COVID-19, Derecho, Derecho penal, Pandemias

Los delitos relacionados con el COVID

Desde que comenzó la pandemia, se han impuesto muchas sanciones administrativas, pero también se puede afirmar la constitución de conductas delictivas e algunas formas de actuar de los ciudadanos desde el inicio de la pandemia.

En primer lugar, en cuanto a las posibles actuaciones penales que se han cometido desde el inicio de la pandemia, se pueden destacar las siguientes:

PDELITO DE LESIONES POR IMPRUDENCIA GRAVE (a causa del contagio): El artículo 152 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) establece que quien por imprudencia grave causare un menoscabo en la integridad física o salud mental de una persona, en atención al riesgo creado y el resultado producido, se le impondrán penas de tres meses a tres años de prisión y de tres a seis meses de multa.

Por ejemplo, se considera conducta negligente o imprudente cuando una persona portadora de coronavirus, sabiendo que tiene la enfermedad, no adopta medidas para evitar contagiar a otras personas.

DELITO DOLOSO DE LESIONES: El artículo 147 del CP (LA LEY 3996/1995) señala que quien por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mentalserá castigado con pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico (en caso contrario, la pena será de multa de uno a tres meses).

Estos delitos los puede cometer tanto una persona particular como una empresa o administración, por no adoptar medidas suficientes para evitar el contagio, por ejemplo, de enfermos en hospitales o residencias.

DELITO DE ATENTADO A LA AUTORIDAD: (artículo 550 CP (LA LEY 3996/1995)) quien agrede o se opone (con intimidación grave o violenciacon resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometiera, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Está castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad, y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

DELITO DE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIAA LA AUTORIDAD: (artículo 556 CP (LA LEY 3996/1995)) es castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, a quien, sin estar comprendido en el artículo 550, se resiste o desobedece gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La desobediencia exige una orden legítima de la autoridad (o sus agentes), dirigida clara y personalmente a quien incumple las medidas, pudiendo cumplir dicha orden, y con apercibimiento de las consecuencias de desobedecer.

Cuando alguien que no porta la mascarilla o no cumple medidas de prevención y sanitarias se niega al cumplimiento de las órdenes de los/las agentes de la autoridad, puede llegar a constituir un delito cuando es una desobediencia grave.

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA:

En España las conductas relacionadas con la propagación de enfermedades y epidemias no están tipificadas como delitos contra la salud pública. Las autoridades judiciales las reconducen a través de los delitos de lesiones cuando provocan daños. De hecho, la jurisprudencia ha dictado sentencias condenando la propagación maliciosa o imprudente del virus VIH como delito de lesiones.

Más bien, podríamos hablar, además, de existencia de infracciones contra la normativa sobre salud pública.

Sí podrían ser delitos contra la salud pública cuando las conductas, relacionadas con el Covid-19, encajen en algunas de las siguientes (artículos 359 a (LA LEY 3996/1995)378 del CP (LA LEY 3996/1995)):

Elaboración de sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos.

Elaboración de medicamentos o productos sanitarios sin autorización.

Distribución de medicamentos sin autorización.

Elaboración de documentos falsos relacionados con medicamentos o productos sanitarios.

Tráfico de estupefacientes o de precursores de drogas y sus actos preparatorio”.

En segundo lugar, también se ha de destacar que “adoptar medidas de prevención, como extremar la higiene y evitar las concentraciones multitudinarias en sitios cerrados, no es sólo una cuestión de salud; en caso de dar positivos en las pruebas del Covid-19 y provocar un contagio de manera intencionada o porque no se han tenido en cuenta unos mínimos cuidados para evitar transmitir el coronavirus, puede ser considerado delito y castigado con penas o multas en función de la gravedad de la lesión ocasionada.

