Derecho procesal penal

Sección I: nociones generales

TEMA 1: El proceso penal. Líneas básicas

  1. Introducción

 

TEMA 1: El proceso penal: nociones generales

 

1 de febrero de 2017.

Examen teórico final escrito. Si no se saca como mínimo un 4 en el examen no se aprueba la asignatura. Después se hará una prueba práctica, que consistirá en una noticia sobre la materia. Se entregará en un folio escrito por las dos caras.

Después se tendrá que hacer una presentación sobre el tema 5, hay que elegir uno de los puntos y elaborar el trabajo. Lo más importante es la presentación del mismo. También habrá un debate, con participación activa y 10%, sobre el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se traerá a un profesional del derecho para que hable sobre un tema de la guía. Y también habrá que asistir a un congreso los días 4 y 5 de mayo. La ley de detención y entrega no se da en clase, porque se dará en la conferencia, y se remitirá.

 

7 de febrero de 2017.

21 y 22 de marzo se hará debate que viene en la guía docente, y se hará sobre el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a la instrucción del proceso penal, ya que se impuso en 2015 un plazo máximo de 6 meses, y 18 meses para causas complejas.

Diario La Ley.

Diario Iustel (iustel.com). Acceso desde la biblioteca universitaria.

Diario de noticias de lex nova.

También se puede buscar en los foros de las asociaciones de fiscales.

Se va a valorar la presentación oral a cada miembro del grupo de trabajo.

 

8 de febrero de 2017.

1.- Introducción.

Hay que recordar que las normas procesales son normas materiales, instrumentales, y en el ámbito penal va a proteger bienes de interés público, del que es titular el Estado de Derecho. Aquí también hay que decir que en el Derecho procesal civil lo que se protegen normalmente bienes privados, aunque a veces intervenga también el Ministerio Fiscal en determinados procesos, como es el caso de los procesos de menores.

Otra diferencia con el proceso civil es que el Proceso penal es público y que el único que puede llevarlo a cabo es el juez. También hay que destacar que el Derecho penal sólo puede ser actuado en virtud de proceso, en virtud de los procesos de necesidad del Derecho penal (nulla poena sine iudico) que complementa al de legalidad.

 

2.- Objeto y fin del proceso penal.

En primer lugar, objeto y fin del proceso penal coinciden, consistiendo en la realización del Derecho penal mediante la imposición de penas en la realización del Derecho penal mediante la imposición penal.

Cabe preguntarse qué es la pretensión penal. De lo que se trata es de imponer la pena por la realización del delito, por tanto, es una pretensión punitiva. El objeto en sí mismo es el factum (el hecho), no la figura jurídica, porque si se hace de esta manera vulneraría el principio non bis in ídem.

En proceso penal, no vale sólo con la imposición de la pena, sino lo que interesa es su ejecución, y aquí surge el problema no toda ejecución de la sentencia es actividad procesal. Aquí hay que estar a lo establecido en los artículos 983 y siguientes LECrim. La ejecución de la pena hay que distinguirla de la ejecución de la pena.

 

3.- Sistemas procesales penales.

Esto significa que podemos distinguir tres sistemas para encuadrar todos los procesos penales en el mundo en cualquier época. Los diferentes sistemas penales han ido surgiendo con el tiempo. Actualmente nosotros tenemos un sistema mixto entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo.

Va a regir aquí el secreto de las comunicaciones, que siempre va a referirse a los terceros. Esto hace referencia al secreto de sumario. Rige sobre todo en la fase de instrucción. Se ataca de esta manera el principio de contradicción, ya que, si restringimos las actuaciones de las partes, estamos restringiendo este principio.

 

 

4.- Pretensión penal y acción civil derivada del delito.

En primer lugar, hay que acudir al artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 33 LECrim. Nuestro sistema permite la acumulación del proceso civil al proceso penal, siempre que tengan el mismo objeto, y esta acumulación puede ser facultativo u obligatorio.

Respecto a esto hay que acudir al artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que contempla el doble objeto del proceso civil. el artículo 108 de la LECrim establece la obligación de ejercer conjuntamente la acción civil penal salvo reserva expresa del ofendido (en relación con el artículo 110 LECrim). Esto es debido a razones de economía procesal.

También responde a cuestiones prácticas, ya que la indemnización, si se reserva a un proceso civil, puede ser mayor que si se hace de manera conjunta con el proceso penal. Existen una serie de limitaciones de la acción civil en cuanto a su objeto, y habría que atender a los artículos 100 LECrim y 110 y siguientes del Código penal.

 

5.- Cuestiones prejudiciales.

Pueden formar parte de un proceso autónomo al proceso penal principal. Podemos encontrar los siguientes tipos:

  1. Según su naturaleza:
    1. Homogéneas: naturaleza y carácter penal.
    2. Heterogéneas: distinta naturaleza y de distinto derecho material.
  2. Según órgano competente:
    1. No devolutivas: por el mismo tribunal, y pueden ser resueltas con la sentencia de fondo.
    2. Devolutivas: resueltas con la sentencia de fondo.

La regulación la encontramos en los artículos 3 y siguientes LECrim. Son de los pocos artículos que apenas han sido modificados. El juez principal en este tema (juez a quo), en principio, va a conocer de las cuestiones prejudiciales incidenter tantum.

Encontramos un supuesto general (artículo 3 LECrim), y que se resuelve por el juez penal de cuestiones civiles y administrativas con aplicación de las normas materiales correspondientes (artículo 7 LECrim), y, por otro lado, encontramos un supuesto especial en el artículo 6 de la LECrim, según la cual es el juez penal el que ha de resolver las cuestiones prejudiciales civiles relativas a la propiedad de inmuebles. Esto dentro de la regla general que nos da la ley.

Por otro lado, encontramos una regla especial, y hay que acudir a los artículos 4 y 5 LECrim, y se refieren a temas de determinación de la culpabilidad, validez del matrimonio o supresión del estado civil.

6.- Procedimientos penales: estructura y tipos.

Hay que hablar en primer lugar de la estructura del proceso penal, distinguiendo entre una fase de instrucción, una fase intermedia y una fase de juicio oral. Por otro lado, hay que hacer referencia aquí varios tipos de proceso penal.

En cuanto a la fase de instrucción, tiene un objetivo, según el artículo 299 LECrim, averiguar el presunto culpable y determinar las circunstancias que determinaron el supuesto de hecho.

Se desarrolla conforme al principio inquisitivo. Su competencia es de los Juzgados de Instrucción o Juzgados de Violencia de Género.

