COVID-19, Derecho, Derecho Constitucional, Estados de alarma, excepción y sitio, Pandemias

¿Se debería prorrogar el estado de alarma con las mismas condiciones el 9 de mayo?

En las últimas semanas se han visto posiciones contradictorias en el Gobierno de España, en cuanto a que, por una parte, hay miembros como el Presidente del Gobierno, quien no preveía desde hace tiempo, aunque ha cambiado de parecer, prorrogar el estado de alarma, y otros como la actual Ministra de Sanidad, quien sí lo había previsto.

En primer lugar, se ha de señalar que “la incidencia acumulada sigue creciendo en España, sin embargo, el Gobierno espera que el próximo 9 de mayo termine el estado de alarma, que cumplirá seis meses. Así, se alcanzará un nuevo escenario legal que permitirá salir a la calle a cualquier hora o reunirse más de seis personas en exteriores e interiores. Una nueva realidad más inestable que algunas CCAA piden no alcanzar.

Qué medidas caerán con el fin del estado de alarma

Si no se prorroga, el real decreto del 25 de octubre, el  estado de alarma terminará el próximo 9 de mayo. Una finalización de una situación de emergencia que provocará la caída de cuatro medidas concretas:

1.Toque de queda: la suspensión de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno

2. Cierre perimetral: la limitación de las entradas y salidas de las comunidades autónomas

3. Reuniones: la prohibición de reuniones de más de seis personas tanto en espacios públicos como privados.

4. Aforos lugares de culto.

Quién tomará las decisiones sobre la pandemia tras el estado de alarma

Una vez que decaiga el estado de alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están representados el Ministerio de Sanidad y también los consejeros de las CCAA, será el encargado de tomar las decisiones oportunas sobre la gestión de la pandemia. Lo cierto, las medidas tomadas en este marco son de obligado cumplimiento.

La planificación del Gobierno es que el próximo 9 de mayo esté vacunada el 10% de la población española, unos cinco millones de habitantes. Sin embargo, según el ritmo actual de la estrategia de vacunación a esa fecha todavía no estarán inmunizados los mayores de 70 años o los grupos de riesgo, colectivo donde el coronavirus supone un riesgo mayor. 

Qué medidas restrictivas pueden tomar las CCAA sin estado de alarma

Diversos expertos consultados por Europa Press han indicado que a partir de ese 9 de mayo las comunidades autónomas, aunque se coordinen en el Consejo Interterritorial de Salud, vuelven a la situación anterior al estado de alarma y por lo tanto sólo pueden adoptar medidas ordinarias en materia de sanidad. No obstante, indican que para situaciones graves pueden llegar a limitar derechos fundamentales pero sólo en casos muy definidos e individualizados valiéndose de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986.

Esta ley en su artículo tres señala que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Atendiendo a esto, los expertos indican que sí que podrían verse aun cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como mucho de ciudades, nunca de toda una comunidad autónoma. Además, esos cierres que se adoptarían por decreto tendrían que contar con el aval de los tribunales. De esta forma, señalan que se vuelve a la situación que se vivió el verano pasado, y que las administraciones autonómicas sí que podrían por ejemplo restringir horarios comerciales y de hostelería.

Qué CCAA piden prorrogar el estado de alarma

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha sido uno de los primeros presidentes autonómicos en pedir la prórroga del estado de alarma porque, si no, se vivirá una situación “muy delicada”, con problemas jurídicos para mantener las restricciones y una relajación ciudadana. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urkullu ha advertido de las consecuencias que conllevaría no extender el estado de alarma tras el 9 de mayo. El Lehendakari ha reiterado su “preocupación por cómo se manifiesta esta decisión, si es que se ha adoptado de manera firme y sin vuelta atrás, sin contraste” con los presidentes de las comunidades autónomas, que se han visto “sorprendidos”. Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla y León también mostraron sus reservas ante la no prorroga del estado de alarma.

En el lado opuesto está Navarra, una comunidad con la incidencia acumulada más alta del país. Así, el portavoz del Gobierno de la comunidad, Javier Remírez, ha insistido en que la Comunidad foral tiene “los instrumentos necesarios” para poder tomar medidas para hacer frente al Covid-19 cuando se levante el estado de alarma por parte del Gobierno central. A preguntas de los periodistas, Remírez ha afirmado que hasta el próximo 9 de mayo, cuando el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prevé levantar el estado de alarma, “iremos viendo cómo evoluciona la situación”.

El Gobierno prorrogará el estado de alarma si lo sugieren los expertos

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el lunes que la previsión del Ejecutivo sigue siendo la de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo y que, en todo caso, si decidiera hacerlo, sería porque así lo recomiendan los expertos y no porque las comunidades autónomas “presionen o no”. Asimismo, ha vuelto a defender que no es necesario reformar ninguna ley para que los Gobiernos autonómicos hagan frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma, porque ya “existe una legislación ordinaria suficiente” que les habilita para poder decretar la “suspensión local muy limitada de derechos fundamentales en algunos entornos, siempre y cuando sea validado por los tribunales”.