El artículo 152 del Código Penal, en el capítulo dedicado al delito de lesiones, la ley establece que quien «por imprudencia grave causare» un menoscabo en la integridad física o salud mental de una persona «en atención al riesgo creado y el resultado producido» se enfrentará a penas que van desde los tres meses a los tres años de prisión y de los tres a los seis meses de multa. Según fuentes judiciales consultadas por ABC, aquí se circunscribirían las conductas negligentes, aquellos portadores de coronavirus que sabiendo que tienen la enfermedad, no adoptan medidas para evitar contagiar a otras personas.about:blankPUBLICIDAD

Los contagios de manera dolosa encajarían en el artículo 147, que señala textualmente que quien «por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental» puede ser condenado. Si bien, la ley diferencia a la hora de fijar la pena entre las lesiones que requieren «objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico». Y en este punto, el legislador ha dejado fuera aquellas dolencias a las que sólo se les aplica «una simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión». Estas últimas tendrían una pena inferior, de uno a tres meses de multa.nullEstos delitos no se limitan a la esfera privada o individual. También hay pronunciamientos judiciales que castigaron a la administración porque no adoptó medidas suficientes para evitar el contagio, por ejemplo, de enfermos en hospitales

Hay una asentada jurisprudencia sobre los contagios de enfermedades, que fueron materia de procedimientos judiciales a raíz de denuncias de personas afectadas a las que les transmitieron un virus. Es el caso, por ejemplo, del SIDA. Hay sentencias que condenan a portadores que infectaron a sus parejas y también dictámenes absolutorios. La clave está en la conducta del portador del virus, que debe tener intención de transmitirlo y no adoptar «los exigibles deberes de cuidado». Sirva de ejemplo el pronunciamiento del Tribunal Supremo de una causa iniciada en 2006 en Madrid, en el que una mujer denunció a su expareja por haberla contagiado el SIDA. Supo de su enfermedad cuando al nacer la hija de ambos, la bebé tuvo que ser ingresada a los dos meses de vida. La progenitora le había transmitido el virus durante el parto.

La Audiencia Provincial sentenció a favor del acusado en primera instancia porque consideraba que había tomado las medidas oportunas de cuidado al usar preservativo en sus relaciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esa decisión, recordando que los preservativos se rompieron en varias ocasiones y a pesar de eso, prosiguió manteniendo relaciones sin añadir más medidas de prevención. En otro procedimiento, el TS confirmó nueve años de cárcel en 2017 a un hombre que ocultó su enfermedad a su pareja, a la que acabó infectando.

Y en la empresa

Estos delitos no se limitan a la esfera privada o individual. También hay pronunciamientos judiciales que castigaron a la administración porque no adoptó medidas suficientes para evitar que, por ejemplo, un paciente se contagiera de una enfermedad mientras estaba ingresado en un hospital público.

En cuanto a la posible responsabilidad de las empresas que no adopten medidas si se registran positivos en sus plantillas, el letrado Francisco de Borja Ortas, detalla que es posible imponer sanciones a una empresa cuando no se lleva a cabo las medidas oportunas tendentes a evitar el riesgo de contagio de coronavirus, y ello conforme «a la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social o el Real Decreto-legislativo 5/2000, que establece esa infracción como la falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. No podemos olvidar que el deber general de prevención de riesgos está a cargo del empleador»”.

Dicho de otro modo, “para entender verdaderamente a qué hace referencia este capítulo del Código Penal basta con acudir a las interpretaciones jurisprudenciales y ver cómo distinguen dos grupos bien distintos en relación a las acciones lícitas contra la salud pública.

En primer lugar se encuentran los delitos contra la salud pública relacionados con el comercio, que aparecen desde el artículo 359 del Código Penal hasta el 367. En este caso se repasan situaciones de dopaje deportivofraudes alimentariosdistribución o elaboración de medicamentos sin una autorización o la confección de sustancias nocivas para la salud así como de productos químicos peligrosos. 

En segunda instancia aparecen aquellos delitos contra la salud pública que guardan relación con el tráfico de drogas, que suponen los artículos restantes, desde el 368 a 378. De tal manera que se menciona al tráfico de estupefacientes, al cultivo y elaboración de drogas, o a aquellas organizaciones delictivas que operan con estos productos o sustancias. 