En cuanto a la fase intermedia, hay discusiones doctrinales en cuanto a su existencia. Aunque es una etapa muy breve en el tiempo, va a ser fundamental. De ella va a depender de que haya luego juicio oral o no, pues en esta etapa se va a decidir si tenemos al culpable o no, si esa conducta es realmente o no un delito, y si no es así habrá que archivar las instrucciones.

Por último, tras esta fase intermedia, se pasa al juicio oral, y constituye el auténtico proceso, ya que responde a los principios básicos de todo proceso (oralidad y publicidad). Encontramos la competencia es doble en función de la pena solicitada (artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Ahora vamos a ver las diferentes clases de procesos penales. En primer lugar, encontramos el proceso ordinario por delitos criminal, que es el común de los delitos con pena de prisión superior a los 9 años. Se regula en los artículos 299 y siguientes. En segundo lugar, encontramos el procedimiento abreviado, para conocer de aquellos delitos con penas privativas de libertad inferior a los 9 años. Su conocimiento dependerá de su duración (hasta los cinco años de duración conoce el juzgado de lo penal, y si es más de 5 años la audiencia provincial).

En cuanto al juicio sobre delitos leves, es el previsto para los ilícitos de menor gravedad. Antes se utilizaba para las faltas. No existe casi instrucción. Ha habido varias sentencias del Tribunal Constitucional por el hecho de que no se tenía en cuenta al acusado en la instrucción. Hay que acudir a los artículos 962 y siguientes LECrim.

Por otro lado, en cuanto a los procesos especiales, hay que atender a varias clases. El primero es el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados rápidos. Su idea era reducir el tiempo del procedimiento. Su regulación se encuentra en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Otro procedimiento especial es el que se realiza ante el Tribunal del Jurado. Está previsto para un grupo de delitos enumerados taxativamente en la ley respectiva. Para su funcionamiento hay que acudir a la Ley del Tribunal del Jurado. Hay un modelo diferente en España respecto al resto de Europa (modelo del escalinado), mientras que en España utiliza un modelo más parecido al anglosajón.

Por otro lado, encontramos el procedimiento de menores, con medidas y regulación propia.

Resto procedimientos por el PowerPoint de Mar Jimeno Bulnes.

 

14 de febrero de 2017.

TEMA 2: Competencia

 

1.- Introducción.

El juez de lo penal tiene competencia penal en exclusiva, salvo en aquellos casos en que exista competencia de la jurisdicción militar, es decir, tiene vis atractiva respecto de lo militar. Hay que recordar que existen varios órganos jurisdiccionales con competencia penal:

  1. Juzgados de instrucción y centrales de instrucción.
  2. Juzgados de violencia sobre la mujer.
  3. Juzgados de lo penal y centrales de lo penal.
  4. Juzgados de menores, de vigilancia penitenciaria; así también juzgados centrales de vigilancia penitenciaria.
  5. Tribunal del Jugado.
  6. ****.

 

2.- Concepto y clases.

Juez competente penal es “aquel órgano jurisdiccional en lo penal a quien, por razón de la materia, lugar y función corresponde a tenor de la ley el conocimiento de la causa con preferencia a todos los demás”. Competencia opera como la medida de la jurisdicción para procurar la distribución de asuntos.

Los juzgados de lo penal tienen una competencia no sólo ordinaria, sino también por conexión. La competencia por conexión va a ser determinada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los artículos 17 y 17 bis.

El primer supuesto es el de la conexión subjetiva, que se refiere a que elementos comunes de los hechos se refieren a los inculpados. Por otro lado encontramos la conexidad objetiva, que se refiere a los elementos comunes se refieren a los hechos en sí. Supuestos de los artículos 17.3 y 17.4. por último, encontramos la conexidad mixta, que son supuestos específicos, son supuestos previstos en los apartados 5 y 6 del artículo 17 LECrim.

 

 

3.- Competencia objetiva.

Hay que hablar en primer lugar que se puede hacer depender en si es rationae materiae (en función de la clasificación de los delitos realizada por la norma penal, así como en virtud del tipo y cuantía de penas de la misma norma, o si es rationae personae, que depende en si los inculpados constituyen contempladas en LECrim.

Los juzgados y tribunales con competencia objetiva la poseerán también para conocer de los delitos conexos y así se modificará la competencia para estos últimos. Así encontramos:

  1. Personas con privilegio de fuero: conexidad subjetiva (artículo 272.III LECrim).
  2. Enjuiciamiento pertenece a la Audiencia Nacional: conexidad objetiva (artículo 65.1.II LOPJ).
  3. Con diversa tipificación penal. Enjuiciamiento de todos por el juez competente.

La competencia penal de los órganos jurisdiccionales en materia penal se regula de la siguiente manera:

  1. Juzgados de Paz: sólo en supuesto de conciliación del art.278 LECrim para delitos perseguibles a instancia de parte (a pesar vigencia de art.100.2 LOPJ)
  2. Juzgados de Instrucción y JCI: conocimiento y fallo de delitos leves así como instrucción de delitos (vid. arts.87 y 88 LOPJ; 14.1 y 2 LECrim)
  3. Juzgados de Violencia sobre la Mujer: conocimiento y fallo de delitos leves así como instrucción de determinados delitos en todos los casos conectados a la violencia de género (vid. arts.87 ter LOPJ y 14.1 y 2 LECrim)
  4. Juzgados de lo Penal y Juzgados Centrales de lo Penal: enjuiciamiento y fallo de delitos con pena privación de libertad menor o igual a 5 años, multa o de otra naturaleza menor o igual 10 años (vid. arts.89 bis LOPJ y 14.3 LECrim)
  5. Tribunal del Jurado: competencia especial para el enjuiciamiento de delitos contenidos en el art.1 LOTJ (LO 5/1995, de 22 de mayo)
  6. Juzgados de Menores y JCM: enjuiciamiento de delitos cometidos por menores de 18 años y mayores de 14 (arts.96 y 97 LOPJ y 1.1 LO 5/2000)
  7. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y JCVP: ejecución de pena (art.94 LOPJ)
  8. Audiencias Provinciales: enjuiciamiento y fallo de las causas por delito con pena mayor de 5 años privación de libertad (vid. arts.82.1 LOPJ y 14.4 LECrim)
  9. TSJ (Sala de lo Penal): causas de aforados y otras (vid. art.73.3 LOPJ)
  10. AN (Sala de lo Penal): enjuiciamiento y fallo de delitos del art.65 LOPJ (vid.)
  11. TS (Sala Penal y Sala Especial): instrucción y enjuiciamiento de causas penales de aforados (vid. arts.57.2º y 3º LOPJ)

Para los juzgados de paz, todavía tienen competencia para los delitos perseguidos a instancia de parte. Hay que recordar aquí la diferencia entre delitos públicos (en estos interviene el Ministerio fiscal, son de carácter fundamental para el ordenamiento jurídico), semipúblicos y privados (perseguidos a instancia de parte, sólo existe un caso, el delito de injurias sin publicidad).

