobiernos competentes planteen programas de vacunación masiva obligatoria frente a la COVID-19.

El primer cambio es redescubrir el papel protagonista de cada ciudadano en las políticas de prevención y, más concretamente, en las decisiones en materia de salud. No es el gobierno quien tiene que decidir por el individuo, sino que es el propio individuo quien tiene que evaluar si cuando toma la decisión de no vacunarse lo hace con el objetivo de preservar su «salud» y la salud comunitaria. Desde este punto de vista, de una ética de la primera persona, el sujeto comprenderá que es «su responsabilidad moral» vacunarse frente a la COVID-19 porque es un instrumento válido en el objetivo de conseguir el bien «salud» a nivel individual y comunitario.

El segundo cambio se centra en el papel de los gobiernos. Son los gobiernos responsables quienes tienen que promover políticas de prevención basadas en la ética de la responsabilidad individual para obtener un aumento de la confianza institucional y, por tanto, una reducción de la posible desconfianza hacia la vacunación frente a la COVID-19. Está claro que cuando una persona decide no vacunarse no lo hace con la intención de transmitir la enfermedad, sino desde el miedo y la desconfianza a que la vacuna sea útil para su salud. Por eso los gobiernos responsables tienen que poner en marcha una serie de iniciativas encaminadas a reforzar la confianza institucional:

  • -Garantizar una política de información científica correcta sobre la eficacia y seguridad de las vacunas frente a COVID-19. John M. Barry escribía «En la próxima… pandemia, sea ahora o en el futuro, sea el virus leve o virulento, el arma más importante contra la enfermedad será la vacuna. La segunda arma más importante será la comunicación».
  • -Prever la preparación de profesionales sanitarios bien entrenados a la hora de ofrecer la vacunación a los usuarios de los sistemas de salud, especialmente los médicos de familia y los pediatras.
  • -Eliminar las barreras socioeconómicas que permitan el acceso de toda la población al programa de vacunación contra COVID-19.
  • -Preparar un sistema adecuado de control de la enfermedad, tanto a nivel regional como nacional.
  • -Y prever un organismo responsable, a nivel político y científico, de la introducción, distribución y seguimiento en el sistema sanitario público de la(s) nueva(s) vacuna(s) frente a COVID-19, tanto en el primer momento de vacunación de poblaciones de riesgo, como en el segundo momento donde la vacuna esté disponible para el resto de la población.

Todas estas son acciones concretas que proponemos para aumentar la confianza institucional de la población cuando se presenten la(s) vacuna(s) que llegarán contra la COVID-19. Estas medidas ayudarán a cada individuo a asumir su responsabilidad personal, tanto en el primer escenario de vacunación prioritaria (profesionales sanitarios + grupos de riesgo) como en el segundo momento, en la campaña de vacunación masiva. Estas medidas permitirán garantizar los niveles de inmunización necesarios frente a COVID-19 con una vacunación voluntaria”.

Como conclusión, quizá quepa decir que, aunque estén dando alguna vacuna efectos secundarios, hay que considerar que son muy escasos (unos pocos cada miles o millones de habitantes vacunados), y, por tanto, teniendo en cuenta las fatales consecuencias para determinados grupos de población en caso de no ponerse la vacuna y si cogen el virus SARS-COV-2, es más conveniente la vacuna, no ya sólo para estos grupos, sino para la población en general, ya que así se parará la propagación a nivel global de la población y tendremos un aliado frente al virus.

FUENTES:




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