Derecho, Derecho procesal

¿Qué es el incidente de nulidad de actuaciones?

En primer lugar, se ha de decir que “la nulidad de actuaciones es la declaración de que cierta parte de lo actuado en un procedimiento es nulo de pleno debido a algún error procesal importante que conlleve a que deba retrotraerse todo lo actuado hasta el momento en que se cometió la nulidad, aunque esta no implicará la de los sucesivos que fueren independientes de aquél ni la de aquéllos cuyo contenido no pudiere haber sido distinto en caso de no haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad”.

En este punto, hay que añadir que “a Ley Orgánica del Polder Judicial   la regula en los artículos 238 y siguientes, además de los artículos 225 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata de un instrumento procesal que ha sufrido numerosas modificaciones desde la entrada en vigor de la LOPJ.

Los motivos que pueden originar nulidad de actuaciones son los siguientes, previstos en el artículo 238 LOPJ:

  1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.
  2. Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.
  3. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.
  4. Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva.
  5. Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial.
  6. En los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan.

La regulación de la nulidad de actuaciones está inspirada en los siguientes principios:

  1. Absorción de la nulidad de actuaciones en el sistema de recursos, de manera que pueda (y deba) hacerse valer en los medios procesales de impugnación previstos de ordinario.
  2. Necesidad de que la lesión no sea meramente formal, sino que implique una indefensión real y efectiva.
  3. Economía procesal, que engloba la posibilidad de subsanar el defecto cuando no sea necesario retrotraer las actuaciones y el principio de conservación de los actos procesales, que permite mantener la validez de los actos procesales posteriores al que ocasionó la indefensión, cuando sean independientes.

La utilidad fundamental de la nulidad de actuaciones es permitir a los órganos judiciales que integran el poder judicial realizar una protección primaria y principal de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. De esta forma, se garantiza que la intervención del Tribunal Constitucional, mediante el recurso de amparo, tenga naturaleza exclusivamente subsidiaria.

En función del momento en el que ocurra la nulidad de actuaciones, pueden diferenciarse dos manifestaciones de la nulidad de actos procesales:

Si el motivo de nulidad ocurre en el momento procesal que prevé la posibilidad de interponer recurso inmediato, se formulará incidente de nulidad en el mismo recurso, como motivo incluido en él, y estará sometido al régimen de requisitos de forma y tiempo establecidos para el recurso en el que se inserte.

Si el motivo de nulidad ocurre en un momento procesal que no prevé posibilidad de interponer recurso inmediato alguno, se formulará incidente excepcional de nulidad de actuaciones como escrito independiente, sometido a sus propios requisitos de forma y plazo (artículo 241 LOPJ).

Los efectos suspensivos sobre la ejecución de la resolución firme también variarán en función del incidente formulado: en el primer caso, dependerá de la regulación específica del recurso en el que se incluya; en el segundo caso, habrá de estarse a la regulación expresamente establecido en el artículo 241 LOPJ.

Por último, debe prestarse especial atención a la influencia que el incidente excepcional de nulidad de actuaciones tiene en el plazo para interponer el recurso de amparo, pues, por un lado, el artículo 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige  que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial, pero el artículo 41.2 de la misma ley establece que el plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. Lo anterior puede originar, por un lado, que la falta de interposición del incidente excepcional de nulidad de actuaciones determine la inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial, y por otro, que la interposición del incidente excepcional de nulidad de actuaciones, cuando sea manifiestamente improcedente, determine que el recurso de amparo sea extemporáneo, y también se inadmita.

Resulta fundamental, por tanto, determinar cuándo es necesario interponer incidente excepcional de nulidad de actuaciones para agotar la vía judicial previa, y cuando puede interponerse amparo directamente contra la resolución judicial firme. Pues bien, resumiendo la jurisprudencia constitucional (por todas, Pleno del Tribunal Constitucional Sentencia, de 19 de diciembre de 2013), que atiende en esencia a la necesidad de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, debe indicarse que será necesario interponer incidente excepcional de nulidad de actuaciones cuando los órganos judiciales no hayan tenido oportunidad alguna de examinar el motivo de nulidad de actuaciones. En caso contrario, esto es, en caso de que hayan tenido oportunidad de examinar dicha causa de nulidad, no será necesario, y en caso de interponerse será considerado como manifiestamente improcedente, por lo que el amparo será extemporáneo e inadmitido”.

En segundo lugar, y en cuanto al momento de presentación del incidente de nulidad de actuaciones, se ha de señalar que “se podrá declarar nulo un acto procesal, antes o después de recaer una resolución firme

Antes de recaer una resolución firme, el tribunal, bien de oficio, bien a instancia de parte, y siempre que no proceda subsanación, podrá declarar la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular, previa audiencia de las partes. (punto 2 L-436271-227 LEC)

De producirse tras recaer resolución firme, la nulidad se hará valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra esa resolución

En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.

