Abogacía, Derecho, despachos de abogados

¿Las consultas realizadas a abogados se han de entender gratuitas si el abogado no dice nada o siempre han de pagarse?

En primer lugar, se ha de señalar que “la consulta es el contacto que mantiene el abogado con el cliente en el que éste le solicita asesoramiento jurídico sobre algún asunto de su interés.  Podríamos distinguir dos tipos de consulta: a) la que se atiende a un cliente por primera vez,  y b) aquella en la que se atiende a un cliente que ya ha contado con nuestros servicios anteriormente. Dentro de cada una de estas modalidades se encontrará la consulta “genuina”, es decir, aquella en la que el cliente necesita el asesoramiento puntual sobre un tema de su interés y que raramente puede derivar un futuro encargo y la llamémosle “preventiva” pues trae su causa en un asunto del que existen muchas posibilidades que concluya en un encargo.

Tras esta clasificación y respondiendo a la pregunta ¿deben ser remuneradas por el cliente dichas consultas?, hemos de partir de la base, quizás obvia, de que toda consulta efectivamente, como materialización de un servicio de asesoramiento y dedicación del tiempo del abogado al cliente, debe y tiene que ser remunerada. Por ello, los despachos deben disponer de una cultura o filosofía clara en este aspecto, disponiendo de un precio unificado para las consultas, con las particularidades que se quiera (tratamiento especial de familiares, amigos, etc…) pero que en definitiva el despacho sea consciente del devengo de los honorarios por la consulta y del importe de la misma.

Cuestión diferente es que, por razones estratégicas, el despacho decida no cobrar determinadas consultas, lo cual es bastante habitual en el mercado de servicios legales como podemos comprobar a la vista de la publicidad existente (primera consulta gratis, consultas sin compromiso, etc…) En el caso de nuestro despacho solemos cobrar las consultas genuinas del cliente que asiste por vez primera al despacho. Por el contrario, la primera consulta de un asunto que sabemos que concluirá con total seguridad en un encargo suele ser gratuita a modo de herramienta de captación. Igualmente, y como fidelización, nunca cobramos las consultas de los clientes con los que ya mantenemos una relación muy estable. En los restantes casos se cobra, pero de derivar en un asunto encargado, deduciremos el importe de la misma.

Sentadas las bases de la consulta, su clasificación, el devengo de nuestros honorarios y la libertad de elección del abogado en cuanto a su cobro, ahora hemos de centrarnos en la problemática que lleva aparejada.

Y como todos sabemos, la problemática es bien sencilla: cuando atendemos a algunos clientes en una consulta, es muy habitual que al concluir la misma éste se despida de nosotros muy feliz y educadamente y la consulta quede sin abonar. En ese momento, nos frustramos y nos preguntamos que habremos hecho mal los abogados para que el cliente no nos trate como a los médicos, psicólogos, detectives, etc… que también se ocupan de los problemas de la gente y cobran puntualmente sus consultas.

Las razones de esta conducta descansan en diversas causas con múltiples derivaciones psicológicas, sociales, culturales, que ya han sido analizadas en el post ¿Por qué a los abogados nos cuesta solicitar nuestros honorarios? y que podrían resumirse en que el cliente no asocia nuestra intervención en la primera consulta a la prestación de un verdadero servicio retribuible, percepción a la que se suma la propia del abogado, cuya autoestima profesional no es lo suficientemente equilibrada como para “exigir” el cobro de la misma.

Sea como fuere, el propósito de este post es ofrecer algunas vías de solución para reducir la sangría emocional y material que esta materia de la consulta supone al abogado. Vayamos con ellas.

1º.- En las consultas genuinas, cuando el posible cliente pide una cita, ésta deberá dársela siempre el secretario/a, quien ante el cliente será el responsable de nuestra agenda. En el momento de darle cita, aquel/lla le indicará que el importe de la consulta es X €. Por ello, el abogado, cuando interactúe con el cliente (personal o telefónicamente) siempre deberá evitar dar la cita directamente, excusándose de ello y remitiendo a su asistente para este cometido.

