Procesos civiles especiales

PROCESOS CIVILES ESPECIALES

 

Tema 1. Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.

 

1.- Introducción. 6 de febrero de 2017

Quienes son los protagonistas en estos procesos son los ciudadanos, cuando les surge un problema, ya que la vida continúa, y hay que pagar todos los gastos de la vida. Aquí hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 117.3 de la Constitución.

Los procesos especiales se regulan en el Libro IV de la LEC, en contraposición con los procesos declarativos (juicio verbal, para conflictos en los que la trascendencia jurídica no tiene suficiente entidad, por una cuantía inferior a 6000 euros, juicio ordinario, para los procesos con entidad poco importante, y una cuantía superior a 6000 euros).

Por tanto, son procesos especiales aquellos que, por razón de la materia o de la cuantía, el legislador ha querido dar una regulación especial. La ley establece tres tipos de procesos especiales. El primero se agrupa bajo la categoría de los procesos no dispositivos, regulados en los artículos 748 a 781 LEC, y hay cuatro tipos de procesos.

 

2.- Naturaleza y características.

Las características comunes son que se protejan derechos recogidos en el Código civil, en la sección de derechos de las personas, y, por otro lado, que todos estos procesos tienen la característica de la indisponibilidad del objeto. Aquí hay que estarse a lo establecido en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se establece el principio de justicia rogada, que no permite la disponibilidad del objeto en estos procesos porque afectan a derechos de terceras partes ajenas al proceso.

La segunda regla común en estos procesos es la intervención preceptiva del Ministerio fiscal, en cuanto a que se requiere la protección superior de los menores en estos procesos.

La tercera nota es que, en cuanto el objeto es indisponible, la aportación de parte cede, en cuanto hay un interés superior, el juez, de oficio, decrete aquellas pruebas que considere necesarias para dictar sentencia. Esto se recoge en el artículo 752.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

 

3.- Disposiciones generales.

Otra manifestación de esta indisponibilidad es que la conformidad de una de las partes no es vinculante para el Juez. Aquí hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 752.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Otra manifestación es la exclusión del principio de publicidad. Aunque hay casos en que se puede decretar en algunos supuestos que el juicio se haga a puerta cerrada, como en los casos para garantizar la dignidad de la persona, o los de menores.

Todos estos procesos requieren postulación procesal plena, salvo para los establecidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La última nota es que se va a tramitar por los puntos del juicio verbal. Demanda escrita. Postulación procesal directa o indirecta. La presentación ha de hacerse ante la Oficina Judicial en el Servicio Común. La admisión a trámite por el letrado de la administración de justicia y emplazamiento por escrito al demandado, y, después, si hay que practicarse prueba, se fijará la vista de las partes.

 

13 de febrero de 2017.

Se actúan derechos, intereses que se caracterizan por la no disponibilidad de la libre disponibilidad por los sujetos.

Dentro de los procesos no dispositivos se incluyen los procesos sobre capacidad de las personas, sobre filiación, paternidad, y maternidad, procesos matrimoniales, y sobre la protección de menores.

 

4.- Procesos sobre la capacidad de las personas.

Se engloban a su vez cuatro tipos de procedimientos, dependiendo del objeto de los mismos: la incapacitación de las personas, el______, la prodigalidad, el internamiento forzoso de una persona por trastorno psíquico.

En cuanto al proceso de incapacitación, todas las personas físicas, cuando alcanzan la mayoría de edad, tienen reconocido la capacidad de cómo va a gobernarse su vida, sus derechos, etc., en la forma prevista en el Código civil. Los artículos 199 y 200 del CC establecen que, ante una alteración psíquica o física, establecen que esa persona tenga capacidad limitada y, por tanto, no puede regirse a sí misma.

Todo esto hace que ese incapaz, que tiene limitada su capacidad de obrar por sentencia judicial, tiene que estar asistida por un tutor o un curador. El primero se suele nombrar normalmente a los familiares más próximos, y si no existen, está reservada esta actuación a los servicios sociales.

Una de las exigencias es que el presunto incapaz sea examinado por el tribunal y por los servicios sociales o por institutos de medicina legal adscritos a ese juzgado o tribunal. Hay que atender a los artículos 757 y 758 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se establecen unos centros de acción social, los cuales son llevados a cabo por la administración pública correspondiente para poder proteger a estas personas. Aquí hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 759, en el que se establecen las pruebas y audiencias preceptivas en los procesos de incapacitación.

Al contrario que en un proceso dispositivo, en el que se realizan las pruebas que proponen las partes, en los procesos que estamos viendo las pruebas que se llevan a cabo, según lo previsto en el propio artículo 759, las pruebas que se realizan en el proceso son las que propone el tribunal. Actualmente, estos procedimientos se están viendo para enfermedades mentales (alzhéimer, etc.).

En cuanto al procedimiento, se tramitan por juicio verbal. La demanda es presentada bien por el Ministerio Fiscal, o por los parientes más próximo, admisión por el letrado de la administración de justicia, y se transmisión al tribunal competente.