En el caso de producirse bajo violencia o intimidación, dependiendo de si la misma ha sido ejercida frente al Tribunal o frente alguna de las partes o intervinientes en el proceso, se procederá de diferente manera:

– Los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. (Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil)-227, en su punto 1 LEC)

– Los actos de las partes o de personas que intervengan en el proceso se declararán nulos si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia, implicando la de todos los demás relacionados con el mismo o que pudieren haberse visto condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo.(Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil)-226 en su punto 2 LEC)”.

En tercer lugar, en cuanto a la regulación, se ha de indicar que “la nulidad de los actos procesales se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente en el capítulo III del Título III del Libro III (artículos 238 a243 LOPJ) denominado “De la nulidad de los actos judiciales”, y en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, concretamente en el Capítulo IX del Título V del Libro I denominado “De la nulidad de las actuaciones judiciales” (artículos 225 a231 LEC).

Thank you for watchingLa Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo, por la que se modificó la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, también modificó el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en el que se regula desde la reforma operada por Ley Orgánica 19/2003 el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones) otorgando a los tribunales ordinarios más facultades para revisar las violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los actos procesales con el fin de que la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional fuera realmente subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la jurisdicción ordinaria; la reforma ha consistido básicamente en posibilitar que la nulidad de actuaciones pueda fundamentarse no solo en situaciones de indefensión, sino en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución”.

En cuarto lugar, en cuanto a los requisitos del incidente de nulidad de actuaciones en el proceso civil, se ha de señalar que “el incidente de nulidad de actuaciones se regula en el artículo 227 de la LEC 2000 y en el art. 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuyo contenido es idéntico.

El apartado primero -ambos artículos son idénticos- consagra dos principios esenciales, el primero, el de la relevancia o trascendencia del vicio o defecto, en el sentido de que para declarar la nulidad es necesario que se haya causado indefensión o que el acto no haya alcanzado su fin; y el segundo, el del carácter subsidiario del incidente de nulidad y su absorción o integración en el sistema de recursos, de modo que no podrá promoverse dicho incidente cuando puede remediarse el defecto a través del oportuno recurso.

El segundo apartado establece, en primer lugar, que el incidente puede plantearse bien de oficio, bien a instancia de parte, lo que le diferencia del incidente excepcional de nulidad de actuaciones, que solo puede promover la parte interesada; en segundo lugar, delimita el ámbito del presente incidente, que es el de los defectos procesales que se producen durante la tramitación del proceso declarativo y antes de dictar resolución que ponga fin al procedimiento, si bien este incidente es también procedente respecto de los vicios producidos durante la tramitación del ulterior proceso de ejecución (artículo 562.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000); pero si la declaración de nulidad ha de comprender también la sentencia dictada, entonces nos hallamos ya en el ámbito del incidente excepcional de nulidad de actuaciones que analizaremos a continuación.

En tercer lugar, se destaca la necesidad de que se proceda a la subsanación siempre que sea posible, en los términos anteriormente analizados, y en último término el precepto alude lacónicamente a la tramitación del incidente, al exigir -únicamente- que se resuelva el mismo previa audiencia de las partes, aunque ni establece plazo (normalmente suele concederse un plazo de cinco días, que es el que se prevé en el artículo 228 de la LEC 1/2000 y en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el incidente excepcional), ni dice nada en cuanto a la posibilidad de la práctica de pruebas, lo que, no obstante, normalmente no será necesario en el caso de vicios formales cuya evidencia resultará de los propios autos.

El tercer párrafo parte del carácter meramente anulable de los actos procesales, de modo que en ningún caso puede decretar la nulidad de actuaciones no solicitada por las partes, a salvo los supuestos de falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, o cuando se haya empleado violencia o intimidación sobre el Tribunal, ya que en estos casos nos hallamos ante nulidad de pleno derecho que puede ser declarada de oficio por el Tribunal en cualquier tiempo.