Este análisis confirma que el hecho de estar enfermo y salir a la calle no es un acto constitutivo de delito. Es más, el propio Gerson Vidal recomienda pensar “en quien antes de la pandemia salía a la calle con gripe, o incluso con otro tipo de enfermedades como la tuberculosis o la varicela” y recuerda que “por mucho que pueda resultar contagioso para otras personas no es un acto constitutivo de delito contra la Salud Pública”. 

Por último, llama la atención cómo en otros países de habla hispana, sin embargo, sí consideran aquellas conductas relacionadas con la propagación de enfermedades y epidemias como delitos contra la salud pública. Así es el caso concreto de México, Colombia, Argentina o Perú. Mientras tanto, en España estas situaciones se zanjan con una multa o infracción administrativa.

En tercer lugar, hay que diferenciar las conductas delictivas descritas más arriba de las meras infracciones administrativas, las cuales son:

“Obligación de llevar mascarilla. No llevar la mascarilla, puede ser una infracción, dependiendo de cada caso:

· Si la policía intercede para que las personas cumplan con la obligación de llevar la mascarilla y, aun así, dichas personas no cumplen, se le procederá a tomar los datos para imponer una denuncia que según el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, supondría una infracción grave y la multa podría ascender desde los 600€ a los 30.001€

Las distintas Comunidades Autónomas están estableciendo sus propias normas en sus territorios que establecen una sanción diferente frente a los incumplimientos de las medidas de prevención y control para hacer frente a la propagación de la Covid-19.

Obligación de confinamiento por dar positivo en Covid-19. Si has dado positivo en la prueba de Covid-19 y te saltas el confinamiento obligatorio, puede ser una infracción administrativa, pero por otra parte, la Ley establece que debe ser el juzgado el cual, se encargue de adoptar las medidas convenientes en cuanto a la privación de libertad para mantener a salvo la salud pública. Si la persona se salta la orden judicial puede estar cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad y se tomarán otra serie de medidas comentadas anteriormente”.

En cuarto lugar, en cuanto a los delitos contra la salud pública, hay que destacar que “un año que ha dado para poder ver y oír en los medios de comunicación todo tipo de noticias relativas a la COVID-19 y a los comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico de las personas infectadas por el virus o los comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico de personas asintomáticas o incluso inmunes, un año de incertidumbre vital y jurídica.

Muchos se hicieron la pregunta en los primeros meses después de la declaración del estado de alarma, sobre qué pasaría con una persona que sabiéndose contagiada, sabiéndose enferma subiera a un avión, subiera a un tren o se metiera en un supermercado.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3909010508194739&output=html&h=280&adk=4156652358&adf=2421326267&pi=t.aa~a.1111628277~i.15~rp.4&w=594&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1619761478&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2990857116&psa=1&ad_type=text_image&format=594×280&url=https%3A%2F%2Fwww.economistjurist.es%2Farticulos-juridicos-destacados%2Fcomportarse-contra-de-las-medidas-covid-19-no-es-delito-contra-la-salud-publica%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=149&rw=594&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1619760524508&bpp=14&bdt=5715&idt=14&shv=r20210428&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc883517367a00b2c-2279ee1cb8a70031%3AT%3D1619760522%3ART%3D1619760522%3AS%3DALNI_MZOTg3CR7jVMS-tpE925bHY_Jz2QA&prev_fmts=0x0%2C594x149%2C594x280%2C1080x124&nras=4&correlator=6730169588573&frm=20&pv=1&ga_vid=888131516.1619760521&ga_sid=1619760523&ga_hid=1275361592&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_java=0&u_h=1080&u_w=810&u_ah=810&u_aw=1080&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=337&ady=3088&biw=1080&bih=707&scr_x=0&scr_y=88&eid=182984000%2C182984200%2C44739538&oid=3&psts=AGkb-H-X9jmrsSMUSKhpn41QOksCrsRlQpEO5o-Mf1GiTCjbphGk4_p6OR-XP1RZQhWhNxPFUUQ5Hc9bQxZYereWPcUcUGB44jZ8L-xUoQ0%2CAGkb-H-uH8r7AC_K52dKD-_rRvRPThqd4qDfRj3hV8XJZ4ck3KFx6Qdgu-MorIr6J6a7umlM31sa9w04L_WlLg%2CAGkb-H8lOz3shVGDEvp5kzqEidvOsbnyfvkimHLKhCITH8yixS7o4I5uWas3pH6tCotCRjnR73XRZr_l1V0zrQ&pvsid=1076308431903000&pem=216&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1080%2C0%2C1080%2C810%2C1080%2C771&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=4&fsb=1&xpc=l3vdAUMcKs&p=https%3A//www.economistjurist.es&dtd=M