En segundo lugar, se ha de indicar que “la opción más clara de Pedro Sánchez sería no ampliar el estado de alarma, algo que, con la situación sanitaria que se prevé en las próximas semanas está muy complicado.

La otra opción del presidente Sánchez sería prorrogarlo. Para ello, el Gobierno de coalición que forman PSOE y Unidas Podemos tendría que buscar apoyos. El Gobierno empezó salvando las prórrogas con mucha holgura (321 votos) aunque la última se salvó por muy poco: PSOE y Unidas Podemos obtuvieron 177 síes.

Pedro Sánchez durante un pleno en el Congreso / RTVE.es
Pedro Sánchez durante un pleno en el Congreso / RTVE.es

La tensión electoral del 4M complica la decisión de prorrogar el estado de alarma

Las campañas electorales nunca vienen bien. Especialmente para todo aquello que tenga que ver con negociaciones entre partidos diversos, empeñados en el tiempo que dura la contienda en acentuar todo lo que les separa, y especialmente reacios a acuerdos que le sitúen, a un paso de las urnas, en el lugar en el que no quieren que les vean sus electores.

Ahora, a Pedro Sánchez se le avecina un problema con la renegociación del estado de alarma, si es que pretende que se amplíe. Lo tendrá que gestionar en plena campaña en Madrid.

Si antes ya era difícil un entendimiento sobre si era adecuado o no extender medidas que afectan a derechos y libertades, lo será más aún en plena batalla… electoral.

El Sí o NO depende de lo que se juegue cada partido en sus respectivos territorios

UP tiene a su líder de campaña en Madrid. Pablo Iglesias, se encuentra centrado en una batalla de cuerpo a cuerpo con la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, que según las últimas encuestas de intención de voto va directa a la mayoría absoluta.

En Cataluña, ERC se encuentra con dificultades para formar el Govern con Junts en la oposición. Además, Ciudadanos se encuentra en sus horas más bajas con devoluciones de actas y una fuga de candidatos al PP. El último en sumarse a esta ola ha sido Toni Cantó, que se ha unido como independiente a la candidatura de Ayuso y será el número 5″”.

Pero, a pesar de lo dicho en este segundo punto, cabe destacar que la falta de responsabilidad por parte de los ciudadanos hace necesario que las autoridades tomen medidas drásticas como las que se vienen tomando, debido a que los ciudadanos siguen sin ser conscientes, ante los bandazos dados por las autoridades, de la situación en que estamos, actuando de forma pésima ante el virus.

En tercer lugar, se ha de señalar que, “tras 15 meses viviendo de manera intermitente ordenados por normas propias del derecho de excepción, con limitaciones en nuestros derechos fundamentales, el próximo 9 de mayo decaerá el estado de alarma vigente y se abre el interrogante de cuáles son las normas que podrán permitir a las distintas Comunidades Autónomas imponer las medidas que estimen oportunas para contener la propagación de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Desde un punto de vista jurídico parece que el quid de la cuestión está en determinar qué normas pueden seguir amparando las medidas limitantes de nuestros derechos fundamentales en una situación de pandemia que se va a prorrogar aún más en el tiempo.

La mejor respuesta jurídica para combatir la pandemia es a todas luces desconocida (disculpen la honestidad). Además, dependerá de las autoridades políticas encargadas de adoptarla que, eso sí, entiendo que atenderán, en todo caso, a criterios epidemiológicos. Y, si no es demasiado pedir, a los principios de proporcionalidad y de necesidad. Esto es, tratando de minimizar las limitaciones de nuestros derechos fundamentales y con una relación directa entre dichas limitaciones y la contención de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Únase y apueste por información basada en la evidencia.

Volviendo la vista al ordenamiento jurídico, vamos a tratar de plantear algunas opciones que, al menos, esbocen caminos a tomar a partir del 9 de mayo, si no antes.

¿Decretar otro estado de alarma?

Primero, ¿se debe decretar un nuevo estado de alarma o dejar la respuesta en manos de las Comunidades Autónomas? Ambas opciones son posibles. El artículo 116.2 de la Constitución y el artículo 4 de la LOAES habilitan al Gobierno para decretar un nuevo estado de alarma.

Sin embargo, por las declaraciones que ha emitido el Gobierno en las últimas semanas, parece que no se va hacer uso de esta figura porque entiende que el ordenamiento jurídico permite adoptar medidas limitantes para la contención de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2 sin necesidad de declarar un nuevo estado de alarma.

En el ámbito autonómico, el presidente de cualquier Comunidad Autónoma que entienda que concurre alguna de las alteraciones graves previstas en el artículo 4 de la LOEAS, que afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de su Comunidad Autónoma, podrá solicitar del Gobierno la declaración del estado de alarma.