 

15 de febrero de 2017.

4.- Competencia funcional.

Atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales penales en función de la instancia en que se encuentra el proceso. Hay que atender aquí a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece como manifestaciones de esta competencia el conocimiento de los incidentes (incidenter tantum) y la ejecución de sentencia penal.

Hay que tener en cuenta las causas para la recusación del tribunal. En cuanto a las cuestiones de competencia, está el hecho de si dos tribunales del mismo orden jurisdiccional quieren conocer del mismo hecho (competencia positiva), o igual los dos no se consideran competentes.

Para resolver estos tipos de problemas, hay que acudir al tribunal superior jerárquico común.

Normalmente, los órganos con competencia funcional son los siguientes:

    • Juzgados de Instrucción: recursos de apelación contra resoluciones de los Juzgados de Paz según art.87.1.e) LOPJ, pese a competencia inexistente.
    • Audiencias Provinciales: recursos de apelación y queja contra las resoluciones dictadas por JI, JP, JM y JVP (arts.82.1 LOPJ y 790.1 LECrim).
    • Salas de lo Penal TSJ: recursos de apelación contra sentencias de AP y TJ y cuestiones de competencia (arts.73.3.c) y d) LOPJ y 846 bis a) LECrim).
    • Sala de lo Penal de la AN: recursos contra resoluciones dictadas por JCI, JCP, JCM y JCV (vid. arts.65.5º LOPJ y 790.1 LECrim).
    • Sala de Apelación de la AN: recursos contra las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal (art.64 bis.1 LOPJ), si bien pendiente reforma LECrim.
    • Sala de lo Penal del TS: casación, revisión, queja (arts.57 LOPJ, 862 LECr). Es un criterio también originario, pero, al contrario que en el proceso civil, que se somete a los fueros, a la voluntad de las partes, en el proceso penal va a ser diferente, los fueros sólo van a ser legales, son indisponible. Esto está previsto en el artículo 8 LEC.Luego hay que hacer referencia a los fueros supletorios, que están previstos en el artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y serán de aplicación hasta determinación del anterior fuero preferente según artículo 15, apartado III, de la Ley de enjuiciamiento Criminal. Operan alternativamente. Por último, hay que hacer referencia a la conexidad, para la que hay que acudir al artículo 18 LECrim, y hace referencia a la modificación de la competencia del delito conexo con el delito mayor, y se van a tramitar en el mismo juzgado los dos, y se estudiaran por el tribunal por el juzgado donde se ha cometido el delito más grave, o en el del delito más antiguo, o si son igual de importantes, o misma antigüedad, o igual penal conocerá el superior. b) Cuestiones de competencia. Se dan en el caso de que dos o más órganos jurisdiccionales se atribuyen competencia para conocer de un mismo asunto (cuestión de competencia positiva), o rehúsan de su competencia por entender que no les corresponde el conocimiento de un determinado asunto (cuestión negativa). TEMA 3: Legitimación1.- Introducción. ¿Es posible la acusación popular cuando no interviene el Ministerio Fiscal? Caso Botín. En el Derecho procesal civil de ordinario se identifica el concepto de parte procesal con la titularidad de derechos objetivos subjetivos materiales y así identificación entre sendos conceptos: parte formal y material. También aquí se ha hablado que la utilización de la terminología de partes acusadoras y acusadas. A veces se utilizan términos muy antiguos. La utilización de los términos de parte activa y pasiva sólo se utiliza en la segunda parte del proceso.Por la parte pasiva, hay que hablar entre las partes acusadas el imputado, investigado o encausado, de una parte, y el responsable civil por otra parte. Si hay pluralidad de partes en cada de una de las partes hay que hablar de litisconsorcio pasivo o activo.Se está debatiendo la atribución al Ministerio Fiscal de la acusación. Está obligado a perseguir todas las actuaciones delictivas salvo en los delitos privados, que sólo pueden ser perseguidos a instancia de parte. Tiene otra serie de funciones como la de inspección directa de la formación del sumario, etc.En nuestro Derecho encontramos aquí tres figuras para participar en la administración de justicia, que son el Tribunal del Jurado, juzgado de paz y el acusador popular. Vamos a centrarnos en este último.c) La víctima en el proceso penal: acusador particular, acusador privado y actor civil. el tratamiento de la víctima está cambiando muchísimo. Actualmente se está “empoderando” muchísimo a la víctima.21 de febrero de 2017.Una de las posiciones que puede ocupar la víctima es la del acusador popular. Para conocer mejor su contenido hay que acudir al artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todas estas partes activas forman el denominado litisconsorcio activo. Esto pasa porque todas las partes activas son independientes.Ahora se va a hablar de la figura del acusador privado. Sólo hay un supuesto actualmente, establecido en el artículo 104 LECrim, el cual debe ser suprimido en una parte, por el hecho de supresión de las faltas de anuncio de hechos falsos o injurias leves (ex artículos 620 y 639 CP). Es decir, sólo se debe de tener en cuenta por el delito de injurias y calumnias contra particulares, (artículo 215.1 del Código penal).Por ultimo hay que hablar del actor civil, que se da cuando la víctima sólo interpone la acción civil. Hay que acudir a los artículos 108 y 110 LECrim. Se interpone por todas las partes acusadoras. 3.- Legitimación pasiva.a) Imputado: desde la reforma de 2015 se le llama investigado, desde la Ley Orgánica 13/2015. En el caso de que haya varios investigados, se habla de litisconsorcio pasivo. Junto a él encontramos también al responsable Civil. Su mayor regulación es de 2015.El término imputado es muy problemático, ya que se suele utilizar desde el momento de la instrucción, cuando no tendría que ser así, ya que se debería hacer desde el momento en que ya se sepa si la persona realmente es culpable. Otra cuestión importante es que no se le puede obligar a declarar. Lo que sí tiene es obligación es de comparecer. Esto se prevé así en el artículo 17.3 de la Constitución Española. Cabe juicio en ausencia en el procedimiento abreviado con cumplimiento de los presupuestos del artículo 786.II LECrim.El responsable civil directo aparece en la norma material (Código penal), y no de norma procesal. En primer lugar, sería el autor, cómplice o encubridor del hecho delictivo, a tenor del artículo 116 del Código penal.
    • En segundo lugar, existen otros responsables civiles directos que no lo son criminalmente:
    • b) Responsable civil: es la figura contrapuesta al actor civil, porque va a recibir este nombre la persona contra la que se demanda la acción civil o la responsabilidad civil, en cuanto acumulada a la penal. Puede ser responsable civil directa, que sería el imputado. Y, por otro lado, encontramos el responsable civil subsidiario, persona diferente del imputado.