En mi opinión, este es el mejor método, pues produce un primer filtro en el que quien asista a la consulta sabrá cuáles son sus obligaciones económicas y estará preparado para su cumplimiento. Si el precio de la consulta o el mero hecho de tener que pagarla le echa para atrás, mejor que mejor, hemos ahorrado tiempo y dinero.

2º.- Para el caso de que el cliente este citado sin conocer el hecho de la percepción del importe y en el supuesto habitual de que no pregunte nada y se marche, el asistente le enviará un correo electrónico o carta en la que le indicará el importe de la consulta y la cuenta corriente de pago. De esta forma, el cliente tomará conciencia de que el trabajo del abogado era retribuido y deberá satisfacer la consulta. Que no pague es otra cuestión con diversas soluciones, pero no es el caso de este post.

3º.- Otra opción, que he tenido ocasión de ver en algunas asesorías jurídicas de sindicatos y asociaciones, es un cartel pegado a la pared en el que se deja muy claro el precio de la consulta. Si bien esta “técnica” no es muy apropiada para todos los despachos, lo cierto es que en este tipo de asesoramiento suele funcionar bien, pues durante la espera, el cliente toma conciencia de su obligación y pocas excusas tendrá para no pagar.

4º.- Finalmente, se encuentra el abogado avisado y algo quemado con estas actitudes, que sin rubor alguno (lo cual es encomiable) solicita a la conclusión de la consulta al cliente el importe de la misma o lo hace su secretario/a, educada a fondo en tal labor, y que se convierte en una barrera física y psicológica para el cliente despistado que se dirige a la puerta en el convencimiento de que la atención, tiempo y conocimientos del letrado ha sido gratis total…“l

En segundo lugar, se ha de señalar que “informar en los primeros contactos sobre los honorarios y proceder a su inmediata gestión, es una decisión acertada que va a tener un enorme calado en el desenvolvimiento de la relación profesional. Partiendo de esta idea, vamos a dedicar esta colaboración a exponer el proceso que consideramos más adecuado para resolver de forma eficaz una fase tan compleja.

Cuando el cliente visita el despacho por primera vez y, una vez expuesto su asunto, nos realiza el encargo, la cuestión de los honorarios debe comentarse bien por petición del cliente o, ante su silencio, por el propio abogado. En este segundo escenario (lógicamente más complejo), tendremos que indicarle, al menos, los siguientes aspectos[1]:

1º.- Que es política del despacho, antes de comenzar con el caso, entregar al cliente una hoja de encargo en el que se incluirá el presupuesto de nuestros honorarios, con su correspondiente forma de pago;

2º.- Que le enviaremos dicho documento a la mayor brevedad (en 24 horas), una vez estudiemos el expediente entregado.

3º.- Si está conforme con el presupuesto, deberá abonar, en su caso, la primera provisión solicitada y enviarnos la hoja de encargo firmada por correo electrónico, en cuyo caso, daremos por aceptado el mismo (artículo 17 del Código Deontológico).

Una vez expuestas estas directrices, el cliente puede reaccionar de diversas formas, conductas que vamos a analizar brevemente para ofrecer el mejor consejo de cómo hemos de actuar ante las mismas.

El cliente manifiesta que le parece correcto el proceso y queda a la espera de recibir la hoja de encargo: en este caso, no hay nada que decir, salvo felicitarnos por haber superado esta fase con éxito.

El cliente nos pide que le anticipemos el precio aproximado de los honorarios: siendo comprensible y legítimo que el cliente quiera conocer inmediatamente lo que le va a costar el encargo, hemos de actuar con mucha cautela evitando indicarle cifra alguna, pues podríamos excedernos y que al cliente le parezca caro y lo retire; igualmente, si el precio indicado es muy bajo, este quedará grabado en la mente del cliente, y será muy difícil presupuestar por encima de ese techo.

