Abogacía, COVID-19, Derecho, Derecho penal, despachos de abogados, Estado de Derecho, Pandemias

¿Es conciliable la “patada en la puerta” que pretenden algunos partidos políticos para evitar fiestas ilegales?

Hace varios días, tras la entrada de la policía en un domicilio para evitar una fiesta ilegal bajo pretexto de la pandemia y de un “delito flagrante”, y ampliando lo dicho en una entrada anterior, cabe estudiar detenidamente las medidas que se impusieron sobre esta medida quizá desproporcionada.

En primer lugar, se ha de señalar que “si de algo ha servido esta pandemia, ha sido para ser testigos de cómo conceptos jurídicos que todos los juristas creíamos asentados y asumidos, tanto por los ciudadanos como por el Poder, han sido cuestionados de la forma más brutal.

Muchos han sido los ejemplos que podríamos nombrar ahora. Para empezar, el encierro total al que nos vimos sometidos varios meses desde mediados de marzo del año pasado, cuando la COVID nos golpeó como nunca un virus lo había hecho en el último siglo. Todos sabíamos que el Estado de Alarma que fue decretado como paraguas legal del confinamiento absoluto, tal y como está configurado en la Ley 4/1981, no era suficiente para privarnos del derecho a la libertad deambulatoria y de otros derechos fundamentales del núcleo duro constitucional (Sección Primera, Capítulo Segundo, Título Primero), como el derecho de reunión, pero lo asumimos en un pacto tácito de silencio porque éramos conscientes de que solo una medida tan extrema sería capaz de dar freno a la cascada incesante de muertes, partiendo de una norma desactualizada que prácticamente nunca había sido aplicada. Tragamos con aquello porque pensamos que no había más opción.

Este punto de partida supuso el primer ladrillo de una pendiente peligrosamente resbaladiza que ha llegado a su máximo exponente con los últimos episodios en los que la fuerza policial ha echado puertas abajo de moradas cuando se estaba celebrando una fiesta ilegal por incumplir las normas sanitarias de prevención del coronavirus.

Esta práctica, según los medios avalada por el Ministerio del Interior, implica un atentado contra el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, que nos coloca en el borde de convertir a España en un Estado policial.

Conocido por todos, el artículo 18.2 de la Constitución (perteneciente al mismo grupo de derechos fundamentales mencionado) consagra que ninguna entrada o registro podrá hacerse en un domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

La fuerza actuante, tras haber empleado un ariete para entrar en una vivienda, ha alegado que lo ha hecho porque, o bien el espacio no era “domicilio” a efectos del artículo 18.2 (se trataba de pisos de alquiler turístico), o bien que se estaba cometiendo un delito flagrante.

En relación con lo primero, olvidan una doctrina constitucional que conoce hasta un alumno de primero de Derecho. Como ha venido reiterando el Tribunal Constitucional desde su Sentencia núm. 22/1984, de 17 de febrero, “el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima“, lo que incluye chabolas, caravanas, roulottes, tiendas de campaña, reboticas de farmacias, aseos públicos, habitaciones de hotel, y, por supuesto, pisos de uso turístico, al ser todos ellos lugares donde se desarrollan actividades que afectan a la intimidad de las personas.

En lo relativo a lo segundo, ¿de qué delito flagrante se habla? Desde luego, la celebración de un encuentro entre amigos incumplidor de normas sanitarias, en tanto y en cuanto no lo prevea como tal el Código Penal, no es ningún delito. Sería constitutivo, en su caso, de una infracción administrativa, por la que, desde luego, no se puede limitar el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Es alarmante como en 2021 tenemos que seguir aclarando que no toda ilegalidad es delictiva. Hay ilícitos civiles, laborales, administrativos, y, finalmente, penales. Solo los atentados más graves contra los bienes jurídicos más importantes, pueden ser delito. Se llaman principios de mínima intervención y fragmentariedad, y presiden, casi más que ningún otro (aunque cada vez menos dado el populismo punitivo que nos invade), la articulación de nuestro Derecho Penal.

Se hace mención entonces al delito de desobediencia grave del artículo 556 del Código Penal, por haberse, los inquilinos del piso, negado a identificarse de forma contumaz y reiterada.

Tres son los elementos que según la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo vertebran el delito flagrante: la inmediatez de la acción delictiva, la inmediatez de la actividad personal, y la necesidad de urgente intervención policial por el riesgo de desaparición de los efectos del delito.