    • Al contrario que en el proceso civil, en el que, si no aparece el demandado, se le declara en rebeldía, aquí no cabe esta figura si se conoce quién es el imputado o demandado, y habrá que buscarle.
    • El art. 118 LECrim es fundamental, ya que asocia la condición de imputado a la asistencia letrada y de interpretación. La problemática que se suma a lo anteriormente dicho es que ahora también, desde 2010, se puede imputar a las personas jurídicas.
    • También recibe el nombre de partes acusadas y, según Montero Aroca, también es una anticipación terminológica. Se trata de las personas contra las que se dirige la acción penal. No existe, al igual que en la parte activa, no hay monopolio.
    • 22 de febrero de 2017.
    • El actor civil va a intervenir en todos los aspectos del proceso y en todas las fases del mismo, pero sólo en la imposición de la acción civil, no en la imposición de la pena.
    • Aquí cabe la renuncia de la acción penal y fin del proceso penal, lo que le distingue del acusador particular.
    • El instrumento que utilizan para interponer la demanda es la querella, que está regulada en el artículo 270.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
    • La víctima no tiene la obligación de interponer la acción penal, ya que esto le corresponde al Ministerio Fiscal. La víctima sólo tiene la facultad o disponibilidad de ejercitar la acción. Hay que tener en cuenta aquí el Estatuto de la víctima de delito.
    • Hay que estar a lo previsto en los artículos 102 y 103 LECrim, en relación con los artículos 280 y 281 del mismo cuerpo legal.
    • b) Acusación popular: su regulación está en el artículo 125 CE, artículo 19.1 LOPJ, y artículos 101.II y 270 LECrim. El artículo 125 CE es muy importante en el ámbito procesal. La participación popular quiere decir que los ciudadanos legos participen en la administración de justicia.
    • a) Ministerio Fiscal: constituye parte acusadora por lo que le atribuye esta función el artículo 12401 CE y 105 LECrim. Su función principal es la de actuar en nombre de un interés estatal, según lo previsto en los artículos 1 y 3.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es un órgano dependiente del ejecutivo.
    • Por lo que respecta a las partes activas, encontramos como partes acusadoras, ya que no existe monopolio del Ministerio Fiscal, éste mismo, el acusador popular (artículo 125 CE), y la víctima o perjudicado (acusador particular, acusador privado, actor civil).
    • 2.- Legitimación activa.
    • El problema es que en el proceso penal la titularidad del ius puniendi se atribuye al Estado representado por el Ministerio Fiscal. Por tanto, lo que se quiere decir que el concepto de parte del derecho civil no es válido aquí. Es decir, sólo se utiliza el concepto de parte desde el punto de vista formal. Además, tampoco hay libre disposición del objeto procesal de parte.
    • Este tema es muy importante, y hace referencia a la capacidad de las partes. Es un tema muy influido por la normativa de la Unión Europea. Hay que completarlo con las jornadas de mayo.
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    • La proposición hay atender a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se puede hacer de oficio o a instancia de parte.
    • También hay que recordar que hay un fuero especial establecido para el caso de violencia sobre la mujer, y se establece en el lugar del domicilio de la víctima.
    • a) Determinación del órgano jurisdiccional competente. En primer lugar, hay que hacer referencia al fuero preferente, que hace referencia, según lo previsto en el artículo 14 LECrim, establece el lugar de comisión del delito (forum delicti commissi).
    • 5.- Competencia territorial.
    • Si conoce la Audiencia Nacional, se ha creado una sala especial de apelación.
    1. Aquellos que se han lucrado o beneficiado del hecho delictivo (arts.122 CP y 615 LECrim)
    2. Tutor o guardador del incapaz si se apreciare culpa o negligencia (art.118.1.1º CP)
    3. Personas favorecidas con el mal causado si se eximiera la responsabilidad criminal por estado de necesidad (art.118.1. 3º CP).
    4. Persona que causare el miedo si se aplica exención por miedo insuperable (art.118.1. 4º CP).
    5. Entidad aseguradora correspondiente si responsabilidad civil se haya cubierta con un seguro de este tipo (arts.117 CP y 76 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro).
    6. En el caso del responsable civil subsidiario, surge por insolvencia del anterior. Los supuestos están enumerados en los artículos 120 y 121 del Código penal:
    1. Padres o tutores por los daños derivados de los hechos delictivos cometidos por mayores sujetos a patria potestad si existe su culpa
    2. Titulares de los medios de comunicación si se han utilizado
    3. Titulares de establecimientos por delitos que se cometan en ellos con infracción de las normas reglamentarias
    4. Empleados, dependientes, gestores en ejercicio de su trabajo y personas jurídicas dedicadas al comercio
    5. Titulares de vehículos empleados en hecho delictivo por otra persona autorizada
    6. Entes públicos (Estado, CC.AA., entes locales …) por los daños causados por autoridades, agentes o funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo cuando la lesión tenga su causa en el funcionamiento del servicio público. Hay que decir que, al ser todas las partes existentes tanto en la parte activa como en la parte pasiva van a necesitar de postulación. Regla general es que va a ser necesaria esta postulación. En el caso del acusador particular, popular y privado, no existe representación.Imputado: regulación constitucional en arts.17.3 y 24.2 CE. Derecho fundamental y también asistencia jurídica gratuita, incluso si no es preceptiva. No está contemplado exactamente derecho autodefensa. Al igual que en el proceso civil, cabe la posibilidad de que existan diferentes posiciones tanto en la parte activa o pasiva, dando lugar al litisconsorcio pasivo, activo o mixto. En el caso del proceso penal, cabe que litisconsorcio sea de la misma o de distinta naturaleza.   Es la primera fase del proceso penal. Encontramos varias denominaciones para esta fase:
    7. 1.- Introducción.
    8. TEMA 4: La instrucción: nociones generales
    9. II. Instrucción
    10. 5.- Pluralidad de sujetos procesales.
    11. Responsables civiles: normas generales de postulación.
    12. Actor civil: mismas exigencias de postulación y reconocimiento de asistencia jurídica gratuita que para casos anteriores.
    13. No suelen estar presentes en los procesos penales los procuradores. En el caso del Ministerio Fiscal no se le va a exigir de postulación procesal, al ser ya funcionario público.
    14. 4.- Defensa y representación.
  1. Procedimiento preliminar (Gómez Colomer). En realidad, no es proceso penal, sino que es una fase administrativa, ya que los policías, que son los que llevan a cabo esta fase, son funcionarios públicos.
  2. Sumario: proceso sumario por delitos graves (artículos 299 y siguientes LECrim).
  3. Diligencias previas: procedimiento abreviado (artículos 774 y siguientes LECrim).