Y no han sido pocas las veces que he leído y oído que podría estar cometiendo un delito contra la salud pública. Pues NO, podría cometer cualquier delito menos un delito contra la salud pública.

Una cosa es que se pretenda proteger la salud pública, la salud y laintegridad colectiva e individual, a la hora de castigar una conducta como la descrita y otra muy diferente es que el Código Penal incluya dentro de las conductas castigadas la propagación del virus a sabiendas, es decir, intencionadamente, con dolo o por imprudencia grave.

No hay precepto del Código Penal que contemple esta conducta, pues los delitos contra la salud pública son los relacionados única y exclusivamente con:

  • Elaboración de sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos.
  • Elaboración de medicamentos o productos sanitarios sin autorización.
  • Distribución de medicamentos sin autorización.
  • Elaboración de documentos falsos relacionados con medicamentos o productos sanitarios.
  • Tráfico de estupefacientes o de precursores de drogas y sus actos preparatorios.

¿Qué ocurre entonces con esas conductas en las que una persona enferma de COVID-19 a sabiendas de que esto pude ocasionar un contagio a varias personas, alguno de los cuales acabe en una muerte?

El Código Penal contiene preceptos dónde esta conducta puede llegar a ser castigada como delito, que son los delitos de lesiones y el delito de homicidio. Ambos delitos pueden ser cometidos por imprudencia grave, y el de lesiones incluso por imprudencia menos grave.

Estaríamos ante un caso de culpa consciente cuando el contagiado, cree que, llevando mascarilla, guantes, no aproximándose a nadie a menos de dos metros y no hablando con nadie, el resultado no se producirá, aunque es consciente que podría ocurrir, no lo acepta pues entiende que con esas medidas no va a contagiar a nadie.

No hay jurisprudencia sobre casos de contagios doloso o imprudente del SARS COV II, las sentencias que podrán ser más parecidas son las condenas por delito de lesiones por haber transmitido el VIH o virus del SIDA a otra persona, siendo necesario recordar que para ello debe existir una relación causa-efecto perfectamente definida.

Y por otro lado que debe probarse es la autoría del hecho, pues en caso contrario el principio de presunción de inocencia operaría inexorablemente. Debemos recordar que el derecho penal es la última ratio, es la última jurisdicción que interviene en caso de infracción de normas, y que en estos casos solo las conductas más graves escaparían a la sanción administrativa para adentrarse en la sanción penal.