En cuanto a la sentencia, hay que estar a lo establecido en el artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Si queda sujeta a tutela, hay que señalar quién es el tutor, el cual tendrá una serie de obligaciones impuestas por el propio Código civil (guardia y custodia del incapaz, administración de sus bienes, hacer un inventario en el momento que sea nombrado, y llevar a cabo una evaluación de su gestión).

El segundo proceso es el previsto en los artículos 761 y 762, que prevé un proceso de reintegración de la incapacidad, y modificación del alcance de la incapacidad.

Otro procedimiento es el de declaración de la prodigalidad. Legalmente no hay una definición. Nuestros tribunales han establecido varias definiciones, pero la evolución reciente nos enseña que la prodigalidad se vincula al respeto de la legítima.

Esto de la prodigalidad hay que entenderlo al ámbito familiar, entendiéndolo al respeto de la prodigalidad. Es un tema muy complicado, ya que viene muy vinculado a terceras, cuartas, quintas, etc., relaciones. Bien por malgastar el patrimonio por relaciones con parejas, o que los descendientes del supuesto pródigo, por malgastar sus bienes, le demanden por prodigalidad por ver perjudicada su legítima. El curador que se nombre tendrá que los mismos deberes que el tutor.

Mientas no se declare por un juez la incapacitación o la prodigalidad, no se puede detener a la persona para retenerle en una institución, porque, si se hiciese así, estaríamos ante una detención ilegal, un ilícito penal.

El plazo desde que se produce el internamiento para determinar estos trastornos es de 24 horas. El procedimiento termina, en vez de por sentencia, por auto.

 

 

5.- Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad.

Son procedimientos en los que alguien considera que es padre de otra persona, que no tiene reconocida como hijo o hija, y quiere legalizar esa relación de filiación. A efectos de lo que nos conciernen, desde un punto de vista teórico, hay tres tipos de acciones.

Las primeras son las reconocidas en los artículos 131 y siguientes del Código civil. También encontramos las acciones de _____. Por último, están las acciones de filiación contradictoria.

En cuanto a la legitimación activa y pasiva, hay que estar a lo previsto en los artículos 766 y 767 de la ley procesal civil.

Un problema que surge es la negativa a realizarse la prueba de paternidad o maternidad.

 

6.- Procesos matrimoniales: 20 de febrero de 2017.

Se van a estudiar aquí las vías por las que se pone fin al matrimonio. Se ha de estudiar, en primer lugar. si ese matrimonio es válido en España y reúne los requisitos exigidos por el Derecho Civil. Pero lo que realmente interesa aquí es la extinción del matrimonio.

La separación supone que se decreta el término de la convivencia que deriva del matrimonio, a la que se pone fin mediante la separación, pero persistiendo el vínculo matrimonial, con lo que no se puede volver a contraer matrimonio. Por el contrario, en el divorcio, pone fin al contrato matrimonio, lo que te permite contraer otros matrimonios.

Estos procesos matrimoniales se incluyen dentro del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. se persigue una pretensión principal (disolución del vínculo, etc.), pero también hay que establecer una serie de medidas, como quién posee la patria potestad sobre los hijos menores, a quién corresponde la guardia y custodia de los hijos menores, qué pasa con el domicilio familiar, qué pasa si uno de los cónyuges llega a una situación económica que no le permita cumplir con sus obligaciones más simples.

La cuestión que, en primer lugar, se plantea es qué legislación se debe de aplicar, por el simple hecho de que existen muchas relaciones entre nacionales de diferentes Estados. Aquí se ha de acudir al artículo 107 del Código civil.

  1. a) Competencia. Por otro lado, como estamos en el ámbito jurisdiccional, hay que establecer cuándo es competente la jurisdicción española cuando acuden a los tribunales españoles matrimonios compuestos por personas de distinta nacionalidad, no sólo con que uno posea la española y la otra no, sino también cuando ambos cónyuges tengan diferente nacionalidad. Aquí hay que acudir al artículo 22 quáter, letra c, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La jurisdicción es una norma básica que afecta al orden público procesal. Si el juez no fuera competente, declinará el asunto, en favor de que las partes vayan al tribunal que corresponda.

La competencia objetiva siempre está reservada a los juzgados de primera instancia. El legislador ha decidido que los juzgados de violencia contra la mujer pueden conocer de asuntos civiles de violencia contra la mujer.

En cuanto a la competencia territorial, viene recogida en los artículos 769 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

 

  1. b) Procedimiento. La ley regula cuatro procesos matrimoniales distintos. El primero son procesos de medidas cautelares provisionales, que tienen por objetivo regular las nuevas situaciones que se producen en este nuevo horizonte matrimonial, y están reguladas en el artículo 771 de la Ley de enjuiciamiento civil. Por otro lado, también encontramos una serie de medidas coetáneas a la demanda. Esto está previsto en el artículo 773.

Por otro lado, también encontramos un procedimiento administrativo, en el que se pretende, en el caso de que no exista un convenio regulador, que las partes se pongan de acuerdo para llegar a establecer la naturaleza de la futura relación matrimonial. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, se establecerá por el juez. Está regulado en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otro lado, encontramos el proceso consensuado, que es aquel en el que los dos cónyuges han llegado a un acuerdo a través de un convenio de regulación, y así la ley flexibiliza los trámites del divorcio o separación. Su regulación está en el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

6 de marzo de 2017.