Lógicamente, hemos de explicarle que hasta que no estudiemos la documentación con reposo no podremos evaluar con acierto el importe de los honorarios, si bien procuraremos remitirle la información a la máxima brevedad. En estos casos es cuestión de transmitir seriedad; y de hecho, esta respuesta sienta las bases de una percepción profesional del abogado, que lejos de tener ya pensado el precio, lo va a estudiar con detalle para alcanzar una cifra justa y adecuada al trabajo demandado.

Si el cliente insiste, no queda otra que emplear la técnica del disco rayado[2].

El cliente, con sorpresa, nos indica que pensaba que no cobraríamos hasta la resolución final del caso (favorable) o cuando concluyamos la tarea encomendada: en estos supuestos, el cliente, bien por desconocimiento, bien por picardía (que de todo hay en la Viña del Señor), se planta con su exigencia nada más oír sobre el tema de los honorarios. Aquí el abogado no debe desfallecer, sino que, asertivamente, exponer al cliente el sistema de minutación que tuviera previsto para el asunto encomendado (honorarios fijos, iguala periódica, por horas), indicándole que el despacho no trabaja en estos casos a resultado. No obstante, si existe la posibilidad de pactar esta opción, se le indicará que se va a estudiar dicha posibilidad y, si es factible, se le ofrecerá una alternativa ajustada a sus necesidades (cuota litis pura o mixta), o incluso se podrá explorar en el acto si el cliente puede realizar pagos mensuales de escasa cuantía para liquidar los honorarios previstos.

El cliente nos anticipa que carece de recursos económicos actualmente y que pagará en el futuro cuando se arreglen un par de asuntos pendientes: aquí lo dejo a voluntad de cada uno, pero es obvio que nos encontramos ante un mal comienzo, pues si bien es de alabar la sinceridad del cliente (frente a otras conductas que todos conocemos), lo apropiado, salvo el deseo de realizar un pro bono, es exponer al cliente que así no podemos trabajar, pero que, en todo caso le remitiremos el presupuesto a fin de que lo estudie, estando el despacho abierto a facilitarle el pago de forma periódica ajustándonos a sus necesidades.

Para concluir, señalar que, como hemos visto, dotar al despacho y a sus integrantes de unas reglas claras sobre la determinación de los honoraros, no sólo facilitará superar un trance las más veces complejo, sino que, a la vez, transmitirá al cliente formalidad y claridad, pues la transparencia en este campo es sinónimo de profesionalidad”.

En tercer lugar, se ha de destacar que “los abogados pueden cobrar de diferentes maneras y en base a distintos criterios, y raro es que en las páginas web o en la sala de espera de los bufetes nos topemos con una lista de precios finales por cada tipo de servicio y procedimiento.

Vamos, por ello, a explicar cómo funciona el cálculo de honorarios de abogados y cómo puede usted saber si lo que le cobran es o no excesivo.

El origen: el libro de honorarios mínimos profesionales

Hasta hace relativamente poco tiempo, los honorarios de abogado se calculaban en base a unos libros de precios mínimos que publicaban los colegios de abogados y que eran de obligado uso para todos los colegiados inscritos en los mismos o que ejercieran en ese territorio.

Esto implicaba una dificultad extrema para poder dar unas pautas generales de lo que podía costar un servicio jurídico. Imaginen.  Hay casi un centenar de colegios de abogados en España, más que provincias, y cada colegio profesional tiene su propio libro de honorarios de abogados. Y cada libro, como decimos, trae unos precios diferentes.