Siendo doctrina consolidada y recogida en la reciente STS 182/2021 de 3 de marzo, (ponente Don Vicente Magro Servet), que la prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos del tipo delictivo pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3909010508194739&output=html&h=280&adk=4156652358&adf=187387622&pi=t.aa~a.1111628277~i.45~rp.4&w=594&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1619761504&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2990857116&psa=1&ad_type=text_image&format=594×280&url=https%3A%2F%2Fwww.economistjurist.es%2Farticulos-juridicos-destacados%2Fcomportarse-contra-de-las-medidas-covid-19-no-es-delito-contra-la-salud-publica%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=149&rw=594&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1619760524740&bpp=13&bdt=5947&idt=14&shv=r20210428&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc883517367a00b2c-2279ee1cb8a70031%3AT%3D1619760522%3ART%3D1619760522%3AS%3DALNI_MZOTg3CR7jVMS-tpE925bHY_Jz2QA&prev_fmts=0x0%2C594x149%2C594x280%2C1080x124%2C594x280%2C594x280%2C594x280&nras=7&correlator=6730169588573&frm=20&pv=1&ga_vid=888131516.1619760521&ga_sid=1619760523&ga_hid=1275361592&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_java=0&u_h=1080&u_w=810&u_ah=810&u_aw=1080&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=337&ady=6265&biw=1080&bih=707&scr_x=0&scr_y=3353&eid=182984000%2C182984200%2C44739538&oid=3&psts=AGkb-H-X9jmrsSMUSKhpn41QOksCrsRlQpEO5o-Mf1GiTCjbphGk4_p6OR-XP1RZQhWhNxPFUUQ5Hc9bQxZYereWPcUcUGB44jZ8L-xUoQ0%2CAGkb-H-uH8r7AC_K52dKD-_rRvRPThqd4qDfRj3hV8XJZ4ck3KFx6Qdgu-MorIr6J6a7umlM31sa9w04L_WlLg%2CAGkb-H8lOz3shVGDEvp5kzqEidvOsbnyfvkimHLKhCITH8yixS7o4I5uWas3pH6tCotCRjnR73XRZr_l1V0zrQ%2CAGkb-H-GdPzgro0cHGSSagWq7iw1RrdVawKmEj6kDxyur6heLWuxPu847Bvvp3jfUi288x7B1uPqY6kpwNMFBA%2CAGkb-H_lSQrxUasqJlrI8Uyvh30qjLZf46MMsc3GHV4R24-S24-wmkJ_Sfu16qalHMkMWinz_LAVf8xv6f5XZQ%2CAGkb-H-7aP1gcob-k-0f4NGeZ4KU3t43tflSJ1AyRR7foO_PKh6qRjWN9x7dsSgGmErlctYMO30PhsnCO40&pvsid=1076308431903000&pem=216&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1080%2C0%2C1080%2C810%2C1080%2C771&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=7&uci=a!7&btvi=7&fsb=1&xpc=GSu9W3EqGy&p=https%3A//www.economistjurist.es&dtd=M

Es importante conocer que los elementos del delito no se pueden presumir, hay que probarlos y es necesario conocer que los delitos relacionados con este tipo de conductas no son delitos contra la salud pública, por mucho que se repita en algunos foros”.

Para aclarar esto más, se ha de señalar que “el abogado especialista en derecho penal, Gerson Vidal Rodríguez, con despacho en Valencia, explica cómo funciona el sistema de justicia penal español y aclara que “rige el principio de tipicidad”, de modo que “tan solo pueden resultar delictivas aquellas conductas que se encuentren expresamente previstas en el Código Penal” y ello “con independencia de que la conducta a tratar nos resulte rechazable o censurable”.

Aclarado este matiz, el letrado valenciano recalca que “en ningún caso saltarse una cuarentena administrativamente declarada, aun cuando uno esté infectado de Covid-19, se configura como un delito contra la Salud Públicarecogido en el Capítulo III, Título XVII, del Código Penal”. Esto quiere decir que repasando uno a uno los artículos del Código Penal relativos a la Salud Pública, que van desde el 359 hasta el 378, en ninguna de las conductas que vienen tipificadas como delito se recoge la acción de desobedecer una cuarentena médica o la de salir a la vía pública estando infectado por una enfermedad vírica

Por tanto, queda libre de toda duda esta situación y el propio Gerson Vidal asegura que “es así de simple” y que por tanto “no hay debate posible”. No obstante, cabe aclarar qué tipos de delitos contra la salud pública existen y a qué alude exactamente este tipo penal que se utiliza tan frecuentemente en la actualidad”.

Esperamos que este artículo sea de utilidad y aclaración para los lectores.

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