Para acudir a esta vía del proceso consensuado, hay que aportar un convenio regulador, consistente en las medidas adoptadas por los cónyuges para establecer los extremos de su relación. Ha de cumplir las reglas establecidas en el artículo 90 del Código civil, y esto es algo imperativo, ya que hay que se ha de aportar necesariamente.

Necesariamente, el convenio ha de regular a la guarda y custodia de los hijos, por lo menos hasta la mayoría de edad, o hasta los supuestos de emancipación. En la actualidad ha adquirido carta de naturaleza la guarda y custodia compartida de los hijos.

Otra cuestión necesaria es el régimen de visitas y comunicaciones del que va a poder disfrutar el progenitor al que no le haya sido atribuida esa guarda y custodia, así como a los abuelos, pues tienen derecho a poder disfrutar de sus nietos.

También es preciso que establezca el uso del domicilio y ajuar familiar. Normalmente, tanto en caso de convenio regulador, como si éste no existe, el ajuar y vivienda familiar suele atribuirse al cónyuge al que se le haya atribuido la guarda y custodia y a los hijos que estén con él.

También ha de establecerse la cantidad que cada progenitor ha de sufragar para sus hijos. Esto se refiere al derecho de alimentos. Esto no se refiere al concepto estricto, sino en vestido, educación, ocio, etc. Todo ello dependiendo en la capacidad de generar ingresos del progenitor que tiene la guarda y custodia. Es decir, ha de establecerse en función de la capacidad económica.

También se ha de hacer constar en el convenio regular la cantidad en virtud de pensión compensatoria, por el desequilibrio que se haya producido para uno de los cónyuges. Pero puede ocurrir que no exista desequilibrio, y, por tanto, no se necesite establecer pensión compensatoria. Es muy común hoy en día el establecimiento de una serie de pactos.

Aquí hay que estar a lo establecido en el artículo 778, para que una resolución de un tribunal extranjero tenga plenos efectos en el orden civil español.

 

  1. c) Medidas provisionales.

 

  1. d) Medidas definitivas.

 

  1. e) Separación y Divorcio de mutuo acuerdo.

 

  1. f) Eficacia civil de resoluciones eclesiásticas.

 

7.- Procesos relativos a la protección de menores.

 

 

Tema 2. Procesos para la división judicial de patrimonios.

 

1.- Introducción.

Aquí se van a incluir dos procedimientos con supuestos y bases distintas. Estos dos procedimientos tienen en común que, ante un patrimonio o un conjunto patrimonial que pertenece a más de una persona, que no está dividido, y que, por tanto, no está dividido, y ante la falta de división por las partes, se ha de acudir al juez para que establezca cómo se ha de dividir el patrimonio.

 

2.- División de la herencia:

Aquí ha de tenerse en cuenta que, una vez fallece una persona, su patrimonio se va a dividir entre sus coherederos. Hay que tener muy en cuenta el artículo 1051 del Código civil. Este artículo establece que ningún heredero está obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, salvo los supuestos tasados en que el testador haya obligado a permanecer en la indivisión.

Si algún heredero quiere que se produzca la indivisión, aunque los demás no quieran. Esto se puede hacer de manera voluntaria, mediante el establecimiento de un acuerdo, que ha de llevarse al notario para que proceda a la división. Si no se ponen de acuerdo, y no hay ni testamento ni contador-partidor, y no se llega a un acuerdo, cualquier coheredero puede acudir a este procedimiento de división de la herencia.

Su regulación se regula en los artículos 802 a 811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

  1. a) Procedimiento.

 

  1. b) Intervención del caudal hereditario.

 

  1. c) Administración del caudal hereditario.

 

3.- Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial.

El régimen económico matrimonial es el medio que se establece por el Código civil para el mantenimiento o sostenimiento de las cargas del matrimonio. En el derecho común español tenemos tres regímenes. El primero es el régimen de gananciales, regulado en los artículos 1316 y siguientes del Código civil, y tiene carácter supletorio, es decir, si los cónyuges no han establecido cualquier otro.

Estamos en lo mismo que en la división de la herencia. Se han de llevar a cabo una serie de operaciones, empezando por la determinación de los bienes. Hay que estar a lo previsto en los artículos 1349 y ______ del Código civil.

 

 

13 de marzo de 2017.

 

Tema 3. Procesos Monitorio y Cambiario.

 

En esta lección vamos a reflexionar sobre lo llamado por la doctrina tutela judicial del crédito, es decir, los cauces de protección del crédito para que el acreedor, para proteger su derecho de crédito en sentido económico, pueda hacerlo efectivo de manera ágil, y puedan protegerse también los derechos de la parte deudora.

1.- El proceso monitorio.

  1. a) Ámbito de aplicación. Si alguien tuviera una deuda y no existieran estos mecanismos, mediante los procedimientos de agilización para cobrar el crédito se resolvería el asunto. Como lo que se pretende dotar al acreedor de un instrumento eficaz que pueda evitar acudir a este procedimiento (muy largo), se ha establecido el proceso monitorio.