A veces tenemos suerte y estos libros de honorarios -también llamados criterios orientadores en materia de honorarios-  los podemos encontrar en formato pdf en la propia web del colegio profesional que los ha emitido, o en otros lugares públicos de la red. Les dejo a continuación enlaces a algunos de ellos:

Si echamos un vistazo a los mismos, nos sorprenderá que la mayoría fueron publicados hace diez años o más. Esto es un claro indicativo de que en la actualidad estos criterios están en desuso. Hasta hace unos años, los abogados que ejercíamos en una determinada población teníamos prohibido cobrar al cliente por debajo de lo estipulado en estos criterios que publicaba nuestro respectivo colegio (curiosamente, sí podíamos cobrar más de lo fijado en los mismos).

Pero siguiendo diferentes normativas europeas, la conocida como Ley Omnibus acabó por liberalizar los precios que los letrados podemos cobrar a los clientes. Se viene entendiendo desde entonces que en un contexto de libre mercado, nadie puede decirle a un abogado -ni siquiera su propio colegio profesional- lo que ha de cobrar o no por sus servicios.

Por lo tanto, mi abogado puede cobrarme lo que le dé la gana….

Tanto como eso, no, pero hay que tener en cuenta algunas cosas cuando encargamos nuestro asunto a un letrado.

La recomendación que se viene haciendo tanto desde las esferas jurídicas como desde las asociaciones de consumidores es que letrado y cliente firmen una hoja de encargo profesional. En la misma se identifica por un lado el encargo planteado, y entre otras cuestiones se aborda el precio final del mismo. Este precio puede ser una cantidad cierta (por ejemplo, quinientos euros por un procedimiento de divorcio contencioso) o un porcentaje o fórmula para calcular la minuta (por ejemplo, un quince por ciento sobre la indemnización que se perciba)

Esta hoja de encargo profesional, suscrita por ambas partes, es vinculante (salvo que incorpore cláusulas abusivas o ilegales). Permite sustituir los honorarios contenidos en los libros del respectivo colegio profesional, y permite que el precio del servicio quede claro.

La hoja de encargo también ha de explicitar lo que incluye la minuta pactada y lo que no (procuradores, notarios, etc), e incorporar las variaciones que pueda ésta sufrir (como por ejemplo si tras dictarse la sentencia alguna de las partes la apela). Si no fuera factible dar un precio cerrado para un determinado asunto, cuanto menos se deberán indicar los criterios y parámetros que permitan al cliente calcular fácilmente la minuta final.

Cada vez son más los tribunales que exigen que los honorarios de abogados le queden claros al usuario de la justicia antes de iniciar el procedimiento. También se ha de indicar en qué momento se han de satisfacer dichos honorarios (al final del procedimiento, en pagos fraccionados, mediante diferentes provisiones de fondos, etc).

¿Y si no hay hoja de encargo?

Ahí viene el peligro. Si nuestro abogado no nos hace firmar una hoja de encargo, no hay forma humana de saber qué honorarios conllevará finalmente nuestro asunto. Y esto casi siempre derivará en problemas, ya que la minuta final puede ser apoteósica.

Y, aun peor: Si no podemos acreditar que hemos pactado un precio -aunque lo hayamos hecho de palabra-, y como decimos los libros de honorarios del colegio de abogados han sido parcialmente derogados, ¿cómo podemos considerar abusiva la minuta del letrado y evitar que se nos obligue a abonarla?

Si nos hallamos en esta situación, mi consejo es el siguiente: cuando recibamos la minuta, pedirle al profesional que la emite que nos la desglose. Esto es, que aparecta en la misma todas las gestiones que ha realizado en nuestro favor. Con esa minuta en la mano, ir al colegio de abogados de nuestra ciudad y preguntar si en base a su libro de honorarios la misma sería o no excesiva.

La razón de hacer esto es porque si bien los libros de honorarios de los colegios no pueden sustituir aquéllos libremente fijados por el profesional, si se acredita que éste no ha facilitado ningún precio al cliente, se entiende que subsidiariamente y para proteger al consumidor deberá estarse a lo que diga el colegio de abogados pertinente.