Una vez que el ocupante del inmueble se ha negado a identificarse en repetidas ocasiones, el delito de desobediencia está consumado, por lo que ninguna urgencia existe en la entrada en la vivienda. Ninguna diferencia existirá en cuanto a la persecución del delito y la detención del presunto infractor entre que la misma se practique inmediatamente o quince horas más tarde. Ahora, la imposibilidad de la policía, por falta de medios, de esperar fuera de la morada quince horas a que salgan de ella los que desobedecieron, como apuntaba mi amigo Judge the Zipper, no puede ser nunca justificación para la restricción manifiestamente desproporcionada de derechos fundamentales”.

En segundo lugar, se ha de señalar que “el estado de alarma a causa de la pandemia supone una situación del estado de derecho excepcional. En este marco, el Estado puede derogar ciertos derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de movimiento, con el fin de proteger el bien común, en este caso, la salud pública.

En el caso de las intervenciones policiales, la pandemia plantea un nuevo paradigma a causa de las fiestas ilegales que ponen en peligro la salud pública. En las últimas semanas, los agentes policiales ha intervenido varias concentraciones de personas no convivents para ser potenciales focos de rebrote.

Más concretamente, el Ministerio del Interior habría autorizado a la policía entrar en los domicilios sin el consentimiento judicial, aferrándose a un supuesto vacío legal en la ley. El pasado 22 de marzo la policía intervino una fiesta ilegal en el barrio de Salamanca, en Madrid. Al negarse a abrir la puerta a los agentes, la policía procedió a abrir la puerta y detener a uno de los asistentes y al titular de la vivienda, considerando que estaban cometiendo un “delito grave de desobediencia” porque no quisieron identificarse. En este sentido, la policía alegaba estar actuando según la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza. https://www.dailymotion.com/embed/video/x80aa1l

La grieta legal

A pesar de eso, el supuesto mecanismo legal que facilitaría este tipo de actuación policial ha quedado obsoleto escasos días después de estos hechos. Después de la detención del 22 de marzo, el juez absolvió al titular de la vivienda para considerar que negarse a identificarse ante de las fuerzas de seguridad no constituye un delito de desobediencia grave, sino una infracción administrativa.

Las actuaciones policiales de esta naturaleza han despertado una ola|oleada de críticas por|para su inconstitucionalidad. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha retrocedido ante la controversia, derogando el control de las fiestas ilegales a la Policía Municipal.

Según El País, los policías de la actuación del 22 de marzo operaron de esta manera bajo la orden de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, desde la cual se les instó a “establecer los dispositivos operativos necesarios, para asegurar, el cumplimiento de las medidas y recomendaciones.” Por el contrario, Interior ha negado rotundamente haver dado esta orden. Un portavoz policial ha explicado que la entrada en el domicilio fue “una decisión que tomó el policía según su criterio personal y profesional.”

Por su parte, Justicia Policial (Jupol) y el Sindicato Unificado de Policia (SUP) han salido a defender las actuaciones policiales. Carlos Morales, portavoz del SUP, ha argumentado que la polémica busca “demonizar el trabajo policial sin conocer las circunstancias… disculpando la actitud de los que precisamente y de manera egoísta nos ponen en peligro en todos en plena pandemia”.

Las preocupaciones de los juristas

La ley mordaza española, que fue gravemente criticada la semana pasada por el Consejo de Europa, despierta las preocupaciones de muchos juristas, que ven peligrar el Estado de Derecho y las libertades fundamentales a causa de la pandemia.

Según la ley vigente, la policía no puede entrar en un domicilio sin una autorización judicial expresa o el consentimiento del titular. La entrada forzosa en el domicilio sólo se prevé en los casos donde se está cometiendo un “delito flagrante” o se está a punto de cometer, con el fin de prevenirlo.

Además, para poder intervenir, la policía tiene que contar con una causa justificada, como la protección de una víctima o la reunión de pruebas. En el caso de las fiestas ilegales, en el momento que la policía quiere intervenir, el ‘delito’ ya está cometido, y por lo tanto la intervención policial podría no estar justificada”.