 

 

  1. b) Características. Es el proceso que ocupa mayor número de asuntos. Su regulación está en los artículos 812 y siguientes de la LEC, y está previsto para deudas monetarias, por lo que no puede acudirse a él cuando lo que se pretenda es algo que no consista en dinero.

Pero, además, la deuda tiene que ser líquida. Es decir, cuando se está acudiendo a una cuantía determinable fácilmente. Por ejemplo, cuando lo que se debe es la cantidad consecuencia de la venta de uva.

Por otro lado, tiene que ser una deuda determinada, es decir, que sea una deuda que haya sido establecida ya previamente.

También tiene que tratarse de una deuda vencible, es decir, que se haya cumplido el plazo o termino en que haya tenido que cumplir el deudor.

Y, por último, tiene que ser una deuda que no se haya extinguido. Es decir, que no se haya extinguido por novación, o por compensación, o por condonación de la deuda, siempre que ésta sea expresa, etc.

Este proceso aparece en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, en la ley de enjuiciamiento civil anterior se tenía que acudir al procedimiento normal de pedir el crédito. Actualmente se puede acudir a este proceso para solicitar cualquier deuda de cualquier cantidad.

Y, además, ese derecho de crédito, tiene que estar acreditado documentalmente, lo cual puede realizarse mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los sectores que más acuden a este ámbito son los de telefonía móvil, y los de energía eléctrica o cualquier otro documento. También se incluyen dentro de este ámbito objetivo otros documentos a los que la LEC les reconozca fuerza de prueba, como, por ejemplo, cheques, pagarés, etc.

Una vez que se tenga ese documento, hay que tener en cuenta cómo acudir para defender esa pretensión que se quiere obtener.

  1. c) Competencia. La ley establece que es competente el juzgado de primera instancia del domicilio del deudor, salvo que, por razón de la materia, por razón del contrato, sea competente el juzgado de lo mercantil, como en los contratos de propiedad intelectual, o los de transporte.

En cuanto a la legitimación, la activa la tiene el acreedor (salvo que por cesión se haya transmitido el crédito) y la pasiva la tiene el deudor.

En cuanto a la postulación, han de acudir las partes con abogado y procurador por cuantías superiores a 2000 euros, pero la demanda la puede presentar sin esta representación procesal, no se le impone al acreedor la necesidad de realizarlo así.

  1. d) Petición inicial y requerimiento de pago. El procedimiento se inicia por la petición del acreedor, con los requisitos establecidos en el artículo 814 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A esta petición se tiene que acompañar el documento de acreditación del crédito que reúna los requisitos del artículo 812 LEC.

El siguiente trámite es la admisión a trámite de la petición, hay que estar a lo establecido en el artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Letrado de la Administración de Justicia, requerirá al deudor por un plazo de 20 días para que responda a la acusación.

La admisión a trámite no está prevista para el Letrado de la Administración de Justicia. Hay una tercera vía por la que la cantidad pedida es superior a lo que realmente corresponde según los documentos que el acreedor ha aportado al proceso.

Si se admite a trámite la demanda, el secretario judicial emitirá un requerimiento. El deudor puede hacer tres cosas aquí: en primer lugar, pagar, evitando así las costas, porque no se incluyen las costas del abogado del acreedor; en segundo lugar, puede oponerse, por no reconocer que deba pagar la cantidad que le exige el acreedor; y, por último, tiene que decir el proceso por qué se opone, en el caso de que lo haga. Esto es debido a que no pueden hacerse las cosas en contra de lo que se ponga en la demanda.

Si la cantidad es inferior a 6000 euros, se va a seguir el procedimiento del juicio verbal, pero si es superior, se va a seguir el procedimiento ordinario, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 319 LEC.

 

  1. d) Actitudes del deudor: pago, oposición, incomparecencia. Si paga el deudor, la deuda se extingue. La oposición produce una serie de efectos negativos para el deudor, como el aumento de la deuda.

 

  1. e) Despacho de Ejecución.

 

  1. f) Especialidades en material de propiedad horizontal.

 

  1. g) El proceso monitorio europeo. Cuando alguno de los sujetos del proceso reside en la unión europea.

 

2.- El proceso Cambiario. A lo dicho en el esquema

  1. a) Características y ámbito de aplicación.

 

  1. b) Competencia.

 

  1. c) Iniciación.

 

  1. d) Requerimiento de pago y embargo preventivo.

 

  1. e) Pago u oposición.

 

PROCESO CAUTELAR

Tema 4. Proceso Cautelar. Nociones generales. Kiko Horcajo

 

 

1.- Introducción. 02-02-2017.

 

2.- Concepto y fundamento.

 

3.- Naturaleza jurídica.

 

4.- Presupuestos.

Periculum in mora.

Fumus boni iuris.

5.- Características y efectos.

 

6.- Medidas cautelares: 09-09-2016

  1. a) Específicas. Artículo 727 LEC. La primera es el embargo preventivo de bienes, que suele existir con condenas dinerarias. Consiste en afectar ese bien a la condena de forma preventiva. Ese embargo lo aseguro mediante la inscripción del mismo en el registro de la propiedad, y se afecta al resultado de lo que dicte el juez. Hay que diferenciarlo al embargo ejecutivo, que se produce cuando ya hay sentencia firme.