Con esa consulta resuelta, podemos oponernos a la demanda impugnando por excesivos los honorarios de nuestro letrado, y pidiendo que se pronuncie sobre la minuta el colegio de abogados que corresponda.

Formas distintas de calcular los honorarios de abogados en función del encargo

Hay tipos de procedimientos que tradicionalmente han traído aparejadas formas distintas de calcular la minuta. Por ejemplo, la reclamación de indemnización por lesiones en accidente de tráfico siempre se ha minutado en función de un porcentaje sobre dicha indemnización (incluso durante los años en que en teoría estaba prohibido cobrar un porcentaje, y en FM Abogados llevamos veinticinco años minutando de esta manera). Se utiliza habitualmente el mismo sistema en asuntos laborales como despidos e indemnizaciones por accidente laboral.

Otros temas, en cambio, suelen tener un precio fijo y cerrado (dejando al margen la posibilidad de apelaciones). Suelen ser de esta naturaleza los divorcios y procedimientos de guarda y custodia, tanto los de mutuo acuerdo como los contenciosos. De hecho, en el llamado divorcio express se ha desatado en los últimos años una verdadera guerra de precios.

Hay asuntos que por su naturaleza sólo permiten calcular los honorarios de abogados cuando se analiza el asunto en concreto. El caso más claro es la reclamación de deudas de todo tipo, en que en función de la cantidad que se deba reclamar puede variar incluso el tipo de procedimiento, y desde luego la minuta de abogado y de procurador.

No son pocos los despachos que -sobre todo en temas especialmente complejos o largos- están optando por retribuciones por gestión. Es decir, no cobran nada (o muy poco) de provisión de fondos inicial, pero cada actuación que han de llevar a cabo (un escrito, una reunión, una comparecencia, una visita con el cliente…) es cobrada de manera puntual. La ventaja es que uno va pagando a pequeñas cantidades, pero tiene la contrapartida de que resulta imposible saber cuánto acabará costando el procedimiento completo, y el cliente acaba teniendo la sensación de no hacer otra cosa que desembolsar dinero.

¿Qué pasa si no pago al abogado?

Existe un procedimiento especialmente diseñado para que el letrado reclame al cliente la minuta impagada: es lo que se conoce como jura de cuentas. En esencia el abogado interpone una demanda en la que acredita las gestiones que ha efectuado en favor de un determinado cliente, así como su minuta de honorarios por dichas gestiones. El juzgado admite la demanda y le darán traslado a usted para que la pague o se oponga a la misma. En esencia usted puede contestar dicha demanda en uno de estos dos supuestos:

  • Que no deba la minuta, por haberla pagado o por no haberse efectuado los trabajos que se indican en la misma.
  • Por entender que la minuta es excesiva en su importe.

El primer caso no suele ser habitual, ya que si hemos pagado la factura se supone que tendremos un recibo o comprobante de transferencia, así que centrémonos en los honorarios de abogados que impugnamos por excesivos.

La ley exige que la minuta que se presente al cobro debe estar desglosada y detallada. Esto es, no sirve que un abogado presente al cobro una determinada cantidad sin más, sino que la factura debe  explicar qué gestiones se han efectuado y cuál es el precio de cada una de ellas. Si la minuta no cumple estos requisitos, puede usted oponerse a su pago.

Asimismo, tal como explicábamos antes, muchos jueces exigirán al abogado que acompañe a la demanda de jura de cuentas el encargo profesional firmado por ambas partes. De no existir éste, muy probablemente el juez acuda al libro de honorarios profesionales del colegio al que pertenece el abogado, y si los conceptos facturados superan lo fijado en dicho libro, recortará el importe de la minuta que deba abonarse”.

En cuarto lugar, y como conclusión, se debe señalar que debe quedar claro entre abogado y cliente si la consulta es gratuita o debe pagarse por el cliente.

FUENTES:

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