En tercer lugar, y recordando los hechos que han producido esta oleada de datos, cabe recordar que “el pasado 21 de marzo, en torno a la una de la madrugada, seis Agentes de la Policía Nacional se personan en una vivienda sita en la calle Lagasca (Madrid), alertados por un vecino, ante la más que plausible celebración por un número indeterminado de personas, de una fiesta en el interior de dicho inmueble. Tras un intercambio de palabras entre los Agentes y el interlocutor del domicilio del que provenían los ruidos, los Policías, ante la negativa de este último a dejarles acceder al interior de la morada, tiran la puerta con un ariete, procediendo a sancionar a las 14 personas que se encontraban en el interior de dicha vivienda por conculcar la Normativa Sanitaria, y deteniendo a 9 de ellas, por la posible comisión de un delito de desobediencia grave, tipificado en el artículo del 556.1 del CP.

Ante la polvareda desatada por la difusión mediática de la noticia, desde fuentes Policiales se destaca que la intervención de los agentes estuvo amparada, en primer lugar, por los artículos 9.2 y 16.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana (también conocida en la jerga popular como “ley mordaza”), que autoriza a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a identificar a las personas cuando existan indicios de que han cometido una infracción, obligando a las mismas a tener que identificarse ante el agente de turno; así como el precepto 16.5 del mismo texto legal, que recoge que en caso de no hacer esto último, podrían incurrir en un delito de desobediencia grave “que posibilitaría su detención”. Los agentes aseguran en los atestados que el delito de desobediencia (al negarse a abrirles e identificarse) se estaba cometiendo de manera “flagrante” y que, por ello, de acuerdo con el artículo 18 de la CE y el 533 de la LECRim decidieron entrar en el piso. Además, supuestamente, en dicho atestado se hace referencia a un oficio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, remitido el pasado 16 de Marzo, en el que se impartían instrucciones a los agentes para “establecer los dispositivos operativos necesarios, para asegurar, el cumplimiento de las medidas y recomendaciones”, por lo que, en un principio, pudiera parecer que tales actuaciones contarían no sólo con el conocimiento sino también con la anuencia de las más altas esferas policiales. A mayor abundamiento, no tardó en sumarse a la polémica suscitada el propio Ministerio del Interior, justificando la entrada a la fuerza de la autoridad policial en ese piso, al tratarse según su criterio personal, de un «inmueble turístico» (extremo que a la postre parece que ha resultado ser incierto), que se destinaba a la celebración de una fiesta, lo que, en su opinión, excluiría el inmueble del concepto de morada, y por tanto, permitiría el acceso de los policías sin orden judicial.

Comenzaremos con el contenido argumentativo del presente artículo, negando la premisa vertida por el Ministerio del Interior, respecto de la falta de la cualidad de morada, que estos imputan a los inmuebles destinados para uso turístico, dado que, desde una óptica penal, nuestra jurisprudencia (Sentencia 587/2020, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo) establece que dicho “concepto subyacente en el artículo 18.2 de la CE ha de entenderse de modo amplio y flexible ya que trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas”, infiriendo, por tanto, que por morada cabe entender cualquier “lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental”, encontrando “la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad, alejadas de la intromisión de terceros no autorizados”, es decir, que de las anteriores notas caracterizantes cabe subsumir en el concepto de morada, sin género de duda alguno, a cualesquier clase de inmuebles turísticos, siempre y cuando en estos se halle una persona residiendo, conforme desde tiempo atrás viene así prescribiendo nuestro Alto Tribunal, aseverando que “las habitaciones de hoteles, pensiones y establecimientos similares, legítimamente ocupadas, constituyen, a efectos constitucionales, domicilio de quien en ellas residan, aunque solo sea temporal o accidentalmente, con la obligada consecuencia de que para llevar a cabo en las mismas las diligencias de entradas y registros, a falta de consentimiento de sus titulares, es precisa la previa autorización judicial” (entre otras muchas, la originaria Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 3 de Julio de 1992).Dicho lo cual y en apoyatura de lo expuesto, la anterior manifestación del Ministerio de Interior se nos antoja inexplicable e irracional, sin que su contenido tenga amparo alguno sobre la motivación de morada, que nuestros Tribunales vienen haciendo de las propiedades destinadas a dichos fines, con independencia de la forma que adopten, ora sea en habitáculos de hoteles o pensiones, ora sea tiendas de campaña o caravanas…