Otra medida es la intervención o la administración judicial. En la intervención lo que se hace es nombrar a una persona que, junto al propietario del bien, administre el bien productivo. Y en el caso de la administración es que se nombra a una persona que sustituye al propietario del bien y lleva la administración del bien.

En tercer lugar, está el depósito judicial, que es una medida de depositar un bien para asegurar que, mientras se sustancie el proceso, se tiene bajo custodia del juzgado. Normalmente es de cosas bienes, y el depositario tiene obligación de conservarla como se le dio.

Por otro lado, está el inventario de bienes. Se da para conocer los bienes que integren un patrimonio. También encontramos las anotaciones registrales para publicidad del bien que se trata de proteger. Por lo que respecta al a orden judicial de cesare provisionalmente en una actividad. Vía verde de Pineda de la Sierra.

En cuanto a la propiedad intelectual. Fotocopias de libros en la reprografía de la facultad. Licencia cedro. Se puede precintar la fotocopiadora en este caso.

Por último, hay que hablar de acuerdos sociales.

 

  1. b) Otras. Las que podamos imaginar.

 

Tema 5. Procedimiento para la adopción de medidas cautelares. Kiko Horcajo

 

1.- Introducción.

Es competente para conocer de este procedimiento, dependiendo de cuándo presentemos la demanda, en si esta es declarativa, en el mismo momento, o si son urgentes, se hace antes o también se realizan a lo largo del proceso.

Si el proceso no se ha iniciado aún, pero hay urgencia para llevar a cabo la medida cautelar, hay que hacerlo a toda prisa, y se denomina medida inaudita altera parte.

 

2.- Competencia.

Sólo se puede pedir una medida cautelar después de la medida cautelar si existe una súper urgencia que se pueda acreditar.

Nos situamos en los artículos 730 y siguientes de la LEC.

Es muy importante la presentación de las pruebas. Hay que recordar que las pruebas hay que proponer las pruebas en la propia demanda, si no, no son válidas, salvo que hayan surgido en el intervalo entre la demanda y el inicio del procedimiento.

 

3.- Tramitación.

Otra cosa que hay que declarar en la demanda es si se quiere que se adopte la medida en inaudita altera parte.

Doble efecto de la resolución. Esto significa que, si hay recurso, se paraliza la ejecución a expensas de lo que diga el recurso. Por el contrario, si la ejecución es a efecto, aunque me acepten el recurso, sigue la ejecución, porque se recurre al órgano superior.

 

4.- Oposición a las medidas adoptadas “inaudita parte”.

Se ha de declarar en la propia demanda.

El resto del tema se mira cada uno en casa.

 

5.- Modificación y Alzamiento.

 

6.- Caución sustitutoria.

Al ejecutado se la va a mandar a casa sin posibilidad de venderla por las circunstancias que sea. Se ha de pagar lo que se pide, más luego los intereses si se es condenado. Se necesita aval, y así se evita la medida cautelar.

 

 

PROCESO DE EJECUCION. EJECUCION SINGULAR

Tema 6. Ejecución singular: nociones generales. Kiko Horcajo

 

1.- Introducción.

En ocasiones, si tenemos ya un título de los que reconoce la ley de enjuiciamiento civil, no hace falta ni acudir a juicio siquiera, se puede ejecutar directamente. Ya ese título es indiscutible, lo que se busca es que el juez ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para cumplir ese título indiscutible. Muchas veces viene de un proceso declarativo anterior.

 

2.- Concepto, naturaleza y clases.

La naturaleza en España es jurisdiccional, en todo caso, y en muchos casos es la más dura. Hay varias clases. Una ejecución es real cuando se realiza sobre un bien, versa sobre un bien, como sería la ejecución hipotecaria.

Por otra parte, está la ejecución voluntaria, cuando existe voluntad del deudor, y forzosa, cuando se realiza mediante orden expresa del juez.

La ejecución singular cuando se hace efectiva una ordenación singular sobre bienes concretos del deudor. Y es general cuando queda afecto todo el patrimonio del deudor.

 

3.- Características y principios. 16 de febrero de 2017.

Es una actividad jurisdiccional que tiene como objetivo o fin la sustitución de la ejecución voluntaria, y se ha de hacer a instancia de parte.

En cuanto a los principios informadores, encontramos en primer lugar el principio de dualidad de partes, aunque limitado por los principios de contradicción e igualdad.

Por otro lado, encontramos el principio de eficacia, para hacer posible la pretensión del autor.

Por último, está el principio de proporcionalidad.

 

4.- Títulos de ejecución. Triple asterisco.

Principalmente es el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El primero es que no puede haber ejecución sin título, ya que, si no existe título, la ejecución sería nula. Las dos grandes clases de títulos que encontramos son los títulos jurisdiccionales y los títulos extrajudiciales.