Finalmente, nada dice la Ley en cuanto a si el auto resolutorio del incidente es recurrible o no. En este punto, hay que tener presente que contra los autos resolutorios de cuestiones incidentales no cabe interponer recurso alguno salvo que ponga fin al proceso (artículo 393.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000), y, por otro lado, el legislador sí ha declarado expresamente la irrecurribilidad del auto que resuelve el incidente excepcional de nulidad de actuaciones (artículo 228.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000 y art. 241.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) de mayor relevancia en cuanto que puede suponer la anulación de la sentencia, e incluso puede el Juez inadmitir este incidente excepcional por medio de providencia sucintamente motivada contra la que tampoco cabe recurso, por lo que forzoso será entender que tampoco en el incidente “ordinario” cabe interponer recurso alguno contra el auto que lo resuelva, sin perjuicio de que la cuestión pueda reiterarse al apelar la resolución definitiva del proceso. En este sentido cabe citar la Sentencia Tribunal Constitucional Sala 1ª de 24 de julio de 2006 que claramente afirma la irrecurribilidad del auto”.

En quinto lugar, en cuanto a los principios que informan el incidente de nulidad de actuaciones, se ha de señalar que “tanto de lo dispuesto en los artículos 238 a 243 de la LOPJ, como de lo establecido por nuestra Jurisprudencia sobre esta cuestión, hemos de llegar a la conclusión de que los principios que inspiran la regulación de la nulidad de actuaciones y que, por tanto, han de concurrir para determinar la procedencia de la misma, son los siguientes:

1.- Absorción de la nulidad de actuaciones en el sistema de recursos, de tal forma que la nulidad de actos procesales debe hacerse valer siempre y en todo caso a través de los recursos establecidos o por los medios que establezcan las leyes procesales (artículo 240.1 LOPJ y artículo 228.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y solo cuando no sea posible acceder a dichos medios de impugnación, a través del incidente de nulidad, que tiene carácter subsidiario.

2.- La necesidad de que el vicio o defecto procesal tenga relevancia constitucional. La regulación del incidente de nulidad de actuaciones sigue en este concreto punto la doctrina emanada del Tribunal Constitucional que venía sosteniendo, para que pueda declararse la nulidad, la necesidad de que el defecto genere indefensión, pero no cualquier clase de indefensión, sino la material, real o efectiva, no la meramente formal, es decir, debe tratarse de un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa y no de una mera irregularidad procesal formal, con consecuencias tan sólo potenciales o abstractas.

3.- Necesidad de economía procesal, que a su vez se desdobla en dos aspectos: la necesidad de proceder siempre a la subsanación del defecto, si ello es posible, antes de acudir al incidente de nulidad (artículo 240.2 LOPJ), y la conservación de los actos procesales ya realizados que no se vean afectados por el acto nulo (artículo 243 LOPJ)”.

En sexto lugar, se ha de indicar que “los genéricos motivos de nulidad que recogen los artículos 225 de la Ley 1/2000 y 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueden reconducirse a cuatro grupos: Defectos que afectan a los presupuestos procesales; defectos relativos a los vicios del consentimiento del Juez o de las partes y defectos formales.

a) Defectos relativos a la falta de presupuestos procesales: Los citados preceptos recogen como primer motivo de nulidad la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional del órgano judicial. En este caso el vicio es insubsanable y por tanto la nulidad es radical o de pleno derecho, y por ello se le somete a un régimen diferente respecto de los demás vicios, hasta tal punto que se permite su apreciación de oficio incluso con motivo de un recurso lo que prohíbe la ley cuando se trata de otros defectos, pues el artículo 227.2 de la Ley 1/2000 y su homólogo, el artículo 240.2.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que “en ningún caso podrá, el Tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese Tribunal”.

En suma, son nulos de pleno derecho los actos procesales realizados por Juzgado o Tribunal carente de jurisdicción ( Juzgado de 1ª Instancia que adopta una medida cautelar propia del orden contencioso-administrativo) o de competencia objetiva (actuación propia del derecho mercantil que sin embargo resuelve un Juzgado de Familia) o funcional (asunto de la competencia de la Audiencia Provincial o Tribunal Superior de Justicia de la que conoce un Juzgado de 1ª Instancia), actos que no admiten convalidación o sanación aunque no hayan sido denunciados por las partes por vía de recurso o por los medios que establecen las leyes.

La necesidad de apreciar de oficio la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional se recoge en los artículos 38 LEC (falta de jurisdicción), 48 LEC (falta de competencia objetiva) y 62 LEC (falta de competencia funcional) de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Queda al margen de este sistema la falta de competencia territorial aunque la cuestión podría suscitar ciertas dudas en el caso de fueros improrrogables (que son los que enumera el artículo 54 de la Ley 1/2000) que deben apreciarse, también, de oficio (artículo 58 de la LEC ).

b) Defectos relativos a los vicios del consentimiento: El apartado 2 del artículo 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, declaran la nulidad de los actos procesales realizados bajo violencia o intimidación. Por otro lado, se ha dejado al margen el error, que puede ser subsanado a través de otros mecanismos, como la aclaración o complemento de autos y sentencias (artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000).