Resta por dilucidar si la invasión del domicilio acometida por la Policía se puede encuadrar en el seno de legalidad, atendiendo a las circunstancias expuestas, y es que, ante la negativa de acceso del titular del domicilio, y en ausencia de resolución judicial que amparase tal proceder, la única causa que les habilitase a penetrar físicamente en la vivienda sería estar en presencia de la comisión de un delito flagrante, entendiéndose como tal, según la definición otorgada por el artículo 795.1.1ª de la LECRim, cualquier ilícito penal que “se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto….” (noción desarrollada con mayor profundidad en la Sentencia 71/2017, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), por lo que el requisito de procedibilidad de esa conducta policial, estriba en discernir acerca de si la reunión de una pluralidad de sujetos que superen la media docena, en una actitud festiva y bulliciosa, a altas horas de la madrugada, puede suponer a todas luces una conducta constitutiva de delito, al amparo de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto Ley 30/2020, de 4 de Agosto, prescribiéndose penas de multa que oscilan desde los 100 a los 3.000 euros, en función de la gravedad de los hechos objetos de sanción. Pues bien, es evidente que tales conductas, por muy reprobables y reprochables que sean, tienen la consideración de meras infracciones administrativas, sin que quepa incardinar a estas bajo ninguna circunstancia, en el ámbito de comportamientos delictuales que pudieren amparar, (dentro del contexto de la flagrancia invocada), la entrada y registro por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de cualquier lugar que constituya morada.

La Autoridad Policial se escuda en recalcar en su atestado, que el delito de desobediencia grave se consumó en su presencia, desde el mismo momento en que tras llamar a la puerta y explicar el motivo de su personación, el titular del inmueble les negó su acceso, pero ello, bajo nuestro punto de vista, no puede ser comprensivo de dicho ilícito penal, habida cuenta de que, como ya hemos explicado, las causas de entrada por tales servidores públicos en el domicilio de un tercero, son restrictivas, limitadas y tasadas (númerus clausus, pues son sólo tres los escenarios que habilitan desde una óptica legal tal proceder, sin que quepa hacer una interpretación en sentido amplio de las mismas, dada la sensibilidad de los derechos que se tutelan), y en defecto de su concurrencia, la negativa cursada frente a los agentes se encuentra perfectamente amparada en derecho”.

En cuarto lugar, se ha de indicar que “la potestad de los agentes para entrar a la fuerza en una vivienda en la que se celebra una fiesta que ahora es ilegal debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus es discutida por las diferentes partes: la policía defiende que se puede entrar en determinadas ocasiones por delito flagrante, lo que ha sido avalado recientemente por dos magistrados madrileños, pero abogados penalistas aseguran que esta actitud va en contra de la Constitución.

El debate ha surgido tras conocerse este lunes que el pasado día 21 una joven fue arrestada junto a otras ocho personas en un piso turístico de la calle Lagasca del distrito madrileño de Salamanca tras negarse a abrir la puerta cuando se celebraba una fiesta, y en el que los agentes de Policía Nacional acabaron entrando forzando la puerta.

Al ser arrestada la joven solicitó un habeas corpus para ser puesta de inmediato ante el juez de guardia al considerar que su detención era ilegal, y en el auto el magistrado concluye que la detención fue ajustada a derecho por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad.

El auto detalla que en la fiesta -que tenía lugar en un piso del número 18 de la calle Lagasca- participaban personas no convivientes, lo que no está permitido actualmente, y tras negarse a identificarse varias veces los agentes «procedieron a abrir desde fuera» al «existir indicios de una infracción administrativa tanto por las restricciones establecidas por al autoridad gubernativa, como por la infracción a las órdenes municipales».

Añade que la detenida, sin perjuicio de lo que determine luego la instrucción sobre el altercado, «sabía y conocía que los funcionarios que se identificaban como policía pertenecían a ese cuerpo», que «su presentación en el domicilio de la calle Lagasca fue derivada de la existencia de una reunión prohibida por ley», y también «conocía su obligación de identificarse al ser requerida para ello».

Esta resolución judicial se suma a otra dictada también la semana pasada en la que el magistrado que celebró un juicio rápido a dos detenidos en una fiesta ilegal que se celebraba también en un piso del barrio de Salamanca -en este caso alquilado- absolvió a una de ellos y condenó a otro por atentado a agente de la autoridad sin entrar a valorar que los agentes habían entrado forzando la puerta.

Estos agentes explicaban en su atestado que entraron así ante «un delito flagrante de desobediencia grave o resistencia a los agentes».