 

  • TITULOS JURISDICCIONALES:

 

  • Sentencia firme de condena.
  • Autos de aprobación u homologación de transacciones judiciales.
  • Autos de cuantía máxima.
  • Otras resoluciones judiciales.
  • TITULOS EXTRAJURISDICCIONALES:

 

  • Laudos arbitrales firmes, y Acuerdos de Mediación elevados a Escritura pública conforme a la Ley de Mediación.
  • Escritura pública.
  • Pólizas de contratos mercantiles.
  • Obligaciones y cupones vencidos.
  • Anotaciones en cuenta.
  • Otros títulos que lleven aparejada ejecución.2 de marzo de 2017.Va a depender del título que queramos ejecutar. Si es un título jurisdiccional, la competencia le corresponde al juzgado de primera instancia que conoció en primera instancia, o el que conoció de la transacción. En cuanto al tratamiento procesal, se puede determinar de oficio, examinando su competencia y, en el caso de que no sea así, tendrá que abstenerse. En materia de ejecución, hay que acudir al juez que determine la ley. También puede denunciarse la falta de competencia a instancia de parte.
  • El personal que interviene en estos actos es el siguiente:
  • En el caso del laudo arbitral o acuerdo de mediación, el juez de primera instancia de donde se dictó el laudo o el acuerdo.
  • 5.- Competencia.
  1. El juez. Examina el título, despacha ejecución.
  2. El letrado de la administración de justicia. Dicta todas las actuaciones para que el proceso continúe.
  3. El funcionario del cuerpo de auxilio judicial (agente judicial). Es el último mono del juzgado, aunque en materia de ejecución sí que tiene una serie de funciones importantísimas.
  4. Elementos cooperadores: notarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etc.

 

6.- Partes.

No hay que hablar aquí entre ejecutante y ejecutado. En los procesos declarativos, hay que hablar de demandante y demandado. Para la definición de quién es quién, hay que acudir a lo establecido en el artículo 538.1 LEC. Y para la legitimación, hay que acudir al artículo 538.2 LEC.

Es requisito fundamental de las partes que tengan postulación procesal en la forma prevista en el artículo 539.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La regla general es que existe postulación forzosa siempre. Y la regla especial es que sólo es necesario actuar mediante profesionales en procesos de menos de 2000 euros.

Puede suceder que en el proceso actúen otras personas, otros sujetos. Pueden participar en el proceso personas interesadas, aquellas que tienen un interés en el proceso, bien por ejemplo porque quieren adquirir la casa.

Por otro lado, también encontramos terceros en un proceso. Hay que distinguir entre tercería de mejor derecho y tercería de dominio. Esta último se produce cuando en el proceso se embarga al deudor un bien que se cree del deudor, éste se calla, pero en realidad es de un tercero.

La tercería de mejor derecho se da cuando un tercero cree que tiene un derecho de crédito de mejor categoría al que está ejecutando el acreedor que esté ejecutando.

RESTO DE PUNTOS POR APUNTES DE KIKO.

 

7.- Iniciación.

 

8.- Oposición a la actividad ejecutiva.

 

9.- Suspensión de la ejecución.

 

 

Tema 7. Ejecución provisional.

 

1.- Introducción. Evolución legislativa.

La ejecución provisional es la ejecución forzosa de una sentencia que no ha adquirido firmeza. La LEC anterior sólo permitía la ejecución provisional en sentencias en trámite de casación, y se tenía que haber ganado en las instancias anteriores. Esto hasta la reforma de 1984.

Ya en el año 2000, con la nueva LEC, se admite la ejecución provisional en cualquier caso, en cualquier sentencia.

 

2.- Concepto y naturaleza jurídica.

 

3.- Resoluciones ejecutables.

 

4.- Competencia y partes.

 

5.- Solicitud y resolución.

 

6.- Oposición.

 

7.- Revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada.

 

 

 

9 de marzo de 2017.

Tema 8. Ejecución dineraria (I). Kiko Horcajo

 

1.- Introducción.

Aquí lo que se estudia es la forma en que se estudia el método de la ejecución, concretamente la ejecución dineraria. Hay que tener en cuenta que incluso las ejecuciones de hacer y de no hacer se transforman en ejecuciones dinerarias.

En el proceso de ejecución dineraria se van a adoptar medidas de aseguramiento, pero teniendo en cuenta la presencia del principio de contradicción. También se van a adoptar las formas de transformación de los bienes del deudor a través de medios como la subasta, etc.

En este tema vamos a ver la demanda del proceso de ejecución. Aquí hay que destacar que no se inicia automáticamente tras obtener una sentencia de condena contra el deudor, sino que, una vez que ya la sentencia que nos da la razón ya es firme, hay que presentar una demanda de ejecución.

 

2.- Solicitud de ejecución.

Se solicita tras obtener una sentencia favorable. Aquí hay que tener en cuenta que, si ya se tiene una cantidad líquida del deudor, en ese caso, en la demanda se concreta la cantidad. Aquí habrá que redactar una demanda ejecutiva, y habrá que acompañar el título. Pero hay que decirle al juez algo más. Hay que aclararle las cantidades.

En la demanda también habré de indicar si hay intereses, además de la cantidad principal, así como también prever las costas. El importe de las costas y los intereses no ha de superar el 30%.