En cualquier caso, el error es irrelevante como causa de nulidad de los actos procesales. El acto procesal del Tribunal realizado bajo violencia o intimidación es radicalmente nulo e insubsanable, y por ello el artículo 226 de la LEC 1/2000 (equivalente al artículo 239 de la LOPJ) establece que “tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal”. Habrá que entender que cabe declarar dicha nulidad de oficio, incluso después de dictada sentencia, sin necesidad de que las partes promuevan el incidente excepcional de nulidad de actuaciones. Si se trata de actos de las partes, el tratamiento difiere ya que lógicamente es necesario acreditar la violencia o intimidación mediante cumplida prueba, y en este sentido se pronuncia el apartado 2 de los artículos 226 de la LEC 1/2000 y art. 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En tales casos habrá que hacer valer dicha circunstancia a través del oportuno incidente de nulidad de actuaciones antes de que haya recaído sentencia; en otro caso, a través del recurso de apelación, del recurso de casación, del procedimiento para la rescisión de sentencias dictadas en rebeldía (antiguo recurso extraordinario de audiencia al rebelde) o del juicio de revisión de sentencias firmes. Si no es posible acudir a dichos recursos o cauces procesales, podrá formularse en su caso el incidente excepcional de nulidad de actuaciones.

c) Defectos de forma o procesales: Es con mucho el motivo de nulidad más frecuente en la práctica. El apartado 3 del artículo 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 y del artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial consideran nulos los actos procesales “cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión”.

Hay que reiterar aquí que no basta la mera infracción procesal por muy abultada que sea, ha de lesionarse el derecho a la tutela judicial efectiva. Si no existe indefensión, no cabe hablar de nulidad, sino a lo sumo de una mera irregularidad procesal. La nulidad por vicios o defectos formales que generen efectiva indefensión debe hacerse valer a través de los oportunos recursos o demás medios que establezcan las normas procesales, y si no es posible, puede declararse de oficio o a instancia de parte si se producen antes de la sentencia a través del incidente de nulidad (artículos 227.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), o bien después de que haya recaído sentencia mediante el incidente excepcional regulado en los artículos 228 de la LEC 1/2000 y art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya tramitación y pormenores se analizarán más adelante.

d) Otros supuestos de nulidad previstos en las leyes: El artículo 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en su apartado 5 y el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su apartado 6, contienen una cláusula abierta que se remite a los supuestos en los que las leyes procesales establezcan causas de nulidad de los actos procesales. En concreto, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se declara de forma expresa la nulidad de determinados actos, todos ellos relativos a defectos formales.

e) En sentido negativo, el sistema se cierra excluyendo del ámbito de la nulidad los actos judiciales meramente extemporáneos, esto es, aquellos que han sido realizados fuera del tiempo establecido por la ley, salvo que así lo imponga la naturaleza del término o plazo (artículo 229 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). En este punto debe precisarse que la norma se refiere exclusivamente a las actuaciones judiciales, no a las de las partes ya que para éstas rige el principio de preclusión (artículo 136 de la LEC 1/2000), por ello, las resoluciones judiciales que admitan actos de parte extemporáneos (v. gr. admisión de un escrito fuera del plazo legalmente establecido) deben ser consideradas anulables. En suma, el principio general es el de que los actos judiciales realizados fuera de plazo son válidos aunque irregulares y podrán dar lugar, a los sumo, a la corrección disciplinaria oportuna (artículo 132.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000)”.

Como conclusión, se puede afirmar que el incidente de nulidad de actuaciones tiene como fin anular aquellas actuaciones del órgano judicial que produzcan perjuicio a cualquiera de las partes o ambas.

FUENTES:

  1. Nulidad de actuaciones ¿Qué es y como pedir la nulidad de lo actuado? MOYA Y MARTÍN ABOGADOS: https://www.moyamarinabogados.es/nulidad-de-actuaciones-que-es-y-como-pedir-la-nulidad-de-lo-actuado/
  2. Regulación de los aspectos exigidos para la solicitud de nulidad de actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso civil. IBERLEY: https://www.iberley.es/temas/solicitud-nulidad-actuaciones-proceso-civil-54901
  3. Cuándo debemos plantear un incidente de nulidad de actuaciones con carácter previo al recurso de amparo. SÁEZ ABOGADOS: https://www.saezabogados.com/cuando-debemos-plantear-incidente-nulidad-actuaciones-caracter-previo-al-recurso-amparo/
  4. INCIDENTE NULIDAD DE ACTUACIONES O RECURSO DE AMPARO. GRUPO SERVILEGAL: https://www.gruposervilegal.com/incidente-nulidad-de-actuaciones/

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