El órgano de instrucción es el director de esta fase. Hay que decir que el proceso de instrucción no siempre da lugar a un juicio oral.

 

2.- Concepto, funciones, contenido y características.

La mejor definición hoy en día de la fase de instrucción es la establecida en el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual “constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos”.

Hay que tener en cuenta que aquí en este proceso la presencia del demandado es esencial, no cabe la rebeldía procesal. La función principal de la instrucción es la preparación del juicio oral. Otras funciones son la comprobación de hechos delictivos, etc.

Hay que tener en cuenta que todas las actuaciones y diligencias que se pueden integrar en esta fase han ido mejorándose, sobre todo por la aparición de nuevos medios de investigación de los delitos.

Algunas actuaciones aquí son la adopción de medidas cautelares, actos de prueba anticipada, actos de investigación. Hay que distinguir aquí entre prueba preconstituida (aquellas que, por su naturaleza, no podrán ser reproducidas en la fase de juicio oral, como una prueba de ADN, un test de alcoholemia) o prueba anticipada (por ejemplo, en el caso de que el demandado sea de edad avanzada).

 

3.- Naturaleza jurídica.

En primer lugar, hay una naturaleza administrativa, ya que el órgano de instrucción ni juzga ni falla. Además, aunque dicte resoluciones, pueden ser revocables. Esto es así también por la intervención de órganos administrativos en el proceso de instrucción como el Ministerio Fiscal y la policía.

Por otro lado, también encontramos una naturaleza procesal, referida a que lo sumario hace referencia a los medios utilizados.

 

4.- Publicidad y secreto del sumario.

Este tema ha sido muy modificado. La función sumarial se caracteriza por la restricción del principio de publicidad. Es decir, por llevarse a cabo en forma escrita e imperar el secreto de las comunicaciones. Esto se produce sobre todo respecto de los medios de comunicación, porque si se restringiera la publicidad a las partes, se estaría vulnerando el principio de contradicción.

Se está restringiendo un derecho fundamental, el del artículo 24.2, por un principio previsto en una norma que ni siquiera es ley orgánica.

La regulación procesal de esta materia la encontramos en los artículos 301, 301 bis y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

1 de marzo de 2017.

Cuando hablamos de secreto de sumario respecto de las partes, no restringimos el principio de publicidad, sino que restringimos el principio de contradicción. La regla general es la restricción del principio de publicidad respecto de terceros. El motivo para que se restrinja el principio de publicidad es para evitar la formación de juicios paralelos.

La redacción original de 1882 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se preveía este secreto para todos los intervinientes para las partes. Hay que tener en cuenta que se está restringiendo un derecho fundamental con un argumento que resulta también de carácter constitucional, que es el derecho a un proceso público sin dilaciones.

La regulación penal de esta materia está en los artículos 301, 301 bis y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero de ellos regula un régimen de responsabilidades respecto del principio de publicidad. En la fase de instrucción sí que está presente el principio de contradicción. En cuanto al artículo 302, establece el principio de contradicción, pero con un límite temporal, pero por tiempo no superior a un mes. Por último, en cuanto al artículo 301 bis, se permite, en cuanto a la víctima de delito, se puede adelantar las medidas del artículo 681 para preservar la identidad de la víctima.

 

5.- Normas generales.

Lo que se pretende aquí es establecer medidas importantes de la fase de instrucción. La regulación la encontramos en los artículos 300 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Aquí hay que tener en cuenta la finalidad del sumario, que es la preparación del juicio oral, y asegurar la evolución del mismo. Aquí hay que referirse de nuevo a lo establecido en los artículos 299 y 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La competencia la tienen los juzgados de instrucción y los de violencia contra la mujer, y territorialmente hay que acudir al lugar de comisión del delito. Aquí hay que tener en cuenta la orden europea de investigación.Aquí hay que tener en cuenta la reducción del tiempo de la instrucción recientemente. Esto se hizo para agilizar esta fase y el juicio oral.

 

6.- Valor de las diligencias sumariales.

Sólo tendrán valor los documentos que se hagan efectivos en el juicio oral. Esta es la regla general. Los actos de la fase de instrucción en general, carecen de valor probatorio. Estas pruebas que no se pueden volver a probar hay que buscarlas un mecanismo para volver a reproducirlas en esta fase de juicio oral.

En el proceso civil hay que recordar que imperaban dos sistemas de prueba, mientras que en el proceso penal sólo rige la condición judicial. Hay que tener en cuenta aquí la STC 344/2006, de 11 de diciembre.

 

 

7.- Iniciación:

  1. a) Iniciación de oficio: tradicionalmente se ha distinguido entre una iniciación de oficio y una iniciación a instancia de parte. No hay acuerdo doctrinal para fundamentar los criterios de la división anterior. Su regulación la encontramos en el artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
  2. b) Denuncia y atestado policial: la denuncia de conocimiento por la que se transmite al juez, MF o policía Judicial la noticia de un hecho constitutivo de delito. Hay que estar a lo previsto en los artículos 259 y siguientes LECrim. Impone la obligación de determinados profesionales en el atestado policial.

En cuanto al atestado policial, es un acto administrativo que se le va a dotar de efectos procesales por su importancia en el proceso penal. Es una obligación prevenida por los artículos 284 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este atestado es una declaración de conocimiento, que pone en conocimiento de las autoridades judiciales de la posible comisión de un delito.

  1. c) Querella: es un acto de parte, una declaración de parte, por el que el querellante se convierte en parte. De esta manera, la forma va a ser más estricta. Sólo puede tener lugar ante el juzgado correspondiente.

 

7 de marzo de 2017.