La previsión de principal, intereses y costas ha de estar acompañado de mucha documentación. Lo principal es determinar el tanto por ciento en la inscripción ante notario, sobre todo en los procesos que hayan incurrido en mora. En el caso de que no se haya pactado ningún interés, habrá que estar a lo que digan los preceptos legales que sean aplicables.

El problema que también nos surge aquí es que el Euribor en negativo. Hay que estar atento, ya que se va publicando cada mes en el Boletín Oficial del Estado. El Euribor es el tipo de referencia, pero luego hay que añadir un diferencial, que es establecido por el Banco de España.

Hay que preguntarse qué es el interés variable. Hay que fijar en el caso de que exista interés variable las operaciones de cálculo que se han aplicado y la cuantía que se quiere ejecutar. Pero siempre hay que partir de un índice fijo, que es el Euribor, y luego se añade un diferencial, que depende del tipo de interés.

Hay que recordar que, cuando se dejan de pagar los plazos, sólo pueden demandarse o solicitarse los plazos vencidos. Pero los bancos han establecido unas cláusulas por las que se permite cerrar la cuenta si se han dejado de pagar más de tres cuotas. Muy importante aquí es el artículo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En el caso de que haya una prestación no dineraria, el Juez dice que habrá que establecerse el equivalente pecuniario, sobre todo cuando se trata de obligaciones personal. Hay veces en que, como se sabe que los juzgados actúan con mucha lentitud, los bancos suelen acudir a los notarios.

 

3.- Integración del título.

 

4.- Requerimiento de pago.

Se actúa por el juzgado acudiendo al domicilio del demandado, y pueden hacerlo mediante la figura de sus familiares más cercanos que estén en el domicilio. Y si no se pilla a la persona nunca, se puede hacer mediante requerimiento en los tablones de los juzgados.

Aquí se condena en costas de ejecución, aunque pague en el momento de la ejecución. Si al final resulta que las costas y los intereses no son tan altos como se le han puesto, se le devolverá la diferencia.

 

16 de marzo de 2017.

5.- Embargo ejecutivo.

  1. a) Concepto y naturaleza. Se trata de una serie de acciones para llevar unos bienes del deudor para expropiar la facultad de disposición del deudor y poder conseguir así hacer esos bienes líquidos y cobrar la deuda.

La afección se produce, bien desde que se emite el decreto por el Secretario despachándola por la ejecución, bien acudiendo a la casa del deudor para realizarla. No se practicará el embargo si el deudor consigna la cantidad dineraria que se le pide.

  1. b) Objeto. Lo encontramos en el artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece los bienes que son inembargables. Y luego hay determinados derechos privados que también se consideran inalienables. Esto de forma absoluta. Los bienes inalienables de forma relativa vienen establecidos en el artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Luego hay determinados bienes de inembargabilidad parcial. Estos bienes están determinados en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento. Hay que relacionar todo esto con el artículo 589 del mismo cuerpo legal.

  1. c) Localización y determinación de los bienes a embargar. Existen una gran cantidad de medidas. Pero en ocasiones podemos no encontrar ninguno, bien porque ya los tiene, pero si esto ocurre para no pagar las deudas, esto se tiene en fraude de acreedores. Aquí es muy importante el artículo 1111 del Código civil.

Para determinar qué bien embargar, habiendo pluralidad de bienes, hay que estar a lo previsto en el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero es muy raro.

 

 

  1. d) Afección de los bienes y garantías de la traba: anotación preventiva, depósito judicial, administración judicial, retención sin apoderamiento. La afección es una declaración del órgano jurisdiccional por la que se determina el embargo de un bien para un determinado deudor. Es fundamental el momento de la afección.

 

  1. e) Alteraciones.

 

  1. f) Reembargo y embargo de sobrante.

 

 

6.- Tercería de dominio.

Se trata de la intervención, dentro del proceso de ejecución, de un tercero que presenta una demanda incidental en la que establece que el bien embargado no es del ejecutado, sino de otra persona.

Hay que andarse listo, ya que a veces se pueden embargar bienes a un deudor. Y aquí el propietario ha de decir que ese bien es suyo.

 

 

23 de marzo de 2017.

7.- Aseguramiento del embargo.

Una vez que ya tenemos el embargo determinado, hay que ir a su aseguramiento. Sobre todo, para evitar cualquier acto que pueda impedir el mismo embargo. Para ello se toman una serie de garantías para que no se lleve a cabo la transmisión del bien.

Todo esto depende del tipo de bien de que se trate. Vamos a ver las medidas. La primera es la anotación preventiva en un registro público. Entonces, es el ejecutante, primero, para suspender a cualquier asiento posterior, y se realiza por el juzgado a través del fax. Normalmente esto se hace con los bienes inmuebles.

Todos los abogados tienen que tener apuntados en sus agendas cuándo termina el plazo del embargo, para renovarlo si es necesario. Estas prórrogas se han de hacer cada cuatro años. Hay una calificación del registrador, y lo puede anotar estableciendo si hay más registros de más embargos, etc.

En cuanto a los bienes muebles, existe también un registro público, registro de bienes muebles. En muchos casos es una primera inscripción. La primera anotación suele ser el embargo.