Fuentes de la Policía Municipal de Madrid explican que las intervenciones en fiestas de la capital varían dependiendo de si la vivienda es un piso de alquiler vacacional o no, ya que desde hace semanas este Cuerpo cuenta con autorización para poder acceder a los pisos turísticos que, además de desalojar, pueden precintar en caso de incumplimientos reiterados de la normativa.

Esperando en la puerta

La Policía Nacional precisa que si se trata de una propiedad privada los agentes primero llaman a la puerta y advierten del incumplimiento, para que les dejen pasar e identificar de cara a una posible sanción, y si no pueden acceder se quedan en la puerta esperando que salgan los asistentes para multarles en relación a las restricciones sanitarias.

Según estas fuentes, hay casos más graves donde se produce una reiterada desobediencia o una retención ilegal en los que los policías están accediendo mediante el cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana.

No es la opinión del letrado José Antonio Tuero, que fue el primer presidente de la sección de Abogados Penalistas del Colegio de Abogados de Madrid y para el que «no se trata de un delito flagrante», que es el permitiría a los agentes entrar según el artículo 18 de la Constitución, sino de «una inspección administrativa».

Tuero explica que los agentes no pueden entrar en una vivienda en la que hay una fiesta sin autorización judicial «ni tratándose de un apartamento turístico», ya que estos derechos los regulan leyes orgánicas aprobadas por el Congreso y no por un ente municipal o regional. Por eso considera que la detención de la joven en la calle Lagasca no fue ajustada a derecho.

En la misma línea los penalistas José María Garzón y Elena Sanz Vega entienden que se la irrupción a la fuerza en estas fiestas no se justifica al no haber delito flagrante porque no existe urgencia para impedirlo al tratarse de una desobediencia. «Un juez jamás puede justificar una violación de un domicilio», ni en el estado de alarma, detalla Garzón.

Otros expertos siguen este línea y advierten que dar por buenas esas entradas policiales a la fuerza puede dar pie a otras, por otros motivos, lo que supondría un problema grave en el Estado de Derecho”.

Por tanto, y como conclusión, se puede afirmar que se está produciendo un exceso de la fuerza por parte de las autoridades como consecuencia de órdenes dispares por parte del Gobierno de la Nación y que no son propias de un Estado que, según el artículo 1 de la Constitución se tilda de Social y “democrático de Derecho”. Cabe afirmar que se está produciendo con hechos como estos una clara vulneración de derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio por parte de las autoridades policiales, como de un “Gobierno ilegítimo”.

FUENTES:

  1. La patada en la puerta ya es legal. DIARIO DE BURGOS: https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZB099423D-E489-2C94-A432BDC1A145F540/202104/La-patada-en-la-puerta-ya-es-legal
  2. ¿Es legal ‘la patada en la puerta’ ante las fiestas ilegales? ELNACIONAL.CAT: https://www.elnacional.cat/es/politica/legal-policia-patada-puerta-fiestas-ilegales_596585_102.html
  3. Pagazaurtundúa lleva a la UE el uso de la ‘patada en la puerta’ para impedir fiestas ilegales en la pandemia del coronavirus. EL MUNDO: https://www.elmundo.es/espana/2021/04/01/6064e1c3fc6c83f44f8b462f.html
  4. Interior deja a criterio de la Policía la ‘patada en la puerta’ para fiestas ilegales. EL INDEPENDIENTE: https://www.elindependiente.com/espana/2021/03/30/interior-deja-a-criterio-de-la-policia-la-patada-en-la-puerta-para-fiestas-ilegales/
  5. La “patada en la puerta” como la antesala de la conversión de España en un Estado policial. BLOG HAY DERECHO. EXPANSIÓN: https://hayderecho.expansion.com/2021/04/06/patada-puerta-antesala-estado-policial/
  6. ¿Volvemos a la patada en la puerta? LEGAL TODAY: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/volvemos-a-la-patada-en-la-puerta-2021-04-08/
  7. Los juristas, rotundos: No es legal la “patada en la puerta” en las fiestas ilegales. LA RAZÓN: https://www.larazon.es/espana/20210331/77tvrt42d5etnj4b7d6r2vz7qq.html
  8. ¿Puede la policía entrar a la fuerza en viviendas en las que hay fiestas? UH NOTICIAS: https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2021/03/29/1251077/puede-policia-entrar-fuerza-casas-que-hay-fiestas.html

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s