La denuncia es una declaración de conocimiento y la querella es una declaración de parte. La querella es un derecho. En la querella se ejercita la acción penal, mientras que en la denuncia no, sino que es un requisito de procedibilidad. El cuadro de diferencias se cierra con lo previsto en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que tiene realmente valor de prueba es lo que accede al juicio oral.

  1. d) Auto de apertura. ****

 

8.- Imputación:

Es el presupuesto necesario para la apertura del posterior juicio oral. Pero hay que tener en cuenta que la imputación de una persona, ya que puede haber sobreseimiento. Es muy importante la jurisprudencia constitucional en este aspecto (STC 135/1989, de 19 de julio, y 186/1990, de 15 de noviembre).

Lo que se quiere decir es que se tiene que haber adquirido la condición de imputado para poder ser enjuiciado. Pero surge problemas en torno a la imputación de personas jurídicas, porque, aunque se introdujera en el Código penal en 2010, nuestra legislación todavía no ha sido bien concebida e introducida en nuestra legislación.

  1. A) Formas: no hay un precepto claro en este sentido, sino que la regulación es indirecta, y se extrae del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, además, encontramos varias vías de imputación. Un ejemplo sería la detección de una persona.

 

8 de marzo de 2017.

  1. B) Auto de procesamiento: se regula en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se considera un acto formal de imputación por el que se constituye el estado de procesado, dictado por el juez instructor (Gómez Orbaneja). O bien, como la resolución motivada y provisional, emanada del juez instructor ordinario (o del magistrado perteneciente al tribunal al aforado) por la que se declara a una persona determinada como formalmente imputada (Gimeno Sendra).

Esto no significa que en algún caso pueda haber a continuación diligencias sumariales. Es decir, pueden establecerse más actos de investigación de los hechos. Aquí han de tenerse en cuenta los artículos 383, 384 y 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También se adoptan también medidas cautelares, bien personales, para asegurar la responsabilidad penal, bien material, para asegurar la responsabilidad civil.

 

III. Medidas cautelares

TEMA 6: Medidas cautelares personales

 

1.- Introducción.

Lo que se pretende aquí con las medidas cautelares es, a la vez que en el proceso civil, establecer las vías para poder ejecutar la sentencia que recaiga en el proceso penal. Hay más reticencias para hablar de proceso cautelar en el ámbito penal por estar vinculado al proceso principal. Estas medidas se adoptan durante la fase de instrucción.

 

  1. Concepto, características y presupuestos.

Según Gimeno Sendra, son resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional que pueden adoptarse en el curso de un procedimiento penal contra el imputado por un delito de tal gravedad que haga presumir su riesgo de fuga o su ocultación personal o patrimonial, por las que se limita provisionalmente su libertad.

Se pretende garantizar la presencia del imputado en juicio. Otra característica del proceso penal es la instrumentalidad del proceso penal, ya que por medio de ellas se alcanza el fin que se persigue en el proceso penal. Los presupuestos son los mismos que en el proceso civil, es decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora.

 

14 de marzo de 2017.

En cuanto a los presupuestos, hay que decir que son los requisitos que han de tener las medidas cautelares para poder ser adoptadas como tal. En cuanto al fumus boni iuris, en el proceso penal se traduce en la atribución razonada de la responsabilidad, en la comisión de un delito.

Las medidas cautelares personales son muy distintas en el proceso penal. Como estamos asegurando una medida penal, el peligro de infructuosidad es el peligro de fuga y que no se pueda ejecutar la sentencia que recaiga en el proceso.

 

  1. Citación.

Es la medida menos constrictiva. Es un medio de comunicación a particulares, en el cual se le convoca para que realice un acto procesal (asistencia) en día, hora y lugar. La medida cautelar de citación entraña algo más. Se trataría de una constricción posible de la libertad personal.

Está regulado en los artículos 486 a 488 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para Gimeno Sendra no es una medida cautelar. Hay que diferenciarla de otros tipos de citación, como puede ser la citación policial. Ésta sería un acto procesal, no procesal. Entraría dentro de los pasos para el esclarecimiento de los hechos.

 

  1. Detención:
  2. a) Concepto: es una medida muy particular. Puede ser de muchos tipos. Según Gimeno Sendra, es una medida cautelar personal y provisionalísima (por ser sus plazos muy breves), que puede adoptar la autoridad judicial, policial e incluso los particulares, consistente en la limitación del derecho a la libertad del imputado, con el objeto esencial de ponerlo a disposición de la autoridad judicial, o si se está ya en esa situación de resolver sobre la misma.
  3. b) Clases: la ley prevé que cualquier persona puede detener a cualquier otro que esté cometiendo un delito grave. Hay que acudir en los artículos 17 de la Constitución y 490 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Puede ser de dos tipos la detención judicial, bien ab initio, y la realizada por ciudadanos y la policial.

 

15 de marzo de 2017.

Hay que diferenciar la detención ordinaria, que es la que estudiamos como medida cautelar especial, de otros tipos de detención. La detención judicial que hablábamos ayer puede ser de dos tipos. La primera es la detención ab initio, realizada de oficio, y la previamente practicada por particulares y/o policía, que se denomina confirmatoria.

  1. c) Tiempo: este problema o discusión, que ha perdido importancia, tiene una cierta discordancia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El problema proviene del artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un plazo máximo de puesta a disposición judicial es de 24 horas. Y esto está confirmado por lo previsto en el artículo 530 del Código penal.

Otro problema temporal viene determinado en el artículo 520 del mismo cuerpo legal, que establece un plazo de puesta a disposición del detenido ante el juez es de 72 horas, establecido también este plazo en el artículo 17, apartado 2, de la Constitución. Pero nada impide que la ley ordinaria sea más garantista que la Constitución.

Y luego encontramos otro plazo más garantista en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo esto hay que oponerlo en contraposición a lo previsto en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento criminal para el auto de procesamiento en actos de terrorismo.

En este punto hay que tener en cuenta lo previsto en los textos internacionales en la materia, como pueden ser el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y varias directivas europeas, como la que establece el estatuto del detenido.

  1. d) Garantías del detenido: aquí hay que estar a los artículos 520cy siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el momento de la detención del posible acusado, hay que leerle sus derechos. Hay que tener en cuenta la influencia del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y, especialmente, en el artículo 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta las modificaciones introducidas por las Leyes 5/2015, de 27 de abril, y 13/2015, de 5 de octubre, en adaptación de las directivas europeas de derechos procesales.

Entre los derechos está el derecho a asistencia letrada de su elección o, en su caso, de oficio, que no significa que se tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita. Por cuanto al derecho al acceso elementos esenciales de las actuaciones. Todo esto entre otros derechos.