Se trata de un registro administrativo. Es decir, te ponen muchas trabas para informarte sobre las cargas que hay sobre el bien. El primero que hace el requerimiento es el juzgado, y luego se da informe al procurador.

 

8.- Depósito judicial.

Es una medida típica también en bienes muebles, o en pensiones que se les debe a terceros. Se trata de nombrar a una persona para conservar un bien, que ha de conservarlo, hasta que se haya de atribuir a una persona que lo haya adquirido en subasta. Hay dos tipos de depositarios, uno el oficial, en el caso de joyas, y otros bienes en materia de bienes de cierto valor, y depende del Ministerio de Justicia. En el caso de bienes muebles semovientes se nombra a otro tipo de depositarios.

En el caso de que no tengan depositario, se le nombra al ejecutado, y cuando se consiga un depositario, se hace el cambio de depositario, cuando no hay confianza del ejecutado. En el caso de infringir el depositario, siendo el deudor, cuando se ha de ejecutar el bien, se habrá cometido un delito de malversación de fondos.

 

9.- Retención sin apoderamiento.

Cuando se embargan bienes tales como acciones, sueldos, salarios, etc., y se produce cuando se pide al banco o a la empresa que retenga al ejecutado cierta cantidad mensual para pagar el embargo que se ha llevado a cabo.

 

10.- administración judicial.

Cuando se embargan empresas, o grupos empresariales, sobre todo cuando no continúe de la administración quien lo haya llevado hasta el momento del embargo, y el secretario se preocupa de que se mantenga la ejecución de la empresa hasta que se produzca el embargo.

 

11.- Alteraciones del embargo.

Hablamos ya que, durante la ejecución, el ejecutante pide más bienes a embargar porque no se habían embargado suficientes bienes para pagar lo que quede de pagar, o bien que el ejecutado pida que se le devuelven ciertos bienes embargados porque se le han embargado demasiados bienes, más de los necesarios para pagar la deuda.

Otra alteración del embargo, es el embargo del sobrante, que es devolver el sobrante de una operación de venta de los bienes ejecutados.

 

 

Tema 9. Ejecución dineraria (II): El procedimiento de apremio.

 

1.- Introducción.

De lo que se trata aquí es que ese bien que se ha embargado, los deudores que no están en primer lugar, al necesitar que se le pague, exija el cumplimiento de su crédito. Se ha de realizar cuando los bienes embargados son bienes que se pueden convertir en dinero, pero no cuando lo que se ha embargado es directamente dinero.

Se puede realizar bien mediante adjudicación forzosa (caso de los bancos que se quedan con los pisos para los que dieron hipotecas y éstos eran lo que sostenía la hipoteca).

 

2.- Realización forzosa de los bienes embargados: disposiciones generales.

 

3.- Enajenación forzosa:

Es un acto ejecutivo en virtud del cual el juzgado entrega el bien a una tercera persona. Existen varias formas de enajenación. La primera es a través de fedatario público, y se lleva a cabo cuando se trata de títulos-valores.

En los demás casos, la enajenación se ha de hacer bien por convenio, por empresas de especialización, o por subasta judicial.

En cuanto a la enajenación de títulos-valores, no hace falta siquiera que intervenga notario.

A.- Convenio de Realización. Aquí hay que realizar en primer lugar una tasación del bien, antes de llevar a cabo la ejecución. Existe la posibilidad de que las partes, en vez de utilizar el sistema de subasta del juzgado, se lleve a cabo la transmisión del bien de mutuo acuerdo, a otra persona.

  1. b) Realización por persona o entidad especializada.

 

  1. c) Subasta: preparación y convocatoria. Requisitos para pujar. Desarrollo y terminación. Aprobación del remate. Pago y entrega del bien.

30 de marzo de 2017.

Se trata de determinar, en el caso de que haya ocupantes, que hay que ponerlo en el tablón de anuncios y que hay que respetar el arrendamiento. Normalmente, los licitadores no dan más del 50% del valor del bien.

 

20 de abril de 2017.

Desde que se inicia la demanda, el legislador había previsto que se hubiera hecho las subastas se hicieran hasta las doce de la noche, ahora la hora límite son las seis, techo que se puede ir aumentando el plazo si se hacen pujas antes de la última hora de plazo.

Se concede al acreedor un plazo de 20 días para poder realizar la ejecución. Se puede pedir la adjudicación, en el caso de que sea la vivienda habitual del ejecutado.

Hay que tener en cuenta los casos en que concurren postores.

 

  1. d) Otras modalidades de enajenación forzosa.

 

4.- Pago al acreedor:

  1. a) Pago en dinero.

 

  1. b) Adjudicación de los bienes. El ejecutante se tiene que ejecutar el bien, y esto sólo ocurre en tres casos (verlos en apuntes de Kiko).

 

  1. c) Administración forzosa.

 

5.- Tercería de mejor derecho.

Consiste en que un tercero ajeno a la ejecución que se entera de que se subasta un bien y que se va a dar lo que se saque a otro, y resulta que el tercerista se presenta en el proceso mediante un incidente, diciendo que tiene un crédito preferente al del ejecutante.

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