Debe prevalecer el Estado de derecho

La LOAES no ha sido modificada desde su entrada en vigor el 6 de junio de 1981 y, como este escenario de excepción se alarga en el tiempo, se corre el riesgo de incurrir en situaciones extrajurídicas. Como sucedió, por ejemplo, cuando las elecciones autonómicas vascas y gallegas convocadas para el 5 de abril de 2020 quedaron sin efecto por decreto de sus respectivos presidentes.

El Estado de derecho debe prevalecer. La LOAES podría reformarse, por un lado, para reforzar los controles que deba ejercer el Congreso de los Diputados durante el estado de alarma y, por otro lado, para potenciar los controles que pudieran ejercerse sobre los mismos presidentes autonómicos como autoridades solicitantes y autoridades delegadas.

Resulta más complejo articular la capacidad de declaración por parte de los ejecutivos autonómicos ya que la Constitución no permite tal posibilidad y, además, parece querer circunscribir la responsabilidad y el control a las instituciones estatales nacionales.

Como se ha dicho, la posible reforma de la LOAES no parece ser la línea prioritaria del legislativo. Quizás nos aporte algo de luz para su interpretación, cuando llegue, la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelva el recurso de inconstitucionalidad, promovido por Diputados del Grupo Parlamentario de Vox, admitido a trámite por la providencia de 17 de noviembre, de parte del articulado de los reales decretos de declaración y prórroga del estado de alarma en vigor.

Legislación de emergencias sanitarias

Dejando a un lado la figura del estado de alarma, veamos si es posible utilizar como instrumento jurídico principal la legislación de emergencias sanitarias o, siendo más precisos, de las leyes que permiten abordar, a nivel nacional, la situación de emergencia sanitaria que vivimos. Entre ellas, podemos destacar tres:

  • La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite restringir derechos fundamentales si se cuenta con autorización de un juez para situaciones individualizadas (o individualizables) y justificadas de manera exhaustiva.
  • La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que al no ser una ley orgánica, no permite limitar derechos fundamentales, como es la libertad de circulación de las personas, pero sí habilita a las autoridades a que adopten las medidas preventivas que estimen oportunas.
  • La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que establece que las autoridades podrán adoptar, de manera extraordinaria, aquellas medidas que consideren necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

Bajo el marco de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, se puede limitar la libertad de desplazamiento y circulación de personas por el territorio nacional (artículo 19 de la Constitución) basándose en una causa de emergencia sanitaria, como es la pandemia generada por el SARS-CoV-2.

No obstante, tal limitación deberá justificarse por los poderes públicos y acotarse a quién y por cuánto tiempo se van a aplicar esas limitaciones. Además, para que entren en vigor, dado que se tiene que tratar de una norma “individualizada”, tiene que mediar la autorización judicial pertinente.

De hecho, entre las escasas reformas legislativas sobre el tema que nos ocupa, se puede destacar la de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para que los Tribunales Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional, según proceda, puedan conocer en única instancia los recursos que impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.

La legislación autonómica

Por último: ¿Cómo se puede garantizar un escenario de seguridad jurídica, de control efectivo del poder político y transparencia de las decisiones autonómicas a adoptar para superar crisis sanitarias como la que estamos sufriendo?

El Consejo de Estado emitió un informe el pasado 22 de marzo donde apuntó una posible respuesta a esta cuestión: la declaración o no del estado de alarma no impide que las autoridades sanitarias puedan acordar otras medidas distintas, al amparo de la legislación sanitaria estatal o autonómica.

No obstante, estas medidas nunca podrán ser contrarias al estado de alarma, en caso de que este estuviera en vigor. Y si se tratase de una reforma legislativa autonómica, las Comunidades ostentan una facultad de desarrollo normativo de la Ley Orgánica 3/1986 que en ningún caso puede constituir un desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, reservadas a la ley orgánica (artículo 81 de la Constitución).

Además, la Ley Orgánica 3/1986 contiene una regulación en extremo genérica y no efectúa remisión al legislador autonómico, por lo que puede resultar insuficiente para hacer frente a las necesidades de las autoridades sanitarias competentes, de acuerdo con el principio constitucional de seguridad jurídica”.

Por tanto, estamos en una encrucijada. La verdad es que los españoles están ya cansados de medidas tan restrictivas tomadas al tuntún por el Gobierno de la nación, así como por los bandazos dados desde el primer cierrre decretado el 14 de marzo de 2020. La cuestión es que la situación era de descontrol, pero también hay que destacar que no se producía eso sólo por parte del Gobierno, sino por el hecho de que los ciudadanos españoles siempre hemos sido de saltarnos las normas a la primera de cambio, y no hemos parado de hacer las cosas mal (igual que en otros países del mundo, pero no nos hemos quedado atrás).

En todo caso, si al final no se decreta una nueva prórroga del estado de alarma, lo que se pide a la ciudadanía desde este blog es que actúe con cabeza, utilizando bien la mascarilla, no haciendo fiestas ilegales, no agrupándose más de lo necesario y llevando a cabo actuaciones cívicas legales.

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