  1. e) Especial consideración de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana: hay que estar a la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana, y, concretamente, en su artículo 16, idéntico al anterior, que dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden, en el ejercicio de sus funciones de indagación y prevención delictiva, la identificación de las personas, bien por existir indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción, o cuando se considere razonablemente necesario.
  2. f) Orden Europea de Detención y Entrega: ******.
  3. g) El procedimiento de habeas corpus: es un remedio de derecho procesal, contenida en su propia ley de habeas corpus.

 

21 de marzo de 2017.

5.- Prisión provisional:

Es una medida cautelar de cautelar personal más gravosa, que consiste en la “limitación de libertad individual” y que supone el acceso a una institución penitenciaria. De todas las medidas cautelares, es la de más larga duración.

En ella se cumple la nota de jurisdiccionalidad. Hay una profesora de derecho procesal que considera que esta medida se tiene que tomar cuando no haya otra forma de asegurar la condena, es decir, tiene que ser un mal necesario. Aquí hay que destacar la nota de homogeneidad, junto con la pena privativa de libertad.

  1. a) Naturaleza jurídica: hay ciertas teorías en función de su finalidad, pues hay varios autores que supone la anticipación de la pena (errónea interpretación de la tesis CARNELUTTI. Por otro lado, como se considera una medida cautelar, tiene las mismas características que ésta.
  2. b) Presupuestos y límites: son los mismos que en el proceso civil, es decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora. Pero se tienen unos criterios mayores para su determinación. Los límites están previstos en el artículo 504 de la LECRIM.

El legislador sólo determina una serie de criterios que luego tienen que ser concretados por la autoridad judicial. Aquí se discute la existencia de la discrecionalidad judicial, lo cual ha de justificarse mediante la motivación del mismo.

Otro criterio que se maneja es que pueda haber un atentado contra la víctima o contra los bienes de la víctima. Un ejemplo de esto sería lo previsto en el artículo 773 LECrim. En cuanto a los límites hay que tener en cuenta lo previsto en la STC 206/1991, de 30 de octubre, en conformidad con lo establecido en el artículo 504 LECrim.

  1. c) Clases: en primer lugar, encontramos la prisión provisional comunicada, que es el régimen ordinario de cumplimiento de esta medida. En contraposición, encontramos la prisión provisional incomunicada, la cual se ha de decretar mediante resolución judicial con forma de auto, y que supone la limitación de los derechos del artículo 520 LECrim. Por último, se encuentra la prisión provisional atenuada, de cumplimiento en el domicilio, establecida en el artículo 508 LECrim.
  2. d) Procedimiento: a partir de 1995 sólo puede tomarse a instancia de parte. Esto se hizo a través de una disposición adicional de la ley del tribunal del jurado.

 

22 de marzo de 2017.

  1. Libertad provisional.

Aquí hay que estar a lo previsto en los artículos 528 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se prevé como medida alternativa a la prisión provisional. Aquí el problema es que en este apartado se empieza hablando de la prisión provisional, por lo que no se le da una verdadera autonomía de la libertad provisional.

Su imposición variará mucho del sujeto al que se le imponga, así como de las circunstancias de la pena, de los hechos, etcétera. Hay que tener en cuenta la relación con la fianza, regulada en el artículo 532 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se puede ir sustituyendo con otras medidas cautelares. Hay que establecer la relación con esta medida con la orden europea de detención y entrega. Y hay que decir que se pueden establecer derechos civiles.

 

  1. Orden de protección.

Rellenar con PowerPoint y manual.

  1. Otras medidas limitativas de la libertad.

Rellenar con PowerPoint y manual

 

4 de abril de 2017.

TEMA 7: Medidas cautelares reales

 

 

 

1.- Introducción.

Aquí lo que se pretende es la conservación del objeto principal del objeto. Son semejantes a las previstas en el proceso civil. Se deriva de acumular la acción civil a la acción penal. Tenemos una regulación doble en la LECrim, sobre todo por la consideración por los responsables civiles secundarios.

 

2.- Concepto y naturaleza jurídica.

Hablar de concepto y de la naturaleza jurídica, se reenfocan al proceso civil. El concepto puede reconducirse a que estas medidas son medidas procesales de carácter asegurativo, funcionalmente preordanas a la tutela de los intereses pecuniarios.

Aquí, si son medidas basadas en el proceso civil, se ponen en contraposición algunos de los principios de este proceso (dispositivo, a instancia de parte) con los previstos para el proceso penal (por ejemplo, que las medidas se adopten de oficio).

 

3.- Características.

La primera de ellas es la temporalidad, porque la medida cautelar que se adopte en el proceso sólo será válida hasta que se adopte la sentencia, y, en cuanto se adopte ésta, dejan de producir efectos.

La oficialidad es imperante en este proceso. También es importante aquí la imperatividad de las normas que regulan el proceso penal. Y luego encontramos la oficialidad y la revocabilidad, en cuanto que pueden ser alzadas para que aumente o disminuya la responsabilidad civil.

 

4.- Presupuestos.

Son los mismos que venimos viendo, el fumus boni iuris, previsto en el artículo 589 LECrim, pero el periculum in mora no aparece en la ley, y se dice que está implícito.

 

5.- Fianzas.

La regulación principal la encontramos en los artículos 589 y siguientes LECrim, en primer lugar, y, en segundo lugar, en los artículos 615 y siguientes LEC. Hay diferentes clases de cauciones:

    • Personal: fianza prestada por persona distinta del obligado, pudiendo a su vez ser pignoraticia o hipotecaria. Regulación en art.592 LECrim en relación con requisitos que ha de reunir el fiador (vid.)
    • Pignoraticia: depósito de bienes o valores mobiliarios, sobre los que habrá de practicarse tasación por perito conforme se indica en art.594 LECrim (vid.)
    • Hipotecaria: depósito de bienes inmuebles. Cabe sustitución por anteriores bienes de fianza pignoraticia conforme el posterior art.593 LECrim (vid.) y deberá constituirse en escritura pública o apud acta (art.595 LECrim). Así también, como la pignoraticia exige tasación por perito (art.594 LECrim)
    • Caución: podrá constituir en dinero efectivo, aval solidario en condiciones descritas en art.591 LECrim (vid.) o cualquier otro medio que a juicio del juez garantice la inmediata disponibilidad dineraria.6.- Embargo. 7.- Intervención de vehículos a motor. 8.- Clausura temporal de empresa. 9.- Otras medidas.5 de abril de 2017. TEMA 8: Fin de la instrucción y fase intermedia1.- Introducción. Si se decreta la apertura del juicio oral, se ha de acompañar los escritos de acusación, con el dictamen de auto de conclusión del sumario. Y, en cuanto a la finalizacón, con trámite de calificaciones incluyendo la discusón de los artículos de previo pronunciamiento. Autores como Gimeno Sendra la considera como un trámite de declaración mediante resolución jurisdiccional motivada por el Juez instructor una vez practicadas las diligencias necesarias.  a) Concepto; la regulación la encontramos en los artículos 634 y siguientes LECrim. Es equivalente a una sentencia, y se considera una resolución firme, emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia mediante la cual se pone fin al procedimiento penal incoado con una decisión, que, sin actuar el ius puniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos.En cuanto a los efectos, los comunes serían las piezas de convicción, el archivo de los autos, sobreseimiento libre (efecto especial), sobreseimiento provisional (efecto especial, y no hay regulación en la ley), sobreseimiento total o parcial en cuanto a los efectos comunes. 17 de abril de 2017. Hay que acudir para su conocimiento a los artículos 649 y siguientes de la LECrim, que han de ser complementados con los artículos 651 y siguientes del mismo cuerpo legal. Determina el tema probando (artículo 729.2 LECrim).Lo que le vincula al juez no es tanto la pena como la calificación del supuesto de hecho y la vinculación de la pena correspondiente. Esto se debe a que las partes pueden haberse equivocado en su pretensión.5.- Apertura del juicio oral. Se puede abrir la fase de instrucción aquí para proponer nuevas pruebas. Precluye la oportunidad de introducir nuevas partes acusadoras desde un punto de vista subjetivo. Desde un punto de vista objetivo, no se permite la introducción de nuevo material fáctico.6.- Conformidad.Su regulación la encontramos en los artículos 655, 787 y 801 de la LECrim. No está previsto para el procedimiento ordinario, pero se potenció desde LO 7/1988 para el procedimiento abreviado.b) Ámbito y modalidades: hay que tener en cuenta el número de imputados, pudiendo hablar así de conformidad total o parcial (impropia). c) Efectos. Especial referencia a la conformidad premiada: completar con PowerPoint.19 de abril de 2017. ¿¿¿¿¿¿??????Atienden al fondo del asunto. Hay que acudir a los artículos 666 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Puede ocurrir que alguna de las partes interponga algún óbice. Hay que equiparar estos actos a la audiencia previa en el proceso civil. Serán propuestos por las partes en el plazo para proceder a la calificación provisional. Todavía estamos en la fase de preparación del juicio oral. Aquí también puede tener lugar otro aspecto de preparación como es la prueba anticipada.
    • 4.- Otros actos preparatorios. Se podrá solicitar la recusación de peritos que intervengan en el proceso, así como el señalamiento de juicio oral, y las citaciones. En el caso del señalamiento del letrado de la administración de justicia tuvo mucha polémica cuando fue introducida en la reforma de 2015. Es muy importante en este momento es la vigencia del principio de publicidad (acompañada de oralidad del artículo 120 de la Constitución española). Hay que estar en cuanto al principio de publicidad, hay que tener muy importante a los artículos 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.Cabe destacar que, aunque se pueda declarar al imputado o investigado en rebeldía como en el proceso civil, esta declaración de rebeldía del imputado implica la suspensión de las actuaciones.
    • El presidente del tribunal tiene facultades disciplinarias, sobre todo la de poner orden en la Sala. Si no, se pueden imponer sanciones a los alborotadores.
    • En este tema ha habido mucha reforma por la creación del Estatuto de la Víctima del Delito. Aquí hay que destacar el principio de contradicción, pero siempre con muchos límites. Hay que estar a lo previsto en los artículos 841 LECrim, en relación con el artículo 786.1 del mismo cuerpo legal, así como los artículos 24 CE y 6 CEDH.
    • 5.- Iniciación.
    • Puede hacerse uso de la cooperación judicial, emisión de exhortos por el letrado de la administración de justicia.
    • Hay que pronunciarse sobre los distintos medios probatorios, sobre todo cuando se deniegue alguno de los medios propuestos, sobre todo porque la denegación de alguno de los medios propuestos es la interposición de recurso.
    • 3.- Prueba anticipada.
    • Está haciendo referencia a la falta de competencia. No puede ser subsanada. Hay numerus clausus. Aquí hay que estar a lo establecido en los artículos 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
    • 2.- Artículos de previo pronunciamiento.
    • 1.- Introducción.
    • TEMA 9: Juicio oral: preparación y celebración
    • Completar con powerpoint.
    • El juez habrá de conformarse con la pena más alta.
    • a) Concepto y naturaleza jurídica: Aunque el concepto que contempla y que se utiliza es réplica de la LEC de 1881, no entró en aplicación hasta 1988. No hay práctica probatoria aquí, por lo que sale a relucir el principio de economía procesal.
    • Va a trabajar como alternativa al sobreseimiento. Adopta la forma de auto. La solicitud ha de realizarse a instancia de parte, Ministerio Fiscal, o acusador particular/privado o popular. Su regulación está prevista en los artículos 632 y 633 de la LECrim.
    • En el procedimiento abreviado, se denomina escrito de acusación. La presentación de conclusiones tiene lugar de forma precisa y numerada. El contenido hay que acudir al artículo 650 de la Ley de Enjuicio Criminal.
    • 4.- Formulación de la acusación: las calificaciones provisionales.
    • c) Impugnación. Se trata de la previsión de recursos legales contra los autos de sobreseimiento, y se realiza en el artículo 636 de la LECrim. Aunque el sobreseimiento libre para recurso de casación previsto ene l artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
    • b) Clases y efectos; hay que distinguir entre el sobreseimiento total o parcial, con referencia a la existencia.
    • 3.- Sobreseimiento:
    • El auto de finalización del sumario puede producirse a instancia de parte o de oficio. Habrá que transmitirse la competencia al juez que vaya a conocer después de la instrucción.
    • 2.- Conclusión del sumario.
    • Su regulación la encontramos en artículos 536 y siguientes LECrim.
    • Aquí lo que se va a determinar es la apertura del juicio oral o el archivo de las actuaciones. Este es su contenido básico. No hay ningún artículo en la ley que se refiera a esta fase. Comenzaría después del acto de conclusión del sumario.
    • IV. Fase intermedia y juicio oral
    •  Actualmente hay una orden europea de embargo.
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